El Reino Unido y la City de Londres se han opuesto desde el principio a implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pensado contra la especulación financiera y también para lograr fondos que ayuden al desarrollo de políticas sociales y compensar así los daños que el sector financiero ha provocado en servicios y sectores públicos […]
El Reino Unido y la City de Londres se han opuesto desde el principio a implantar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pensado contra la especulación financiera y también para lograr fondos que ayuden al desarrollo de políticas sociales y compensar así los daños que el sector financiero ha provocado en servicios y sectores públicos con la crisis y la austeridad.
El Reino Unido llegó a presentar una demanda judicial contra este impuesto que 10 países europeos acordaron implantar mediante el procedimiento de cooperación reforzada.
El acuerdo que presumiblemente se está forjando ya, si bien con mucho retraso, debe incluir la implantación del ITF según los ‘principios de emisión y establecimiento’, es decir, que paguen la tasa las entidades bancarias, gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras con domicilio fiscal en alguno de esos países con productos financieros que emitan o compren en ellos.
El ITF más ambicioso, propuesto por la Comisión Europea en 2011, consistía en aplicar un pequeño impuesto (0,1%) sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otro (0,01%) sobre los productos derivados, instrumentos más complejos que son una gran proporción de los movimientos en el mercado financiero.
Un ITF ambicioso y justo permitiría controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas, así como obtener un ingreso extra para las arcas de los países en los que se aplique. Esa recaudación debería destinarse a paliar los efectos de la crisis y a luchar contra la pobreza, tanto en los países que apliquen el impuesto como en países empobrecidos.