La Unión Europea, una nueva colonización (y II)

La Unión Europea se ha construido a golpe de falacias. Desde su creación, con la Comunidad Económica Europea en 1961, la defensa de la paz y de la libertad han aparecido como objetivos idealizados, en un espacio supranacional aparentemente basado en relaciones de igualdad y solidaridad entre los pueblos europeos. Este ideal actuó como un potente cebo para la ciudadanía del sur de Europa, muy especialmente la española, la portuguesa o la griega, que salían de sus dictaduras con el ansia de entrar en lo que parecía el club de la democracia y la prosperidad. A esta idealización contribuyó de forma notable el publicitado crecimiento económico que en el ámbito de la antigua UE-15 se produjo (en beneficio de unos más que de otros) durante casi dos décadas y que dotó de legitimidad y de un atractivo innegable al proyecto europeo.

No obstante, pronto se demostró que aquel «club» no era garantía ni de la democracia ni de la prosperidad, sino una trampa para inhibir la primera y arrumbar la segunda. En realidad, y como veíamos en un texto anterior, la trampa europea encubría una nueva colonización basada en relaciones de fuerza y caracterizada por el dominio de los países del norte europeo, fundamentalmente de Alemania. El Tratado de Maastricht y la aparición del euro desencadenaron una guerra comercial que ha devastado las economías de los países periféricos y lleva camino de hacer lo propio con sus sistemas políticos, destruyendo la soberanía y desmantelando el bienestar de los estados que se encuentran en dificultades. Pronto se evidenció que aquella prosperidad había derivado de un previo y continuado desarrollo económico y social conseguido en el plano nacional por estados enmarcados en el constitucionalismo social de posguerra, con dinámicas intervencionistas y planteamientos redistributivos que la unión económica y monetaria ha eliminado por completo. Se trata, en palabras de Emmanuel Todd, de la negación de Europa.

En este contexto, se antoja imprescindible desbordar los márgenes impuestos y atreverse a plantear la ruptura con las limitaciones que impiden el avance de un programa realizable de transformación social. En nuestra opinión, la salida del euro constituye una alternativa necesaria para recuperar la soberanía y superar la gravísima crisis que atravesamos. Se trataría, junto con la negación al pago de la deuda ilegítima, del primer paso de una estrategia constituyente que pretenda el reequilibrio de la economía en el marco de un desplazamiento del poder económico y social hacia el Trabajo, situando al Estado en el puesto de mando de la economía.

La estrategia tiene numerosos y diversos eslabones. De entrada, es previsible que la devaluación monetaria provoque un incremento de la deuda externa, pues debería liquidarse en una moneda mucho más valiosa que la nuestra y sería imposible continuar satisfaciéndola. Por lo que respecta a la deuda pública (alrededor de 300.000 millones de euros), parece ineludible la suspensión de pagos y la realización de una auditoría pública para asegurar una quita sustancial que aligere el aplastante peso de la deuda sobre nuestra economía. En particular, consideramos que debería declararse ilegítima la contraída por el Estado en la reestructuración y rescate del sistema financiero, que ha supuesto una obscena socialización de las pérdidas acumuladas por la banca en la financiación de las burbujas bursátiles e inmobiliarias.

Por lo que respecta a la deuda privada, los bancos estarían bajo presión y tendrían que afrontar quiebras. Las tensiones que experimentaría el sector financiero harían insoslayable la nacionalización del mismo y la creación de una banca pública con el fin de garantizar los depósitos y asegurar una financiación estable a las pequeñas y medianas empresas. Además, y fundamentalmente, el control público del crédito haría posible afrontar los desequilibrios de fondo que han provocado la crisis, convirtiendo la banca pública en un instrumento clave para revertir la financiarización de la economía y transitar de un modelo dependiente basado en la especulación a un modelo basado en la economía real, productiva e industrial.

