El siguiente escrito es una versión reducida y modificada de un artículo en inglés que está por ser publicado en NACLA: Report on the Americas.
En 2016, políticos venezolanos de ambos lados del espectro político hicieron llamados urgentes para entablar un diálogo nacional con el fin de frenar la escalada peligrosa de la tensión política en el país y lograr la «reconciliación nacional». Sin embargo, por regla general ellos se abstuvieron de examinar las implicaciones de sus propuestas. Henri Falcón, quien es un líder moderado de la oposición y defensor de la estrategia de negociación, advirtió «es necesario el diálogo para evitar una guerra civil». El mismo temor también fue expresado en el campo chavista por José Vicente Rangel, quien por mucho tiempo ha insistido en la necesidad de diferenciar entre los moderados y los extremistas de la oposición. El problema es que todas negociaciones implican concesiones. Para ser más preciso: Con la estrategia del diálogo ¿se corre el riesgo de anular los logros de los 14 años del gobierno de Chávez?
El estilo de confrontación se intensificó después de que la oposición ganó control de la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre y anunció su intención de trabajar en función de lograr el «cambio de régimen». El nuevo presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup dio su palabra que la AN iba a destituir al Presidente Maduro dentro de seis meses por medios constitucionales.
El argumento para remover a Maduro como presidente se basa en la percepción de Venezuela como un estado fallido donde hay (en las palabras del Senador Marco Rubio del estado Florida) «una crisis humanitaria y política», con una corrupción desenfrenada, una economía no funcional, y delincuencia masiva. Esta descripción altamente exagerada y distorsionada es frecuentemente presentada en los medios de comunicación internacionales, como fue el caso de un editorial del New York Times , publicado el 2 de marzo, que prácticamente pidió la renuncia de Maduro.
Eso no quiere decir que los problemas de la corrupción, la inseguridad, y las dificultades económicas, que incluyen la escasez aguda e inflación de tres dígitos, son una invención de los medios de comunicación o la derecha política. Por cierto estos y otros problemas han producido descontento dentro del movimiento chavista, como se puso en evidencia en diciembre cuando casi dos millones de Chavistas votaron nulo o se abstuvieron de votar.
Hay dos asuntos primordiales que están en el centro de la interacción entre el gobierno chavista, por un lado, y la oposición y el sector privado, por el otro lado. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está promoviendo la privatización de las compañías ineficientemente administradas que fueron expropiadas por el gobierno de Chávez. Los diputados de la MUD redactaron la Ley de Producción Nacional, que contempla la entrega de la administración de compañías del Estado a particulares cuando registran una baja de producción durante los últimos 12 meses, y posiblemente seguido por su privatización. Los Chavistas critican la legislación por no tomar en cuenta la situación particular de cada empresa expropiada y el hecho que algunas de ellas habían sido abandonadas por sus dueños debido a circunstancias no favorables.
Algunos líderes de la oposición están promoviendo la expansión del sector privado a las áreas que previamente estaban reservadas al Estado a nivel local. El alcalde de Baruta Gerardo Blyde y también Henri Falcón han avanzado planes para la administración privada y la descentralización del agua, que los Chavistas alegan conducirán a la privatización .
El segundo asunto es la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), que fue redactada por una comisión presidencial dirigida por Maduro y firmada por Chávez en abril de 2012. La LOTTT elimina la tercerización laboral, restablece la retroactividad y otros aspectos del viejo sistema de prestaciones sociales que fueron modificadas bajo la influencia de neoliberalismo en 1997, reduce la jornada semanal de 44 a 40 horas, y otorga a los trabajadores dos días consecutivos de descanso por semana. El día después de las elecciones en diciembre, FEDECAMARAS pidió a la nueva Asamblea Nacional que modificara la LOTTT. FEDECAMARAS objetó particularmente a los artículos de la ley que contribuyen a la estabilidad laboral, que fueron reforzados por un decreto presidencial de inamovilidad en diciembre con una vigencia de tres años. Según FEDECAMARAS el decreto desestimula la productividad.
Dentro del movimiento Chavista, Maduro representa una posición «centrista» referente a la estrategia negociadora, por cuanto ocupa un terreno medio entre las corrientes moderadas e izquierdistas. Los moderados apoyan negociaciones con los partidos de la oposición, una vía que no es muy factible dado el lenguaje belicoso empleado tanto por el gobierno como sus adversarios. Por otro lado, Maduro a menudo se ha reunido con representantes empresariales, tanto en los primeros meses de 2014 durante un periodo de violencia callejera conocida como la «guarimba», como en los meses recientes. Además, la decisión de Maduro de reemplazar el tenazmente anti-neoliberal Luis Salas como vicepresidente de Economía Productiva con el empresario Miguel Pérez Abad en febrero envió señales de que el gobierno está seriamente interesado en trabajar estrechamente con el sector privado. El nombramiento rompe con la política de Chávez de evitar la selección de representantes de la clase empresarial a posiciones encargadas de la formulación de política económica.
Los Chavistas moderados que abogan por la estrategia negociadora van más lejos que Maduro por cuanto proponen negociaciones no solamente con el sector empresarial, sino también con los líderes de la oposición. Esta vía está diseñada para profundizar las divisiones dentro de la oposición al aislar a extremistas como los de Voluntad Popular. Felipe Pérez Martí, ex-Ministro de CORDIPLAN quien ya no está en el campo chavista, plantea que un acuerdo con la oposición política y no el sector privado – que está básicamente interesado en los beneficios monetarios – es la única garantía de una salida viable a los problemas urgentes que aquejan al país.
En materia económica, Maduro también se perfila como «centrista». Por un lado, rechaza tajantemente tanto las privatizaciones como cualquier modificación en la LOTTT. Además, el gobierno ha evitado la implementación de medidas de austeridad con el FMI para encarar la crisis económica actual, y en su lugar ha solicitado apoyo financiero de países fuera de la órbita norteamericana.
Por otro lado, una de las respuestas principales de Maduro a la crisis actual es el programa que abre la inmensa región minera de Guayana al capital privado, incluyendo la empresa norteamericana Gold Reserve, que en 2008 fue expulsada de la zona debido a la destrucción ecológica que aparentemente generó. La ex – ministra del ambiente Ana Elisa Osorio, una Chavista disidente, alegó que la activación de la explotación minera en la zona «no es nada sostenible… porque se saca toda la capa vegetal [y] queda solamente caliza, un tipo de suelo que luego no sirve para nada».
La Nada Sencilla Crisis Actual en Venezuela
Pérez Martí y otros Chavistas y ex-Chavistas que defienden la estrategia negociadora para lograr la reconciliación nacional presumen la existencia de buena voluntad en ambos lados del espectro político, y en el proceso subestiman la complejidad de los desafíos que enfrenta la nación. En general, ellos tienden a atribuir las dificultades en el país a la carencia de habilidades de liderazgo de Maduro, en contraste con las de Chávez. La implicación de la urgencia del llamado al diálogo es que el gobierno de Maduro, por su propia cuenta, no es capaz de encontrar soluciones a los problemas críticos.
Un análisis que va más allá de las personalidades y el estilo y que se dirige a los retos formidables de lograr la transformación de gran alcance dado la estructura capitalista existente, es requerido para ayudar a superar la desmoralización que agobia a un número significativo de Chavistas.
Hay tres factores de más o menos igual peso que explican la crisis económica actual. El primero es la baja en picada de los precios internacionales de petróleo desde agosto de 2014. El segundo es la «guerra económica» que incluye la desinversión por parte de grupos empresariales, como también la manipulación de la moneda por parte del férreamente anti-chavista «DolarToday». El gobierno de Maduro acusa a DolarToday de «cyberterrorismo».
El tercer factor es la gran disparidad entre los precios del mercado negro y los precios oficiales, tanto de productos básicos como el dólar. No hay soluciones fáciles para corregir ese desequilibrio. Las propuestas para reducir drásticamente la brecha, formuladas por los economistas de la oposición, como también algunos de la izquierda, corren el riesgo de disparar la inflación a un nivel mayor que el actual. Además, la propuesta – que eliminaría los precios subsidiados para productos de primera necesidad – caería desproporcionalmente sobre los hombros de las clases populares.
Sin embargo, la brecha entre los precios regulados y los del mercado negro es una receta para la corrupción y el contrabando. Por cierto, entre más grande la brecha, más corrupción, independientemente de las medidas correctivas empleadas por el Estado. La corrupción en Venezuela se agravó precisamente cuando el dólar se disparó en 2012. Eso fue demostrado por las denuncias de Jorge Giordani y otros sobre el caso de CADIVI.
