El movimiento bolivariano es un movimiento de masas que se originó como un movimiento por la revolución democrática nacional, es decir, una revolución que defendía el programa de la democracia avanzada, pero que no desafiaba las bases del capitalismo. Sin embargo, el avance de la revolución inevitablemente ha entrando en conflicto con los intereses creados […]
El movimiento bolivariano es un movimiento de masas que se originó como un movimiento por la revolución democrática nacional, es decir, una revolución que defendía el programa de la democracia avanzada, pero que no desafiaba las bases del capitalismo. Sin embargo, el avance de la revolución inevitablemente ha entrando en conflicto con los intereses creados de la oligarquía. A cada paso, las reivindicaciones de las masas, tanto en la ciudad como en el campo, chocan con el llamado sagrado derecho de la propiedad. El futuro de la revolución depende de la resolución de esta contradicción.
Los marxistas, naturalmente, apoyamos la revolución democrática nacional y aplaudimos el coraje de Chávez al luchar contra la oligarquía venezolana y el imperialismo. Incluso sobre bases capitalistas, fue tremendamente progresista, fue y sigue siendo nuestro deber defenderla. Si no lo hacemos sería una traición. Pero siempre hemos señalado la verdad elemental, para que la revolución triunfara tarde o temprano tendría que ir más allá de los límites del capitalismo, tendría que expropiar a los terratenientes y capitalistas venezolanos.
La experiencia ha demostrado que teníamos razón. A cada paso, la Revolución Bolivariana se ha enfrentado con la resistencia feroz de los terratenientes y los capitalistas, apoyados por el imperialismo. Para superar esta resistencia se ha tenido que basar en las únicas clases verdaderamente revolucionarias: los trabajadores y los pobres urbanos de las ciudades y los campesinos en el campo. Ahora en el campo está comenzando una etapa decisiva de este conflicto.
La distribución de la tierra es una vieja aspiración de los pobres en el campo venezolano. Los campesinos desean trabajar la tierra y mejorar su nivel de vida. Pero esta aspiración justificada se enfrenta a la feroz resistencia de los grandes terratenientes, que, junto con los banqueros y los grandes capitalistas, constituyen la piedra angular de la oligarquía venezolana. En Venezuela no es posible ningún avance real hasta que se haya roto el poder de esta oligarquía. Esa es la importancia real de la revolución agraria.
Reformas modestas
El intento de avanzar hacia la reforma agraria ha expuesto a quemarropa el dilema central de la Revolución Bolivariana. No es simplemente una cuestión de modificar la situación existente. Debe ser eliminada: la estructura económica y social agraria debe ser completamente transformada. Como en cierta ocasión dijo el socialista español Largo Caballero: no puedes curar un cáncer con una aspirina. Por esta razón, los campesinos venezolanos, como sus hermanos y hermanas en las ciudades, están sacando conclusiones muy revolucionarias.
A principios de enero, el presidente Chávez anunció nuevas medidas destinadas a profundizar y extender la reforma agraria, un componente esencial de la Revolución Bolivariana. El alcance de las reformas es bastante modesto, se concentran en la cuestión de las haciendas poco explotadas. Con la ley de la tierra de 2001 el gobierno puede gravar o apoderarse de los terrenos agrícolas no utilizados. Las autoridades venezolanas han identificado más de 500 granjas, incluidas 56 grandes haciendas, ociosas. Además todavía quedan por inspeccionar otras 40.000 granjas.
Estas medidas son muy modestas y son escasas para lo que hace falta si se quiere cumplir la necesidad elemental de la revolución democrática nacional. Aún así, se han encontrado con los aullidos de rabia de los enemigos de la revolución. La oposición ha acusado al Estado de «invadir la propiedad privada» e introducir «medidas comunistas».
Las protestas de la oposición venezolana son templadas en comparación con los aullidos de rabia de los medios de comunicación internacionales. El 13 de enero la revista The Economist publicaba un artículo atacando la reforma agraria de Chávez. El motivo de su ira fueron las medidas tomadas por el gobierno para investigar el rancho El Charcote, en Cojedes (un estado de las llanuras del norte de Venezuela), que está gestionado por Agroflora, una subsidiaria de un gran monopolio británico de alimentación.
El Grupo Vestey es el propietario de este enorme rancho formado nada menos que por 13.000 hectáreas (32.000 acres) de pastos y bosques, así como otra docena de ranchos en otras zonas del país. Tiene inversiones en carne de vaca y azúcar en Argentina, Brasil y Venezuela. Es un ejemplo típico de la forma en que las grandes empresas extranjeras se han apoderado de sectores clave de las fuerzas productivas en el continente y los han saqueado por las ganancias.
