Un país en desarrollo como es Chile registrará en 2006 un saldo acreedor neto en el resultado público consolidado del gobierno y el Banco Central por primera vez en su historia de 2,5% del Producto Interno Bruto. La estimación fue realizada en el Informe de Estabilidad Financiera del instituto emisor, dado a conocer en los […]
Un país en desarrollo como es Chile registrará en 2006 un saldo acreedor neto en el resultado público consolidado del gobierno y el Banco Central por primera vez en su historia de 2,5% del Producto Interno Bruto. La estimación fue realizada en el Informe de Estabilidad Financiera del instituto emisor, dado a conocer en los primeros días de julio, que cifra el saldo a alcanzarse entre U$S 2.500 y U$S 3.000 millones. Este resultado es consecuencia de la reducción en la deuda bruta consolidada, principalmente por los prepagos fiscales al Banco Central de compromisos originados en los años de dictadura para impedir la quiebra de empresas productivas pertenecientes a los principales grupos económicos en esa época, y sobre todo de los elevados ahorros en el presupuesto del gobierno central resultado del elevado precio alcanzado por el cobre en los mercados internacionales y la restrictiva política de gasto público aplicada. En los dos últimos años, dice el Banco Central en su informe, tanto la deuda pública bruta como la neta «ha venido disminuyendo como consecuencia del ahorro de los ingresos extraordinarios del cobre en el marco de la regla fiscal vigente y el uso de los excedentes acumulados para prepagar deuda y acumular activos externos» (07/07/06).
Este hecho, aparentemente positivo, expresa si se considera más profundamente que una economía con múltiples carencias sociales y en su desarrollo, está limitando el accionar de su aparato estatal destinando sus excedentes, en una coyuntura favorable para el país, a financiar déficit producidos en otras regiones del mundo. Como señaló el senador Carlos Ominami el país está, además, desperdiciando la oportunidad de ocupar los recursos que genera para crecer más rápido (12/07/06). Las acreencias públicas netas surgen de una política, en los marcos del Consenso de Washington, que reduce notoriamente el papel del Estado. A nivel global el déficit más importante es el existente en EEUU
El saldo acreedor neto, de mantenerse un precio del cobre alto y continuarse con el mismo esquema de manejo presupuestario diseñado durante la administración Lagos, seguirá creciendo en los próximos años. «Se espera -dice el documento del instituto emisor- que el gobierno central continúe generando importantes superávit en el trienio 2006-2008, principalmente porque el precio del cobre se mantendría por encima de su nivel de largo plazo, mientras que el PIB estaría muy cerca de su nivel de tendencia» (07/07/06). De producirse un crecimiento igual al estimado de tendencia (que hasta ahora se calcula en un 5% anual) y alcanzarse una cotización del metal rojo igual a su nivel de largo plazo inmediatamente se produce un superávit fiscal de 1% del PIB. Si el precio del cobre, como espera el Banco Central, se coloca por encima de su proyección de largo plazo todos los ingresos fiscales adicionales consecuencia de ello -originados en los mayores excedentes traspasados por Codelco o en los tributos pagados por las empresas privadas- no se pueden utilizar como gasto, aumentando, en consecuencia, el superávit.
El saldo neto público acreedor se produce sumando por un lado el ahorro fiscal y las reservas internacionales del país, contraponiéndolas de otro a las deudas del Banco Central y del Gobierno. En el año, las reservas internacionales han crecido, a pesar del déficit registrado en la balanza de pagos, como consecuencia de la devaluación experimentada por el dólar norteamericano con relación a las otras divisas mayoritarias en su composición y al oro. Al 31 de mayo sumaban U$S 18.172,9 millones, en circunstancias que al finalizar 2005 ascendían a U$S 16.963,4 millones.
