En esta segunda entrega sobre los datos más relevantes del Capítulo sobre el Derecho a la Libertad Personal del Informe Anual de Provea 2019, que estuvo a nuestro cargo, nos concentraremos en las detenciones por razones políticas, la distribución temporal y territorial de las detenciones ilegales o arbitrarias genéricas, los cuerpos de seguridad responsables y la situación […]
En esta segunda entrega sobre los datos más relevantes del Capítulo sobre el Derecho a la Libertad Personal del Informe Anual de Provea 2019, que estuvo a nuestro cargo, nos concentraremos en las detenciones por razones políticas, la distribución temporal y territorial de las detenciones ilegales o arbitrarias genéricas, los cuerpos de seguridad responsables y la situación en los retenes policiales.
Detenciones por razones políticas
Durante el período analizado se registraron 83 casos y 193 víctimas de privación de libertad por razones políticas, lo que representa una disminución de estos casos (30,8%) respecto al 2018, en el que se reportó la mayor cantidad de detenciones de este tipo. Sin embargo, sí se compara con el promedio general de casos anuales, que Provea ha registrado desde 2009, se trataría de un incremento de 186%, lo que da continuidad a una clara y preocupante tendencia al aumento de estos casos durante los últimos años. Es de destacar que 2 de estos casos son a su vez desapariciones forzadas.
Informe Anual de Provea 2019, Capítulo sobre Libertad Personal, elaborado por Keymer Ávila
Es importante destacar que a semejanza del año 2018, al menos el 9% de estos detenidos fueron privados de libertad por tener algún vínculo familiar (hijo, hermano, primo, cuñado) o cercano (vecino o abogado) con alguien perseguido por razones políticas. Esta práctica parece extenderse y hacerse cada vez más común en este tipo de casos, lo que viola el principio básico del carácter personal de la pena, y en consecuencia de todo el proceso que hacia ella conlleva. Casos emblemáticos son los de Juan Pedro LARES en 2017 y José Alberto MARULANDA en 2018. Estas arbitrariedades de los cuerpos de seguridad vulneran los derechos de la ciudadanía y expone a toda la sociedad a una situación de indefensión y riesgo constante.
Distribución temporal
Los meses en los que se registró la mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron enero y abril. En enero se detuvieron al menos a 1.021 personas, la mayoría de estos casos se vinculan a las protestas en contra del gobierno que se generaron a partir del día 21 de este mes. En abril también hubo diversas protestas en todo el país motivadas por la demanda de servicios básicos, en especial por las fallas en el servicio eléctrico iniciadas en marzo. En algunos estados duraron semanas sin la prestación del servicio, lo que generó también problemas con el suministro de agua. Casi una tercera parte de estos hechos ocurrieron en el estado Zulia. Finalmente, el día 30 se intentó materializar un golpe de Estado, todos estos acontecimientos posicionaron a abril como el segundo mes con mayor número de detenciones, sumando 612 personas privadas de libertad. Al menos 3 decenas de estas personas fueron detenidas con posterioridad a su participación en manifestaciones, cuando ya se encontraban en sus hogares.
Distribución territorial
Los estados que presentaron los primeros lugares en mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron los siguientes: Zulia con 537 (20,4%), Anzoátegui con 237 (9%), Miranda con 230 (8,7%), Distrito Capital con 227 (8,6%), Lara con 223 (8,5%) y Aragua con 196 (7,44%), estos 6 estados suman el 63% de todos los casos registrados, en los que se pudo identificar el lugar de ocurrencia.
Cuerpos de seguridad responsables
De los casos en los que se pudo registrar el órgano de seguridad responsable, destaca la FANB con un 52% de las detenciones, la GNB está involucrada en la mayoría (48,5%). Preocupa el creciente protagonismo de la FANB y entes como la DGCIM en este tipo de detenciones, lo que sirve como un indicador del incremento de la militarización en la respuesta estatal, no sólo en materia de seguridad ciudadana, también en la represión contra la disidencia política. Le sigue la PNB con el 13% de los casos, llama la atención que en el 58% de éstos el protagonismo sea de su división la FAES, que no tiene competencias ni el entrenamiento para labores de orden público ni contención de manifestaciones, sino de ataque letal para situaciones extremas, por lo que sus intervenciones deberían ser excepcionales y no cotidianas. En términos generales, los cuerpos nacionales practicaron el 73,6% de estas detenciones, seguido de las policías municipales con el 18,6% y los estadales con el 7,8%.
Sobre este particular destaca la considerable reducción de las operaciones conjuntas entre las distintas fuerzas de seguridad (en más de 80 puntos), tanto de las detenciones masivas como en el contexto de manifestaciones. Este dato pudiera dar cuenta de la existencia de un proceso de reacomodo de las distintas fuerzas de seguridad en la que ya los operativos conjuntos no son una opción. Esta reducción, junto a los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre distintas fuerzas de seguridad, pudieran ser síntomas de un proceso de fragmentación entre estos cuerpos.
También se observa un aumento de los casos protagonizados por las policías municipales y estadales, lo que posiblemente pudiera explicarse por el control que el Ejecutivo Nacional tiene actualmente sobre estos cuerpos de seguridad, a partir de las cuestionadas elecciones de octubre y diciembre de 2017.
Situación en calabozos policiales
Finalmente, se registraron 203 casos y 4.027 víctimas de violaciones de derechos humanos en calabozos y retenes policiales, esto representa un incremento del 62% en comparación con 2018; y 156% más que el promedio de los últimos 9 años sistematizados por Provea. Esta cifra es la más alta registrada durante ese período. Al menos un 66% de estos detenidos sufrió hacinamiento, 9% malos tratos, 4% denunciaron problemas de salubridad, 2% fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida. El hacinamiento aumentó 16 puntos respecto al año pasado. Murieron bajo custodia del Estado al menos 83 personas, 116 sufrieron violaciones contra su integridad personal y 114 se fugaron, constituyéndose en las cifras más altas que Provea ha registrado sobre este tipo de eventos durante los últimos años.
Para leer el informe completo haz clic en este enlace: https://www.academia.edu/43320318/Derecho_a_la_Libertad_Personal_en_Venezuela_2019
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo.