Traducido para Rebelión por Omar Diessler
La semana pasada se abatió una tragedia mas sobre los sufridos habitantes de la barriadas fluminenses. Hombres fuertemente armados hicieron una incursión que sembró la violencia y la muerte, asesinando a 30 habitantes, entre ellos jóvenes, niños, mujeres y hombres del pueblo. Este verdadero «Escuadron de la Muerte», formado, de acuerdo con informaciones de prensa, por miembros de las Policías Militares, no es la primera vez que actúa en el estado de Rio de Janeiro.
Las masacres de Candelaria y Vigário Geral mostraron a Brasil y al mundo la gran crueldad y la violencia a que son expuestos los habitantes de Rio de Janeiro.
No nos alcanzan las escusas y los lamentos de las palabras indignadas del presidente de la República. Sin duda, el Estado es el principal responsable por no proteger a sus ciudadanos: un Estado que tiene al frente un gobierno hipócrita, que por un lado lamenta, por otro lado incentiva, con su monstruosa política de concentración de riqueza, ajustes contra el pueblo y represión a los movimientos sociales, esa situación de absoluta falta de protección contra estos actos de barbarie.
Los bárbaros individuos que asesinaron 30 habitantes del barrio, son un «ejemplo» de un país donde la impunidad esta presente en los mas altos niveles gubernamentales, donde los crímenes de cuello blanco, los desvíos del dinero público, la evasión de divisas, los fraudes, el encubrimiento solamente no son punibles, si no que son premiados con puestos privilejiados en el aparato gubernamental.
Estamos frente a un Estado y un Gobierno que alimenta día a día el criminal abismo social que divide los ricos de los pobres, que por medio de la impunidad, exibe u ostenta, sin pudor alguno, una acumulación obscena de riquezas donde todo vale para enriquecer; una vida de lujo y de placer para algunos pocos, construída sobre el sudor, la sangre y el hambre de millones de brasileños.
Es en este contexto, que crecen el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el soborno, el asesinato por menos de cien reales por encargo de latifundistas o especuladores, y toda una serie de actividades delictivas.
Entretanto el Presidente, los ministros, los gobernadores, y los órganos del Estado lamentan, el propio presidente a través del Ministerio de Hacienda impone un recorte de 242 milones en el presupuesto de la seguridad pública, correspondiendo el 58% al Fondo de Seguridad, con el objetivo de hacer superhábil primario y así poder pagar al sistema financiero las cuotas de divisas internas y externas. Con policías mal pagos, mal entrenados y sin equipamiento, no es de esperar otra cosa que no sea el avance de la corrupción y la violencia entre los que deberían velar por la seguridad de la población.
Tambien muestra a las claras que que las promesas de las autoridades después de las masacres de Irma Dorothy, de los trabajadores rurales del Pará, de los sin techo de Goiânia, y el asesinato del ambientalista de Tinguá, Dionisio Julio Ribeiro, fueron solamente una mentira descarada. Como si esto fuera poco, el gobierno de Lula a travez del decreto 5261, creó una fuerza especial del Ejercito brasileño para garantir «la ley y el orden» en las rutas de todo el país. Más claro que el agua.
Como bien denunció Anmistía Internacional, se trata de una medida antidemocrática de criminalización y represión de los movimientos populares, de los trabajadores y de la juventud, involucrando las fuerzas del ejército para tratar de impedir la legítima protesta social que responde y responderá cada vez con mayor fuerza a la política de ahorro, desempleo y hambre defendida por los Gobiernos Federales y sus socios del Congreso en los diversos Estados y Municipios. Esta política fue defendida por el general de brigada Antônio Luiz da Costa Burgos, responsable de la nueva fuerza, que declaro: «Los movimientos sociales organizados adoptan determinadas posturas que van contra la comunidad de manera general…»
Impunidad y lujo para los de arriba, acatamiento, sumisión, miseria y represión para los luchadores y para los millones de pobres que crecen día a día.
Evidentemente, el Estado capitalista neoliberal de Lula y sus aliados (seria mejor llamarlo de cómplices), avanzan en una gran descomposición política y moral nunca antes vista que corroe y se propaga por todas las instituciones del régimen.
Por eso así como exigimos seguridad, depuración de las policías, castigo para los asesinos, democratización de las fuerzas armadas, inversión en las áreas sociales cuyo abandono es la verdadera base material que alimenta la barbarie, afirmamos que es necesario construír otro proyecto de país, de estado, de gobierno y de política.
Otro proyecto en el cual esta empeñado el PSOL, que se acabe de raíz con esta situación destinando el fruto del trabajo del pueblo brasileño para sus verdaderos dueños: La mayoria de la población trabajadora hoy explotada y masacrada; que se instaure una verdadera república del pueblo trabajador, donde los salarios de los funcionarios parlamentarios sean fijados por la deliberación popular, y los mandos electivos puedan ser revocados cuando los políticos no cumplen sus compromisos; que los dineros de las rentas dejen de alimentar alos epeculadores del sistema financiero y puedan ser invertidos en salarios, empleos, educación, seguridad pública, saneamiento, salud, acabando definitivamente con el latifundio y poniendo la tierra a disposición del que la quiera trabajar.
Diputado del PSOL-PARÁ