La situación producida fue valorada explícitamente por las agencias internacionales clasificadoras de riesgo. Moody’s elevó la clasificación de la deuda chilena de largo plazo a A2, destacando la «significativa mejoría» en los niveles de deuda externa, colocando al país en el mismo rango de las de China, Israel y Polonia, posicionándolo más abiertamente entre las naciones factibles de «alto grado de inversión». El ministro de Hacienda Andrés Velasco, calificó la determinación de Moody’s como un reconocimiento al manejo responsable de la política fiscal y a la posición de activos del sector público (08/07/06), lo cual obviamente se logra con una posición extrema de control en el gasto público.
El presidente del Banco Central Vittorio Corbo sacó como conclusión del Informe de Estabilidad Financiera que «estamos vacunados» para enfrentar situaciones que pueden ser más severas en la economía internacional» (07/07/06). La verdad es otra. Las elevadas reservas internacionales o los cuantiosos ahorros fiscales desaparecen rápidamente cuando los recursos financieros se mueven saliendo de las economías, como lo demuestra la experiencia internacional. De otra parte, la situación producida ratifica que Chile no ha aprovechado una situación externa extremadamente favorable.
El informe, como ya se señaló, considera que en el trienio 2006-2008, la producción de bienes y servicios del país se ubicará «cerca de su nivel de tendencia», lo cual significa que crecerá por debajo de los años 2004 y 2005. La política fiscal seguida es uno de los hechos que explica este menor nivel de crecimiento. Igualmente la contradicción entre la abundancia de recursos y su escasísimo efecto en la situación de las personas influye en el deterioro producido en el grado de aprobación de la gestión presidencial. La encuesta de junio efectuada por Adimark-Gfk muestra una reducción en la valoración positiva de la conducta gubernamental de 54,5% en mayo a 44,2%, constituyéndose en el nivel de respaldo más reducido a la misma fecha logrado entre los cuatro presidentes de la Concertación.
La política de reducir al máximo la presencia estatal se expresa también en hechos específicos. El alza en el precio del gas natural importado por el país, al decidir Argentina establecer una nueva retención (impuesto) a sus exportaciones hacia Chile, Uruguay y Brasil, hizo estallar un escándalo de gran magnitud, demostrativo de los extremos a los cuales puede conducir los esquemas neoliberales y la desregulación. Los hechos son abrumadores. Argentina ha vendido gas natural a empresas privadas chilenas a un precio subsidiado, muy inferior a los existentes en los mercados internacionales. Las sociedades importadoras, que en sus respectivas regiones tienen posiciones monopólicas deciden la tarifa a pagar por los consumidores. «Quienes lo trasladan desde Argentina -resumió en primera página El Mercurio- pagan allá unos U$S3 por el millón de BTU y lo venden acá en casi U$S24. El precio que han estado pagando los consumidores chilenos en sus casas- agrega la publicación como si lo anterior fuese poco- se ha duplicado en sólo seis años» (11/07/06). La inversión efectuada para materializar la importación de gas fue de unos mil millones de dólares.
En otras palabras, Argentina -si se compara con los precios en los mercados internacionales- subsidió las exportaciones de gas. Pero, esta ventaja no fue trasladada a los consumidores, sino fue aprovechada por las empresas distribuidoras transformándolas en utilidades o como mecanismo para financiar sus inversiones. Las empresas distribuidoras de gas natural establecen como referencia para determinar sus tarifas arbitrariamente al gas licuado que es más elevado. El gas natural es la fuente energética más barata para Chile.
El escándalo se hizo público cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, concurrió al parlamento para explicar los impactos que tendría en los precios internos a los consumidores el impuesto adicional establecido por Argentina. «Nuestra estimación -manifestó- es que incluso con el reajuste de precios de Argentina hay un margen de absorción de ese mayor costo de las empresas distribuidoras suficientes para no justificar aumentos de precios al consumidor chileno en el corto plazo. Hoy se está pagando un precio -añadió- que incluye el costo de importar el gas más la amortización de las inversiones que las empresas han realizado para hacer llegar el gas a domicilio» (11/07/06).
