Traducción para Rebelión por Susana Merino
Desalojos, precaria asistencia del poder público y falta de información sobre el destino de comunidades enteras. En todo el país crecen los reclamos sobre violaciones al derecho a la vivienda frente a los megaproyectos destinados a la realización de la Copa del Mundo en 2014 y de las Olimpíadas del 1016.
En San Pablo que será una de las sedes de la Copa, la situación no es diferente y la creciente cantidad de desalojos aumenta la preocupación de una cantidad de habitantes y de organizaciones. Para llamar la atención sobre este tema los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales promovieron junto a la Defensoría Pública la 3ª Jornada por una Vivienda Digna. El acontecimiento se produjo el último fin de semana en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Ipiranga en la capital paulista.
Con el tema de los Megaproyectos y las violaciones al Derecho a la Ciudad, se juntaron una 1.500 personas que debatieron construir alternativas para las comunidades que están amenazadas por las intervenciones urbanísticas. El integrante del Centro Gaspar García de Derechos Humanos, Luis Kohara, explicó que el objetivo principal de la Jornada fue reunir especialistas con el objeto de discutir problemas comunes y proponer alternativas para resolverlos.
«El objetivo (de la Jornada) es descubrir que hay detrás de esos megaproyectos y debatir con la población, especialmente con los afectados» afirma el integrante del Centro Gaspar García de Derechos Huamnos, Luiz Kohara.
El acontecimiento reunió habitantes, líderes comunitarios, militantes del derecho a la vivienda, especialistas y defensores públicos de varios estados, que participaron de seminarios, debates, talleres. Se proporcionó también atención jurídica a las familias de las áreas donde se realizaron las jornadas previas preparativas.
El integrante de la Central de Movimientos Populares (CMP) Benedicto Roberto Barbosa explicó que el tema fue elegido en razón de los muchos desalojos que se están realizando en la ciudad, justamente en el sector en que se han proyectado las megaobras.
«Estamos viendo que esos proyectos, se construirán en verdad, con el objeto de expulsar a los habitantes pobres, limpiar la ciudad y atraer a los inversores inmobiliarios a esas zonas», dijo. Entre las intervenciones consideradas más problemáticas están el Parque de las Varzeas de Tieté. Conocido como parque lineal, en la zona este de la ciudad; el proyecto Nova Luz, en el centro; las operaciones urbanas Agua Espraiada y Agua Branca en las zonas sur y oeste; y la construcción del Rodoanet, que afecta entre otros sitios al barrio Brasilandia, zona norte y al municipio de Mauá en la región metropolitana.
Las organizaciones estiman que en función de las obras urbanísticas serán desalojadas de San Pablo entre 70 y 80 mil familias. Solamente en el parque lineal y en la Operación Urbana Aguas Espraiadas deberán expulsar en conjunto unas 25 mil familias.
El defensor público Carlos Loureiro estima que «la Jornada es un espacio de concientización sobre los derechos y también un espacio de repercusión que pretende llamar la atención de la opinión pública sobre los problemas de vivienda, especialmente en relación con los megaeventos y las grandes violaciones al derecho a la vivienda y al derecho ciudadano que implican»
Inseguridad
Durante la Jornada fueron recurrentes los reclamos relacionados con la falta de transparencia en esas obras. Un ejemplo es el proyecto Nova Luz que propone la «revitalización» del centro de la ciudad. La presidente de la Asociación de habitantes y amigos de Santa Ifigenia y de Luz (Amoaluz), Paula Ribas, explica que los habitantes están preocupados porque el proyecto no garantiza la permanencia de las familias en el área.
Solo hay menciones superficiales y comentarios muy abstractos y generales sobre quién continuará en la zona pero no hay garantías. Estamos pidiendo un relevamiento desde setiembre del año pasado y hasta ahora no hemos logrado ninguna respuesta» cuenta.
Paula argumenta que los habitantes están de acuerdo con el mejoramiento, pero insatisfechos con el plan presentado por el Municipio. El proyecto según ella, basado en experiencias europeas, no tiene en cuenta la diversidad del barrio ni sus problemas específicos, como la gran cantidad de personas en situación de calle y drogodependientes. El principal problema señala es la falta de diálogo para que sean escuchadas las sugestiones de quienes allí viven o trabajan.
