Los jefes de los equipos negociadores consideraron, al final de la ronda de negociaciones del TLC en Tucson, que esta había sido muy productiva y atribuyeron este positivo balance al destrabamiento de la negociación agrícola y al mejorar la propuesta norteamericana para el acceso de productos industriales de los países andinos al mercado estadounidense.
Nuevamente se engaña a la opinión pública, se le ocultan hechos y se acomodan las interpretaciones. A pesar de que los informes oficiales le han restado importancia e incluso bajado el perfil de lo sucedido, afirmando que todo transcurre normalmente dentro de los previsto, hay un gran engaño a la opinión pública a la cual se le presenta la negociación del tratado como un trámite normal sin mayores incidencias y que trascurre de acuerdo a lo previsto. La verdad es que la ronda de Tucson fue un episodio lamentable.
Los ‘avances’ en el tema agrario
En medio de la hostilidad gringa con la que fueron recibidas las delegaciones negociadoras de los países andinos, la primera sorpresa que se encontraron fue que la negociación en el tema agrícola había sido reducida unilateralmente a dos días. La reuniones se limitaron a medio día con cada país y, en lo que fue considerado una muestra de la ‘nueva dinámica’ impuesta a la negociación, otro medio día se dedicó a una reunión conjunta.
Estados Unidos argumentó que consideraba que Colombia no estaba lista para negociar el tema según dedujeron de los análisis de la prensa de Bogotá. Los negociadores y los gremios agrarios quedaron perplejos y no encontraron motivo para la determinación, la cual según ellos era inexplicable. Entonces la discusión se limitó a la consabida exigencia norteamericana de eliminar la franja de precios y se acordó que en la próxima reunión se abordarían los productos no sensibles y se haría una ‘canasta de ideas’ sobre los géneros sensibles, entre los cuales el viceministro Arias de Colombia incluyó solamente el maíz, sorgo, arroz y cebada, dejando por fuera el trigo, la papa, el azúcar, los aceites vegetales, la leche, la carne, la soja, el fríjol, el algodón y los cuartos traseros de pollo. También quedó pendiente nuevamente la definición de mecanismos de salvaguardia específica para cada producto.
Lo que sucedió es que Estados Unidos sigue presionando y vigilando cuidadosamente el comportamiento de las autoridades colombianas, las cuales no han tenido más remedio, ante las expresiones de resistencia e inconformidad de los agricultores contra las importaciones y el malestar social en las zonas agrarias, que adoptar temporales medidas proteccionistas al tiempo que negocian la liberalización completa del agro.
Efectivamente, en el Balance de la Gestión del año 2004, el Ministerio de Agricultura señaló que ‘elevamos la protección a la producción nacional para algodón, fríjol y pollo. Hemos disminuido la importación de arroz, algodón, carne y leche’ y en otro aparte señaló que ‘para proteger el sector lácteo mantenemos cerradas las importaciones de leche’; en octubre 21 de 2004 el ministro de Agricultura reiteró tajantemente: ‘no se importará un solo grano de arroz durante lo que resta del año ni durante 2005’. Esto se justificó como una protección ante la revaluación del peso que abarata las compras externas. Para rematar el ministro añadió que el Gobierno prorrogará la medida que dispone la prohibición de importación de leche al país, la salvaguardia vigente que limita las importaciones de azúcar y, además, que en breve término se tomarán medidas especiales para limitar las importaciones de algodón de fibra corta como la que produce Colombia, solo permitiendo la entrada de algodones de fibra media que necesita la industria y no se siembran en el país. Igualmente el jefe de la cartera agropecuaria anuncio que también fue prorrogada la medida que prohíbe la importación de maíz blanco.
Muchas de estas medidas fueron tomadas tardíamente, solo benefician parcialmente a los agricultores y representan un intento gubernamental de disminuir la tensión en el campo, intentando atajar protestas como la realizada el pasado 29 de noviembre por cerca de mil quinientos arroceros, productores de cereales, paneleros y lecheros del centro del país, que se tomaron la plaza de Bolívar después de desfilar por la carrera séptima con sus tractores, combinadas, semovientes y muestras de sus productos.
A esta clase de medidas se está renunciando cuando se está intentando firmar el TLC con Estados Unidos ya que el país perdería la facultad de adoptar disposiciones o normas que defiendan la producción nacional y a sus agricultores. Por eso, los negociadores gringos reclamaron al gobierno colombiano su ambigüedad, su demagogia y en una forma casi explícita le exigieron que ‘no le pusiera conejo’ al tratado.
Esta situación refleja que no es fácil firmar un acuerdo que sentencia a muerte la agricultura nacional y con ella a la ruina a los 12 millones de ciudadanos que habitan allí. El sector agrícola produce el doble del empleo del sector industrial y allí se encuentra productos gravemente amenazados como la leche, el maíz, el arroz, el caña panelera, la papa, la palma africana, que están entre los 10 que ocupan mayor área de siembra.