The Economist admite que la actual familia propietaria de la empresa es famosa (o más bien infame) en Gran Bretaña por su larga historia tanto de evasión de impuestos como por la carne. Sin embargo, defiende su derecho absoluto a mantener su tierra, ya que el nombre de El Charcote «se remonta a un siglo y ha sido refrendado por los tribunales». El artículo describe de una manera colorista y con detalle la espectacular forma en que se desarrolló la inspección:
«El 8 de enero, el estruendo de los helicópteros sobre el rancho anunciaba la llega de Johnny Yánez, el gobernador chavista de Cojedes, llevando con él la primera ‘orden de intervención’ del país contra una propiedad rural. Iba acompañado de unos 200 soldados y comandos policiales muy armados. El señor Yánez, antiguo capitán del ejército, anunció que la propiedad privada ‘era un derecho pero no un derecho absoluto'».
Ahora una comisión estatal tiene tres meses para decidir si el rancho es improductivo o que no cumple la legalidad y de este modo puede ser transformado en cooperativas campesinas bajo los términos del decreto de reforma agraria de 2001. Dos días después, el presidente Chávez, creó una comisión similar a nivel nacional. Su tarea es acelerar y cumplir la orden de llevar a cabo la reforma agraria.
La cuestión de la reforma agraria en América Latina es algo incuestionable. En Venezuela, más del 75 % de la tierra agrícola está controlada por menos del 5 % de los terratenientes. La propiedad rural es cáncer que arruina la vida a millones de personas. Incluso el derechista The Economist reconoce que la «desigual distribución de la tierra es una de las causas históricas de la amplia desigualdad que caracteriza a las sociedades latinoamericanas». Como dice el presidente Chávez, esto es una injusticia a la que se debe poner fin. No puede haber ningún futuro para la Revolución Bolivariana sin esto. Pero un asalto frontal a la propiedad de los terratenientes inevitablemente planteará la cuestión de la expropiación de los bancos y las industrias. Por eso los imperialistas han encendido las luces de alarma sobre estas medidas propuestas.
¿Perjudicará la producción la reforma agraria?
Los críticos burgueses de la reforma agraria dicen que la política de Chávez tendrá un efecto negativo sobre la producción agrícola:
«Hostigando al sector privado», dice The Economist, «el gobierno simplemente ha intensificado la dependencia que tiene Venezuela del petróleo, y todas las distorsiones que lo acompañan. El gobierno dice que Venezuela importa el 70 % de la comida. La oposición contesta que las importaciones de comida se han quintuplicado desde que Chávez llegó al poder, mientras que la producción agrícola ha caído».
Los enemigos de la revolución corren por todos los lados gritando sobre la amenaza de la inversión y la productividad, cuando en realidad lo que les preocupa es otra cosa. Lo que realmente asusta a The Economist es que las promesas del presidente han animado a los campesinos a invadir granjas. Ha sacado a las masas rurales de su sopor y les ha llevado a la lucha revolucionaria. Eso está cuestionando el «sagrado principio de la propiedad privada» y, por lo tanto, está suponiendo un gran paso en dirección a la revolución socialista. Esta es la perspectiva que provoca pánico a la oligarquía y sus maestros imperialistas.
The Economist cita con horror las palabras de Johnny Yánez: «La justicia social no se puede sacrificar por tecnicismos legales». El artículo añade siniestramente: «Este asalto sobre los derechos de la propiedad es probable que espante la inversión». El artículo continúa con su retahíla de desgracias:
«Detrás de El Charcote todavía pastan los rebaños de ganado de Brama. La empresa Vestey normalmente suministra el 4 por ciento de la carne consumida por los venezolanos. Ha sido pionera en las mejoras genéticas del rebaño nacional. Pero Diana dos Santos, la jefa local de la empresa, dice que en el El Charcote se ha invadido todo menos un pequeño paso; la producción de carne ha caído. Más de mil intrusos han instalado ranchos temporales y han plantado grano en la hacienda. Ellos apoyan al presidente, pero desprecian a Yánez. Así que podrían ser desahuciados a favor de otros clientes políticos de más confianza. Y en pocos años esto a su vez acabaría en barrios marginales mientras que Venezuela perdería una fuerte de riqueza».
