Traducido del inglés para Rebelión por S. Seguí
Zaida Rosas está en la cincuentena y tiene quince nietos. Trabaja en la cooperativa textil Venezuela Avanza, de Caracas, recientemente constituida. Los 209 trabajadores de la cooperativa son en su mayor parte mujeres del barrio antes desempleadas. Sus hogares, en los empinados cerros de la zona oeste de Caracas, han sido en su mayor parte construidos por ellas mismas y sus familiares.
Zaida trabaja siete horas por día, cinco días por semana, por un salario de 117 dólares al mes, que es el ingreso común que todos los empleados decidieron por votación atribuirse. Es mucho menos que el salario mínimo, establecido por ley en 188 dólares mensuales. La razón es que «así podemos devolver el préstamo [gubernamental para iniciar el negocio],» explicó. Los cooperativistas de Venezuela Avanza, se reúnen en asamblea una vez al mes con el fin de decidir sus políticas. Como en la mayor parte de cooperativas de productores, no se pagan salarios, sino que se abonan adelantos sobre los beneficios. Los trabajadores, al atribuirse a sí mismos sumas inferiores al salario mínimo, a fin de reembolsar al Estado, se hallan en una situación precaria. «Esperamos que nuestras condiciones de trabajo mejoren con el tiempo,» afirma Zaida.
Con el fin de capacitar a los trabajadores de las cooperativas para dirigir sus negocios, el nuevo Ministerio de Economía Popular (MINEP) les concede modestas becas para el estudio del cooperativismo, la producción y la contabilidad. «Mi familia está mucho más feliz: he aprendido a escribir y tengo ya mi tercer grado», afirma.
Zaida forma parte también de una red local más amplia de cooperativas: la suya es una de las dos cooperativas de producción construidas por otra cooperativa local de albañiles que, junto a una clínica, un supermercado cooperativo, una escuela y un centro cívico forman un «núcleo de desarrollo endógeno», como ellos mismos lo denominan. Estos núcleos forman el corazón del plan estatal para el desarrollo de una economía igualitaria.
La cobertura que los medios de comunicación estadounidenses realizan de Venezuela tiende a centrarse en la producción petrolera y en la disputa verbal -ambas sin duda relacionadas- entre el presidente Hugo Chávez y la Casa Blanca. Chávez, por ejemplo, suele referirse a George W. Bush como «Mr. Danger», en referencia a un bruto extranjero protagonista de una novela clásica venezolana. Con menos sutileza, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, comparó recientemente a Chávez con Hitler. Entretenidos con estos epítetos, los informadores pasan por alto una importante noticia: el crecimiento sin precedentes de cooperativas, que ha dado nueva forma a las actividades económicas de cientos de miles de venezolanos como Zaida Rosas. En una reciente visita a Caracas, tuvimos ocasión de conversar con miembros de estas cooperativas y otras personas participantes de este novel experimento que permitirá abrir la economía de Venezuela de arriba abajo.
Explosión de cooperativas
Nuestro primer encuentro con el movimiento cooperativista de Venezuela se concretó en Luis Guacarán, miembro de una cooperativa de taxis, que nos condujo a los arrabales de Caracas. En el lluvioso trayecto, preguntamos a Luis cómo le afectaban personalmente los cambios introducidos por Chávez. Nos contestó que ahora se sentía un ciudadano, que tenía derecho a compartir la riqueza petrolera de la nación que siempre había ido a parar «a la oligarquía». El pueblo necesitaba servicios de salud, educación y empleos correctos, lo que era razón suficiente para que Chávez desviase ingresos del petróleo a la satisfacción de estas necesidades. Dos de los cinco hijos varones de Luis están en el ejército, una hija estudia ingeniería del petróleo y otra lleva una peluquería. Todos ellos están cursando estudios de formación profesional.
