No debería sorprendernos la ola de huelgas por todo el país. La ira popular está rebasando la complacencia y el temor. La recesión va dejando al descubierto la verdadera naturaleza de la economía británica. Somos un país que ha sido saqueado por el libre flujo del capital. Las huelgas no guardan relación con la xenofobia […]
No debería sorprendernos la ola de huelgas por todo el país. La ira popular está rebasando la complacencia y el temor. La recesión va dejando al descubierto la verdadera naturaleza de la economía británica. Somos un país que ha sido saqueado por el libre flujo del capital. Las huelgas no guardan relación con la xenofobia sino con las grandes empresas y el libre mercado sobre los que no hay control.
La refinería de Lincolnshire en la que comenzó el actual conflicto es propiedad de la empresa petrolífera norteamericana Total. Emplea a la gigantesca empresa norteamerica de ingeniería Jacobs, que subcontrata a su vez a una firma italiana, IREM, que redujo sus costes laborales utilizando a sus propios trabajadores portugueses e italianos. Los grandes contratistas de ingeniería llevan reclutando trabajadores extranjeros baratos y sumisos desde hace años.
Gran Bretaña ha perdido el control de industrias clave y de sus mecanismos de abastecimiento laboral. El conflicto de Lincolnshire es un pequeño síntoma de un gran problema. Gran Bretaña es un país que ya no controla los procesos productivos que crean su riqueza. Hay sectores económicos cruciales entregados a propiedad extranjera que no rinde cuentas a nadie. El gobierno ha abandonado a los trabajadores frente a la explotación, más preocupado por hacer que se ajusten al mercado global que por proteger sus intereses. En los feudos laboristas de clase obrera existe la intensa sensación de haber sido expoliados.
Los mercados laborales de Gran Bretaña y Europa se han centrado en el impulso de flexibilizar. El asumento de los contratos de corta duración, el trabajo por agencias, la subcontratación y el uso de los «autoempleados» ha despojado de derechos a los trabajadores. La fuerza laboral de Gran Bretaña es una de las menos protegidas en ese mercado. El crecimiento del empleo se ha concentrado en trabajos de baja calificación y reducido salario en malas condiciones. El creciente uso de trabajadores temporales y por agencia está extendiendo estas condiciones a otros sectores de la economía.
Pero peor ha sido una serie de decisiones de los tribunales que han desregulado aún más los mercados laborales. En 2003, la compañía finlandesa de transbordadores, Viking Line, colocó su flota bajo otra bandera y dio empleó a tripulaciones procedentes de Estonia, recortando así los costes salariales en un 60%. Su proceder fue respaldado por el Tribunal Europeo de Justicia. En 2004, una empresa letona, Laval, envió trabajadores a obras de la construcción en Suecia. El sindicato sueco de la construcción pidió a la compañía que se ajustara al convenio colectivo existente en el sector, a lo que ésta se negó, actuando según el convenio letón, lo que supone sueldos más reducidos que entraban en competencia a la baja con los de los trabajadores suecos. De nuevo, el tribunal falló a favor de la empresa. Las condiciones y el sueldo de los trabajadores tienen sólo que estar en conformidad con las leyes del país originario de la compañía.
El gobierno británico no ha hecho nada por detener la carrera de la UE hacia el fondo. Sus medidas políticas para el mercado de trabajo tuvieron éxito en los años de prosperidad porque la explotación, el trabajo precario y los niveles salariales explotadores podían compensarse con créditos baratos y ocultarse luego tras los destellos del consumismo. Esos tiempos se han terminado. Con la carestía de los seguros sociales, la principal fuente de seguridad económica de la gente pasó a ser el creciente valor como activo de sus hogares. Esto se acabó. Ya no hay créditos baratos que complementen los salarios congelados o en descenso.
La izquierda debe ofrecer una alternativa real y viable. Tenemos que revocar los años de redistribución de la riqueza de pobres a ricos. Necesitamos una regulación que termine con los bajos salarios, la baja cualificación y el trabajo informal. Unos sindicatos fuertes son la mejor defensa contra la explotación. El trabajo y la calidad de vida pueden mejorarse introduciendo un salario de subsistencia. ¿Y por qué no debatir una renta máxima? Ambas cosas pueden definirse estableciendo un ratio máximo de diferencia entre los mejor y los peor pagados. Necesitamos crear nuevas formas de ciudadanía económica, y poner la economía y el trabajo bajo un mayor control democrático. En eso debería consistir la agenda, no en «empleos británicos para trabajadores británicos».
Jon Cruddas es diputado laborista en los Comunes por Dagenham, un distrito en el este del Gran Londres.
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón