Para la mayoría de los venezolanos el Comando Sur, de las fuerzas militares de EEUU, es una figura más o menos conocida; desde hace un tiempo sus jefes declaran sobre nuestro país, vinculándolo a las guerrillas colombianas, al narcotráfico y al terrorismo, siempre en oportunidades y con inequívoca intención política. Se trata de uno de […]
Para la mayoría de los venezolanos el Comando Sur, de las fuerzas militares de EEUU, es una figura más o menos conocida; desde hace un tiempo sus jefes declaran sobre nuestro país, vinculándolo a las guerrillas colombianas, al narcotráfico y al terrorismo, siempre en oportunidades y con inequívoca intención política.
Se trata de uno de sus nueves comandos que operan fuera de territorio estadounidense, comparables a los que tiene en el golfo Pérsico y en el Mediterráneo. Este del Sur cubre un área de 24 mil kilómetros cuadrados, que a mil hombres por km2 debe contar con unos 24 mil efectivos militares. Entre ellos los de la IV Flota, desactivada después de la II Guerra Mundial hasta hace poco, cuando creyeron que era «necesaria».
Su jefe desde 2009 es el general Douglas Fraser, de la Fuerza Aérea, con más de dos mil horas de vuelo, años de estudio en Bogotá y maestría en Ciencias Políticas.
Pues bien, este general Fraser compareció el martes ante el Congreso de EEUU. Las agencias no informaron los motivos ni de dónde partió la iniciativa, el caso es que los países de la Alba, y en particular Venezuela, fueron objeto de sus ataques donde, según él, hay «crecientes niveles de violencia y persistente inestabilidad económica», y en Venezuela, Cuba, Bolivia y Haití «persiste la turbulencia geopolítica, que tendrá un impacto sobre ciudadanos y militares estadounidenses en la región». Igualmente, criticó la relación de Venezuela con Irán y la falta de una mayor actividad en la lucha contra el narcotráfico.
Se supone que estos mensajes tienen múltiples lectores: en primer lugar, los congresistas republicanos y demócratas, en segundo lugar la sociedad estadounidense y en tercer término quienes en nuestros países son orientados por la palabra de Washington. Es interesante observar que estén enfilando sus baterías contra los países de la Alba y que por primera vez incluyen a Haití, lo que, evidentemente, guarda relación con los propósitos de su gobierno de afiliarse.
Como quiera que los mensajes de Fraser ante el Congreso no pretenden ilustrar a las bancadas de sus partidos de la realidad de la región, en el fondo lo que busca es introducir elementos de desestabilización es esos países, sobre todo en Venezuela, que inicia un año decisivo en materia electoral. Otra Batalla de Carabobo es la que está planteada.
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La semana pasada fue de importantes movilizaciones del chavismo, que parecían estar en pleno cierre de campaña electoral, tales eran las magnitudes de la asistencia y el entusiasmo de los asistentes. Sólo faltaba el candidato, recuperándose en La Habana. Desde San Felipe me dijeron que nunca el chavismo había reunido tanta gente, ni con Chávez presente. ¿Habrán exagerado? Más recientemente hubo una manifestación extraordinaria en Trujillo y dos en Caracas, de las mujeres y la de los jóvenes, todas con nutrida asistencia. El caso es que esas concentraciones están en armonía con lo que han estado revelando la mayoría de las encuestas: una apreciable ventaja sobre el candidato opositor. Lo que, es de suponer, debe tener preocupado al Comando Tricolor. No es para menos.
Si una declaración firmada por decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales, que publicó el jueves Últimas Noticias, es cierta en su contenido, en las industrias básicas de Guayana debe existir una división entre una fuerte derecha y los partidarios del «Plan Guayana Socialista». Estos últimos acusan a esa derecha, donde habría directivos, de organizar los «paros intempestivos en Sidor», terrorismo patronal, cierre criminal de Alcasa por 34 días, etc. Los ministerios correspondientes deberían leerlo e indagar en tan graves acusaciones.
Una «primavera blanca» busca cambios en la dirección de AD, y en la CTV, sin relación con la anterior, emergió una sólida tendencia que reclama, con justicia, la renuncia de Manuel Cova a la Secretaría General, o unas elecciones transparentes y democráticas. Cova, que nada ha hecho por impedir el desmoronamiento de la CTV y le acusan de hechos graves de corrupción, anunció elecciones antes de octubre, pero seguramente organizadas por los suyos.
Una oportuna intervención de Venezuela en la sesión 189 del Consejo Ejecutivo de la Unesco impidió que «Reporteros sin Fronteras» fuese admitida como miembro asociado. Se le denunció de «responder a intereses de potencias extranjeras y poderosos grupos económicos y financieros». Los delegados de EEUU, Francia, Inglaterra, etc, ¿se vendrían a llorar al valle?
Por primera vez se darán pasos concretos hacia la participación de Cuba en la Serie del Caribe en una próxima reunión en La Habana. Se supone que algo ofrecerán a Cuba cuando la inviten formalmente. Es oportuno decir que fue José Grasso quien primero buscó ese acercamiento con la Embajada de Cuba. De manera que se trata de un camino que se comenzó a andar, y que hay que recorrer hasta el final.
No sé si es en Criminología o en Criminalística donde, frente a un crimen, en la búsqueda de pistas, se preguntan los investigadores a quién beneficia. En este caso cabe interrogarse a quién benefician los hechos de violencia ocurridos en la precampaña electoral. ¿Al Gobierno o al Psuv?, que han sido señalados por la oposición. ¿O a la oposición, acusada por el oficialismo?
China mantiene su posición frente a la crisis en Siria. Hace poco presentó un plan que pide a todas las partes poner cese a la violencia, y advierte contra «cualquiera que intervenga en los asuntos internos sirios bajo el pretexto de cuestiones humanitarias». Por su parte, el viceembajador ruso ante la ONU dijo que «al menos 15 mil extranjeros combaten contra la fuerzas leales al Gobierno y que «matan, torturan e intimidan a los civiles», advertencia que examinarán en Washington con sumo cuidado, así como esas declaraciones, no valoradas por la mayoría de los medios. Porque esta agresión a Siria se desarrolla en territorio sirio y en el poderoso e influyente escenario mediático.
Como es sabido, está en manos de la Asamblea Nacional la suerte del magistrado Aponte, a quien el Consejo Moral Republicano considera que cometió «falta grave» al entregar un carnet a Walid Makled, supuesto capo narcotraficante. Si en la AN tienen dudas, ahí está otro carnet que, cuando era Fiscal Militar, Aponte entregó como «asistente inspector Fiscal General Militar» el 20 de julio de 2004 a Walid Makled, cuya copia me hizo llegar el colega Jorge Chávez desde Valencia.