En paralelo, el Estado debería nacionalizar los sectores estratégicos (servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones) y promover una política de inversiones públicas que, manteniendo la protección y defensa del medio ambiente como pilar fundamental, contribuyese a modificar y renovar la estructura productiva del país, deteniendo los procesos de desindustrialización y especialización productiva que derivan de una inserción asimétrica en la economía europea. Como han destacado algunos autores, la crisis económica está provocando un preocupante deterioro de nuestra capacidad productiva motivado por la debilidad de la actividad inversora, la descapitalización del tejido industrial y la descualificación de la fuerza de trabajo, ahondando la fractura productiva que separa al centro de la periferia^[1]. En este contexto, la reconversión del modelo productivo deviene una tarea urgente, so pena de embocar una rápida y dramática transición al subdesarrollo. En definitiva, se trata de iniciar una trayectoria de crecimiento diferente, caracterizada por la intervención pública en la economía, la colaboración de un sistema bancario público y el respeto al principio de sostenibilidad ecológica.

Como correlato de lo anterior, la estrategia constituyente tendría que abordar dos aspectos cruciales para detener y revertir la ofensiva neoliberal: una reforma fiscal progresiva y una profunda reestructuración del mercado de trabajo, como expresión de una nueva racionalidad económica que sirva a los intereses de la mayoría social. En efecto, la extensión de la base imponible a los sectores más poderosos y la persecución del fraude fiscal permitirían expandir el gasto público y mejorar las prestaciones sociales, especialmente sanidad y educación, que han sufrido un importante deterioro a causa de los recortes presupuestarios. Del mismo modo, harían posible la reorganización del sistema de pensiones transfiriendo recursos de los presupuestos generales del Estado para garantizar la sostenibilidad del sistema y el poder adquisitivo de las prestaciones[2].

En lo que atañe al mercado de trabajo, urge una respuesta contundente y efectiva a la emergencia social provocada por la situación de paro y precariedad generalizados, otorgando a la legislación laboral un necesario protagonismo político. De entrada, nos enfrentamos a la necesidad de desandar el camino andado durante las dos últimas décadas, retomando la creación de empleo decente como eje nuclear de la política económica. En este sentido, las últimas reformas laborales aprobadas por el PSOE (2010-11) y el PP (2012-13) deben ser expresamente derogadas. Las nuevas normas laborales deberían incentivar la creación de empleo decente, estable y con salarios dignos, mejorar las condiciones de trabajo, prestando una atención especial a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la corresponsabilidad y a la inserción laboral de la juventud así como reforzar la negociación colectiva. Partiendo de esta base, una de las estrategias para combatir el paro que permite una salida progresista y solidaria a la grave situación actual es la reducción de la jornada laboral de manera generalizada para facilitar la colocación de los trabajadores desempleados. Esta medida estratégica debería complementarse con un incremento significativo del salario mínimo interprofesional y con la extensión de la protección por desempleo, a fin de contrarrestar los efectos más nocivos del ajuste interno y alumbrar un modelo diferente de distribución de la riqueza producida por la sociedad.

En los anteriores párrafos hemos resumido la estrategia que, en nuestra opinión, permitiría superar la dinámica colonial en la que nos encontramos tras la implantación del euro. Por supuesto, el empleo del término «constituyente» tiene un significado preciso y congruente con la hoja de ruta anteriormente esbozada: la clave es impulsar un proceso constituyente para realizar una transición democrática completa, que solvente las graves carencias arrastradas desde la dictadura y que refleje un nuevo equilibrio de fuerzas entre clases y entre géneros. No puede haber un reequilibrio de la economía a favor de los trabajadores sin una profunda transformación del Estado en un sentido republicano, plurinacional y democrático, con pleno respeto al derecho a decidir de los pueblos. Una transformación que refleje una gran alianza político-social para sustituir mecanismos de gobierno ineficientes y corruptos por la transparencia y la participación popular permanentes. Esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y podría materializarse si las izquierdas políticas y sociales se aglutinasen en un giro radical alrededor de una estrategia constituyente que dispute la hegemonía a la oligarquía.

 Héctor Illueca  es Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Adoración Guamán es Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social