La República Federal de Odebrecht

No es que la noticia cayera de sorpresa, en los últimos meses se rumoreaban algunos nombres, pero nadie esperaba que el juez del Tribunal Supremo Edson Fachin llegara a abrir investigaciones y convertir formalmente en reos a casi un centenar de políticos. Entre ellos una buena parte de la élite de Brasilia: ocho ministros del gobierno de Michel Temer, 24 senadores y 39 diputados federales que por tener foro privilegiado serán investigados por el Tribunal Supremo.

Los tres gobernadores imputados, el ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión y otros 23 políticos, entre ellos los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, serán investigados en instancias menores. Diferente es el caso del actual mandatario, que a pesar de ser nombrado dos veces en las delaciones de los empresarios, acusado de pedir 40 millones de reales para su partido (PMDB), no está entre los reos de Fachin, ya que la Constitución ofrece inmunidad al presidente ante crímenes no cometidos durante su mandato.

Modus operandi

Las declaraciones de los ejecutivos (cuyas grabaciones en gran parte fueron publicadas la semana pasada) indican que los contratos sobrefacturados y las donaciones millonarias para las campañas políticas a través de la «Caja 2» (dinero no declarado), era el modus operandi habitual para desviar dinero a los políticos a cambio de licitaciones de obra pública.

El ex presidente de la constructora, Emilio Odebrecht, aseguró que estas prácticas se llevaban a cabo desde hacía más de 30 años. No obstante, el ex ejecutivo Hilberto Mascarenhas reconoció que entre 2006 y 2014 el conglomerado «profesionalizó» el esquema de sobornos con un departamento específico que se encargaba de los desvíos a políticos y partidos. Durante esos años la empresa «donó» 3.300 millones de dólares y sus ingresos aumentaron en un 300 por ciento.

Fue precisamente en 2014, el año en el que facturaba por una suma récord de 46.200 millones de dólares, que una investigación de la Policía Federal de Curitiba descubrió una operación de financiamiento ilegal de unas estaciones de servicio llamadas Lava Jato. Nadie imaginó que el hilo del dinero llevaría al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil: una red de sobornos y desvíos millonarios -que alcanzan los 2.300 millones de dólares- desde la petrolera estatal Petrobras hacia el bolsillo de los políticos.

El huevo o la gallina

Si algo ha dejado claro la Operación Lava Jato es que Odebrecht no se hubiera convertido en la mayor constructora de América Latina sin la ayuda del poder público. El historiador Pedro Henrique Pedreira Campos en su trabajo «La dictadura de las constructoras» recuerda cómo la simbiosis entre el poder público y el privado se remonta al período de dictadura militar.

Fue en esa época cuando la pequeña empresa de Norberto Odebrecht -el abuelo del clan-, que se había instalado en Salvador de Bahía en 1944, dejaba de ser un emprendimiento familiar de descendientes de alemanes para convertirse en una de las constructoras más importantes del país. Con el general Ernesto Geisel (presidente entre 1974-1979) como aliado, Norberto consiguió que su empresa fuera una de las principales socias de Petrobras. El dictador después la apoyaría para construir el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro, la sede de la estatal petrolera y la primera central nuclear de Brasil.

Se dice que Odebrecht más que negocios hacía política, pero se trata de ese dilema del huevo o la gallina. «Una de las mayores habilidades de esta empresa ha sido llevarse bien con los políticos. Todo el mundo sabía que era la favorita de los gobiernos de turno», contó a Brecha un ex ejecutivo de la empresa que pidió el anonimato.

Largos tentáculos

Las declaraciones de los 76 delatores lo confirman. Todos mencionan desvíos ilegales a políticos de 26 de los 35 partidos inscritos en la Justicia Electoral. Cuantas más sillas en el Congreso, más dinero recibían los partidos. Su representación en el Legislativo ubica al Partido de los Trabajadores (PT) en la primera posición de la lista de receptores de donaciones ilegales, lo sigue el partido del actual presidente (Pmdb), y el tercer puesto lo ocupa la oposición comandada por Aécio Neves (PSDB), imputado cinco veces por recibir un 3 por ciento de la obra millonaria de una hidroeléctrica. Terminan el top cinco, dos partidos bisagra ex aliados del PT y actuales socios de Temer: el PP y el PSD.