¡Así que ahí lo tenemos! Los imperialistas de gran corazón como la familia Vestey llegaron a Venezuela con las mejores intenciones del mundo. Su único objetivo en la vida es servir a la población venezolana, alimentarla con deliciosa carne de vaca, mejorando constantemente el rebaño nacional con todo tipo de «mejoras genéticas» (recordemos el tipo de mejoras genéticas introducidas por los granjeros capitalistas británicos en Gran Bretaña que nos dio la bendición de la enfermedad de las vacas locas). Si, por casualidad, han ganado unos cuantos bolívares por medios honestos, por supuesto es una cuestión secundaria, que no debe interesar al Gobierno Bolivariano ni al contribuyente británico.
La actitud de los «demócratas» pequeñoburgueses
Tan claro como el cristal es el caso de la reforma agraria en Venezuela que incluso los grupos pequeñoburgueses, que no se destacan por su amor a Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, han tenido que aceptarla de mala gana. El grupo venezolano de derechos humanos PROVEA ha dado la bienvenida a la guerra del gobierno venezolano contra las grandes propiedades, calificando como «positiva» la voluntad política demostrada por el gobierno y los gobernadores de la oposición.
Sin embargo, los revolución deberían ser conscientes de donde proceden estas alabanzas. Los «demócratas» burgueses de PROVEA no son amigos de la Revolución Bolivariana y su alabanza es un cáliz envenenado que ofrecen a la revolución, no para ayudarla sino para paralizarla y hacerla ineficaz.
Al gobierno se le está pidiendo que sea «inclusivo» en su política agraria y evite la violencia rural. Es decir, se le invita a representar los intereses de todas las clases, tanto de los terratenientes como de los campesinos. Se le invita a que sea un cordero y se tienda cerca del lobo. Se le invita a cuadrar el círculo. En pocas palabras, se le invita a hacer lo que no puede hacer. ¡Y esos que defienden esta estupidez realmente se consideran grandes «realistas»! Si las consecuencias no fueran tan serias resultaría muy divertido.
¡Cuando alguien recibe una nota de apoyo de estas personas es muy aconsejable que se lea la letra pequeña! Y en la letra pequeña leemos lo siguiente:
«El proceso debería realizarse dentro de la ley y rechazar la posibilidades de que otros órganos que no sean los establecidos en la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro inicien procesos de expropiación de la tierra agrícola«.
¡Qué valiosas perlas de sabiduría! Los hipócritas de PROVEA nos leen lecturas piadosas sobre el «dominio de la ley» pero olvidan convenientemente que durante años los terratenientes venezolanos han estado golpeando, torturando y asesinando campesinos que se atrevían a cuestionar su autoridad y reclamaban sus derechos. Los terratenientes no se sienten vinculados al «dominio de la ley» y lucharán con cualquier medio a su disposición para impedir que se lleve a cabo un programa agrario significativo. Quien niegue esto es un loco o un bribón.
Los campesinos no son locos y no permitirán que les estafen elegantes abogados y demagogos «democráticos». Ellos saben que la tierra nunca será suya si no luchan por ella, a menos que acaben con la brutal resistencia y el sabotaje de los terratenientes. También saben por su amarga experiencia que sus intereses no pueden estar garantizados con medidas burocráticas y discursos que suenen bonitos pronunciados por hombres con elegantes trajes en Caracas. Saben que si la reforma agraria no es apoyada con un movimiento enérgico desde abajo, seguirá siendo letra muerta, como todas las otras leyes del pasado.
Por lo tanto, los campesinos se están organizando. Están tomando iniciativas para tomar la tierra de los grandes terratenientes. Los verdaderos demócratas no se opondrán a estas iniciativas sino que las apoyarán con entusiasmo. ¡Sólo un burócrata corrupto y un agente de la contrarrevolución temen las iniciativas revolucionarias de los trabajadores y los campesinos! Estas iniciativas son las que han salvado una y otra vez la Revolución Bolivariana. Aquellos que buscan sofocar las iniciativas de las masas, consciente o inconscientemente, intentan debilitar la revolución, privarla de su principal fortaleza y fuerza motriz. El día que estas personas triunfen, la revolución estará condenada.
Sofistería legalista
Estos improbables «amigos de la población» continúan: «Los gobernadores estatales pueden promover y facilitar procesos que correspondan con el Instituto Nacional de Tierras y proporcionar apoyo técnico pero no pueden entregar títulos de propiedad o tocar la tierra a través de la expropiación.
