La CEOE ha vuelto estos últimos días a solicitar un abaratamiento del despido con el argumento de que es necesario para la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta solicitud se ha convertido en una reivindicación constante por parte de la patronal, independientemente de cuál sea la situación económica. No resulta difícil demostrar que el […]
La CEOE ha vuelto estos últimos días a solicitar un abaratamiento del despido con el argumento de que es necesario para la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta solicitud se ha convertido en una reivindicación constante por parte de la patronal, independientemente de cuál sea la situación económica. No resulta difícil demostrar que el despido no es ni demasiado difícil ni demasiado costoso en España; basta con analizar los datos de los últimos meses en los que la tasa de desempleo ha aumentado cerca de un cincuenta por ciento arrojando a medio millón de personas al paro.
Se deduce entonces, que el objetivo de la CEOE es el de conseguir transferir riesgos de la actividad desde las empresas hacia los trabajadores para que las compañías puedan ajustar de forma económica sus plantillas y adaptarlas fácilmente a la coyuntura económica. Sin embargo, este traspaso perjudica a la parte más débil y tiene efectos perniciosos, no sólo sobre los trabajadores afectados, sino también sobre la economía y sobre la sociedad.
En primer lugar, es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. Las consecuencias de este hecho no son sólo económicas, sino también sociales, y se agravan por el hecho de que el paro suele afectar con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad. En numerosas ocasiones, el pensamiento económico dominante cita a la inflación como el principal enemigo de las clases humildes, pero, si bien es cierto que el aumento de precios es especialmente negativo para las familias con menores ingresos, son mucho peores los efectos que tienen sobre ellos la falta de un empleo o la precariedad laboral.
El desempleo puede contribuir a empeorar la salud mental de las personas, aumentando los casos de depresión, ansiedad, adicción y trastorno adaptativo. También deteriora la autoestima del individuo, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recolocación, y trastorna la vida familiar, especialmente si éste afecta al cabeza de familia, provocando generalmente un aumento de tensiones que tienden a deteriorarla y a aumentar los conflictos entre los miembros. Todos estos factores, junto con la importante pérdida de ingresos, aumentan el riesgo de exclusión social.
La precariedad laboral y, evidentemente, el desempleo también aumentan la angustia de los afectados e influyen en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar. Los jóvenes deben postergar su edad de emancipación ante la imposibilidad de acceso a la vivienda y de creación de una unidad familiar con unos ingresos estables, asimismo provocan una disminución de la natalidad y retrasan la edad a la que se tienen los hijos.
Conviene escapar de la concepción del desempleo como una mera cifra estadística, ya que detrás del número existen unas realidades humanas; sin embargo, como ya he comentado anteriormente, los efectos del desempleo no sólo afectan al individuo y, para aquellos menos preocupados con los problemas sociales, también hay argumentos que demuestran que es nocivo para la economía.
Es indudable que se produce una reducción de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Este descenso es más pronunciado en aquellos bienes que por su coste requieren una mayor planificación, posponiendo su compra a futuros tiempos mejores. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de «efectos de segunda ronda» contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.
El siguiente efecto es sobre los ingresos y gastos del Estado. Por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos; los primeros como consecuencia de la reducción de los ingresos familiares que tributarán por cantidades inferiores en el impuesto de la renta (reduciéndose también las cotizaciones a la Seguridad Social) y los segundos por la reducción del consumo que disminuirá la recaudación por IVA y otras tasas. Pero los efectos nocivos no acaban aquí, ya que el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.
Por último, el desempleo supone un despilfarro de recursos; tasas elevadas suponen una pésima optimización de los mismos. Siendo el factor humano uno de los factores que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico mantener un stock de capital humano sin uso tan elevado. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, mantener un porcentaje de capital sin utilizar y sin embargo para algunos parece ser que el factor humano tiene menos importancia.
Por tanto, la reducción del desempleo debería ser una de las prioridades de políticos y autoridades, pero no sólo esto, el descenso no debe basarse en una precarización que únicamente provoque una reducción de las diferencias entre tener trabajo y no tenerlo, lo que trasladaría los problemas citados a la población «ocupada», sino que debe basarse en la creación de un empleo con unos estándares mínimos de estabilidad y retribución.