Las injusticias están dentro del propio sistema francés de seguros sociales gestionados por mutualidades independientes y subvencionadas por impuestos generales
En los meses pasados la prensa internacional anglosajona se preguntaba si Francia esta preparada para tener una presidenta de la República; pero la misoginia aparente aludía más bien al confuso panorama francés. Tras la Universidad de verano del partido socialista en La Rochelle, Ségolène Royal se enfrentará a otros cinco aspirantes a la candidatura socialista a las presidenciales del 2007; y si la consigue competirá con otros tantos por la derecha, el centro y la izquierda. Personalismos que muestran la confusión y la desorientación reinantes. Porque el éxito mediático indiscutible de la presidenta de la Región de Poitu-Charentes, no dice si afrontará la profunda crisis francesa con propuestas de más alcance que cuando insinuó la militarización del problema juvenil, algo que paradójicamente apenas desentonó en medio de la pugna feroz entre el Ministro del Interior Sarkozy, líder formal de la mayoría conservadora y el primer ministro Villepin, con experiencia también en Interior. ¿Habrá algo más que ideas brillantemente expuestas?Para empezar, sobre el problema juvenil. Hace ya meses, como respuesta a las vejaciones sufridas por algunos ancianos, el alcalde de Montfermeil, en los alrededores de Paris, decretaba la prohibición de los menores de permanecer en el centro del pueblo a partir de las seis de la tarde; decisión municipal anulada por los tribunales como era de esperar. Y hace unas cuantas semanas los motines juveniles se han reproducido en esa localidad. Estas podrían ser meras anécdotas si, poco tiempo atrás, no hubiera habido durante semanas las masivas manifestaciones de estudiantes y huelgas sindicales contra la ley que creaba el CPE, el contrato del primer empleo, que finalmente sería derogada pero tras vacilaciones e incertidumbre jurídica creada por el Presidente de la República al pedir a los empresarios que no aplicaran esa ley, aunque la promulgaba. Y un aspecto poco comentado es que dentro de esas manifestaciones juveniles de protesta, a los estudiantes participantes de los primeros días les robaban los móviles y les agredían otros jóvenes que la prensa se apresuró a denominar « casseurs «, rompedores, nueva terminología mediática para designar a quienes dejaban sentir su presencia también destrozando escaparates; una demostración cruda, como en Noviembre pasado, de la frustración y desesperación de los jóvenes de las periferias frente a la exclusión social y la discriminación, culturalmente integrados pero marginados en barriadas donde sus progenitores venidos de las ex colonias obtuvieron los HLM, pisos baratos en altos bloques que en estos años de déficit presupuestario se han ido cubriendo de mugre.La gravedad de la crisis político-social francesa ha producido en los últimos años análisis muy serios que no encuentran siempre el eco debido en el hexágono dada la idiosincrasia gala. Mucho se ha escrito sobre las dificultades presupuestarias francesas, los altos funcionarios que han sustituido a la aristocracia de otros tiempos, o los «excluidos» de todo: los desempleados, los iletrados, los que viven de la asistencia social y los olvidados. Timothy B. Smith, un profesor de la Universidad de Ontario, en un libro muy documentado France in Crisis (Cambridge, 2004) disecciona las contradicciones e injusticias del modelo social vigente en Francia, que se ocultan bajo las frecuentes apelaciones a la solidaridad en las huelgas de los grupos sociales con mayor poder mientras una élite disfruta de la globalización. En su análisis subraya que la principal fuente del desempleo juvenil, de la pobreza y de la creciente desigualdad son las políticas de los últimos gobiernos e incluso el propio sistema de «solidaridad» porque los beneficios van hacia la mitad más rica de la sociedad francesa; entre los que se cuentan funcionarios o hijos, padres o esposas de funcionarios, que en conjunto representan el 57 % de la población adulta. Con datos de los últimos años se demuestra que las injusticias están dentro del propio sistema francés de seguros sociales gestionados por mutualidades independientes y subvencionadas por los impuestos generales bajo la tutela del Ministerio de Trabajo . Así, los 150,000 empleados de la RATP, el Metro y autobuses de Paris, se benefician de una jubilación al cien por cien a los cincuenta y tres años, aunque su mutualidad ha llegado a generar un déficit anual de 2,500 millones de euros. Mientras la retórica de la solidaridad esconde las tremendas injusticias