El gobierno ha reiterado que se negociará producto por producto, lo cual implica el abandono de la franja de precios y por ende que productos como aceite de palma, aceite de soya, arroz blanco, trozos de pollo, azúcar blanco, carne de cerdo y soya, entre otros perderían esta protección.
En agricultura los negociadores colombianos habían anunciado pomposamente que en Tucson concretarían avances reales, que obligarían a los Estados Unidos a eliminar 14 subsidios a las exportaciones y que ganarían ‘acceso real’ al mercado norteamericano resolviendo los obstáculos impuestos por las medidas sanitarias y fitosanitarias que impone ese país. Nada de esto aconteció. Estados Unidos no se movió ni un milímetro y reiteró que no va a hacer cambios en su normatividad interna pero que Colombia sí debe hacerlos.
No es que Estados Unidos no quiera negociar el agro, lo que sucede es que quiere negociarlo en beneficio propio, sin hacer concesiones y para exportar más, no para comprar nuestros productos. En las mesas no se habla de trato especial y diferenciado, tampoco de fondos de compensación y se quiere aun paralizar la endeble posibilidad de adoptar medidas en beneficio de la agricultura. La interpelación ha llegado al ministro Cano quien ambiguamente al tiempo que habla a los agricultores de protección, defiende la negociación del Tratado que va a acabar con esta.
El desentrabamiento de la negociación agrícola no fue más que una ilusión. No hay ni asomo de resultados en lo concerniente a mediadas sanitarias y fitosanitarias que según los negociadores colombianos son la clave del ‘acceso real’. Lo que Estados está afirmando es que las concesiones que ha hecho Colombia no son suficientes y que debe hacer otras adicionales para que el tratado tenga lugar. No basta con que el gobierno esté de rodillas, lo quieren totalmente postrado.
El ‘gran triunfo’ en bienes industriales
La negociadora norteamericana, Regina Vargo señaló en su balance que la oferta norteamericana en bienes industriales, se acercaba a la consolidación del ATPDEA. Los negociadores andinos reclamaron éste como el mayor éxito de la ronda e incluso el jefe de la mesa de Acceso a Mercados fue vitoreado por los integrantes del ‘cuarto de al lado’ cuando informó que Estados Unidos había pasado de ofrecer el 95 por ciento a ofrecer el 98 por ciento de acceso a su mercado a los productos industriales.
La verdad es que Estados Unidos no ha ofrecido todavía todas las garantías que Colombia posee actualmente en el sistema ATPDEA, ya que no se incluye en la vitoreada oferta al sector textil, el que sería -según los promotores del TLC- un sector ganador. Todo demuestra que, contrario a lo afirmado por las autoridades colombianas, estas preferencias constituyen no el piso sino el techo de las negociaciones, su máximo ‘interés ofensivo’.
Colombia ha hecho para lograr ‘casi todo el ATPDEA’ en industria, dos concesiones particularmente graves. Una es haber aceptado que en 10 años todo el comercio de mercancías industriales será liberado, lo cual significa que en ese breve lapso toda la producción manufacturera será sometida a una competencia ruinosa, aunque muchos productos lo serán de inmediato y otros en cinco años. La otra es que ‘por error’ el gobierno aceptó que la salvaguardia que podría proteger algunos productos por importaciones exageradas, solo operará mientras termina el proceso de desgravación y no tendrá vigencia permanente. El famoso error no fue enmendado, no se tocó el tema y al parecer quedó en firme. Y, no sobra añadir, que como contraprestación, Estados Unidos exige el acceso a los bienes usados que abarcan saldos, desechos, remanufacturados y piezas de desensamble, entre otros desperdicios. Como paliativo a esta agresiva solicitud, se indicó a los pequeños industriales que podían pedir créditos en la banca comercial norteamericana y por enésima vez se explicó que las compras públicas en los Estados de la Unión, estaban reservadas para las empresas estadounidenses.
Quedó claro también que el gobierno colombiano está dispuesto a sacrificar el algodón para ‘salvar’ los textiles y también que las maquilas colombianas tendrán que competir con las de Centroamérica y Asia desde el próximo año en el mercado norteamericano, cuando expire el acuerdo Multifibras, y para ello necesitan mano de obra baratísima.
Queda pendiente en este tema asuntos cruciales como la definición de textiles, políticas de competencia, normas de origen y otros asuntos relacionados.
Para que Colombia acceda al dos por ciento del conjunto de bienes industriales que falta, debe hacer concesiones nuevas, pues parece que a Estados Unidos no le parecen suficientes las realizadas hasta ahora.
Las concesiones ‘reciprocas’ en propiedad intelectual
El otro tema sobre el cual se generó mucha expectativa fue el de propiedad intelectual. Allí las cartas estaban todas en la mesa y lo que se esperaba era que concesiones harían los andinos. Según los primeros informes Colombia aceptó elevar el decreto 2085 al tratado, lo cual significa que la protección adicional dada a los medicamentos en esta norma legal, se colocó como piso para los demás países los cuales tendrán que hacer concesiones similares y, por otra parte, dicho decreto que podía tener carácter temporal se vuelve irreversible.