Casi todas las personas con quien charlamos durante nuestra visita eran participantes de una cooperativa. La constitución de 1999 exige que el Estado «promueva y proteja» las cooperativas. No obstante, sólo tras la aprobación de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en 2001, el número de éstas se disparó. Cuando Chávez llegó al poder en 1998 había 762 cooperativas legalmente registrada, compuestas de unos 20.000 asociados. En 2001 había casi 1.000 cooperativas; en 2002, 2.000; y en 2003, 8000. A mediados de 2006, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) informa que el número de cooperativas registradas es de 108.000 y el de miembros asociados, 1.500.000. Desde 2003, el MINEP ha facilitado formación empresarial y de autogestión gratuitamente, ha ayudado a los trabajadores a convertir empresas con problemas en cooperativas, y ha ampliado los créditos iniciales a las impresas y los destinados a la adquisición de éstas por los propios empleados. El movimiento resultante ha venido cada vez más a definir la «Revolución Bolivariana», término que utiliza Chávez para su remodelación de las estructuras económicas y políticas de Venezuela.
En la actualidad, el MINEP intenta no quedarse atrás en la iniciativa que él mismo ha desatado. Mientras que las cooperativas anteriores al actual Gobierno eran principalmente entidades de crédito, las «bolivarianas» actuales son mucho más diversas: la mitad pertenecen al sector de servicios, un tercio al de producción y el resto se dividen entre ahorro, alojamiento, consumo y otros ámbitos. Los cooperativistas trabajan principalmente en cuatro sectores: 31% en el comercio y la hostelería; 29% en el transporte, el almacenaje y las comunicaciones; 18% en la agricultura, la caza y la pesca; y 8,3% en la industria manufacturera. El cooperativismo está en marcha en Venezuela, en una escala y una intensidad nunca vistas en ningún lugar.
Las cooperativas son en su mayor parte pequeñas. Desde enero de 2005, no obstante, con ocasión del anuncio del Gobierno de una política de expropiación de instalaciones industriales cesantes, el MINEP ha apoyado a los trabajadores a hacerse con el control de algunas grandes empresas que amenazaban bancarrota. Si una instalación industrial no utilizada se considera de «utilidad pública», el comienzo de los procedimientos de expropiación lleva con frecuencia a la negociación de la compensación correspondiente con los propietarios. En uno de estos casos, los propietarios de una planta de procesamiento de tomates propiedad de Heinz, en Monagas, ofrecieron la venta al Gobierno por 600.000 dólares. Tras una negociación en la que se tuvieron en cuenta los salarios y los impuestos atrasados, además de una hipoteca pendiente, ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso de venta a los trabajadores por 260.000 dólares, con préstamos preferentes proporcionados por el Gobierno. En otro ejemplo, mucho más polémico, unos trabajadores desplazados ocuparon una planta de refinado de azúcar, en Cumanacoa, y la volvieron a poner en funcionamiento. Entonces, el Gobierno federal expropió la propiedad y la entregó a la cooperativa de los trabajadores de la planta. Se respetaron los derechos de propiedad, gracias a los préstamos del Gobierno a los trabajadores, si bien el precio pagado fue bastante inferior al pedido por los propietarios. Estas empresas expropiadas son gestionadas a menudo por representantes elegidos por los trabajadores, junto a personas designadas por el Gobierno.
Sin embargo, hay condiciones. «No hemos expropiado Cumanacoa y Sideroca en favor de los trabajadores sólo para que éstos se vuelvan ricos de la noche a la mañana», afirmó Hugo Chávez. «No lo hemos hecho solamente para ellos, se trata de distribuir la riqueza entre todos.» Tomemos el caso de Cacao Sucre, otro ingenio azucarero cerrado desde hace ocho años por sus propietarios privados, que dejaron a 120 trabajadores desempleados en una población de pobreza visible. El gobernador del Estado hizo una llamada a los trabajadores para que formasen una cooperativa. Tras recibir formación en materia de autogestión, la cooperativa azucarera integró a los 3.665 cultivadores de caña. En julio de 2005, esta gran cooperativa se convirtió en la primera «Empresa de Producción Social». Esta nueva designación indica que la cooperativa está obligada a dedicar una parte de sus beneficios a la financiación de servicios de salud, educación y vivienda destinados a la población local, y a abrir sus comedores a toda la comunidad.
