Shell, heredera de los turbios negocios de Enron y que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el centro de Sudamérica, puso la soga al cuello al endeble Estado boliviano al exigirle mayores concesiones Económicas a cambio de poner fin a la amenazante crisis energética, que paradójicamente comenzó a vivir el país con las […]
Shell, heredera de los turbios negocios de Enron y que tiene el monopolio del transporte de hidrocarburos en el centro de Sudamérica, puso la soga al cuello al endeble Estado boliviano al exigirle mayores concesiones Económicas a cambio de poner fin a la amenazante crisis energética, que paradójicamente comenzó a vivir el país con las segundas reservas de gas más importantes del continente.
El presidente de Transredes, filial boliviana de la Shell, Ernesto Blanco, ratificó el pasado viernes a Econoticias la exigencia para que el Estado firme un contrato que le garantice a esta transnacional la obtención de financiamiento internacional, la ampliación de la demanda interna de carburantes, el aumento de la tarifa de transporte y el logro de mayores utilidades (12,2%).
Si el Estado accede a este requerimiento, Transredes recién dará inicio a los trabajos de la segunda ampliación del gasoducto que incrementará la capacidad de transporte al Altiplano a más de 85 millones de pies cúbicos de gas por día (MMPCD). La obra estaría concluida a fines de 2006, poniendo fin a los apagones y racionamientos de energía y carburantes que han comenzado a agobiar a las principales ciudades bolivianas.Así, el gobierno provisional del presidente Eduardo Rodríguez, quedó en la disyuntiva de ceder al chantaje de Transredes y así superar la inminente crisis energética o, por el contrario, apegarse a la ley y rechazar la exigencia transnacional, pero dejando en lo inmediato sin abastecimiento de gas natural a las industrias de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Un monopolio secante y millonario
En lo inmediato, el gobierno neoliberal de Rodríguez, que sigue en la misma línea de sumisión ante las transnacionales como los derrocados ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, parece dispuesto a ceder a las exigencias de la empresa, que tiene millonarias utilidades gracias al control monopólico del transporte de gas natural, gas licuado, petróleo crudo y petróleo reconstituido dentro y fuera de Bolivia.
Actualmente, la filial de la Shell opera una red de aproximadamente 6.000 kilómetros de oleoductos y gasoductos e instalaciones asociadas en todo el territorio nacional, adjudicadas al amparo de onerosas concesiones hechas por los gobiernos neoliberales en la década de los 90 y por una fraudulenta acción de la quebrada Enron, otra transnacional experta en timar a los países más pobres.
La Shell tiene el control del transporte para los mercados internos de Bolivia y de los mercados de exportación a Brasil, Argentina y ultramar a través de la Terminal de Arica en Chile. Su portafolio de inversiones incluye el 51% de las acciones de Gas TransBoliviano S.A. (GTB) y el 12% de las acciones de Transportadora Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG). Ambas compañías componen el sistema de gasoductos Bolivia-Brasil, el más extenso en Sudamérica.
Al operar estos ductos, la filial de la Shell declaró haber obtenido 112,8 millones de dólares en ingresos para el 2004, un 9,5% más que el 2003, producto de los mayores volúmenes de líquidos transportados. Otras cifras destacadas, aunque minimizadas por el constante fraude contable en el que usualmente incurren las transnacionales que operan sin ningún control efectivo en el país más pobre y saqueado de Sudamérica, muestran que la utilidad neta de Transredes aumentó en 10,6% desde 2003 llegando a 37,5 millones de dólares, pagándose 32,3 millones de dólares en dividendos para sus accionistas.
Herederos de un fraude
La posición monopólica de la Shell en el transporte de hidrocarburos en la región se vio fuertemente reforzada al recibir el millonario paquete accionario que la Enron se adjudicó en los gasoductos de Bolivia y Brasil con grave daño a la economía boliviana.
En su momento, las propias autoridades polítiicas y judiciales bolivianas denunciaron que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada firmó en Washington un contrato lesivo a los intereses del Estado boliviano entregando a la Enron, a cambio de nada, parte del gasoducto Bolivia- Brasil. Así, el fallecido ex delegado presidencial Juan Carlos Virreira, a nombre del Estado, inició acciones judiciales contra la Enron, exigiendo la devolución de 130 millones de dólares.
El Delegado explicó que la documentación a la que accedió le permitió establecer que la transnacional nunca cumplió el contrato.
«Efectivamente había un beneficio ilícito para la compañía Enron, que terminó ganando 17 por ciento del gasoducto del lado boliviano y cuatro por ciento del lado brasileño, gracias a un contrato lesivo a los intereses del Estado». Pese a las abundantes e irrefutables evidencias, el juicio contra la Enron fue fondeado por el ex presidente Carlos Mesa y la transnacional se apresuró a ponerse a buen recaudo al entregar estas acciones a la Shell y a otras compañías menores.
Presión a fondo
Con este poder, adquirido dolosamente, la Shell presiona al gobierno boliviano para lograr aumentar sus ganancias, aumentando la tasa de retorno de sus inversiones y exigiendo la vigencia de un nuevo sistema tarifario, además de reclamar la asignación de los recursos comprometidos en donación al Programa Nacional de Electrificación Rural (Proner) hasta un monto de 10 millones de dólares.
El presidente de Transredes exigió, asimismo, la firma de contratos con las empresas productoras de gas natural y la puesta en vigencia de la nueva Ley de Hidrocarburos, favorable a las petroleras como Repsol, Total, British Gas, Petrobras, Vintage y otras que se han apoderado de las reservas de gas y petróleo de Bolivia y que han sido valuadas en por lo menos cien mil millones de dólares.
Mientras tanto, en el extremo de la impotencia, la Superintendencia de Electricidad explica que los constantes cortes de energía eléctrica en varias ciudades del occidente de Bolivia se originan en el escaso abastecimiento de gas natural a las plantas hidroeléctricas que generan esa fuerza motriz y también a fallas técnicas en el sistema de transmisión de la energía eléctrica. Otro argumento más que refuerza la convicción nacional, y cada vez más popular, de que la única solución es la nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización, y la expulsión de las transnacionales.