El desarrollo de nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible, puede hacer viable la erradicación de la miseria y el hambre en toda la humanidad, al tiempo que la erradicación del paro y la pobreza, principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Ahora bien, ese objetivo solo será alcanzable desde la perspectiva de fuertes inversiones públicas, a […]
El desarrollo de nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible, puede hacer viable la erradicación de la miseria y el hambre en toda la humanidad, al tiempo que la erradicación del paro y la pobreza, principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Ahora bien, ese objetivo solo será alcanzable desde la perspectiva de fuertes inversiones públicas, a través de empresas públicas, con transparente y democrático control público, que hagan viable dicho objetivo.
Los defensores de la cultura neoliberal, desarrollada en España principalmente en estos últimos 20 años, para justificar la aplicación de las nuevas tecnologías por las empresas privadas, utilizan demagógicamente y de forma maniquea el argumento de que las empresas públicas españolas son ruinosas.
Contra ese argumento falaz y mendaz, hay que decir que no todas las empresas públicas han sido y son deficitarias. Es verdad que durante el franquismo, los dirigentes de las empresas públicas, todos ellos afectos al franquismo, se han lucrado de lo público, porque el franquismo, además de fascista, era un régimen corrupto.
Pero la democracia tiene, o debiera tener, mecanismos de control para impedir y erradicar la corrupción de las empresas públicas, y garantizar su desarrollo conforme a los intereses de la mayoría de la población.
En estos últimos 20 años, los poderes públicos han estado, y están, en manos de políticos que han favorecido la liquidación de las empresas públicas, vendiéndolas a precios irrisorios, beneficiando a sus amigos de turno. El escandaloso caso de Telefónica es un ejemplo elocuente de ello.
Hay países, como Francia, en el que todas las empresas estratégicas, como las industrias energéticas o de transportes, son públicas. Empresas de alto desarrollo tecnológico como la aeronáutica, también son públicas, entre otros muchos ejemplos.
En los países nórdicos también ocurre algo parecido. Hace poco, el Presidente de Noruega, en una entrevista en un semanario español de tirada nacional, reconocía que el alto desarrollo alcanzado en su país, y su elevado nivel de vida, solo había sido posible desde la perspectiva de mantener la titularidad pública de la industria petrolera. Y manifestaba que había consenso de todas las fuerzas políticas de su país para no privatizar nunca dicha industria.
Es moralmente, científicamente y socialmente insostenible el argumento de la inviabilidad de la empresa pública para el desarrollo de las nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible, y menos que esa afirmación proceda de científicos que cobran del erario público, como el catedrático de biología de la Universidad de Las Palmas, Guillermo García Reina, o el científico Gonzalo Piernavieja, del Instituto Tecnológico de Canarias, quienes, en una charla sobre nuevas tecnologías desarrollada en Fuerteventura el pasado 12 de noviembre, afirmaron y redundaron en esa falsedad, lo cual deja bastante en entredicho la sostenibilidad de sus investigaciones científicas.
Sin duda, un deber pendiente de la democracia española, es una ley en defensa del sector público, con un control público democrático de su funcionamiento, rentabilidad y sostenibilidad.
Pero es necesario aclarar qué se entiende por sostenibilidad. Término utilizado hoy incluso por aquellos que han hecho insostenible el mundo actual, fruto de su modelo de crecimiento, que ha primado los intereses privados sobre los intereses públicos, y que ha provocado la hecatombe económica que padecemos.
Cuando se habla de sostenibilidad, hay que entender como tal, un modelo económico solidario, que pueda mantenerse en el tiempo, sin las crisis cíclicas y sistémicas del actual modelo, un modelo que preserve el medio ambiente, y que revierta sus ganancias hacia el conjunto de la sociedad, capaz de generar puestos de trabajo estables, y un modelo económico que acabe con la miseria y el hambre en la humanidad, que como reconoce la FAO, cada 6 segundos muere un niño del tercer mundo de hambre.
Y los científicos e investigadores deben poner sus conocimientos y descubrimientos científicos al servicio de ese nuevo modelo de desarrollo, principalmente cuando esa investigación se desarrolla en universidades públicas, o en institutos públicos de tecnología.
Y ese modelo sostenible solamente será realizable con empresas públicas y con capital público. Los intereses del capital privado y de las empresas privadas son contradictorios con un desarrollo solidario para la mayoría de la sociedad, que preserve el medio ambiente, y acabe con el subdesarrollo y el hambre. En definitiva, el capital privado es, por su propia génesis, contrario a un desarrollo sostenible. La historia más reciente nos lo viene machaconamente demostrando.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.