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Las políticas de igualdad de Zapatero

Fuentes: Rebelión

Hablan las estadísticas de que el salario medio de los españoles ronda los 1500 euros al mes. De todos es sabido sin embargo que una media más realista sería la que marca el llamado «mileurismo», es decir, 1000 euros al mes. Aun así no se nos debe escapar la nada desdeñable cantidad de trabajadores cuyo […]

Hablan las estadísticas de que el salario medio de los españoles ronda los 1500 euros al mes. De todos es sabido sin embargo que una media más realista sería la que marca el llamado «mileurismo», es decir, 1000 euros al mes. Aun así no se nos debe escapar la nada desdeñable cantidad de trabajadores cuyo sueldo ronda los 800 o 900 euros mensuales, trabajadores de empresas privadas grandes y pequeñas: telecomunicaciones y telemárqueting, comercio de todo tipo, empresas que gestionan las contratas de servicios públicos privatizados (aguas, obras, parques y jardines, etc.), empresas de servicios de todo tipo, etc. Aún por debajo de éstos se encuentran alrededor de UN MILLLÓN de inmigrantes «con papeles», trabajadores del campo, de los servicios domésticos, etc; que ni siquiera alcanzan esa cantidad. Esto es a grandes rasgos lo que hay por debajo, pero eso no es todo, también los hay por arriba. Existe un número importante de  trabajadores que ronda los 2000 o los 3000 euros al mes, y de ahí hacia arriba hasta llegar al MILLÓN de euros y en algunos casos más, que de media vienen a cobrar los miembros ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas. Para finalizar, los futbolistas y otros deportistas de élite (conductores de vehículos a motor incluidos sea o no deporte lo que realmente hacen) que perfectamente pueden cobrar dos o tres MILLONES DE EUROS AL MES. Pues bien, para que nadie diga que el gobierno del PSOE de Zapatero no hace políticas de igualdad, hace algún tiempo decidió considerar a todos los españoles iguales a la hora de repartir ayudas económicas; de esta manera el conjunto de los ciudadanos-as españoles pasaba a ser IGUALES independientemente de su raza, religión y credo, y de su situación económica. Es decir, da igual el dinero que cada uno gane, porque a la hora de repartir ayudas daremos a todo el mundo lo mismo. ¿Insólito? Pues real, porque así es como se hizo, si bien en algunos casos la realidad supera a la ficción, porque se acaba dando más a quien más tiene, y nada a quien menos tiene. Inaudito…pero real.

* El cheque bebé. Para ayudar al gasto que supone para las familias la crianza de los hijos, y así de paso no desanimar a que sigan naciendo, se establece una ayuda de 2500 euros por nacimiento para todos por igual. Es decir, lo mismo para la familia inmigrante que con su sueldo no tiene ni para pañales,  que para los hijos y nietos de las familias Botín, del Pino o Amancio Ortega por citar algún ejemplo, con fortunas que oscilan entre los 2000 y los 10.000 MILLONES DE EUROS (BILLÓN Y MEDIO de pesetas) cada uno, según los casos. Es evidente que hay familias que necesitarán una ayuda no de 2.500 sino de 5.000 euros, si quieren sacar adelante y con tranquilidad a sus hijos pero, no podrán obtenerla sencillamente porque, los otros 2.500 ya se los dieron a una familia que en absoluto los necesitaba, y que seguro que se mueren de risa por recibir para pañales lo que se gastan en puros, en zapatos o en chanel, día sí y día también. ¿Inaudito? No, real.

