Esperanza Cerón, Marc Kasky y Luisa Izuzquiza son tres activistas en tres continentes que han decidido enfrentarse en solitario a grandes empresas por una sociedad más justa.
La historia y la literatura están llenas de enfrentamientos manifiestamente desiguales. Leónidas y sus 300 espartanos contra Jerjes; el David bíblico contra el inmenso Goliat; Don Quijote contra los molinos convertidos en gigantes. Los protagonistas de todas estas historias tienen algo en común: una fe decidida, inquebrantable y casi insensata en sus escasas posibilidades de victoria.
Se trata de un rasgo común también en Esperanza Cerón, la mujer que puso la diana sobre la poderosísima industria de las bebidas azucaradas en Colombia; Marc Kasky, el hombre que tumbó a Nike, y Luisa Izuzquiza, una de las pocas personas en Europa que, hasta ahora, se ha atrevido a pedirle cuentas a Frontex. Son tres activistas de tres continentes distintos que en un momento de su vida decidieron ponerse el mundo por montera y enfrentarse casi en solitario a sus correspondientes gigantes. Todo, por una razón: un mundo un poco más justo.
47 cucharadas de azúcar en un día
A estas alturas, después de quince años de lucha infatigable, la activista colombiana Esperanza Cerón tiene claro que cada vez que habla por teléfono casi siempre la escuchan personas que no son necesariamente sus interlocutores: «Hace años que tengo el móvil pinchado. Si quieren mandar un saludo a quienes me espían, aprovechen», comenta, entre divertida y resignada, cuando atiende la llamada de Público. Cerón hace balance de lo que ha sido su vida desde que en 2005 decidió investigar qué había detrás de los preocupantes datos de obesidad en Colombia. La respuesta se le hizo evidente enseguida: la industria de las bebidas azucaradas.
«Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos posibilidades infinitas para alimentarnos, sin embargo, aquí es costumbre destetar a un niño con bebidas gaseosas. No puede ser», explica Cerón, médica de profesión y miembro de la ONG Educar Consumidores, que desde hace décadas trata de promover una alimentación más saludable. En vista de unos datos que reflejaban un disparatado aumento de enfermedades cardiovasculares vinculadas al sobrepeso, y en consonancia con los planteamientos de otras instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, Cerón planteó hace 15 años al Gobierno de Colombia una medida para tratar de atajar el problema: unos impuestos adicionales para las bebidas azucaradas y gaseosas. La reacción de grandes empresas como Postobón a una propuesta que desde las organizaciones de médicos era vista como razonable fue furiosa.
En cuestión de meses, Cerón no solo vio sus teléfonos intervenidos por extraños, sino que tuvo que cambiar de ordenador unas cuantas veces y acostumbrarse a que personas ajenas a ella y a su entorno le sacaran fotos a la entrada y a la salida de las oficinas de su ONG. Las llamadas en las que ciudadanos anónimos la advertían, siempre por su propio bien, de que su vida corría peligro si no se callaba, se convirtieron en una constante, y por toda respuesta las autoridades se limitaron a tomar nota y advertirla de que tenía que tener cuidado. «Claro que he tenido miedo. Permanentemente. Aquí ha habido 300 líderes sociales asesinados. ¿Quién me asegura que no me pueda pasar a mí?», se pregunta Cerón.
La cuestión de las bebidas azucaradas alcanzó uno de sus puntos álgidos en 2016, cuando Educar Consumidores se animó a emitir un anuncio en el que informaban a los espectadores de una realidad científicamente comprobable: una persona más o menos acostumbrada a tomar bebidas gaseosas todos los días podía ingerir en apenas 24 horas el equivalente a un café donde se vierten 47 cucharadas de azúcar. Postobón puso el grito en el cielo, y la Superintendencia de Industria y Comercio falló a favor de la empresa, lo que obligó a retirar el anuncio de las pocas cadenas de televisión privadas que se habían atrevido a emitirlo, pues las públicas, en manos del Gobierno del partido neoliberal presidido por Iván Duque, hombre de confianza del expresidente Uribe, se habían negado ya en rotundo a hacerlo. El motivo: no se podía manchar la imagen de Postobón.
Esta empresa refuerza su poder gracias a ser patrocinadora de deportes como el patinaje, el fútbol o el ciclismo. Postobón, según figura en su web, además, es parte de la Organización Ardila Lülle, un conglomerado empresarial fundado por su presidente, Carlos Ardila Lülle, y del que también forma parte el conglomerado de RCN, el canal de noticias NTN24, MundoFox y Win Sports. La fuerza de todos estos medios ha permitido, como poco, defender con solvencia la imagen de la empresa ante la opinión pública: «Cuando estalló el caso, gente que trabaja en prensa nos dijo que el tema no se iba a mover mucho. Y así fue. Todavía hoy nos llaman muchos más periodistas de fuera del país que de dentro», relata Cerón.