Colombia también habló de alargar la duración de las patentes para compensar demoras injustificadas en su otorgamiento, con lo cual se da una protección adicional y que según el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, costará millones de dólares a los colombianos por nuevas dificultades en el acceso a medicamentos genéricos.
Estados Unidos sigue proponiendo lo mismo desde el primer día y añadió que no se debía permitir la caducidad de las patentes aunque estas no se exploten, con lo cual se garantizaría todavía mayor aumento de la protección al monopolio que persiguen las multinacionales farmacéuticas.
Los partes de victoria de los negociadores colombianos dan grima. Hablan de que los de Estados Unidos escucharon atentamente, tuvieron comprensión, van a estudiar el asunto, aceptaron oír las posiciones andinas, hicieron muchas preguntas. Pero cuando se indaga cuáles fueron las favorables posiciones que suscitan tales consideraciones, se vuelve a encontrar las mismas exigencias que los gringos han recitado desde el primer día.
De nada han servido los lloriqueos del gobierno de Uribe en Cartagena a George W. Bush, suplicándole flexibilidad en las negociaciones, y se ratificó lo que RECALCA ha señalado desde el comienzo de la negociación: que se trata de un escenario totalmente desigual en el cual los Estados Unidos tienen todas las ventajas y Colombia no cuenta siquiera con un gobierno que ampare dignamente los intereses nacionales.
Antes de Tucson se habló de ‘necesarias concesiones recíprocas’, de lo inaceptable de la posición norteamericana. Estados Unidos no ha hecho ni la primera concesión al cabo de las seis rondas y, en cambio, Colombia ha corrido con todo el gasto. Estados Unidos hasta ahora ni siquiera ha ofrecido la renovación completa del ATPDEA, no está dispuesto a hacer ningún cambio en su normatividad interna y quiere superar lo acordado con Chile y Centroamérica. Siempre persigue acuerdos ‘plus’ que le garanticen normas favorables a sus capitales, a sus industrias, agricultores y empresas y firmas prestadoras de servicios.
No será fácil aplastarnos
La inclusión de una ronda adicional a las que estaban previstas muestra dificultades en la concreción de la negociación y la persistente negativa de Estados Unidos a hacer concesiones, atrincherado en las leyes que limitan al poder ejecutivo a negociar en términos muy precisos. El gobierno colombiano por su parte tiene del mismo modo una situación adversa: Fracasó el Estatuto del Inversionista y cayó la Reforma Tributaria que serviría de base a aumentar los recaudos fiscales que se reducirían como consecuencia de la desgravación arancelaria en el TLC. Entre tanto, crece la conciencia entre los sectores productivos sobre la inconveniencia del tratado y , por parte de la Gran Coalición Democrática se convocó a todos los opositores al TLC a multitudinarias movilizaciones para el 2 de febrero con ocasión de la siguiente ronda que tienen programada para efectuarse en Colombia.
En la medida en que el tiempo se alarga, la aprobación del Tratado tiende a convertirse en un asunto electoral y ni para Uribe, ni para los congresistas será fácil conquistar votos con esa acta de defunción de la producción nacional en la mano, que será el acuerdo surgido de tan inicuas negociaciones como las aquí descritas.
Recientes estudios, como el de la OPS, los de la Alcaldía de Bogotá o el del economista Germán Umaña, suman reparos adicionales al tratado colonizador. La inmensa mayoría de los columnistas de todos los diarios del país se muestran críticos o en franca oposición y, a pesar de la aprobación de la reelección, en el Congreso hay una atmósfera de malestar que no presagia un trámite fácil en los dos cuerpos legislativos y, dada la evidente alteración de las instituciones vigentes que conlleva el TLC, su control de constitucionalidad apunta a tener grandes dificultades en la Corte Constitucional. En las rondas hay protestas, denuncias y los medios son receptivos a los críticos hasta el punto que aun los medios colombianos registraron que la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, organizó protestas al tratado en Tucson y vinculó al Representante a la Cámara de Estados Unidos por el distrito de Tucson, Raul Grijalba y compartió las denuncias con la AFL CIO, organizaciones ecologistas y sectores religiosos como la iglesia presbiteriana y Unitaria de Estados Unidos. Los canales de televisión han demandado su exclusión del trato, al igual que el sector cultural.
El momento por el cual hoy atraviesa la negociación no es el más propicio para seguir afirmando que es inevitable esta iniciativa; ya se ha incumplido la fecha propuesta inicialmente para el final de las rondas y, tal como se proyecta el cronograma, no se terminará antes de que el Congreso gringo tenga que prorrogar la ley que faculta a su gobierno para hacer estos acuerdos, el Trade Promotion Authority . Los colombianos que han fijado su oposición a este proyecto, aquellos que tienen reparos frente al mismo y los distintos grupos sociales o sectores económicos que han expuesto las temibles amenazas que contiene, han logrado mayor espacio para acrecentar su resistencia e impedir que se lesione de manera enorme la producción y la soberanía nacional.