La interrupción del embarazo es el último recurso. Es una decisión extrema que las mujeres y sus parejas toman en situaciones también extremas. Es un derecho humano de las mujeres ejercer su autodeterminación en la toma de estas decisiones y el Estado debe ser garante del ejercicio de este derecho. Revista Matea, Año 1 Nº […]
Revista Matea, Año 1 Nº 2, p. 4
Venezuela es el primer país de América Latina con mayor número de embarazos precoces, a esto se le suma la brutal tasa de pobreza que afecta a las mujeres víctimas del abandono de sus parejas, acción que no ha sido penalizada explícitamente por la cultura, la cual consiente este acto irresponsable afirmando que las mujeres deben dedicarse a ejercer de madres solteras y a sufrir por levantar su familia porque «Dios las compensará en el cielo». Semejante justificación de la dominación masculina es sólo una de las miles que colocan obstáculos casi impenetrables para resolver el problema de la planificación familiar y el derecho de las mujeres a decidir. En una sociedad en que la familia se reduce y en la cual la lucha por la supervivencia para las amas de casa, mujeres solteras y con hijos, y sin profesión, es una lucha del día a día por dar de comer a una no planificada descendencia, emerge el tema del aborto, como necesario instrumento de recurrencia cuando la violencia a la que son sometidas las mujeres de mi sociedad gracias a una religión misógina que impregna toda manera de pensar, imposibilita a las mujeres a llevar una vida sexual libre, independiente… y segura.
Se ha dicho que el tema del aborto está penalizado por consideraciones morales, porque no se puede «asesinar a una criatura», por el peso de conciencia, por el respeto a los derechos humanos, etc., etc. Y valga la pena hablar de derechos humanos, y sobre todo del derecho a la vida de millones de mujeres que somos víctimas de la más ínfima violencia sexual y psicológica y de la violación de la autonomía de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones. En estos momentos, más que establecer las consideraciones racionales de mi apoyo a la despenalización del aborto como política de bienestar social, hablo como mujer, y es que más allá de comprobar históricamente nuestra dominación, pocas personas, incluso las mismas mujeres, podemos entender la dominación psicológica, social y sexual que pesa sobre nosotras. No se trata tan sólo de discriminación por puestos importantes, tampoco se trata de nuestra lucha por cesar la esclavitud doméstica a que nos sostiene la familia y los roles patriarcales, se trata de un sentimiento de inferioridad a que nos obliga la socialización patriarcal y que ha dado origen a que la mujer sea objeto de humillación, dominación y culpa, lo que nos obliga psicológicamente a estar subordinadas a las decisiones del marido, de la familia, del padre, etc. Cuando oímos la consideraciones contra la despenalización del aborto, de la boca de hombres que nos llaman «bestias asesinas», «seres de propiedad social» (1), «lesbianas», y todo un conjunto de humillaciones más, preguntamos a esos hombres reaccionarios si ellos tienen idea alguna del significado de ser mujer, de la discriminación y exigencias que sufrimos por parte de la sociedad, de ser reducidas a un mero objeto sexual y a una máquina reproductora, a una mercancía que tiene que estar «bien arreglada» para merecer la compañía de un hombre. Que no se ataña la responsabilidad absoluta de los embarazos no deseados a nosotras las mujeres cuando todo el mundo sabe que estamos sumergidas y sumergidos en una religión enteramente patriarcal que nos ha prohibido desde todo punto de vista hablar y sentir nuestra sexualidad, especialmente a nosotras, y que complace calladamente el abandono que sufrimos por parte de nuestras parejas cuando quedamos encinta.
