Las instituciones del Estado realizan con la práctica cotidiana la administración pública, pueden ser funcionales o no; cada institución se crea de acuerdo con una necesidad societal, son eficientes cuando cumplen la misión de su fundación, en la resolución y satisfacción de necesidades de la ciudadanía. La funcionalidad de las instituciones de Estado, es el […]
Las instituciones del Estado realizan con la práctica cotidiana la administración pública, pueden ser funcionales o no; cada institución se crea de acuerdo con una necesidad societal, son eficientes cuando cumplen la misión de su fundación, en la resolución y satisfacción de necesidades de la ciudadanía.
La funcionalidad de las instituciones de Estado, es el reflejo del sistema político y del modelo económico, cumplen con la finalidad de mantener y prolongar el statu quo, si las personas que detentan el poder político no son transparentes en el ejercicio de su rol como funcionarios públicos, no es una sorpresa que las instituciones del Estado carezcan de prácticas de rendición de cuentas, Según John Holloway, «La forma en que el Estado categoriza la realidad social y los grupos sociales y, por tanto, la forma en que se organiza en su interior, tiene una importancia política»(1982, p. 42).
El autoritarismo o la democracia al tener rango de política de Estado, se convierte en eje transversal que afecta a la ciudadanía mediante las instituciones del Estado, porque se transforman en acciones comunes y devienen cultura, que al final se admiten como formas de vida; a la aceptación generalizada de esas prácticas se le denomina institucionalización.
El Estado no podría existir sin las instituciones que lo constituyen y viceversa, son organismos especializados que cumplen una práctica definida, que contribuyen con la estabilidad y el orden social, de no funcionar la institucionalidad del Estado se entrará en una situación caótica, es decir, la sociedad estaría en anomia, por la falta de o irrespeto de normas, es cuando el ordenamiento jurídico nacional y las instituciones estatales se encuentran en la disfunción(Durkheim, 1928).
El Poder Ejecutivo a través de las instituciones estatales pone en marcha sus políticas públicas, planes y programa de gobierno, asimismo son las entidades encargadas de organizar y normar la estructura macro social, que va más allá de un período presidencial, la administración pública es permanente, mientras que los lapsos presidenciales son temporales, lo cual afecta hasta cierto punto la eficiencia de las instituciones estatales, porque la ejecución de los programas gubernamentales en términos generales son de corto plazo, lo que significa que periódicamente se cambian las políticas y directrices de funcionamiento de las instituciones del Estado.
El usuario de las instituciones del Estado es el principal afectado, por el corto placismo de los programas de gobierno de los partidos políticos que acceden a la presidencia; la improvisación, deficiencia y cambios abruptos en las instituciones; aunado a una falta de una carrera de la función pública, da como resultado una débil institucionalidad, que le dificulta reinventarse, generar procesos dinámicos-evolutivos y mecanismos de mejora continua; es función primordial del Estado, «(…) impulsar el desarrollo de toda la población y garantice (sic) servicios públicos con calidad y calidez»(Gobierno de El Salvador, 2015, p. 41).
Talcott Parsons hablaba de un conjunto de prerrequisitos funcionales universales que resultan imprescindible para que todo el sistema social tenga un orden persistente, dicho de un modo que todo el mundo pueda entender, son aquellas prácticas que una sociedad debe cumplir para que la sociedad pueda seguir funcionando con normalidad(Barajas, 2013, p. 2).
Las instituciones del Estado se han ido complejizando, cada vez más, debido al aparecimiento de prácticas y fenómenos que se suscitaron en la modernidad y contemporáneamente en el posmodernismo, aunado a los avances tecnológicos y científicos, en donde las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en un contexto digital juegan un papel sumamente importante, de tal forma, que las tradicionales filas de usuarios en las ventanillas de atención al público, algunas de ellas se han trasladado a la web y ahora se realizan vía internet.
La evolución de las instituciones del Estado, requiere de personal especializado, para ser más eficientes en el desarrollo de su labor burocrática, el nuevo ingreso de funcionarios, a las instituciones de Estado, ha dejado paulatinamente de ser a través del compadrazgo, tráfico de influencias, nepotismo, etc.
En el pasado, los partidos políticos, los sindicatos y los grupos de poder eran los principales corruptores de la función pública, lo que condujo a que la población no tuviera credibilidad en las instituciones estatales, en especial en la judicial, legislativa, seguridad pública, etc.
Es la población la que de manera informal, mediante la utilización de los servicios de las instituciones del Estado comprueba si funciona o no, es decir, que son los usuarios los que tienen una vigilancia y control permanente de la institucionalidad estatal, esta actitud es la que Michel Foucault le denomina panoptismo, «De tal modo que, si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos del Estado solamente»(1980, p. 119).
La eficiencia de las instituciones del Estado no se logra a través de marketing en medios de comunicación, no se trata de hacer conciencia en la población, para que ésta se convenza de que la institucionalidad del Estado cumple su función de servicio público.
El usuario es precisamente el que demanda los servicios que prestan las instituciones, y constata el real desempeño de las instituciones, por lo que la realización de campañas de publicidad y de propaganda, en lugar de tratar de engañar a la población, lo más probable es que se indigne al evidenciar, una vez más, la falta de ética de los funcionarios públicos.