Los derechos de propiedad del propietario de la tierra deben ser respetados junto con procesos legales, con medidas administrativas justas y transparentes, el pago oportuno y con una compensación justa.
En el caso de las tierras ociosas, los propietarios deben tener garantizada la expedición de certificados agrícolas mejorables, como establece el artículo 52 de la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro». (El resaltado es mío).
Estos «astutos» abogados conocen las leyes de adelante para atrás, de adentro hacia fuera y de arriba hacia abajo. Sí, ellos han estudiado en sus libros de texto legales durante muchos años, han aprobado todos sus exámenes y han conseguido mucho dinero utilizando y abusando de la ley. Han convertido la ley en su propiedad privada, algo que representa una vaca muy cara de la que se obtiene deliciosa leche para una minoría privilegiada. Pero las masas hambrientas, los campesinos pobres, el trabajador, el desempleado, han conseguido muy poco de ella.
La Revolución Bolivariana ha hecho mucho para rectificar esta situación. Ha roto la vieja constitución de la oligarquía y la ha sustituido con una constitución nueva y más democrática. Eso es bienvenido, pero por sí solo no es suficiente para cambiar la situación de las masas y eliminar las injusticias del pasado, algo que muchos bolivarianos desean apasionadamente.
La Constitución Bolivariana es sólo un arma en manos de la población. Pero un arma es algo inútil si no se le usa para luchar. En las manos de los abogados y burócratas, la Constitución Bolivariana puede fácilmente quedar reducida a un trozo de papel, algo que puede retorcerse, «interpretarse» y convertirse en letra muerta. Después de todo, incluso la constitución más democrática del mundo tiene poderes limitados. Establece ciertos límites dentro de los cuales se puede llevar a cabo la lucha de clases. Eso es importante porque puede dar un alcance mayor o menor a los trabajadores y campesinos que quieren llevar adelante su propia lucha. Lo que nunca puede hacer es actuar como un sustituto de la lucha de clases.
Para que una constitución democrática signifique algo debe ser respaldada desde abajo con la acción de masas. Sin eso, sólo será una concha seca, un cascarón vacío de todo contenido real, los huesos sin vida de un esqueleto. Sólo el movimiento revolucionario de los trabajadores y los campesinos puede poner carne en estos huesos y dar verdadero contenido a la democracia. Por lo tanto, decir que los campesinos venezolanos deben limitarse a lo que es aceptable para los abogados, aceptar «controles», moderar sus reivindicaciones a lo que consideran «razonable» los burócratas, en pocas palabras, sentarse y esperar a que la tierra se la sirvan en un plato, sería eliminar la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo en Venezuela una genuina reforma agraria.
La línea de argumentación de estas damas y caballeros legalistas es el punto máximo de la arrogancia y la insolencia respecto a las masas. Como mencionamos arriba, ellos nos informan de que los «gobernadores estatales pueden promover y facilitar los procesos que corresponden al Instituto Nacional de Tierra y proporcionar apoyo técnico pero no pueden entregar títulos de propiedad o tocar la tierra a través de la expropiación.
La primera parte de esta frase es seguramente redundante. Se supone que todos los gobernadores estatales democráticos están legalmente obligados a llevar a cabo las decisiones del gobierno legalmente elegido. ¿Por qué hay que decir esto? A menos por supuesto que haya gobernadores que están colaborando con los grandes terratenientes y la contrarrevolución para sabotear las decisiones del gobierno de Caracas.
¿Existen estos gobernadores? Por supuesto que sí, precisamente por eso los campesinos no confían en que ellos lleven adelante un programa agrario adecuado. Por eso precisamente los campesinos han decidido -muy correctamente- organizar y emprender sus propias iniciativas. Eso es lo que provoca la indignación de los «demócratas» de PROVEA y otros contrarrevolucionarios, abiertos o encubiertos.
El «sagrado derecho de propiedad»
Sobre todo, protestan los «Amigos del Pueblo», no se deben expropiar las grandes haciendas. ¿Por qué no? ¡Porque sería una violación del sagrado derecho a la propiedad privada! Pero en un país donde el 75 % de la tierra productiva está en manos de sólo el cinco por ciento de terratenientes, ¿cómo es posible tener una verdadera reforma agraria sin violar el llamado sagrado derecho a la propiedad privada? Renunciar a esto sería renunciar a toda la idea de reforma agraria en Venezuela. Y eso es lo que le gustaría a nuestros hombres «democráticos» trajeados, aunque la cortesía (y el temor a las masas) les impide decirlo abiertamente.
Estas damas y caballeros parlotean sobre la «compensación justa». Pero si alguien tiene derecho a una compensación justa esos son los millones de campesinos que han sido explotados, estafados y oprimidos durante siglos por los terratenientes que se han enriquecido a costa de la población. Sus ranchos y mansiones se han construido sobre la sangre, el sudor y las lágrimas exprimidas a generaciones de hombres, mujeres y niños pobres. Y ¿de dónde consiguieron por primera vez su riqueza? La tierra no era suya desde el principio. Fue arrebatada a la población nativa con violencia y engaños. ¿Dónde estaba entonces la «compensación justa»?
Estos «astutos» sofistas intentan cegarnos con detalles legales. Pero la historia de América Latina demuestra que la clase parasitaria de terratenientes nunca ha demostrado la más mínima consideración hacia los detalles legales cuando se trata de sus propios intereses egoístas. Consiguieron la tierra a través de la violencia y la han mantenido desde entonces con la violencia. Lo que fue robado a la población debe ser devuelto a la población. La cuestión de la compensación no tiene nada que ver aquí. Los terratenientes han conseguido sus fortunas sobre la espalda de la población. No merecen ni un solo céntimo más.
PROVEA dice que el gobierno no puede repartir títulos sobre tierras privadas, si no se han emprendido los procedimientos de expropiación de antemano y cumplido el Artículo 115 de la Constitución relacionado con la expropiación de tierras consideradas de interés social o utilidad pública. La conversación sobre detalles legales es sólo una cortina de huma destinada a confundir la cuestión, igual que frases como éstas:
«En el caso de las tierras ociosas, los propietarios deben tener garantizada la expedición de certificados agrarios mejorables, como establece el Artículo 52 de la Ley de Desarrollo de la Tierra y el Agro».
Nuestros amigos de PROVEA nos dicen que la revolución debe hacer esto y debe hacer aquello y que no puede hacer esto ni puede hacer aquello. ¿De veras? Pero la esencia de la revolución es que expresa la voluntad de la población; que defiende los intereses de la mayoría sobre los de la minoría. Las leyes elaboradas en el pasado fueron hechas por la minoría adinerada para defender su propio poder y privilegios. Una revolución que se deje paralizar por estas leyes no merecería en absoluto el nombre de revolución. Sería sólo un juego burocrático, un fraude y una ilusión. Cuando las masas votaron por una mayoría aplastante el pasado mes de agosto a favor de la Revolución Bolivariana, no tenían la intención de que sus intenciones claramente declaradas fueran frustradas por sus enemigos que, después de ser echados por la puerta delantera, ahora están buscando volver a entrar por la puerta trasera. Después de haber sido derrotados en una batalla abierta, están recurriendo a maniobras e intrigas, ocultándose detrás de la ley y utilizando tácticas dilatorias. Si aceptamos esto, significaría subordinar la voluntad de la mayoría a las maquinaciones de una minoría rica y privilegiada. La democracia se reduciría a una frase hueca. El rabo menearía al perro. Afortunadamente, las masas no tienen la intención de permitir que esto ocurra.
Los campesinos se movilizan para la acción
Recientemente recibimos un informe interesante del Congreso Campesino Venezolano de El Nuevo Topo firmado por E. Gilman. Este breve informe demuestra claramente la verdadera actitud que se está desarrollando por la base, no sólo entre los trabajadores, sino también entre sus aliados naturales, los campesinos pobres. En él leíamos lo siguiente:
«Caracas: El 5 y 6 de febrero se reunió en Tucari la ‘Conferencia Campesina en Defensa de la Soberanía Nacional y por la Revolución Agraria’, patrocinada por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora.
Casi 100 delegados se reunieron en la Cooperativa Berbere, que es una granja colectiva gestionada en gran parte por campesinos negros.
Aunque había un apoyo universal para el presidente Hugo Chávez, la Ley de Reforma Agraria fue duramente atacada ya que sólo permite expropiar tierras superiores a 5.000 hectáreas y estas tierras necesitan estar sin cultivar para que pueda ajustarse a la ley. Los campesinos criticaron al Instituto de Reforma Agraria, que dicen es muy lento y burocrático, que los propietarios de los latifundios están reduciendo bosques enteros de tierra mientras el Instituto de Reforma Agraria toma una decisión. También muchos han recibido semillas defectuosas del Instituto. Muchos campesinos que han tomado las tierras directamente se han quejado de que los jueces locales están al lado de los terratenientes y utilizan a la policía local para echarles de la tierra […]
La conferencia discutió la necesidad de la autodefensa armada así como la posibilidad de la guerra de guerrillas si se produce una invasión estadounidense. Defendieron la necesidad de crear granjas colectivas en lugar de dividir la tierra. Hubo una discusión sobre la necesidad de la contabilidad y la disciplina con aquellos que se niegan a trabajar. La conferencia decidió crear una escuela en la granja Berbere para enseñar agricultura colectiva.
Los campesinos discutieron bloquear la Autopista Panamericana para conseguir el cumplimiento de sus reivindicaciones. La única nota discordante fue la de la alcaldesa local que dijo a los campesinos que debían tener más paciencia y que la ley era como un ‘padre que pone leyes a su hijo’. Su propuesta de paciencia fue unánimemente rechazada. Muchos campesinos dijeron que sentían la necesidad de una ‘revolución dentro de la revolución’para tener un verdadero poder popular».
Estas pocas líneas dicen mucho más que todos los libros y artículos que han aparecido sobre la Revolución Bolivariana. Aquí vemos la relación dialéctica entre las masas y la dirección que está tomando Hugo Chávez. El gobierno aprueba una reforma agraria reflejando la presión de las masas. Los campesinos se toman muy en serio esta medida y presionan para conseguir sus reivindicaciones. Expresan el «apoyo universal al presidente Hugo Chávez», pero al mismo tiempo, señalan las limitaciones de la nueva ley. Es bienvenida, pero no ha ido suficientemente lejos. Por lo tanto, deciden ayudar al gobierno para que vaya más allá y emprenden acciones desde abajo.
El anuncio de las medidas ha promovido cientos de invasiones de tierras y se han encontrado con el asesinato de docenas de activistas campesinos a manos de los terratenientes y sus agentes. Pero todavía es muy poca la tierra adjudicada. Esto es admitido honestamente por algunos funcionarios. «Esa es la autocrítica que debe hacerse la revolución«, dice Rafael Alemán, el funcionario a cargo de la investigación en El Charcote. «No hemos impulsado hacia delante este proceso«.
Esta necesidad no debe sorprendernos. La maquinaria del gobierno es lenta y voluminosa. La burocracia no puede ser un instrumento adecuado para el cambio revolucionario. Arrastra sus pies, cumple sus obligaciones sin entusiasmo, incluso sabotea las leyes aprobadas por el gobierno bolivariano. En sus filas hay muchos escuálidos y contrarrevolucionarios encubiertos. Los campesinos no confían en ellos y tienen derecho a no hacerlo. Critican al Instituto de Reforma Agraria por su lentitud y métodos burocráticos que ayudan a los propietarios de los latifundios a sabotear las reformas. Saben -y toda la población también- que ¡sólo el movimiento revolucionario de masas puede llevar a cabo la revolución!
Desplegando un infalible instinto revolucionario, responden a los críticos de la reforma agraria de una manera que demuestra un nivel muy elevado de madurez política. Los enemigos de la reforma agraria dicen: la ruptura de las grandes haciendas de tierra en pequeñas parcelas campesinas individuales dañará la productividad y causará el caos y el hambre. Los campesinos responden: estamos a favor de la expropiación de las grandes haciendas, pero no insistimos en su división en una multitud de pequeñas propiedades campesinas. Defendemos la creación de granjas colectivas sobre las que se pueda cultivar la tierra en común, utilizando todas las ventajas de la maquinaria moderna, la tecnología y las economías de escala. ¡Para hacer esto no es necesario que la tierra sea propiedad de un puñado de ricos parásitos!
Los campesinos revolucionarios no son locos. Entienden totalmente la necesidad de la contabilidad y la disciplina en las granjas colectivas. Deberán ser gestionadas democráticamente por los propios productores. Aquellos que se nieguen a trabajar recibirán medidas disciplinarias del resto del colectivo, que está interesado en establecer un alto nivel de productividad, y con este objetivo proponen la creación de escuelas en las granjas para enseñar la ciencia de la agricultura. ¿Qué tiene que ver esta actitud enormemente responsable con la grotesca caricatura de «campesinos ignorantes» saboteando la producción agrícola científica que los apologistas occidentales de los terratenientes nos presentan?
¿Reformismo o revolución?