* Ayudas al alquiler y a la compra de vivienda o la perversión llevada a su grado máximo. De nuestros impuestos nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes nos están robando todos los días. En los últimos años y merced a las políticas urbanísticas generadas y la falta de control por parte de las administraciones públicas, los precios de viviendas para compra y alquiler se han disparado hasta límites terribles e insultantes. Constructores y arrendadores se han forrado literalmente especulando con los precios de la vivienda ante la mirada impasiva o cómplice y colaboradora de nuestros gobernantes. La vivienda, que es un derecho reconocido en la Constitución y por tanto debiera ser un bien de uso, se ha convertido en un bien de intercambio con el que especular hasta límites insospechados. En países como Cuba la vivienda es un bien protegido que pertenece a sus dueños en calidad de usufructuarios de la misma. Es decir, la vivienda la proporciona el Estado a las familias  de manera que, pasa a ser una propiedad familiar que se hereda de padres a hijos con la limitación de no poder venderla a terceros. De esta manera se evita la  posibilidad de especular con su precio, y por lo tanto se convierte en un bien de uso y no en una mercancía de intercambio. Dentro del sistema capitalista y las leyes del mercado, se ha desprotegido el derecho a la vivienda y su valor como bien de uso, transformándolo en una mercancía de intercambio con la que especular a marchas forzadas. Pues bien, llegado un punto de inflexión en el que constructores y arrendadores han ganado más de lo que nunca hubieran podido imaginar, y miles de familias de trabajadores no pueden pagar el coste de sus viviendas ante los precios abusivos de éstas y por ende de hipotecas y alquileres, el gobierno decide poner manos en el asunto, y en lugar de cortar por lo sano y establecer un sistema de precios tasados para la vivienda protegiéndola como el bien de uso que debiera ser, no interviene en la política especuladora de precios y decide dar un dinero a las familias para que puedan seguir pagando las abusivas hipotecas y alquileres. Sobre todo los alquileres, con ayudas directas que oscilan entre los 100 y 200 euros al mes. De las hipotecas ya se encargan los propios bancos ampliando los plazos para que los hijos de los hipotecados no hereden dentro de 50 años la casa sola, sino con su respectiva hipoteca pendiente de pago, todo ello bajo la protección  económica del gobierno que decide ante la «crítica» situación de los bancos debido a la morosidad de sus clientes, inyectar dinero público a bajo interés en el sistema financiero con el fin de que éstos no pierdan su tasa de ganancia. Resultado final, pues que con el dinero recaudado con nuestros propios impuestos, nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes desde años nos están estafando, y así nos permitan seguir viviendo. O sea que, en lugar de recortar sus disparatados beneficios obtenidos a nuestra costa, el gobierno nos da un poquito de dinero recaudado entre todos, para que se lo sigamos entregando a los especuladores. ¿Inaudito? No, cierto. Pero…..¿quién gobierna, el gobierno …o especuladores y bancos? Por cierto, muchos arrendadores no tardaron en subir el precio de los alquileres para así repartirse el dinero del gobierno con sus inquilinos. 100 para ti y otros cien para mí, como así ha sido denunciado por muchos inquilinos ante las oficinas del consumidor.

* La ayuda económica para el consumo y para todas las familias….menos para las que más lo necesitan. Hace unos meses y ante la crisis que ya se empezaba a vislumbrar, el gobierno decide que había que fomentar el consumo interno para reactivar la economía. Claro, en el sistema capitalista cuando se habla de reactivar la economía, se refiere a que no dejen de ganar los que siempre ganan,  por lo tanto una crisis  económica no se resuelve con medidas de ahorro y austeridad sino con medidas que favorezcan consumir más. Por lo tanto deciden otorgar a las familias una cantidad de dinero estipulada en 400 euros de media, con el fin de que éstas puedan seguir gastando y así mantener el consumo. Éste dinero se ofrece vía deducción directa del IRPF para la declaración del próximo año, y en el año en curso mediante un ingreso extra en el mes de Julio y una pequeña parte en los sucesivos meses hasta alcanzar el total. En definitiva, una  devolución de la declaración de la renta. Claro, hacienda sólo devuelve dinero a los contribuyentes que previamente han pagado vía retenciones. Aunque la política fiscal es cada vez menos progresiva y redistributiva, pero al menos en las formas todavía se mantiene el sistema de que se retiene más a quien más gana y se retiene menos o nada a quien menos gana. Por la misma cuestión, se devuelve a quien previamente se le ha retenido, es decir a quien gana y tiene; y no se devuelve nada a quien previamente no se le ha retenido, es decir a quien gana poco o no gana y por lo tanto no tiene. Qué sucede entonces. Pues que muy probablemente una cantidad de hasta cinco millones de personas (pensionistas y desempleados principalmente) no han recibido ni recibirán ni un duro de esta ayuda ya que, ganan poco y por lo tanto no tienen retenciones de hacienda. Es decir, se ofrece una pequeña ayuda económica para fomentar el consumo a quienes ya de por sí pueden consumir, y no recibirán ni un duro para aumentar su consumo quienes ya de por sí tienen un nivel exiguo de consumo dada su precaria situación económica. ¿Inaudito? No, real.