Sin embargo, la denuncia de Giordani referente a las «empresas de maletín» se prestó a la mala interpretación por cuanto pareciera indicar que los empresarios cercanos al gobierno fueron exclusivamente responsables de la estafa. Varios estudios empíricos publicados en Aporrea demuestran que los culpables fueron no solamente empresarios pro-chavista, sino los tradicionales asociados con FEDECAMARAS y, a un grado aún mayor, las empresas multinacionales. Los estudios indican que las «empresas de maletín» fueron en muchos casos frentes para empresas legítimas y bien establecidas, que presentaron facturas y otros documentos falsificados con sobreprecios para productos importados con el fin de defraudar al gobierno y al país. Uno de los estudios, conducido por Luis Enrique Gavazut, concluye «en términos de montos de divisas recibidos, las empresas que estafaron a la nación corresponden a las empresas de gran capital, principalmente a las empresas multinacionales extranjeras».
Además del problema de la corrupción, el sistema de precios altamente regulados representa un impedimento significativo a la producción nacional. A veces los precios regulados están por debajo del costo de producción. La situación está agravada por las importaciones baratas que se pagan con dólares preferenciales de CENCOEX, y que están en posición de ventaja en la competencia con la producción nacional. Tanto las compañías privadas como estatales enfrentan el mismo predicamento. La oposición atribuye el pobre desempeño de las empresas públicas a la incompetencia administrativa y las fallas inherentes en el modelo económico promovido por el gobierno, sin reconocer que las empresas privadas también son altamente improductivas y en gran parte por la misma razón.
Por un lado la oposición elude los problemas verdaderos al enfatizar la supuesta ineptitud de Maduro, pero por otro lado la importancia de la habilidad de liderazgo es innegable. Además de ser «centrista», Maduro ha sido un conciliador dentro del PSUV. A diferencia de Chávez, Maduro ha tratado de lograr un consenso relativo entre varias corrientes internas, al mismo tiempo que se aleja de las corrientes izquierdistas. Aunque Maduro previamente dirigió una fracción importante dentro del PSUV, como presidente ha seguido una política de mayor amplitud. Inclusive mantiene relaciones abiertamente harmónicas con el primer vice-presidente del PSUV Diosdado Cabello, quien dirigió la principal fracción rival del chavismo.
Dejando del lado las ventajas de liderazgo colectivo, la política de consenso desalienta la toma de decisiones audaces y difíciles, que son esenciales en momentos de crisis como el actual. Por cierto, Maduro no actuó de manera rápida y decisiva para enfrentar el debilitamiento continuo del bolívar en 2013 y 2014 que requería una respuesta inmediata. Del mismo modo, Maduro reconoció que la gasolina venezolana era la más barata en el mundo y que un aumento del precio era imperativo, pero tomó medidas solamente un año después en febrero de 2016. Otro ejemplo de la falta de audacia es las acciones para combatir la corrupción. Los 3,565 individuos imputados por hechos de corrupción en 2015 (según la fiscal general Luisa Ortega Díaz), aunque sin paralelo en la Cuarta República, no alcanzó la guerra sin cuartel que las circunstancias requerían, sobre todo porque pocos de los acusados ocuparon posiciones importantes de autoridad.
Las Lecciones
Una lección de las experiencias venezolanas recientes es que un gobierno comprometido con el socialismo y la intervención del Estado en la economía no puede ignorar el mercado y tiene que actuar inmediatamente para evitar que las distorsiones de este se escapen del control. Una segunda lección es que los gobiernos que llegan al poder a través de las movilizaciones sociales tienen que estar preparados para eventualmente enfrentar el problema del letargo burocrático e inclusive la corrupción. El correctivo más efectivo es un partido gobernante semi-autónomo que, a diferencia del PSUV, no esté controlado por personas que ocupen posiciones en el Estado.
Ambas lecciones arrojan luz sobre la complejidad y las contradicciones inherentes que enfrentan los chavistas y cualquier otro movimiento comprometido con el socialismo democrático que llega al poder en un país capitalista. Esta perspectiva analítica va en contra de aquellos que ven la reconciliación nacional, y los pactos con los adversarios tajantemente opuestos a las metas chavistas, como una panacea para superar la crisis actual. En resumen, los asuntos del diálogo nacional y las habilidades de liderazgo son explicaciones superficiales de la crisis actual que pasan por alto las causas de fondo.
Steve Ellner ha sido profesor de historia económica en la Universidad de Oriente desde 1977 y es un contribuyente frecuente a la revista NACLA: Report on the Americas. Sus últimos libros son El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (hasta 2013) (CELARG, 2014), y (como compilador) La izquierda radical en América Latina: las complejidades del poder político en el siglo 21 (CELARG, 2016).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.