Como parte de la polémica en torno a la construcción de Belo Monte, la hidroeléctrica localizada en el estado de Pará, Brasil, que busca potenciar la capacidad energética en la región del Amazonas, el pasado miércoles 26 de enero se abrió un nuevo capítulo, cuando el presidente del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), Américo Ribeiro, […]
Como parte de la polémica en torno a la construcción de Belo Monte, la hidroeléctrica localizada en el estado de Pará, Brasil, que busca potenciar la capacidad energética en la región del Amazonas, el pasado miércoles 26 de enero se abrió un nuevo capítulo, cuando el presidente del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente), Américo Ribeiro, que sustituye en funciones a Abelardo Bayma -quien había dimitido de su cargo el 14 de enero en protesta al proyecto-, liberó una licencia «parcial» donde se autoriza al complejo Norte Energía, integrado por la paraestatal Electrobras y 12 empresas entre ellas Minera Vale, Camargo Corrêa y Odebrecht, a iniciar trabajos para edificar la presa.
Un día después, el Procurador del Ministerio Público (MP) del estado de Pará, Felício Pontes, interpuso una acción judicial contra el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y el Ibama (Proceso nº 968-19.2011.4.01.3900-9º, Vara Federal de Belém), por las más de 40 exigencias ambientales que ambas instituciones incumplieron (se puede acceder al documento en http://goo.gl/ZkvSW). Según Pontes, la autorización viola el código florestal brasileño que no contempla licencias «parciales», sino un proceso de tres etapas (licencia previa, de instalación y de operaciones), hasta el momento omitidas: «Debido a decisiones como esas, podemos decir que hoy el Ibama es el mayor infractor ambiental en la Amazonía», declaró el funcionario en un comunicado oficial (MP Federal, 27 de enero de 2011).
A las nuevas acciones del MP de Pará, hay que agregar dos procesos abiertos en mayo de 2010 contra el MMA, el Ibama y Electrobras ( Acciones civiles: nº 410-72.2010.4.01.3903 y nº 411-57.2010.4.01.3903), por el daño ambiental que supondría la instalación de la presa, al inundar 100,000 hectáreas de selva amazónica, así como los costos sociales asociados al desplazamiento de más de 80 mil personas en 66 municipios, donde se encuentran 12 territorios indígenas habitados por tribus como los Arara, Juruna y Xikrin de Bacajá.
De acuerdo con la organización ambiental Amazonwatch, la construcción de Belo Monte es parte del obsesionado proyecto desarrollista de Brasil, impulsado por su sector empresarial, nacional y extranjero, para aprovechar la producción hidroeléctrica de la Amazonía en la extracción de minerales como hierro, bauxita y níquel, que en está región son controlados por Minera Vale y Anglo American Corp., cuarta y quinta mayores productoras de minería en el mundo. Según esta fuente, el gobierno brasileño tiene destinados $40 mil millones de dólares en inversiones hasta 2014, para lograr dicho propósito (Amazonwacht, 2011).
La construcción de Belo Monte, calculada en $30 mil millones de reales ($216,000 millones de pesos), será financiada con recursos públicos del Banco de Brasil y el BNDES hasta por un 80%. En diciembre pasado, el BNDES asignó a Norte Energía $1,087 millones de reales (aproximadamente $7,826.4 millones de pesos), para la adquisición de equipos y maquinaria (Folha de São Paulo, 2011). Las acciones del banco ya fueron impugnada por el MP Federal con sede en Brasilia (oficio: OF.PRPA/GAB 3/N° 882/2010), por violar el Protocolo Verde firmado en 2008, donde dicha institución se comprometía a no respaldar emprendimientos que causaren daños sociales y ambientales.
El viernes 28 de enero, la senadora Marina Silva, ex-candidata del Partido Verde a la presidencia de la República de Brasil en las elecciones pasadas, también ex-titular del MMA, cargo que abandonó como protesta a la política antiecológica del ex-presidente Lula Da Silva, echó más leña al fuego al declarar que las acciones del Ibama constituyen un «error» recurrente en el gobierno brasileño cuando sufre de «presión política» por parte de los grupos empresariales: «El caso de esa licencia previa de instalación parcial se está volviendo algo recurrente. Fue así como sucedió por lo menos en tres inversiones… Angra 3, de las hidroeléctricas de Sato Antonio y Jirau de Madeira.» (Terra Magazine, 28 de enero de 2011).
Belo Monte podría ser la tercera hidroeléctrica más grande del mundo, con una dimensión física equiparable a un tercio de la ciudad de São Paulo y potencial energético de 11 mil MW (megawatts), sólo por detrás de Tres Gargantas en China con 22,5 mil MW e Itaipu Binacional con 14 mil MW (Paraguay-Brasil). Aunque para el especialista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Sergio Abranches, la capacidad energética de Belo Monte es «hipotética» debido a que sólo en los meses de octubre-diciembre, el caudal del río Xingú crece lo suficiente para generar los 11 mil MW que supuestamente produciría la hidroeléctrica (Ecopolitíca, 27 de enero de 2011).
La licencia de Belo Monte se produce en un clima de protestas de diversas organizaciones sociales y el movimiento indígena brasileño, quienes el 25 de enero se instalaron a las afueras del Palacio de Planalto, exigiendo a la presidenta Rousseff cumplir sus promesas de campaña y buscar un crecimiento de Brasil con sustentabilidad ambiental. Los próximos meses serán vitales en los más de 20 años que lleva esta lucha; reside en la sociedad civil brasileña, que en la pasada elección presidencial mostró un gran compromiso y madurez al cerrar filas por la candidata del PT, movilizar los esfuerzos necesarios y unir solidaridades para frenar la coalición de intereses económicos relacionados con Belo Monte.
P.D. En el siguiente link se puede firmar la petición contra la construcción Belo Monte: http://www.avaaz.org/po/pare_belo_monte/?rc=fb
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