Por lo general, las instituciones públicas son el reflejo del tipo del sistema político y del modelo económico, las instituciones influyen en la normalización de las conductas de los funcionarios, la relación funcionario e institución no es solo de infraestructura, es sobre todo, de dinámicas y procesos sociales, que se sustentan en un ordenamiento jurídico, en un contexto de Estado de derecho que puede ser democrático o autoritario.
La disfuncionalidad de las instituciones públicas se puede dar, entre otros, por:
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La contratación irresponsable de los futuros servidores públicos, que pueden carecer de ética, moralidad, y capacidad profesional. Según Weber, «La ocupación de un cargo es una profesión. Esto es obvio, primero, en la exigencia de un curso de preparación estrictamente fijado, el cual reclama la capacidad de trabajo durante un largo período, y en las pruebas específicas que son un requisito previo para el empleo»(p. 10).
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La falta de evaluaciones periódicas del cumplimiento de sus funciones, por tal razón se debe de, «institucionalizar la evaluación con el propósito de garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos»(Villacorta, 2016), y
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Ausencia de una política institucional de planes y programas de capacitación ad hoc.
Las instituciones cumplen su cometido, cuando hay satisfacción del usuario externo, el funcionario público al ser diligente y expedito en el trámite burocrático o en la prestación de servicios, asimismo, cuando los usuarios son tratados de igual forma y no existen ciudadanos de primera y segunda clase, es decir, sin privilegios ni impunidades de ninguna naturaleza, cuando en la institucionalidad del Estado priva la justicia y la equidad, entonces podríamos afirmar que la institución es eficiente y democrática.
Es de hacer notar, que el funcionamiento de la institucionalidad del Estado, también va a tener una influencia en el ideario de la sociedad, como una manifestación abstracta, consecuencia de la participación de las instituciones en la formación de la cultura nacional, en calidad de agentes secundarios de socialización.
En ocasiones se encuentra una teorización explícita de concepto de ciudadanía como es el caso del ensayo clásico de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class (La Ciudadanía y las Clases Sociales), que saluda la extensión gradual de la ciudadanía a todos los aspectos de la sociedad moderna. Sin embargo, es más frecuente que se le dé por descontado; el hecho que la administración pública se interese por la relación entre el Estado y sus ciudadanos es considerado tan obvio que ni siquiera se le reserva una mención aparte (Holloway, 1982, p. 25).
Las acciones sociales del funcionamiento de las instituciones son la objetivación de esa entidad intangible denominada Estado, esas acciones se convierten en conductas públicas consuetudinarias, que pasan a ser parte de la cultura de la sociedad, es decir, que la ciudadanía, al final, las concibe como una práctica consustancial a la sociedad. «Es mediante el inconsciente estatal que se organiza, se fundan las pautas sociales y se niega el proyecto mismo de la sociedad, pero que a la vez se da cabida a procesos instituyentes distintos»(Gil & Manero, 2012, p. 12).
La reforma administrativa al interior de las instituciones del Estado genera relaciones interpersonales conflictivas, no solo porque al funcionario se le sacará de su área de confort, de realizar los trámites de forma similar por décadas, en esos micro espacios sociales se dan antagonismos ideológicos, sin bien es cierto, que la mayoría de los burócratas se les puede circunscribir como sectores medios sociales, provenientes de los estratos de menos ingreso económico, pero algunos de ellos defienden y se identifican con los intereses de los grupos de poder económico, es decir, con la oligarquía criolla y las transnacionales. «Es importante relacionar la reforma administrativa no sólo con los intereses de un capital específico o con los de fracciones de capital, sino con el movimiento de capital como un todo y con el curso de la lucha de clases»(Holloway, 1982, p. 60).
En América Latina los funcionarios que se identifican con el partido y grupos sociales de derecha, lo hacen históricamente por razones utilitarias, porque cuando la derecha accede al poder político, secularmente la corrupción adquiere rango de política de Estado, y es ahí precisamente, donde algunos funcionarios se enriquecen y mantienen un sistema de vida a base del tráfico de influencias, este comportamiento favorece y facilita la corrupción pública y privada. Además, obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
En el Programa de gobierno para la profundización de los cambios, se establece en tercera estrategia, denominada desburocratizar el Estado y promover la inversión extranjera, «Suprimir las trabas burocráticas y generar un clima institucional favorable para facilitar y agilizar los proyectos de inversión generadores de empleo, la legalización de empresas, su productividad y desarrollo»(FMLN, 2013, p. 36).
Al eliminar las trabas burocráticas, ordenar y convertir a las instituciones públicas en eficaces y eficientes, por regla general se requiere, entre otros, de uniformar los procesos, mecanismos, reglas y las normas, para eliminar la corrupción, los caprichos del empleado público y disminuir al mínimo el libre albedrio del funcionario, que afecta negativamente al usuario externo, por no haber certeza en la gestión administrativa que tramita en determinada institución estatal. «El institucionalismo normativo fundamenta el cambio en armonizar las reglas, identidades y situaciones, a partir de reformas que consideren la cultura organizacional que se pretenda modificar»(Vargas, 2008, p. 51).
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