Algunos sectores de la dirección han intentado calmar los nervios de la oposición, asegurando que las medidas actuales no amenazan la propiedad privada. El vicepresidente José Vicente Rangel ha dicho a los granjeros y hacendados que sus títulos están en orden y que sus tierras productivas no tienen «nada que temer». Pero estas afirmaciones no sirven para calmar los temores de las clases propietarias o para reducir su implacable hostilidad hacia la Revolución Bolivariana.
En un reciente informe aparecido en V.headline.com leemos lo siguiente: «El gobernador del estado de Carabobo, Luis Felipe Acosta Charles, está haciendo los preparativos para afrontar un violento torrente de apropiaciones y ocupaciones ilegales de tierra que ha dividido al progubernamental Movimiento Quinta República (MVR).
Con camisetas rojas y utilizando jerga revolucionaria, la gente ha invadido la propiedad privada y tierras supuestamente ociosas en todo el estado de Carabobo.
El Secretario de Seguridad Pública ha confiado en la organización de controles preventivos en todas las zonas y la utilización del diálogo con los ocupantes ilegales.
El gobernador ha sido acusado de vacilación a la hora de afrontar el problema y ha reaccionado preparando un decreto de emergencia para establecer puntos de control para impedir que la población de otros estados invada tierras y propiedades.
La Guardia Nacional y la policía del estado se unirán al plan y el objetivo es asegurar una evacuación pacífica de las tierras… parte de la operación es expulsar a los ocupantes ilegales profesionales o políticos y perseguirles».
Por supuesto, es necesario distinguir entre las ocupaciones de tierra realizadas por los campesinos sin tierra y las actividades fraudulentas llevadas a cabo por los llamados «ocupantes ilegales profesionales», que en algunos lugares han invadido parcelas para venderlas más tarde. Estas actividades son obra de parásitos y contrarrevolucionarios, por lo tanto deben ser condenadas. Pero, en primer lugar, es un error utilizar estos incidentes para intentar condenar las ocupaciones de tierra en general y, en segundo lugar, la única forma de impedir casos de ocupaciones de tierra fraudulentas es desarrollar y extender las genuinas ocupaciones de tierra revolucionarias organizadas por los comités campesinos elegidos democráticamente.
Todo verdadero demócrata revolucionario tiene el deber de apoyar la revolución agraria. Pero para tener éxito, hará falta tomar las medidas revolucionarias más enérgicas. Los campesinos no pueden depender de lo que les entregue la burocracia. Saben que sólo pueden depender de su propia fuerza. Por eso están organizándose y preparándose para emprender la acción directa y tomar posesión de la tierra.
La movilización revolucionaria de los campesinos es la única garantía para que la reforma agraria de la Revolución Bolivariana sea puesta en práctica, sino permanecerá como letra muerta, un pedazo de papel inútil guardado en el despacho de algún burócrata de Caracas. Los campesinos son gente realista. Entienden que, independientemente de las leyes aprobadas en Caracas, los terratenientes no entregarán el poder, la tierra y los privilegios sin luchar. ¡Si quieren la tierra tendrá que luchar por ella!
PROVEA dice más de lo que pretende cuando pide al Ministerio Público que acelere las investigaciones de los asesinatos de numerosos activistas sociales en el campo. ¿Esto qué significa? Sólo esto: que en el campo se está librando ya una sangrienta guerra civil; que cada día los terratenientes y sus pistoleros a sueldo están asesinando a dirigentes campesinos con total impunidad; que para los campesinos pobres el «dominio de la ley» es sólo una frase vacía. Y ¿qué solución proponen nuestros amigos ilustrados para este problema? Pedir al ministerio que «acelere sus investigaciones». Es una sugerencia loable y en principio no tenemos nada contra ella. Pero los campesinos saben que las ruedas de la justicia se mueven lentamente y que los agentes armados de la contrarrevolución lo hacen rápidamente. Lo que está en juego son sus vidas y deben hacer algo para defenderse.
Todo el mundo sabe que en los últimos años muchos campesinos han sido asesinados por los terratenientes y sus bandas armadas. En el informe del congreso campesino leemos lo siguiente: «A finales de octubre de 2003, en Barinas, 120 policías ayudaron a los grandes terratenientes a destruir una escuela en la tierra ocupada y le entregaron al terrateniente 240.000 libras de grano producidas por los campesinos». Este no es un caso aislado. Los terratenientes reaccionarios están movilizándose para derrotar a los campesinos, pare defender su poder y privilegios. Para ello no dudan en recurrir a la violencia. Tienen dinero, armas e influencia. Y, como demuestra este informe, cuentan con la ayuda de sectores del aparato del Estado.