Con sólo 700 empresas, cerradas o en bancarrota, en la lista oficial de candidatos a la expropiación, la cooperativización a gran escala de instalaciones existentes es limitada, y hasta hoy un tanto lenta. Los sindicatos están identificando más empresas en situación de subexplotación, pero queda un largo camino por recorrer.
Las cooperativas son un elemento básico del nuevo modelo económico venezolano. Tienen potencial suficiente para cumplir una serie de objetivos de la Revolución Bolivariana, entre otros la lucha contra el desempleo, la promoción de un desarrollo económico sostenible, la competencia pacífica con empresas capitalistas convencionales y el desarrollo del socialismo a la manera de Chávez, en proceso de definición.
No más agencias estatales como las de nuestros abuelos
El capitalismo genera desempleo. El neoliberalismo ha agravado esta tendencia en Venezuela, y ha producido un amplio grupo estable de personas marginadas, excluidas de cualquier tipo de trabajo y consumo significativos. Aunque no totalmente olvidados, se los culpabilizaba de su situación y se los hacía sentir inútiles. Pero la Revolución Bolivariana tiene que ver con la exigencia de reconocimiento. En marzo de 2004, Chávez convocó a los venezolanos a una nueva «misión», con ocasión de la inauguración por el MINEP del programa «Misión Vuelvan Caras«. A partir de ellos mismos y en uso de sus propias capacidades para formar cooperativas, los beneficiarios podrían combatir el desempleo y la exclusión, cambiando realmente las relaciones de producción.
En Venezuela, la expresión vuelvan caras evoca la orden de un general insurgente a sus tropas, cuando éstas se hallaban rodeadas por tropas españolas durante la guerra de Independencia. En efecto, viene a decir: abandonen su papel de perseguidos, vuélvanse y ataquen de frente al enemigo. El nuevo enemigo es el desempleo, y el objetivo del pleno empleo habrán de conseguirlo grupos, particularmente de desempleados, capaces de hacer una aportación mutua y de trabajar conjuntamente. Vuelvan Caras enseña gestión empresarial, contabilidad y valores cooperativos a cientos de miles de estudiantes becados. Los graduados son libres de conseguirse empleos normales o de formar microempresas, para lo que se les ofrecen créditos; no obstante, el aspecto cooperativo es prioritario en materia de asistencia técnica, créditos y contratos. Pero la chispa primera -la capacidad empresarial colectiva necesaria para la cooperativización- debe venir del pueblo. Más del 70% de los graduados del curso 2005 participaron en la formación de 7.592 nuevas cooperativas.
Vuelvan caras parece dar ya resultados. El desempleo alcanzó un nivel de 18% en 2003, pero se redujo a 14,5% en 2004 y a 11,5% en 2005. El MINEP está preparando un Vuelvan Caras II, con el objetivo de atraer a otros 700.000 desempleados. Sin embargo, con una población de 26 millones, la batalla de Venezuela contra las causas estructurales del desempleo acaba de comenzar.
Desarrollo económico endógeno
Las cooperativas también contribuyen a alcanzar el objetivo más amplio del Gobierno de conseguir un «desarrollo endógeno». La inversión extranjera directa continúa en Venezuela, pero el Gobierno pretende evitar la dependencia del capital extranjero, que expone a un país al habitual chantaje capitalista. El desarrollo endógeno significa «ser capaz de producir la simiente que sembramos, los alimentos que comemos, la ropa que llevamos, y los bienes y servicios que necesitamos, rompiendo con ello la dependencia económica, cultural y tecnológica que ha frenado nuestro desarrollo, en primer lugar personal.» Con este objetivo, las cooperativas son herramientas ideales, por cuanto enraízan el desarrollo en Venezuela: bajo el control de trabajadores-propietarios locales, no plantean el riesgo de fuga de capitales habitual en las empresas capitalistas.
