En los últimos años, la transnacional de los supermercados Wal-Mart se ha expandido a lo largo y ancho del planeta. Su ascenso, pautado por procesos de destrucción de fuentes de trabajo, de concentración de la riqueza y de quiebres de pequeñas y medianas empresas, parece no tener techo.
Sin embargo, a fuerza de plebiscitos populares en ciertos casos o de procesos judiciales en otros, sindicatos, organizaciones sociales y habitantes de pequeñas localidades han logrado al menos ponerle freno.
Fundada en 1962 como un pequeño comercio en un pueblo de Arkansas, uno de los estados más pobres de Estados Unidos, Wal-Mart es, desde 2003, la mayor empresa y el mayor empleador privado del planeta, con más de 1,2 millones de asalariados diseminados por los cinco continentes.
Los 310.000 millones de dólares que facturó el año pasado equivalen al 2,5 del Producto Bruto Interno de la mayor economía planetaria, lo que le otorga un poderío mayor que muchísimos países.
Su fuerza, Wal-Mart la extrajo de sus prácticas de dumping social, que perfeccionó al grado de erigirlas en un verdadero modelo. «Construido sobre los pilares del librecambio, la flexibilidad laboral y las remuneraciones mediocres, el ‘modelo Wal-Mart’ (se basa en que) por una parte el distribuidor impone su ley al productor, especialmente en los países pobres. Y en que, por otra, la disminución de su poder adquisitivo lleva a los consumidores a los hipermercados, que a su vez bajan los precios después de haber bajado los salarios», escribe el investigador francés Serge Halimi en el mensual Le Monde Diplomatique.
Esa política le permite a la transnacional ofrecer precios más bajos que sus competidores en todos los lugares en que se implanta. Cerca de cien millones de estadounidenses responden cada semana a las ofertas especiales que se ofrecen en las góndolas de los locales de la cadena.
A través de grandes campañas mediáticas, la firma machaca cómo gracias a su «sensibilidad a las necesidades del pueblo» ha logrado aumentar el poder adquisitivo de sus clientes a fuerza de ahorro y crear decenas de miles de puestos de trabajo.
El costo social de esos logros relativos ha sido de todas maneras altísimo. «Allí donde se instala, la firma deprime los salarios», apunta Halimi. Crea las condiciones de sus ofertas especiales diarias, «y de paso multiplica la cantidad de clientes que pronto no tendrán otro recurso que economizar en sus góndolas».
Paralelamente, su consolidación en determinado lugar se acompaña del cierre en masa de pequeños comercios o supermercados. En Iowa, por ejemplo, un estudio del profesor de economía Ken Stone, de la universidad de ese estado estadounidense, determinó que la llegada de Wal-Mart condujo a la desaparición de más de 7.000 comercios en una década (entre 1983 y 1993).
Situaciones como ésas, así como el cierre abrupto de decenas de supermercados considerados «no rentables», con la consiguiente desaparición de un día para otro de numerosas fuentes de empleo, los pésimos sueldos pagados, la discriminación vivida por los mujeres que allí laboran o las condiciones de trabajo en general, le han valido a la transnacional enfrentar millonarios juicios en todo el mundo y verse confrontada a consultas populares sobre si se debe o no permitirle instalarse en determinado lugar.
Las primeras batallas judiciales contra la empresa datan de comienzos de los años noventa, más precisamente de 1993, cuando en un plebiscito los habitantes del pequeño pueblo de Greenfield, en el estado de Massachussets, rechazaron la construcción de un local de la cadena.
La iniciativa fue promovida por una red de asociaciones locales dirigidas por el activista Al Norman, que se convertiría en una suerte de «cruzado anti Wal-Mart», y en ella participaron muchos más ciudadanos que en las elecciones nacionales que el año anterior habían dado la presidencia a William Clinton. «Este tipo de consulta democrática es el arma principal de los opositores a Wal-Mart», piensa el investigador Olivier Esteves, de la universidad francesa Lille III.
En Greenfield, los directivos de Wal-Mart recurrieron a toda una batería de técnicas «sucias» para intentar ganar la batalla: por ejemplo, pagar a personas que se hacían pasar por residentes de localidades en que la empresa ya estaba instalada y que pretendían compartir con los lugareños las ventajas de vivir en un sitio en que gracias a Wal-Mart «la vida está más barata cada día».
Años después, en 1999, fue la propia empresa la que promovió una consulta popular en la localidad de Eureka, en el estado de California. Si en Greenfield había perdido por muy poco (apenas nueve votos hicieron la diferencia), aquí la derrota fue mucho más pesada: 4.000 en contra 2.600 a favor de la construcción de un hipermercado de la firma.