Aquellos que predican la moderación y la contención a los campesinos para evitar una guerra civil en el campo están olvidando un punto. Que ya existe una guerra civil en el campo. Ésta sólo se puede detener con la acción decidida de los propios campesinos, apoyados por sus aliados naturales, sus hermanos y hermanas de las ciudades, la clase obrera. Los campesinos no se quedarán con los brazos cruzados mientras las bandas reaccionarias pagadas y armadas por los terratenientes les golpean, intimidan y asesinan.
«La conferencia discutió la necesidad de la autodefensa armada así como la posibilidad de la guerra de guerrillas si hay una invasión estadounidense». ¡Sí! Pero el enemigo de los campesinos venezolanos no es sólo el imperialismo estadounidense. ¡El enemigo está en casa! La oligarquía venezolana no es otra cosa que el agente local del imperialismo norteamericano. En la medida que ella posea la tierra, los bancos y los puntos clave de la industria, las conquistas de la revolución nunca estarán a salvo, y la revolución agraria seguirá siendo un espejismo.
¡El campesinado debe armarse! Ese mensaje lo ha lanzado en más de una ocasión el presidente Chávez. Es el momento de ponerlo en práctica. Lo que hace falta no es una guerra de guerrillas, sino la autodefensa organizada, la creación de comités campesinos elegidos democráticamente en cada pueblo, armados con cualquier arma que puedan obtener para defender a la población contra las bandas armadas de la contrarrevolución. Los comités deberían unirse sobre bases locales, distritales y nacionales, y éstos a su vez deberían unirse con los comités de trabajadores en los centros urbanos.
Esta es la única forma de transferir pacífica y ordenadamente el poder a la población en el campo. Los comités campesinos pueden jugar un doble papel: primero, movilizar y organizar a las masas campesinas para acelerar la implantación de la revolución agraria, después, establecer el control democrático sobre la administración gestión de las haciendas colectivizadas. No hay otra forma posible.
La revolución agraria, si quiere triunfar, debe desafiar el poder de la oligarquía, y no sólo en el campo. Para que la producción agrícola no sufra un daño irremediable, las granjas expropiadas deben ser gestionadas en líneas colectivas. Eso sólo se puede conseguir si tienen garantizada la financiación necesaria, créditos baratos, fertilizantes, tractores y cosechadoras baratas, camiones para el transporte y mercados garantizados para sus productos. Eso sólo se puede conseguir si están integradas en un plan global de producción.
El primer paso en su consecución es la nacionalización de los bancos. Sin el control sobre las finanzas y el crédito, es imposible controlar y planificar la economía. Sería como intentar conducir un automóvil sin frenos, acelerador o palanca de cambios. La nacionalización de la tierra y los bancos es una medida absolutamente necesaria, incluso como parte de una revolución democrática nacional. Pero después surgiría la siguiente pregunta: ¿por qué pararnos aquí? ¿Por qué no expropiar las grandes empresas que todavía están en manos privadas? (No estamos interesados en las pequeñas).
La razón por la cual la oligarquía y los imperialistas tienen pánico a la reforma agraria es precisamente por que entienden la lógica subyacente, es decir, que pone un signo de interrogación sobre el llamado derecho divino a la propiedad privada. ¡Eso es absolutamente correcto! En lugar de disculparse y garantizarle a los terratenientes y capitalistas que no tienen nada que temer, la Revolución Bolivariana debería poner como primer punto del orden del día la expropiación de la propiedad de la corrupta y degenerada oligarquía venezolana.
El presidente Chávez ha declarado correctamente que el capitalismo es esclavitud. Dijo que el futuro de la Revolución Bolivariana debe ser el socialismo. Estamos de acuerdo con él en un cien por cien. Públicamente también apoyó la teoría de la revolución permanente de Trotsky. ¿Qué dice esta teoría? Dice que en las condiciones modernas, las tareas de la revolución democrática nacional («democrática burguesa«) no las puede llevar a cabo la burguesía, que la revolución democrática nacional sólo puede triunfar si se transforma en una revolución socialista.
La historia de Venezuela -y la de toda América Latina- durante los últimos doscientos años es una confirmación gráfica de esta afirmación. Sobre la base del sistema esclavista no hay salida posible. Es necesario romper con el latifundismo de una vez por todas. Ese es el significado real de la consigna: revolución dentro de la revolución. ¡Esa es la única salida!