La necesidad de desarrollo endógeno se hizo dolorosamente evidente a los venezolanos con la huelga de 2002, promovida por los adversarios de Chávez. Los principales distribuidores de alimentos del país, importados en gran parte, dieron su apoyo a la huelga, parando la distribución de alimentos y poniendo de manifiesto una creciente vulnerabilidad. En respuesta, el Gobierno lanzó su propia cadena paralela de supermercados. En sólo tres años, Mercal contaba ya con 14.000 puntos de venta, casi todos en barrios pobres, y vendía los productos básicos a unos precios entre 20% y 50% inferiores. Mercal es ya la mayor cadena de supermercados del país y su segunda mayor empresa. Sus establecimientos atraen a un público de todas las tendencias políticas, gracias a sus bajos precios y a la calidad de sus productos. Con el fin de promover la «soberanía alimentaria», Mercal ha aumentado su proporción de suministradores nacionales hasta más del 40%, dando prioridad, en la medida de lo posible, a las cooperativas. Venezuela sigue importando el 64% de los alimentos que consume, pero el porcentaje se ha reducido, desde el 72% en 1998. Al reducir la dependencia de las importaciones, los costes de transporte y los intermediarios, a la vez que da preferencia a los suministradores locales, Mercal espera poder acabar con su subvención de 24 millones de dólares mensuales.
Desplazando el capitalismo y construyendo el socialismo
Otra razón por la que los arquitectos de la denominada Revolución Bolivariana impulsan decididamente el modelo cooperativo es su opinión de que las cooperativas pueden cubrir las necesidades mejor que las empresas capitalistas convencionales. Liberadas de la carga que suponen los gestores de altos salarios y los inversores absentistas, sólo interesados en los beneficios, las cooperativas tienen un dinamismo financiero que impulsa las innovaciones tecnológicas que permiten ahorrar tiempo de trabajo. «Las cooperativas son el tipo de negocio del futuro», afirma el ex ministro de Planificación y Desarrollo Felipe Pérez-Martí. No sólo no son empresas explotadoras, sino que producen más que las empresas capitalistas, por cuanto -afirma Pérez-Martí- los trabajadores-propietarios están obligados a perseguir la eficacia y el éxito de su empresa. Una afirmación de este tipo causa perplejidad en países como Estados Unidos, pero un creciente corpus de investigación indica que las cooperativas pueden efectivamente ser más productivas y provechosas que las empresas convencionales.
Para verificar si las cooperativas pueden superar a las empresas capitalistas en sus propios términos, es preciso establecer un sector cooperativo o solidario viable en paralelo al sector capitalista establecido y dominante. Hoy, Venezuela está preparando este experimento. Más del 5% de la fuerza de trabajo está empleada ya en las cooperativas, según el MINEP. Si bien este porcentaje de cooperativistas supera el de la mayoría de países, sigue siendo pequeño en relación con el tamaño de un sector que intenta vencer en competencia con el sector capitalista venezolano. Los seguidores de Chávez esperan que, una vez lanzado el sector, la cooperativización se expanda en un «círculo virtuoso», a medida que la fuerza de trabajo convencional, al observar el desempeño de las cooperativas, exijan un control similar de su trabajo. Elías Jaua, ministro para la Economía Popular, afirma: «El sector privado puede comprender el proceso e incorporarse a esta nueva dinámica social, o simplemente se verá desplazado por las nuevas fuerzas productivas que tienen una producción de mayor calidad, una visión basada mucho más en la solidaridad que en el consumo.» Podríamos creer que los créditos, la formación y los contratos del MINEP vician esta dinámica en favor de las cooperativas. Sin embargo, los titulados de la Misión Vuelvan Caras tienen la libertad de emplearse en el sector capitalista. Además, la política del MINEP de favorecer a las empresas propiedad de sus trabajadores no es tan diferente de la legislación, las subvenciones y las exenciones fiscales estadounidenses que favorecen a las empresas propiedad de sus inversores.
Por último, al poner los medios de producción en manos de los trabajadores, el movimiento cooperativo está construyendo directamente el socialismo. La cooperativización, en particular la que se produce en empresas inactivas ocupadas por sus trabajadores, promueve «lo que siempre ha sido nuestro objetivo: que los trabajadores dirijan la producción y que los gobiernos estén también dirigidos por los trabajadores,» afirma la ministra de Empleo, María Cristina Iglesias. Así pues, las cooperativas, no son únicamente medios para alcanzar lo que Chávez denomina «socialismo del siglo XXI»: son en realidad realizaciones parciales de éste.