En 2018, la Corte Constitucional de Colombia dio la razón a Cerón. Para ello, adujo que no era la Superintendencia de Industria y Comercio quien debía fallar en este caso, sino el Ministerio de Salud, y que en todo caso prevalecía el derecho de los consumidores a estar informados. En todo este tiempo, sin embargo, la propuesta de ley de grabar las bebidas azucaradas ha sido rechazada media decena de veces en el Congreso. Cerón no pierde la esperanza: «No tengo ninguna fe en el Gobierno de Duque, pero la sensibilidad de la gente ya está cambiando, cada vez más personas piden las cosas sin azúcar. Tarde o temprano, esta ley llegará».
Los límites de la Primera Enmienda
Una fe parecida movió a finales de los años 90 al activista Marc Kasky. Después de enterarse por un reportaje de The New York Times de las esclavizantes condiciones de vida que padecían los trabajadores de Nike en sus fábricas en el sudeste asiático, su primer pensamiento fue que alguien debería obligar a la compañía estadounidense a decir la verdad. Por algún extraño motivo, el segundo pensamiento fue que ese alguien tenía que ser él.
Marc Kasky, que llevó a juicio a Nike. — Cedida
La cuestión venía de lejos gracias a la presión de activistas como Jeff Ballinger, uno de los líderes de la ONG Press for Change y miembro de la Asian-American Free Labor Institute. El primer estudio de Ballinger, realizado a finales de los 80 con datos de 250 centros de trabajo, recogió que el salario medio de estos lugares era de 0,87 dólares la hora, lo que apenas alcanzaba para cubrir el 68% de las necesidades básicas. Además, casi la mitad de estos centros de trabajo, el 44%, ni siquiera llegaba a pagar esta cantidad. En los siguientes años, la situación se pondría incluso peor.
Entrados ya los 90, en las fábricas de una subcontrata de Nike en Indonesia, 6.700 empleados producían al día 2.000 zapatillas Nike Air Pegasus a cambio de 0,15 dólares la hora, menos incluso que el mínimo establecido en el país, muy por debajo del umbral de pobreza, y, por supuesto, a años luz de los cuatro dólares a la hora que podía cobrar alguien en Estados Unidos. El escándalo estalló en 1995, cuando The New York Times y The Washington Post dedicaron cada uno cerca de una veintena de artículos a la cuestión. En un intento desesperado por lavar su imagen, Nike encargó una auditoría a GoodWorks International, quien se apresuró a decir en los medios que todo estaba correcto en aquellas fábricas. No era verdad.
Un segundo informe interno encargado por Nike a la consultora Ernst & Young reveló que en Vietnam los trabajadores de una fábrica próxima a la ciudad de Saigón se veían sistemáticamente expuestos al tolueno, una sustancia cancerígena, en unas cantidades 177 veces mayores que la cifra máxima permitida. Esto había derivado en que el 77% de los empleados tenía problemas respiratorios. Además, el estudio destapó que ni tan siquiera trabajando todas las horas extra era posible cobrar 40 dólares al mes, el salario mínimo del país, cuando Nike había anunciado a bombo y platillo que todos sus empleados ganarían como poco el doble del salario mínimo. En vez de eso, los trabajadores de la fábrica eran forzados a trabajar 65 horas a la semana, por encima del tope legal en Vietnam, situado por aquel entonces en las 45. El informe acabó filtrado en el Times, y de ahí a manos de Kasky, que, desde su apartamento en California, llegó a la conclusión de que nadie tiene derecho a mentir. Las grandes empresas, mucho menos.
El célebre caso contra Nike, como recuerda el propio Kasky por videoconferencia más de dos décadas después, no se centró tanto en las malas condiciones de los trabajadores como en el supuesto derecho de cada empresa a manejar la información de sus actividades como estimara oportuno: «Elegí a Nike porque sabía que si les obligaba a ellos a decir la verdad sobre sus actividades, un montón de empresas más pequeñas que ellos se verían obligados a hacer lo mismo».
Aunque bajo la óptica europea de hoy parezca claro que las empresas no tienen derecho a ocultar información sobre lo que hacen, hace más 20 años, en un país donde la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, es algo poco menos que sagrado, la cuestión no estaba tan clara. Durante años, un nutrido equipo de abogados contratados por Nike de entre los mejores de los equipos legales de Al Gore y George W. Bush, candidatos presidenciales en el 2000, trabajó sin descanso. Lo hicieron para demostrar que si cualquier ciudadano podía impugnar cualquier cosa que dijera o prometiera cualquiera empresa, esto supondría, en primer lugar, que las empresas dejarían de contar lo que hacen; y, en segundo lugar, sería una manera de dar espacio a un concepto tajantemente prohibido en Estados Unidos: censura.
En su denuncia, Kasky y su equipo de abogados basaron su estrategia en distinguir entre el discurso público y el discurso privado: «Lo que defendimos es que, bajo la Primera Enmienda, cualquier persona puede decir lo que quiera. Pero cuando una empresa sostiene un discurso, lo hace siempre para vender un producto, por lo que debe ser verdad lo que dice. Si Nike decía que pagaba bien a sus empleados, eso tenía que ser verdad. Y si no lo era, los consumidores teníamos derecho a saberlo y a que se publicara ese informe que se filtró al Times«, recuerda Kasky.