y desigualdades en la segunda mayor economía de la UE; por ejemplo, el número de jóvenes desempleados ha venido oscilando entre el 20 y el 30 % del total.Hace más de diez años, con ocasión de las huelgas del otoño de 1995 contra el Gobierno conservador de Juppé, el conocido sociólogo Alain Touraine trazaba una imagen de mayor alcance sobre la situación al decir que Francia se ha refugiado en el plano cultural, en su pasado; en el plano ideológico, en el republicanismo centralista; y en el plano económico, en el corporativismo ; y de este modo transfiere a la siguiente generación las cargas de su proteccionismo artificioso y la falta de decisiones tras las que se esconde del mundo en que vive. Aquellos que gozan de más protección contribuyen al fracaso de la sociedad francesa para adaptarse, incrementando los riesgos de los menos protegidos. Y en otro articulo muy posterior perfilaba más claramente su análisis reconociendo que existe una ideología influyente que considera la globalización producto de una fuerza natural, que reduce las sociedades a meras economías, las economías a mercados y los mercados a simples flujos financieros a los que debe someterse todo lo demás. Pero asimismo indicaba que la oposición a la globalización en Francia, en particular, la ejercen actores sociales que defienden intereses gremiales ligados al sector público obsoleto mantenido por los contribuyentes sin obtener muchos beneficios.De ahí la paradoja de que significados lideres de la derecha francesa, arropados por la brillante retórica chiraquiana, pretendan asumir algunas propuestas del altermundialismo como coartada frente a la globalización neoliberal con un doble discurso. Porque, junto a sus llamadas en favor de la pobreza de los países del Sur, pretenden ignorar que las grandes multinacionales francesas y los bancos nacionalizados se reparten mercados y el poder financiero mundial y son el cauce principal de las finanzas de mercado bajo la protección del propio Estado; que ha sido precisamente uno de los principales agentes de la llamada financiarización de la economía. Y así tenemos que mientras en Londres se gestiona la deuda del tercer mundo a las entidades privadas, el cártel de los principales acreedores públicos lleva el nombre de Club de Paris, donde se reúnen varias veces al año para escalonar la deuda de los países pobres y gestionar el cobro de los intereses, bajo el presidente, el copresidente y el vicepresidente que son altos funcionarios de la Dirección del Tesoro francés.Del lado de acá de Los Pirineos pasan bastante desapercibidas algunas otras paradojas francesas significativas. Por ejemplo, mientras la grandilocuencia francesa en la Convención impuso la denominación de Constitución para el proyecto de Tratado europeo con una estructura decisoria supraestatal más racional que la de Niza, el resultado negativo del referéndum francés aglutinó a la extrema derecha y los soberanistas que defienden un republicanismo centralista que niega la autonomía de Córcega junto a parte de la izquierda antiliberal. Otro ejemplo es la defensa a ultranza de su agricultura industrializada que solo da empleo a un cuatro por ciento de su población, pero que se nutre de subvenciones comunitarias europeas – como las fincas sevillanas de la Duquesa de Alba – para realizar exportaciones «muy competitivas» frente a la agricultura africana y latinoamericana, que es la única base de sustento de pueblos empobrecidos. Y luego, la Asamblea Nacional francesa aprueba un impuesto sobre los billetes de vuelos transnacionales para recaudar los necesarios fondos para ayudar a los países del Sur, pero con una medida que de ninguna manera lleva al control de los movimientos financieros especulativos que es lo que pretende controlar la llamada tasa Tobin.Finalmente, el gobierno Jospin impulsó el proyecto de la OCDE contra los paraísos fiscales e incluso en esa etapa una misión parlamentaria visitó e investigo Liechtenstein, Mónaco y otros centros offshore europeos, publicando un extenso Informe sobre esas facilidades del blanqueo de capitales y la corrupción; una investigación que ignoró la siguiente mayoría parlamentaria, suscribiendo en 2002 un nuevo tratado de amistad y cooperación con Mónaco con quien Francia forma una « comunidad de destino «, asegurando la tributación de los franceses residentes en el Principado pero manteniendo las posibilidades para la evasión fiscal de las grandes fortunas particulares de los socios europeos. Frente a tantas paradojas, resulta comprensible que susciten tanto interés mediático las ideas provocadoras de la ex ministra de Jospin, Ségolène Royal.-