Recientes hechos acaecidos en Ecuador y Bolivia ofrecen una respuesta fehaciente de lo peligroso que puede resultar para la preservación de la soberanía de las naciones latinoamericanas la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La decisión de Ecuador de declarar la caducidad del contrato con la compañía estadounidense Occidental Petroleum (OXY) […]
Recientes hechos acaecidos en Ecuador y Bolivia ofrecen una respuesta fehaciente de lo peligroso que puede resultar para la preservación de la soberanía de las naciones latinoamericanas la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La decisión de Ecuador de declarar la caducidad del contrato con la compañía estadounidense Occidental Petroleum (OXY) motivó exaltadas declaraciones y amenazas por parte de Washington y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El subsecretario norteamericano de Estado, Charles Shapiro, quien visitó la nación andina consideró como una confiscación la conclusión del contrato con la transnacional norteamericana y dijo que violaba la legislación ecuatoriana a la par que desde Washington se anunciaba, como represalia, la no reanudación de las negociaciones del TLC que desde hace dos años convenian ambos países.
El secretario de Prensa del Palacio de Carondelet (casa de Gobierno), Enrique Proaño, calificó la víspera de injustas y sin fundamento las declaraciones y añadió que su gobierno actuó apegado a la ley y en forma soberana.
Y Proaño dijo una frase que debe servir a muchos para que comprendan hasta dónde se puede llegar con la firma indiscriminada de esos convenios neoliberales y de libre comercio. «Desconocíamos, puntualizó, que el TLC era un instrumento que le conviene a Estados Unidos para presionar a los estados en vías de desarrollo.»
Pero no fue solo el gobierno estadounidense quien fustigó la soberana decisión ecuatoriana, sino también los acaudalados líderes de las Cámaras de Industria y de Comercio que anunciaron la suspensión de todo contacto con el presidente del país, Alfredo Palacio, por enterrar el TLC.
Esos empresarios han estado presionando al gobierno, desde hace dos años, para que se concluya el TLC que ha provocado la repulsa generalizada de los sectores más desfavorecidos pues entienden que va en detrimento de la soberanía y los intereses de los campesinos, indígenas, la mediana y pequeña empresas.
Estados Unidos, que forzaba a Quito a firmar con premura el TLC, anunció que eliminará dentro de 50 días el Tratado de Preferencias Arancelarias con Ecuador con lo cual afectará la economía del país andino.
Quito juzgó como un chantaje las represalias comerciales de Washington, y el director de la empresa estatal Petroecuador, la contraparte de Oxy, Fernando González señaló que ellos pueden explotar el yacimiento petrolífero y que no temen a las demandas internacionales ni a arbitrajes.
La Oxy produce cerca del 20% del crudo nacional (100 000 barriles diarios) y fue cesado su contrato por transferir en el 2000 el 40% de sus acciones en el Bloque 15 a la petrolera Encana, sin el consentimiento del Estado.
Como Ecuador aún no ha firmado el TLC, las querellas pueden tener lugar en tribunales nacionales. El Tratado de Libre Comercio ofrece en sus cláusulas prerrogativas a las empresas transnacionales para dirimir los contendidos en tribunales internacionales donde los países afectados no podrían competir por el alto costo de los mismos.
La Oxy recurrió al Centro Internacional de Disputas de Inversión del Banco Mundial para que Ecuador le restituya el yacimiento (Bloque 15) y le pague una compensación por 1 000 millones de dólares. Si Quito hubiera concluido el TLC con Washington, esa demanda significaría su bancarrota.
Por su parte, Bolivia ha tenido dos experiencias. La más reciente fue cuando el primero de mayo de este año, el presidente Evo Morales tomó la soberana decisión de nacionalizar los hidrocarburos y el FMI por intermedio de su vocero, Mahsood Ahmed, dijo que la medida tendrá consecuencias económicas de largo alcance, desalentaría la inversión extranjera y reclamó compensaciones.
Posiciones similares han asumido Estados Unidos y España porque a partir de la nacionalización no podrán continuar extrayendo las riquezas petrolíferas del subsuelo Boliviano a bajísimos precios mientras el pueblo de esa nación andina padece una de las mayores pobrezas de Latinoamérica.
Estados Unidos ha anunciado que castigará a La Paz por la osadía de recuperar sus riquezas naturales y hasta amenaza con cortar algunos programas que mantenía en esa nación. Morales ha reiterado que otros países están dispuesto a ayudar a Bolivia con más profusión y abundancia que Washington y sin mediar imposición alguna.
La otra desagradable experiencia comenzó en 1998 cuando el Banco Mundial, El FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo obligaron al gobierno a privatizar los servicios de agua y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba para que el país pudiera renegociar la deuda externa que tenía con esos organismos internacionales.
Aguas de Tunari, subsidiaria de la corporación norteamericana Bechtel, fue la que obtuvo la licitación e inmediatamente subió el precio por el servicio del agua y a los pocos meses toda la ciudad realizó una huelga general que fue reprimida por los militares con el saldo de dos muertos y una veintena de heridos.
Las presiones de las masas obligaron al gobierno a cancelar el contrato a Aguas de Tunari que salió del país en abril de 2000, pero la Bechtel emprendió contra Bolivia una demanda internacional en febrero de 2002 por un valor de 25 millones de dólares a pesar que su inversión fue 50 veces menor. Esa suma representa para esa nación andina el sueldo anual de 3 000 médicos en el área rural.
Bolivia no cedió ante la demanda porque aún no había firmado el TLC que establece en el Capítulo de Inversiones que «un inversor de otro país miembro del Tratado puede demandar a otra nación ante un panel de arbitraje internacional si considera que sus derechos están siendo afectados.
Los TLC tienen muchas prebendas a favor de las empresas transnacionales y del capital privado extranjero y por tanto son un verdadero peligro para cualquier nación del llamado Tercer Mundo. Estos casos ocurridos en Ecuador y Bolivia son solo dos pequeños ejemplos