Gestión de riesgos del experimento
La cooperativización es fundamental para alcanzar los objetivos de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, los líderes de ésta reconocen que tienen un largo camino por recorrer. Las empresas capitalistas tradicionales siguen dominando la economía de Venezuela. Y aún cuando todos los programas actuales de cooperativización tienen éxito, cabe preguntarse si esa lucha -porque será una lucha- va a conducir al socialismo. Michael Albert, de Z Magazine, asegura que las cooperativas pueden ser más productivas, a la vez que apoya resueltamente el experimento venezolano. Pero, a falta de planes de abandono del mercado, duda de que conduzcan al socialismo, por cuanto los efectos de unas cooperativas «empeñadas en superar a las antiguas empresas mediante la competencia en un contexto definido por el mercado, pueden ser de afianzar en ellas una burocracia gestora y una orientación competitiva y no social». La intranquilidad de Albert tiene fundamento: la historia de las cooperativas, desde las colonias Amana, en Iowa, a la Cooperativa Mondragón, en el País Vasco, muestra que aun cuando comiencen con un mandato de servicio a la comunidad, las cooperativas individuales, o incluso las redes de cooperativas, tienden a reinternalizar, con carácter de autodefensa, el egoísmo capitalista, y llegan a ser indistinguibles de sus competidores, en situaciones en que deben competir solas contra un grupo de empresas capitalistas en una economía capitalista.
Los miembros del gobierno de Chávez reconocen francamente estos riesgos. El viceministro para la Economía Popular, Juan Carlos Loyo, a la vez que señala que el servicio a la comunidad ha sido parte del credo cooperativista desde el comienzo, pide paciencia: «Sabemos que venimos de un estilo de vida capitalista que es profundamente individualista y autocentrado.» Marcela Maspero, coordinadora nacional de la nueva federación sindical chavista UNT, reconoce «el riesgo de convertir a nuestros camaradas en capitalistas neoliberales.» En este ejemplo único que ofrece Venezuela, no obstante, la construcción de un sector cooperativista viable es el objetivo de un Gobierno que cuenta con considerables recursos financieros, por lo que su objetivo de construir el socialismo es a la vez un proyecto popular nacional. En Venezuela, el éxito es por consiguiente una esperanza plausible. Se mantendría una lejana analogía con la situación de mayo del 68 en Francia, en la que el gobierno de De Gaulle y el Partido Comunista Francés habrían estado a favor de las demandas de estudiantes y trabajadores de una mayor autogestión.
Y hay problemas, sin duda. Un grupo puede registrarse como «cooperativa fantasma» y conseguir una donación de puesta en marcha, y a continuación desaparecer con el dinero. Y dado que las cooperativas tienen preferencia en la obtención de contratos gubernamentales, hay un significativo nivel de fraude. «Hay cooperativas registradas como tales sobre el papel,» informa el citado Elías Jaua, «pero que tienen un jefe que recibe un salario superior y trabajadores asalariados, así como una desigual distribución del trabajo y el ingreso.» Sunacoop admite que el cumplimiento tiene fallos. Muchas de las nuevas cooperativas han sufrido también las consecuencias de una insuficiente formación en autogestión. Las autoridades gubernamentales intentan abordar estos problemas con visitas más frecuentes a las cooperativas locales, el incremento de la formación y los servicios de apoyo, así como la descentralización de la supervisión en favor de las autoridades locales.
A pesar de estos obstáculos, las nuevas cooperativas, con el apoyo gubernamental, están construyendo un movimiento nacional descentralizado que tiene su propia inercia e instituciones. El pasado mayo se lanzó el Consejo Ejecutivo Nacional de Cooperativas (Cencoop). Este Consejo está compuesto por cinco miembros cooperantes de cada uno de los 25 Estados venezolanos, elegidos por los Consejos estatales de cooperativas, que a su vez son elegidos por los Consejos municipales, compuestos por cooperativistas locales. El Cencoop representará a Venezuela en la Alianza Cooperativa Internacional, organismo internacional que acoge a 700 millones de cooperativistas que forman parte de cientos de miles de cooperativas en 95 países.