Él, a diferencia de Cerón, no vivió episodios de extorsión de ningún tipo: «Fue todo bastante civilizado, nunca tuve ningún miedo de nada, ni siquiera a perder el juicio. Lo más que me decía la gente de Nike es que me estaban aconsejando mal. Yo les decía que si perdía, en realidad perdían ellos, porque nadie volvería a creerles nunca».
Kasky fue derrotado en primera instancia, pero en el año 2003, en la Corte Suprema de California, consiguió arrancarle a Nike un acuerdo por el que la empresa se comprometía a pagar 1,5 millones de dólares a Fair Labor Association, una ONG que se encarga de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para quienes viven en países en vías de desarrollo. Pero mucho más importante que eso, la sentencia supuso un reconocimiento explícito de que las tesis defendidas por Kasky durante años eran correctas: «No sé si el caso sirvió para cambiar las prácticas de las empresas, pero sí estoy seguro de que puso límites a lo que las empresas pueden y no pueden decir sobre sí mismas», sentencia Kasky, que a sus 76 años todavía se emociona cuando, al cumplirse el aniversario de la sentencia, aún recibe llamadas de periodistas que quieren recordar su historia. «Llaman de todas partes. Me pone muy feliz porque significa que hicimos algo importante».
La madrileña Luisa Izuzquiza, activista en favor de la libertad de información. — Cedida
La neblina en torno a Frontex
Con mucha menos edad, apenas 29 años, la madrileña Luisa Izuzquiza, activista en favor de la libertad de información y miembro de la ONG Corporate Europe Observatory, que se dedica a denunciar el poder de los lobbies en la política europea, ha tenido que aprender también lo que es enfrentarse a una gran corporación como Frontex. En concreto, lo sabe desde 2017, cuando, junto con su compañero de acusación, el alemán Arne Semrott, otro activista de 33 años, se animó a pedir a Frontex, la agencia europea que hace las veces de guardacostas, información tan básica como el tipo de barco con el que opera, si están o si no están preparados para rescatar y, en caso de que se den, en qué consisten sus labores de rescate.
Lo hizo, en primer lugar, en el marco de la operación Tritón, en la que 14 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a dar financiación a Frontex a cambio de un concepto a priori tan vacío y ambivalente como «el control de fronteras». En vigor desde finales de 2014, a esta maniobra se unió en 2015 la operación Sophia, compuesta por misiones navales encargadas también a Frontex cuyos objetivos son, entre otros, evitar la inmigración irregular y mantener el embargo de armas a Libia.
El resultado de tanta misión es que en los últimos siete años la agencia se ha adjudicado como presupuesto 11.0000 millones de euros, cifra que recoge los 1.000 millones que se le entregarán en 2021. Qué hace Frontex con un dinero que procede de los impuestos de todos los Estados miembros de la Unión Europea es un misterio que Izuzquiza y Semrott llevan años queriendo dilucidar. Por ahora, sin éxito. Tras llevar a juicio a Frontex ante el Tribunal Europeo de Justicia, los jueces han determinado en primera instancia que, al tratarse de una agencia policial, existen motivos de seguridad que justifican su opacidad. «Teníamos la esperanza de poder llegar al menos a una solución intermedia», explica Izuzquiza por teléfono desde Bruselas.
El caso no acaba ahí. Tras verse respaldada por los tribunales, Frontex reclama ahora a los activistas las costas del juicio, cuya cuantía ronda los 24.000 euros, un montante irrisorio para una empresa que maneja sus presupuestos en miles de millones de euros pero que para dos jóvenes treintañeros como Izuzquiza y Semrott es casi de ciencia ficción. «Tenemos claro que se trata de un aviso a navegantes. Es una manera de decir a la gente qué puede pasarles si denuncian sus prácticas. Lo que intentan es que los ciudadanos se lo piensen dos veces», explica Izuzquiza. Aunque pudieron recurrir la primera sentencia, optaron por no hacerlo. Eso no significa, ni mucho menos, que se vayan a rendir: «El litigio es algo en lo que estamos interesados. Estamos pensando nuestras opciones. Hasta ahí podemos contar».
Aunque inusual, la reacción agresiva de Frontex al reclamar las costas no ha tomado a Izuzquiza y Semrott totalmente por sorpresa: «Sí que impresiona, porque al final es una multinacional contra dos individuos, pero no es del todo sorprendente; sabemos que Frontex reacciona bastante mal a según qué cosas. Nosotros, por ahora, lo único que hemos hecho es exponer por qué creemos que es malo para la democracia europea un funcionamiento como el de esta agencia», explica la activista, en cuya voz desaparece todo atisbo de duda cuando se le pregunta si se arrepiente de haberse metido en este jardín contra este inmenso Goliat: «No, ni por un momento». Cuando cuelga, en su imagen de whatsapp aparece una foto de Lisa Simpson junto con una frase en inglés: «¿Who will police the police?«. ¿Quién vigilará al vigilante? Al igual que Cerón y Kasky, ella se ha puesto manos a la obra.