El castigado contribuyente de Estados Unidos (tan celoso de su bolsillo) podría preguntarse qué sentido tiene el despilfarro oficial de millones de dólares para acabar con el ultrademocrático presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde el fallido golpe de abril 2002, la ecuación no ha sido refutada: a mayor ayuda para fortalecer la oposición, mayor popularidad […]
El castigado contribuyente de Estados Unidos (tan celoso de su bolsillo) podría preguntarse qué sentido tiene el despilfarro oficial de millones de dólares para acabar con el ultrademocrático presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde el fallido golpe de abril 2002, la ecuación no ha sido refutada: a mayor ayuda
para fortalecer la oposición, mayor popularidad del líder bolivariano.
El año entrante Chávez cumplirá 15 años al frente del architolerante proceso que viró de raíz el falso republicanismo del país andino-caribeño. Y en la actualidad, cuando se apresta para la tercera relección, los sondeos de opinión dan a Chávez más de 60 por ciento de popularidad.
¿Qué hizo la oposición con los 57 millones de dólares que recibió de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)? ¿Cómo se financia hoy, cuando la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional prohíbe desde finales de 2010 el financiamiento externo para fines políticos?
La impetuosa investigadora y abogada estadunidense Eva Golinger nos recuerda que en enero 2002, cuando el señor Russell Porter llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (sic, OTI, división de la USAID dedicada a la promoción de transiciones
en países estratégicamente importantes para Washington), su tarea era ayudar con una transición hacia la democracia
(sic).
Venezuela contaba desde finales de 1998 con un gobierno democrático que apoyaba la mayoría del país. Mas no a la medida del imperio… ¿Se entiende? Y a pesar de que Mark Feierstein (actual titular para América Latina de la USAID), tras mucho investigar descubrió
(sic) que Chávez era «…extremadamente popular entre sus partidarios, aunque muchos se sienten incómodos con él» (sic). ¿Se refería a los que anhelaban radicalizar la revolución, o a los que lucran con el discurso revolucionario?
Porter no quiso ser menos, y luego de consultar a la oposición, escribió en un informe de 2002 (luego del golpe): «Hay un consenso de que Chávez no terminará el año como presidente. Para preservar la democracia, un apoyo inmediato es necesario para los medios independientes y la sociedad civil… Una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante» (sic).
Según informes públicos emitidos en España por la Fundación de Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior (FRIDE) -vinculada a la injerencista National Endowment Democracy (NED)-, la USAID/OTI desembolsó 10 millones de dólares (2001-05) para financiar alrededor de 64 grupos y programas.
La USAID aumentó su presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de 34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar 57 millones de dólares en 2010.
El patrón de financiamiento ha sido más o menos igual al de otros países peligrosos
(Ecuador, Bolivia, Nicaragua…): apoyar a líderes e instituciones calificadas de moderadas
, pero que en la práctica buscan la desestabilización de los gobiernos democráticos.
Documentos desclasificados del gobierno estadunidense revelan que en los meses previos al golpe de 2002, seis oficinas del Departamento de Estado gastaron 695 mil dólares para financiar conferencias y seminarios que favorecían a la oposición. La NED tenía un programa de 900 mil dólares que trabaja con el Instituto Demócrata (NDI), el republicano (IRI) y el Centro de Solidaridad Laboral, para fortalecer a la central sindical CTV.
Los programas de la USAID/NED/OTI, o sellos no lucrativos
como Transparencia Internacional, de Alemania (TI), y Development Alternatives Inc (DAI, contratista del Departamento de Estado), financian y asesoran a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación vinculados al antichavismo.
El bosque de siglas y grupos mercenarios que viven de la USAID es frondoso. Sólo el Plan Consenso País aglutina organizaciones como Alianza Bravo Pueblo (Antonio Ledezma), Fedecámaras (Hugo Fonseca y Jorge Botti), Asamblea de Ciudadanos (Maxim Ross), RCTV (William Echeverría), Sinergia (Jorge Reyes), Cedice (Aurelio Concheso), la Iglesia Católica ( Mikel de Iana), Gente de Petróleo (Nelson Benítez), Alianza Cívica (Elías Santana), COPEI (Eduardo Fernández), Un Solo Pueblo (William Ojeda), Coordinadora Democrática (Diego Urbaneja), Asamblea de Ciudadanos (Axei Carriles), Acción Democrática (Ramón Rangel), CTV (Alfredo Padilla), Liderazgo y Visión (Alonso Domínguez), Red Democrática Universitaria (Tomás Páez), Visión Emergente (Cipriano Heredia) y Bandera Roja (Carlos Hermoso).
Lo cierto es que más allá de lo que se opine sobre Chávez, los expertos de la USAID que entrenan
y capacitan
a la oposición democrática
, aseguran el futuro exitoso de la revolución bolivariana. Pues los unos han probado ser más torpes y brutos que los otros. Y hasta la fecha, no han podido encontrar un solo líder que los represente.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/01/opinion/027a1pol