En un primer momento, el movimiento cooperativista pre-bolivariano se sintió dejado de lado y criticó esta rápida cooperativización. No obstante, se solicitó su asesoramiento en cada etapa de la planificación del Cencoop, y por último pasó a formar parte del Consejo, compartiendo con el nuevo movimiento su valiosa experiencia adquirida. Los nuevos consejos cooperativos estatales y municipales son parte de un plan destinado a descentralizar las funciones del MINEP. Tras haber contribuido a organizar el Cencoop, el superintendente del MINEP, Carlos Molina, afirma que su Ministerio dejará a aquél las manos libres garantizado así la creciente autonomía del movimiento cooperativo. Hoy, sin embargo, muchas de las nuevas cooperativas siguen siendo dependientes del apoyo del MINEP.
Los opositores al movimiento
Sea cual sea el éxito de la cooperativización, ésta corre riesgos, tanto internos como externos. Hasta ahora, el gobierno Chávez ha compensado a los capitalistas por sus expropiaciones y ha señalado para su conversión en cooperativas sólo a empresas que se hallaban en algún tipo de dificultad. Sin embargo, llegado el momento en que los trabajadores de empresas viables, a la vista del nuevo poder de que se han dotado sus compañeros cooperativistas en sus puestos de trabajo y su más equitativa distribución de los ingresos, pueden desear cooperativizar también sus empresas. Asimismo, teniendo en cuenta que durante años se ha convertido en beneficio empresarial una parte importante del valor creado con su trabajo -en muchos casos, suficiente para cubrir varias veces el valor de mercado de la empresa-, ¿no se considerarán dichos trabajadores con argumentos para pedir la transferencia de la empresa, sin compensación? En pocas palabras, si la Revolución desea extender y reforzar aún más la solidaridad revolucionaria antes de que tengan lugar nuevos actos contrarrevolucionarios, ¿no debería iniciar una auténtica redistribución de la riqueza productiva y cooperativizar empresas, directamente a cargo de los capitalistas venezolanos? Antes o después, el experimento cooperativo venezolano tendrá que abordar esta cuestión.
En nuestra asistencia al Foro Social Mundial, en Caracas, en enero pasado, pudimos vislumbrar el acelerado avance de la Revolución Bolivariana, y desde entonces le hemos seguido la pista. Estamos convencidos de que para aquellas personas de todo el mundo que creen que «otro mundo es posible», la apuesta de este experimento es enorme. Podemos, por consiguiente, predecir que se enfrentará a genuinas amenazas externas. El brevísimo golpe de Estado de abril de 2002 y la destructiva huelga de los altos cargos de la industria petrolera en diciembre de ese año, fueron obra de una élite enfurecida y desplazada, estimulada en cada una de sus acciones por Estados Unidos. Ahora, la campaña continúa: el Departamento de Estado, por intermedio de grupos nacionales, ha inyectado cinco millones de dólares por año a la oposición que apoyó el golpe. No obstante, la democratización de los puestos de trabajo procede sin pausa, y cada vez suma más venezolanos al proceso revolucionario. Esta inclusión es en sí misma una defensa, por cuanto amplía, unifica y refuerza la resistencia con la que los venezolanos enfrentarían nuevas acciones destinadas a desviar la revolución o a ponerle fin.
Betsy Bowman y Bob Stone forman parte del colectivo gestor de GEO. Son también dos de los fundadores del Centro de Justicia Global, de San Miguel Allende (México), centro bilingüe donde trabajan como investigadores. Pueden consultarse las fuentes que han utilizado para el presente artículo en www.dollarsandsense.org/archives/2006/0706bowmanstone.html
Los autores desean dar las gracias a Steve Ellner por sus comentarios e invitan a participar en los debates por medio de www.globaljusticecenter.org