¿Cuál es el papel a cumplir por el Estado? En casos como éste, intervenir en los mercados monopólicos fijando precios o estableciendo mecanismos para definir las tarifas. No lo hizo. La responsabilidad de los gobiernos que no actuaron es muy grande. Foxley tampoco plantea hacerlo. Eludiendo la responsabilidad gubernamental y de los gobiernos de la Concertación sostuvo que «el parlamento debe estar atento de que no se aproveche un cierto poder monopólico que pudieran tener algunas empresas para trasladar automáticamente que ya se trasladó en el pasado» ¿Quién lo permitió? ¿Por qué no se regulan como aparece obvio las tarifas del gas natural, con mayor razón al conocerse la forma como han actuado las empresas distribuidoras? La ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, expresó su satisfacción porque las empresas que importan gas están dispuestas a asumir «el mayor costo que implica esta medida de imponer un impuesto a las exportaciones de gas» (13/07/06). No podía ser de otra manera, dado el alto diferencial existente entre sus tarifas y sus costos.
Esta satisfacción, de otra parte, significa que no se adoptarán imprescindibles medidas regulatorias, que comenzaron a ser planteadas por parlamentarios de la Concertación. «Este es el único servicio básico -expresó el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini- que, a diferencia del agua, luz, teléfono y locomoción colectiva, cuente con precios que no están regulados» (14/07/06). Lógicamente el presidente de Sofofa, Bruno Philippi, se opuso rotundamente a esta alternativa. Su secretario general, Andrés Concha, expresó que las fijaciones de precios en mercados que son competitivos «no tienen sustentación» (14/07/06). El «pequeño detalle» es que no se trata de un mercado competitivo. Los monopolios nunca lo son. La única posibilidad que tienen los consumidores residenciales es cambiarse a otros combustibles más caros. La XII Región es la única zona del país donde la tarifa del gas es regulada. Su precio es considerablemente más bajo que en el resto del territorio nacional.
El ministro de Hacienda se pronunció tajantemente en contra de cualquier intervención regulatoria. «Tenemos instituciones que cautelan que los consumidores paguen el precio que corresponde y que la libre competencia mediante la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia prime. La fijación de precios arbitrarios -subrayó Velasco- no es lo que ocurre en un país serio como Chile y no es la política del Gobierno» (15/07/06). La política gubernamental consiste en que el «mercado» establezca los equilibrios adecuados. Ello es imposible en situaciones monopólicas. Gasco es la principal empresa distribuidora de gas natural del país. Es el mayor accionista de Metrogas (51,84% del total), que está presente en la Región Metropolitana y en la VI Región, de GasSur (70%) en la VIII Región y en la XII Región (100%).
Uno de los hechos que influyó en la brusca salida del gabinete de la ministra de Economía Ingrid Antonijevic -muy cuestionada por varias de sus afirmaciones desde el momento de su nominación- fue atreverse a hablar de regulaciones en el mercado gasífero, entrando en abierta contradicción con el titular de Hacienda.
La Ley de Servicios de Gas establece que las compañías determinan sus tarifas, añadiendo que «si la rentabilidad de una empresa distribuidora supera en 5% la tasa de costo capital de esta industria, el TDLC (Tribunal de Libre Competencia) podría solicitar al ministerio de Economía la fijación de precios para dicha empresa». Desde luego, las leyes son modificables. Sin embargo, las instituciones del Estado no han actuado. La opinión pública no debe permanecer indiferente.
El bajo nivel de presencia estatal en el país se produce en oposición a tendencias mundiales cada vez más evidentes en sentido opuesto. «Contrariamente a las expectativas de Reagan y Teatcher, cuando impulsaron el modelo económico neoliberal -como escribe el director de postgrado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Boris Yopo-, hoy muchos países están fortaleciendo el rol del Estado en áreas sensibles de la economía…» (17/07/06). Este fenómeno se expresa en países con orientaciones disímiles como China, Venezuela, Rusia, Dubai o Singapur.