Para asegurar contratos de obras públicas, los tentáculos de Odebrecht se extendieron hacia gobernadores y diputados estatales de al menos cinco regiones. La macro inversión en infraestructura para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hicieron de este estado uno de los más beneficiados por los sobornos. Un año después sufre la peor crisis económica y humanitaria desde la redemocratización del país.

Legislativo paralelo

Pero una de las revelaciones que más llamaron la atención en Brasil esta semana fue el papel casi legislativo que la constructora jugaba dentro del Congreso. Según el diario Valor Económico, Odebrecht llegó a «comprar» el voto de diputados para que aprobaran 13 medidas provisionales que beneficiaban a la empresa, tales como la reducción de impuestos o la posibilidad de atrasar pagos sin ser multados.

La constructora también tuvo un papel clave en momentos políticos históricos, como en la elaboración de la «Carta al pueblo brasileño», que Lula publicó tras haber sido elegido presidente por primera vez para calmar los miedos de los mercados financieros ante un gobierno del PT. «Esa carta es un buen ejemplo del tipo de apoyo que dábamos al ex presidente Lula, y cómo le pedíamos a cambio que adoptara políticas que ayudaran a la economía», confesó Emilio Odebrecht.

La sociedad civil también fue aliada de la constructora. Así lo aseguró su ex presidente cuando señaló «la importancia» de sus relaciones con las fuerzas sindicales, especialmente con la Central Única de Trabajadores (CUT) -brazo derecho del PT-, a la que le pedían que evitara manifestaciones; también con líderes indígenas de las regiones donde llevarían a cabo grandes obras, a quienes le solicitaban «no dar problemas».

Indignados

A casi diez días de la publicación de las declaraciones, la reacción de la clase política ha sido idéntica: negarlo todo, indignarse o, en algunos casos, guardar silencio. Uno de los primeros en responder fue el presidente Temer, quien reconoció que hubo reuniones en su casa con directivos de la constructora, pero dijo que «jamás había pedido dinero ilícito».

El ex presidente Lula repitió que «vivía una persecución»; dijo que «las declaraciones de Marcelo (el presidente de la constructora hasta 2014, preso desde hace dos años) son tan irreales», que no iba «ni a reír ni a llorar» y pidió que «prueben lo que dicen». El senador Aécio Neves se mostró «indignado ante tanta mentira», mientras que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso evitó hablar sobre las acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña electoral.

Tal y como dijo Lula, ahora falta probar las acusaciones. Muchas de ellas serán difíciles de demostrar y podrían dar lugar a una situación de «tu palabra contra la mía». De todos modos podría llevar años resolver los casos, especialmente para aquellos políticos que tienen estatus privilegiado y que serían juzgados por el Supremo, un órgano mucho más lento que el de la justicia ordinaria.

¿Un gran acuerdo?

El único eslabón estatal que no ha sido citado en las delaciones son los jueces. Sin embargo, para muchos el órgano judicial deberá caer en algún momento: «Es imposible que no haya togas implicadas en esto, se necesitan jueces para sacar adelante muchas licitaciones de obras y para silenciar asuntos inconvenientes», comentó la periodista política Malu Gaspar, en la revista Piauí.

Las delaciones han desacreditado completamente a la clase política brasileña y la falta de legitimidad del sistema político le ha abierto el camino a los candidatos de la antipolítica. El neofascista Jair Bolsonaro y el empresario conservador y actual alcalde de São Paulo, João Doria, se postulan como posibles «candidatos del pueblo» para las elecciones de 2018. Mientras, Marina Silva y su partido Rede quieren poner en primera línea a representantes de la Policía Federal y abogados del Ministerio Público que trabajan en la Operación Lava Jato, hoy convertidos en los nuevos salvadores del país gracias a los medios.