«¿Sabe cuanto tiempo dispone un habitante para hablar de un proyecto en la audiencia pública? Tres minutos. ¿Como alguien puede tener un diálogo democrático, con participación si el habitante tiene solo tres minutos para hablar? Ellos (el Municipio) nos están imponiendo una determinada calidad de vida y la gente quiere tener participación» expone.
Problema mundial
La marcha de los proyectos de urbanización para la Copa del Mundo preocupa también a la representante especial de la Organización de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolnik. Según ella, la delegación ha recibido una serie de denuncias relacionadas con los desalojos y otras violaciones del derecho a la vivienda en las ciudades. «Con esas obras estamos produciendo más «sin techos» y más gente sin casa que las que a duras penas estamos logrando construir como alternativa de vivienda digna para la gente» afirma.
Agrega que la misma situación se está produciendo en Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y Fortaleza, pero destaca que no es un problema exclusivo de Brasil y si en cambio de todos los lugares del mundo que reciben eventos y atraen de ese modo gran cantidad de capitales. «No hay megaproyectos sin megaoperaciones de desalojo. Eso le está sucediendo a miles de personas en todo el mundo» señala.
La delegada está igualmente preocupada por la falta de asistencia mencionada por las familias, solo reciben en general ofrecimientos de bolsa-alquiler o subsidios por desalojo que resultan insuficientes para encontrar una vivienda en un lugar aceptable. «Sacar a las personas de donde viven y mandarlas a 50 km de distancia, fuera de la ciudad y alimentar la máquina de exclusión territorial y los empleos en areas de riesgo, eso es lo que va a suceder» prevé.
Señala que no está en contra de la realización de los juegos, pero plantea que los torneos dejen un saldo positivo a las ciudades, como sería el reasentamiento de familias en situación precaria «Si hay cantidad de capitales internacionales por ahí ¿porqué no financiar proyectos de vivienda popular? pregunta.
Raquel prometió además enviar las conclusiones de la Jornada a la ONU. Mientras tanto señala que lo más importante es la organización en todos los niveles: «Si en cada una de las ciudades formáramos comité y encaráramos una lucha nacional, podríamos influir en esos proyectos» puntualiza.
Estado de excepción
El defensor público, Carlos Loyreiro, que acompaña a las comunidades, ve también con preocupación la realización de estos megaeventos en las ciudades. Según él las obras que se están proyectando no están teniendo en cuenta los derechos de las personas afectadas. «Proyectos como la Operación Urbana Agua Espraiada están siendo gestionados dentro de un estado de excepción, de violación de los derechos. La legislación urbanística está siendo totalmente ignorada» afirma.
Loureiro plantea además que las intervenciones urbanísticas muestran que el crecimiento económico verificado en el país en los últimos años no está acompañado por la distribución de la riqueza: «Es importante vincular estos megaeventos en un ambiente de crecimiento económico como herramienta de exclusión territorial y de promoción de la pobreza. Hoy en día no tenemos recursos para promover el desarrollo, pero estamos usando el dinero para construir ciudades más injustas» evalúa.
El defensor plantea también la importancia de llevar estos casos a la justicia con el objeto de garantizar sus derechos a las poblaciones. Pero agrega que la batalla judicial no es suficiente.
Es necesario no confiar demasiado en la judicialización de los conflictos urbanos. Es una herramienta, pero solo eso. Lo más importante es fortalecer los movimientos sociales para que ellos puedan realizar los enfrentamientos y rescatar sus derechos del papel.»
Movilización
Al final de la jornada fue evidente el consenso entre los participantes y la necesidad de unirse y movilizarse para resistir las violaciones a sus derechos.
Para Benedicto Roberto Barbosa de la Central de Movimientos Populares todavía es tiempo de lograr la concientización de los habitantes. «Cuando llega el desalojo la gente no sabe exactamente qué está sucediendo. Deben entender en cambio que existe una lógica articulada entre el capital inmobiliario y el gobierno para sacarlos de allí, que es algo mucho más grave» afirma el militante…
Queremos movilizar a la población para que se cree un Foro de debate sobre estos temas y queremos que los movimientos estén preparados para afrontarlos» añade el integrante del Centro Gaspar García de Derechos Humanos, Luiz Kohara.
Fuente original: http://www.brasildefato.com.br/node/5807