* El impuesto del patrimonio. Desde hace algunos años las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, han ido suprimiendo el impuesto del Patrimonio que grava con impuestos a las rentas más altas. Y lo han ido haciendo debido a que este impuesto ha sido descentralizado y lo gestionan directamente las comunidades autónomas. En la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, Zapatero se comprometió si ganaba, a eliminarlo por decreto de todo el país. La excusa de Zapatero fue que dicho impuesto acaba recayendo en las clases medias, ya que los ricos siempre tienen sus triquiñuelas y se las ingenian para no pagar. Y no le falta razón en parte ya que, el número de declarantes del patrimonio del último año, que declaraban más de 10 millones de euros ha sido de solo 727, mientras los datos del Ministerio de Hacienda detallan la existencia de 3.299 personas con dicho patrimonio. El fraude es más que evidente entre los que más tienen, pero suprimir este impuesto debido al alto fraude existente, es como dice Juan Torres López en su página web, como suprimir el código de la circulación dada la gran cantidad de infractores sin castigo que existen. Por esta misma lógica y teniendo en cuenta la cantidad de gente que todos los días falta al trabajo alegando causas médicas inexistentes, suprimamos también el trabajo para no acarrear el resto con la carga de laboral de los defraudadores. Lo que se  debe hacer desde un gobierno decente es implementar medidas eficaces contra el fraude fiscal, en especial dentro de las clases económicamente privilegiadas, y no reirse en nuestras caras con argumentos tan simples. Además tampoco es cierto que dicho impuesto recaiga sobre las clases medias principalmente. A pesar de la gran cantidad de defraudadores entre los más ricos, todavía siguen siendo estos quienes más aportan a través de este impuesto. Es cierto que hay más cantidad de declarantes con patrimonios medianos, pero en cómputo global aportan menos cantidad de dinero que los declarantes de patrimonios altos a pesar de ser menos. En concreto los declarantes con mayor patrimonio aportan 1.323 veces más dinero que los declarantes de menor patrimonio, según datos de Juan Torres López. Esa misma cantidad es la que ahora los ricos de este país se ahorrarán con la supresión del impuesto. Todo esto se puede visualizar gráficamente en la memoria de la Administración Tributaria que se publica todos los años, y mejor explicado y con más datos en la web de «altereconomía» y la propia página de Juan Torres López. Una nueva política de «igualdad» para que los que más tienen paguen menos. ¿Increíble? Pero cierto.

España comienza a ser junto a EEUU uno de losa países con mayores desigualdades económicas entre su ciudadanos. Los tipos marginales de la parte alta de la escala de gravamen de la declaración del IRPF, es decir, el que se aplica a las rentas económicas más altas, han ido descendiendo vertiginosamente en los últimos años. Ni siquiera el PP de Aznar consiguió rebajarlos tanto como lo está haciendo el gobierno de Zapatero, llevando con ello a que la carga fiscal en España sea soportada cada vez en mayor medida por los trabajadores asalariados, en beneficio de las personas con rentas más altas. Para compensar esa falta de igualdad, nuestro país ha pasado a ser el segundo (sólo superado por EEUU) del conjunto de los países desarrollados, con mayor gasto en seguridad y policía. Un 2’1% del PIB en tanto un 2’2% por parte de EEUU (datos de Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas (UPF) en El Periódico). Esta es una  característica propia de los países con mayores desigualdades. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que gastan menos en policía y seguridad y tienen menos desigualdades. Zapatero creó el Ministerio de Igualdad pero….éstas y no otras son las verdaderas políticas de «igualdad» de nuestro gobierno.