Todo esto se suma a la realidad de que los embarazos no deseados, problema que justifica la despenalización del aborto, además de ser consecuencia de la dominación psicológica, también son el resultado de las malas y falsas informaciones sobre los métodos de prevención. Es ridículo que en pleno siglo XXI, en el cual la información vuela sorprendentemente, y que las y los jóvenes viven confundidas/os entre las ansias que crea la represión sexual por un lado, y la incitación a la liberación, por el otro, el conocimiento sobre métodos de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual la constituya el pasar de oído en oído entre pares información escasamente correcta. Un ejemplo de ello es el suponer que el coitus interruptus es un método eficaz, porque no se les habla a las parejas del pre-semen. Es trágico saber que las madres y los padres no están dando a sus hijas e hijos una educación sexual clara, y que estas y estos tienen que, temerosamente y ocultos, buscar información vía internet de fuentes raramente confiables. Aunado a esto, se sabe que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo en la prevención de embarazos, y aunque disminuyen las posibilidades considerablemente, todas las opciones deben estar sobre la mesa cuando se trata de la integridad de la mujer y de una adecuada planificación familiar. Más de 3.500.000 mujeres se someten sólo en Latinoamérica y el Caribe a abortos clandestinos como señala la revista Muy Interesante, y 21 de los 190 millones de embarazos en todo el mundo cada año, terminan en aborto en países que prohíben su práctica legal. El caso de Venezuela es vergonzoso para nuestras y nuestros legisladores, y es un triste desenlace del poder que la misógina religión tiene sobre nuestras consciencias: El registro de morbilidad materna en los hospitales y ambulatorios públicos por abortos espontáneos o provocados entre 1997 y 2001 fue de 381.948 casos (Revista Matea). ¿A quién le importa esto? ¿Está haciendo nuestra revolución un trabajo educativo, legislativo y cultural para cambiar esta realidad? Lamentablemente no. Hay más pasión por trivialidades políticas que por solucionar el problema de las desigualdades de género en Venezuela. Sí, es muy cierto que los incentivos a las mujeres se han consolidado con la Revolución, y que con la Reforma Constitucional se retribuirá económicamente el trabajo doméstico, etc. Pero a la par de esta realidad avanza una que hace retroceder la emancipación de la mujer: Los medios de comunicación transmiten cada vez más pornografía, en imágenes y música, y esto, por supuesto, no sólo aumenta el número de violaciones y de persecuciones sexuales, sino la dominación sexual en sí. ¿Qué está haciendo el Gobierno Revolucionario por la letra de las canciones que incitan claramente a la violencia de género, por la distribución de revistas pornográficas como Playboy Venezuela y Urbe? Todo esto tiene que ver con el problema de la salud sexual y la libertad e integridad de la cual deben gozar las mujeres.
Pero a todas estas, ¿qué pasa si se logra despenalizar el aborto en nuestro país? Queremos establecer una pequeña consideración: Es ridículo pensar que la despenalización del aborto se debe hacer sin a la par suministrar información clara y métodos anticonceptivos eficientes, especialmente el condón. Por otro lado, si se pregunta a cualquier persona en el país ¿cuáles serían las consecuencias de la despenalización del aborto?, la mayoría respondería que se volvería una moda e induciría al sexo irresponsable. Está comprobado que en países como Alemania, Bélgica y Holanda más bien se ha disminuido considerablemente la tasa de interrupciones de embarazos, y por supuesto, frenado las muertes que por concepto de abortos clandestinos y no higiénicos se producían. Es por ello necesario someternos a la realidad del problema, y empezar una masiva campaña por el sexo seguro, tal como dice la frase «Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
Es necesario lograr la verdadera emancipación de la mujer venezolana. Esta tiene que tener en cuenta que un paso adelante en materia de su salud y felicidad como es la despenalización del aborto no denigra de su moral, más bien logra su dignificación mediante la capacidad de decidir. La mujer venezolana tiene que estar consciente del carácter opresor de esta sociedad, en donde médicos supuestamente muy religiosos se llenan los bolsillos de dinero con abortos clandestinos que sólo pueden pagar las mujeres de altos estratos económicos. La mujer venezolana debe abrir los ojos, y considerarse antes que madre, mujer, y no a la inversa. Destruir los mitos y la mitificación femenina: Lamentablemente, en Venezuela, la mujer que no es el prototipo de madre abnegada, entregada y dispuesta a sufrir humillaciones del marido, es una prostituta. Esta situación no puede seguir así. El deber de todas y todos es hacer de nuestra sociedad una sociedad integral, sana y culturalmente valiosa, rescatar los valores comunitarios pero rechazar aquellos que nos condenan a ser objeto de la sociedad y, sobre todo, vernos a nosotras mismas como seres libres, dueñas de nuestro cuerpo y nuestra vida, saber que como mitad del país, como mitad del mundo, tenemos derecho a tener derechos, tenemos derecho a decidir.
Por eso afirmamos junto con la Revista Matea (Año 2, Nº 3, p. 31) que es necesario incluir, en las leyes venezolanas, lo siguiente:
«Despenalización de la interrupción involuntaria del embarazo en todos los casos, excepto cuando se hace sin el consentimiento de la mujer o sin seguridades médicas, durante las primeras 12 semanas de gestación y para ello recibir asistencia médica de calidad y gratuita».
Nota:
(1): El señalamiento de que las mujeres embarazadas deben considerarse «seres de propiedad social» fue una respuesta violenta de un supuesto revolucionario, en uno de los debates que sostuvimos acerca de la despenalización del aborto. Por lo tanto sugerimos, si al caso vamos, que el artículo 115 del Proyecto de la Reforma Constitucional debería entonces quedar así:
«Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad sobre la mujer embarazada […] la propiedad social es aquella que pertenece a los hombres en su conjunto y sus futuras generaciones. […] Por causa de utilidad masculina o interés social, mediante sentencia firma y pago oportuno de justa indemnización al marido, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de mujer embarazada, sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado de ocupar previamente, durante el proceso judicial, las mujeres embarazadas objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley […]».
Sobre la autora: Ana María Chaurio Martínez es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Ha trabajado con colectivos feministas de Mérida y con la Corriente Marxista Revolucionaria.