El 31 de octubre pasado mientras muchas personas soñaban con la Asamblea Nacional Constituyente, un Boletín de Prensa de la Presidencia de la República aseguraba que ese día en Guayaquil había comenzado el Programa de Aseguramiento Universal de Salud (PAUS). El comunicado se refería a la firma del contrato para brindar atención primaria de salud […]
El 31 de octubre pasado mientras muchas personas soñaban con la Asamblea Nacional Constituyente, un Boletín de Prensa de la Presidencia de la República aseguraba que ese día en Guayaquil había comenzado el Programa de Aseguramiento Universal de Salud (PAUS). El comunicado se refería a la firma del contrato para brindar atención primaria de salud realizado entre la compañía Transmédica y la Fundación Aseguramiento Popular de esa ciudad, auspiciada por el alcalde guayaquileño Jaime Nebot. El Presidente de la República, Alfredo Palacio, firmó como testigo de honor de lo que en realidad es el comienzo de la privatización de la salud en el país, mediante un plan que beneficiará a algunas empresas médicas privadas y terminará por enterrar la salud pública. La compañía Transmédica (de la que sería interesante conocer cuáles son sus propietarios), recibirá el pago del Estado ecuatoriano para atender a las personas menores de 18 años que constan como beneficiarios del bono del desarrollo humano de la ciudad de Guayaquil. Según el contrato, por un año de comercio médico la empresa recibirá 2.025.000 dólares En la ocasión, el primer mandatario aseguró que su gobierno aspira que este plan piloto, que se inicia en Guayaquil, con el 10 por ciento de beneficiarios, se extienda a 1.350.000 afiliados al bono de desarrollo humano en todo el país. Según la información de la Presidencia, «la primera fase del Programa de Aseguramiento Universal se ejecutará con un préstamo del Banco Mundial, por 45 millones a cumplirse en tres o cuatro años». Estos significa un aumento de la deuda externa para beneficiar algunas empresas médicas, pero no para mejorar los hospitales públicos, ni el Servicio de Salud Pública, ni el acceso a los medicamentos, como ocurre en cualquier país que implementa políticas sociales tendientes a mejorar la salud de su población en lugar de favorecer el comercio médico.
Pero veamos de qué se trata el Aseguramiento Universal de Salud (AUS) mencionado por el gobierno. En un documento de septiembre de la Secretaria Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM) creada hábilmente por Palacio y adscripta a la Presidencia de al República, se establece que en el marco de los compromisos para lograr los objetivos del milenio «el Gobierno Nacional en representación del Estado Ecuatoriano, (…) define como una prioridad nacional, la implementación del Sistema de Aseguramiento Universal en Salud» También se explica que «luego de un camino tortuoso, por las dificultades políticas encontradas», para fines del 2004 «se concretan los mecanismos de operativización del diseño del AUS, para lo cual se contrata al consorcio CARE-John Hopkins University que ejecuta los estudios para el diseño del Modelo de Aseguramiento para el país». La definición del Aseguramiento Universal de Salud es por lo menos jocosa al asegurarse que «constituye un sistema de aseguramiento DE RACIONALIDAD PÚBLICA SIN FINES DE PÉRDIDA, que para su operación puede y debe incorporar mecanismos de gestión privados, mixtos o públicos según requerimientos deficiencia en su accionar y efectividad en sus resultados».
El financiamiento para estructurar el Aseguramiento Universal de Salud saldrá de los fondos actuales asignados a la salud y de nuevos recursos como por ejemplo los que surgen del Banco Mundial. Para eso se «estructura el Fondo Nacional de Aseguramiento Universal en Salud (FONAUS)», una instancia cuya función es integrar y acumular los recursos a nivel nacional». En la primera etapa, será el «fondo administrador de los recursos» para luego «asignarlos a las instituciones prestadoras de servicios (léase empresas como Transmédica) para que atiendan a un espacio población específica». El FONAUS se encargará de asegurar el financiamiento del AUS con el aporte fiscal de los proveedores públicos (Ministerio de Salud Pública, Municipios, etc.), aportes fiscales directos para el AUS, aportes de la Cooperación Externa, Organizaciones no Gubernamentales y de los usuarios, mediante el mecanismo de prepago como los seguros de salud privados o los teléfonos celulares. El FONAUS también se ocupará de la «recaudación» de recursos de las diferentes fuentes de financiamiento «en un instrumento fiduciario cerrado», así como del pago a las empresas médicas encargadas de vender salud
Según el Decreto presidencial que creó la SODEM, este organismo tiene la potestad para crear una estructura específica que implemente el AUS. Por lo tanto para administrar los recursos se conforma una «Corporación para la administración, compra de servicios y manejo» del FONAUS, que estará encargada de establecer los mecanismos e instrumentos «para que el cliente sea el centro de la gestión». Por lo tanto, desde ahora gracias a la «imaginación» gubernamental el paciente pasó a ser un cliente más.
Según parece, la idea del presidente de colocar la salud en el supermercado no es nueva. En junio de 1995, en acuerdo con el CONAM, el entonces Ministro de Salud, Alfredo Palacio, convocó al Consejo Nacional de Salud, para comenzar la implementación de un Sistema Nacional de Salud que no era otra cosa que un Sistema de Privatización de Salud. El «Análisis de Promoción de la Políticas de Salud» realizado en septiembre del año 2000 por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), una entidad defensora de la privatización de la salud, que cuenta con el auspicio de la USAID (Agencia Americana para el Desarrollo Internacional), destacó la propuesta que surgió de Palacio en aquella oportunidad. «El Consejo, en su primera sesión dio el aval para la conformación de un Grupo Técnico de Reforma (GTR) a fin de que asesore al Consejo en la materia. Luego en Agosto/96 crea la Comisión Técnica de Reforma que con el apoyo del GTR se aboca a preparar una propuesta de Lineamientos Generales para la Reforma del Sector Salud en el Ecuador y un Plan Operativo para el primer año de trabajo, aprobados por el Consejo en septiembre/95. Lamentablemente, a pesar del espacio que se generó para el accionar del Consejo, luego del Plebiscito (Noviembre/95) en el que se negó la propuesta de privatización del Seguro Social y p or ende de la atención de salud, recién en marzo de 1996, se toma la decisión de preparar una propuesta nacional para que sea conocida y respaldada por el Consejo de Salud», dice el análisis, que se puede encontrar en la página web: www.opsecu.org/bevestre/revistas/CEPAR/pappsfinal.pdf ¿La Constituyente o Constitucional podrá desprivatizar el Sistema de Salud privatizado por Palacio?