Las prácticas neoliberales y de privatización de las empresas públicas que fluyeron a fines de la década de 1970 tomaron fuerza inusitada en 1989 tras el llamado Consenso de Washington que hasta la fecha marca las políticas de presión y chantaje hacia las naciones del Tercer Mundo signadas por los organismos financieros internacionales. Se conoce […]
Las prácticas neoliberales y de privatización de las empresas públicas que fluyeron a fines de la década de 1970 tomaron fuerza inusitada en 1989 tras el llamado Consenso de Washington que hasta la fecha marca las políticas de presión y chantaje hacia las naciones del Tercer Mundo signadas por los organismos financieros internacionales. Se conoce con la pomposa denominación de Consenso de Washington a la coincidencia de opiniones (que ya no era nada nuevo) entre los diseñadores y gestores de la política internacional estadounidense y los organismos financieros internacionales, que por otra de esas «concomitancias» tienen sus sedes en la capital norteamericana como son el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para que se tenga una idea de los acuerdos fundamentales a que llegaron los integrantes del cónclave en aquella oportunidad y que han regido las políticas financieras mundiales en los últimos 15 años, baste enumerar los siguientes: reducción del papel del Estado en la economía; privatización de empresas estatales; eliminación de los déficit públicos y fijación de políticas cambiarias «realistas». Es decir, Estados Unidos y esos tres bancos, o sea, las cuatro patas de una mesa «ultrauniversal, se abrogan el derecho y la potestad de dirigir las líneas económicas de las naciones del orbe y quienes se nieguen a seguirlas no podrán disponer de empréstitos o financiamientos para el supuesto desarrollo. En la mayoría de las ocasiones, los préstamos obtenidos tras denigrantes transacciones, se convierten en impagables pues a estos se suman los elevados impuestos que las débiles economías de las naciones «beneficiadas» no pueden sufragar. Mientras tanto, la deuda con el organismo continúa creciendo y los gobiernos se hacen más dependientes de los emporios financieros. Los países están obligados a aceptar y adoptar las medidas que se les impongan para poder tener acceso al capital extranjero. El FMI y el BM fueron creados en julio de 1944 durante las negociaciones de Bretón Woods, una estación de esquí en New Hampshire al noreste de Estados Unidos. El primero, en teoría, tenía como motivo principal apoyar con créditos a los países que sufrían dificultades de pago, mientras el segundo ayudaría a las naciones pobres con préstamos favorables para inversiones en infraestructura, educación y sanidad. Pero en la práctica y sobre todo en las dos últimas décadas, estos organismos financieros internacionales han colaborado a agravar la pobreza de los países que aceptan sus condiciones para hacer uso de sus créditos. Las constantes incertidumbres económicas que ha padecido América Latina en los años recientes con crisis profundas vividas en Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Argentina, han motivado que los pueblos se rebelaran contra las medidas neoliberales impuestas por los gobiernos a instancias de los acreedores financieros internacionales y en varias ocasiones han hecho renunciar a los presidentes de turno. El caso más grave y relevante fue el de Argentina que durante toda una década fue presentado como modelo de desarrollo neoliberal y al derrumbarse estrepitosamente obligó al FMI y al BM a hacerse por primera vez una autocrítica, aunque muy leve. Pero si para que estos organismos financieros otorguen empréstitos a las naciones pobres se hace necesario sufrir vejaciones e imposiciones onerosas, para entregárselos a empresas transnacionales resulta todo lo contrario. Un informe del Instituto de Estudios Políticos (IPS) basado en un estudio de la Red de Energía y Economía Sustentable (SEEN), ambos con sedes en Washington, indica que desde 1992 el BM ha financiado 133 paquetes por 10 700 millones de dólares para proyectos de exportación de petróleo y gas de países en desarrollo hacia los más avanzados. Los empréstitos han beneficiado fundamentalmente a Halliburton (vinculada por el vicepresidente estadounidense, Richard Cheney), Exxon Mobil, Unocal, Enron, Chevron-Texaco y Bechtel. El documento significa que el Banco Mundial transfirió abundantes recursos para extraer y trasladar dichos combustibles hacia Estados Unidos, el principal consumidor, lo que no tiene nada que ver con la misión de esa institución de lograr un «mundo sin pobreza». La empresa más beneficiada, según IPS, es la Halliburton y le siguen la Shell, Chevron-Texaco, Total, Exxon Movil, Bechtel, British Petroleum, Unocal, Eni, BHP y Enron, o sea, todas de Estados Unidos y Europa. Entre los casos que señala el informe aparece el de la empobrecida Bangladesh, en Asia, al que el BM le otorga un leonino empréstito con la condición de que exporte sus recursos gasíferos mientras solo el 17 % de la población tiene acceso a la electricidad. Este es el resultado de los poderosos que dirigen esas instituciones e inciden directamente en la política económica mundial. Estados Unidos cuenta con el 17.14 % de las votaciones en esas instituciones y los países industrializados con un tercio, y por tanto imponen que el presidente del BM sea un estadounidense y el director del FMI, un europeo. En conclusiones, como afirmó recientemente la institución suiza, Declaración de Berna, el FMI y el BM son «burocracias antidemocráticas, hipócritas y poco transparentes».