Los electores de Eureka habían sido acosados telefónicamente en los días previos por una central de llamados contratada por la firma. Fue de tal magnitud esa presión, que incluía una campaña contra «el comunista Al Norman», que causó hartazgo y hasta denuncias por acoso de algunos habitantes.
En abril de 2004, en la ciudad de Inglewood, en las afueras de Los Ángeles, California, Wal-Mart recibió lo que hasta ahora ha sido su mayor derrota en este tipo de consultas populares. Cerca del 60 por ciento de la población local ratificó una decisión de 2003 del Consejo Municipal de rechazar la construcción de un gigantesco centro comercial de 650 mil metros cuadrados.
A la campaña en Inglewood Wal-Mart destinó cerca de un millón de dólares, mientras sus contrincantes apenas gastaron poco más de la décima parte.
En el fracaso de la transnacional desempeñaron un papel clave los sindicatos, particularmente poderosos en la localidad, y ciertas asociaciones de las comunidades negra e hispana, fuertemente mayoritarias en Inglewood.
Otros plebiscitos más recientes en Estados Unidos también le fueron adversos a la empresa. Así le sucedió en Contra Costa en 2004 y en Avondale, Staughton y Miramar en setiembre último.
En total, unas 250 solicitudes de instalación de tiendas Wal-Mart han sido rechazadas en su país de origen.
Pero no sólo en Estados Unidos ha habido y hay resistencia a la implantación de tiendas de esta firma que en 2005 fue ubicada por la organización no gubernamental Global Exchange entre las «catorce empresas globales más malignas del planeta» y que antes recibió «premios» como «taller de sudor del año», de la Maquila Solidarity Network de Canadá, o «mercader de la vergüenza», en 2003, concedido por la Organización Nacional de Mujeres de Estados Unidos.
También en Europa y en América Latina Wal-Mart encuentra quien se le oponga.
En México, por ejemplo, donde en 2005 la firma posee unos 700 locales y en 2005 facturó por más de 12.000 millones de dólares, se constituyó el año pasado un Frente Nacional contra Wal-Mart.
El esfuerzo central de este conglomerado es revertir el proceso -ya muy avanzado- de construcción de un megacentro comercial en las cercanías de lo que fuera la ciudadela religiosa azteca de Teotihuacán.
Vecinos y grupos sociales han ya logrado frenar el levantamiento de otro centro comercial, de 116.000 metros cuadrados, en el estado de Michoacán, y de un supermercado en el estado de México.
En otro orden, en junio de 2004 un juez federal estadounidense dio categoría de acción colectiva a un juicio iniciado nueve meses atrás por seis empleadas que acusaban a la firma de discriminar a las mujeres en su política de promociones internas y en el nivel de salarios pagados.
Con esa decisión judicial, las seis trabajadoras se convierten en «representantes» de cerca de 1,6 millones de mujeres que laboran o han laborado en Wal-Mart desde 1998. Las demandantes destacaron, entre otras cosas, que si bien más de dos terceras partes de la mano de obra de la transnacional en Estados Unidos es femenina en los cargos gerenciales hay apenas un tercio de mujeres.
En 1997, otro gigante de la distribución de Estados Unidos, Home Depot, para evitar ser condenado en la justicia, pagó 104 millones de dólares a 25.000 mujeres que lo demandaron por discriminación sexual. Una medida similar tomaron la transnacional de la bebida Coca Cola, que en 2000 aceptó una transacción por 192 millones de dólares, y la petrolera Texaco, que cuatro años antes entregó 176 millones de dólares.
Si Wal-Mart fuera condenada a pagar una suma similar a la que debió abonar Home Depot, unos 4.000 dólares por mujer denunciante, debería desembolsar nada menos que 6.400 millones de dólares, una suma descomunal incluso para una de las empresas más poderosas del planeta.
El frente sindical tampoco puede ser descuidado por la firma, que desde 1995 ha sido objeto de más de 70 denuncias por actividades antisindicales sólo en Estados Unidos, según el Wal-Mart Watch.
En agosto de 2005, la Red Internacional Sindical, que reúne a 900 organizaciones laborales de 150 países, decidió por su lado «coordinar protestas» de los trabajadores de Wal-Mart fuera de Estados Unidos, en especial en Argentina, Brasil, Puerto Rico, México, Gran Bretaña y Corea del Sur.
Wal-Mart, concluía en su artículo Serge Halimi, «no es en el fondo más que el síntoma de un mal que se extiende. Cada vez que se ataca el derecho sindical, que se recortan las protecciones de los trabajadores, que un acuerdo de librecambio incrementa la inseguridad social, que las políticas públicas se vuelven la sombra proyectada de las decisiones de las multinacionales, que el individualismo del consumidor suplanta la solidaridad de los productores, entonces, cada vez, Wal-Mart avanza». A la inversa…