El efecto de las lluvias provocadas por el huracán Stan en Guatemala a principios de octubre de 2005 ha evidenciado de nuevo la desigualdad y los contrastes que caracterizan esta nación centroamericana. Mientras que el Gobierno presidido por Óscar Berger reaccionó con lentitud al desastre asegurando que «la población ya estaba acostumbrada», el lodo dejó […]
El efecto de las lluvias provocadas por el huracán Stan en Guatemala a principios de octubre de 2005 ha evidenciado de nuevo la desigualdad y los contrastes que caracterizan esta nación centroamericana. Mientras que el Gobierno presidido por Óscar Berger reaccionó con lentitud al desastre asegurando que «la población ya estaba acostumbrada», el lodo dejó 2.000 muertos y desaparecidos; mientras el secretario de Planificación Económica de la Presidencia, Hugo Beteta, explicaba que el impacto macroeconómico del Stan sería mínimo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas alertaba sobre las hambrunas que se avecinaban sobre la población afectada más pobre.
La ONU calculó que al menos 280.000 familias campesinas necesitarán asistencia durante los próximos 6 meses. Así, el PMA comenzó a distribuir alimentos para asistir con unas 24.000 toneladas de víveres a unas 285.000 personas, que esperan se reduzcan a 180.000 pasados los primeros meses más críticos. Asimismo, el organismo internacional se dirigió al Gobierno de Berger para que pusiera en marcha un programa de reparto de comida, ya que el plan de reconstrucción anunciado por el ejecutivo (de unos 120 millones de euros hasta fin de 2005) no contempla este apartdo. Si bien, el ministro de Agricultura, Álvaro Aguilar, grantizó el suministro de granos básicos para los damnificados. Aunque, es claro que sin la ayuda internacional el Estado no tiene capacidad para afrontar el desafío de alimentar a la población perjudicada.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO), el 34% de los 3,5 millones de damnificados se quedaron sin reservas de maíz, mientras que el 46% no posee reservas para más allá de diciembre de 2005. El informe también informa de que la pérdidas previstas en granos básicos fue superior al 30% en la región Este, entre un 45 5un 65% en la Oeste, y entre un 60 y un 90% en la costa Sur.
No obstante, el producto interior bruto esperado del sector agrario es de unos 6.500 millones de dólares para 2005, mientras que las pérdidas por el Stan se limitan a 46 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones gubernamentales. Por tanto, las pérdidas no suponen ni el 1% del total.
La poderosa industira azucarera informó de pérdidas del 4,5% y la Asociación Nacional del Café perdió entre el 3% y el 6% de la cosecha de 2005.
En cuanto a las infraestructuras de puentes y caminos, éstas quedaron muy dañadas en cinco de las seis principales rutas y en prácticamente todos los caminos rurales de las zonas afectada se vieron destruidos. Por su parte, la inflación se disparó quedando en octubre de 2005 en el 8,57%, por encima de las expectativas del 6%. El precio de los alimentos, bebidas, transporte, comunicaciones y viviendas aumentó, perjudicando así en mayor medida a los ciudadanos con menos recursos y ahondando en el drama de los damnificados. Por tanto, queda patente la escasa redistribución de los recursos económicos en el país y la nula disposición de las elites goberantes y empresariales a hacer partícipes de los jugosos beneficios de la industria agrícola de exportación a los campesinos que trabajan y que generan tales recursos, así como la escasa capacidad del Estado para prevenir, reaccionar y mitigar los desastres naturales sobre la población ya de por sí desfavorecida.
Es tiempo de que los beneficios del sector primario sean administrados de una forma democrática y participativa, pues sólo así se puede garantizar el desarrollo humano en el país, incluso en tiempos de desastres naturales.
ALBERTO MENDOZA (periodista y especialiasta en información internacional y países del sur por la Universidad Complutense).