El impacto de la pandemia del coronavirus en el deterioro de la calidad de vida y bienestar de las poblaciones (y, muy en particular, de las clases populares), así como la respuesta de los Estados para intentar contenerla están afectando todas las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales de cada uno de los países impactados por este fenómeno. Poca gente podría haber imaginado hace solo cuatro meses que, hoy, casi una tercera parte de la población mundial estaría viviendo en condiciones de confinamiento, incluidas las tres cuartas partes de la población que viven en el mundo capitalista desarrollado. Y lo que es también extraordinario es que, como consecuencia de la pandemia y de las medidas tomadas contra ella, la economía mundial está sufriendo una crisis sin precedentes.
Como resultado de todo ello, es más que probable que la cultura económica del mundo post-pandemia sea diferente a la del mundo actual. Y uno de los cambios será (ya lo está siendo ahora) el gran descrédito de los dogmas que han orientado el pensamiento económico dominante en la época pre-pandemia –el neoliberalismo–, y cuya aplicación a través de la imposición de las políticas públicas (derivadas de tal dogma) está causando tanto sufrimiento. Dicho dogma (que continúa siendo dominante en los establishments político-mediáticos de la Unión Europea) ha mantenido la tesis de que el éxito de la actividad económica tenía que basarse en la austeridad del gasto público social, conseguida a base de recortes que han dejado a los países afectados por la pandemia sin los medios necesarios –como por ejemplo sanitarios y de servicios sociales– para protegerse frente a ella. No es sorprendente que, en general, aquellos países donde tales políticas neoliberales se han aplicado con mayor dureza sean hoy también los países donde el daño causado por la pandemia está siendo mayor (ver mi artículo «Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual», Público, 17.03.20). España, Italia y EEUU son claros ejemplos de ello. Son los países que tienen mayores índices de mortalidad debido a la pandemia hoy en el mundo, resultado en gran parte del debilitamiento de sus sectores sanitarios y sociales (así como otros esenciales), consecuencia del empobrecimiento del sector público y de la expansión del privado como resultado de las políticas de recortes del gasto público social llevadas a cabo por gobiernos conservadores, liberales y socioliberales. Es en estos tres países del mundo occidental donde está habiendo más muertes por coronavirus (en parte, debido a la gran escasez de respiradores) y donde hay un porcentaje mayor de profesionales y trabajadores del sector sanitario que han sido contagiados por el coronavirus, resultado de la escasez de material protector. Los datos hablan por sí mismos. Según datos de la Global Health Expenditure Database (de la Organización Mundial de la Salud), entre 2009 y 2017 el gasto público sanitario gubernamental como porcentaje del PIB descendió en España de un 6,4% a un 5,9%, y en Italia de un 7% a un 6,5%, mientras que en EEUU –punto de inspiración del modelo neoliberal– apenas creció de un 4,2% a un 4,5%, con una cobertura sanitaria muy limitada, con casi 30 millones de estadounidenses sin protección sanitaria; por otro lado, según datos de la OCDE, entre 2008 y 2016 España redujo sus camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes de 3,2 a 2,97, Italia de 3,79 a 3,17 y los Estados Unidos de 3,13 a 2,77. Aquí en Catalunya, los recortes del gasto público sanitario fueron de los más acentuados en España y en la UE-15. Se recortaron 1.500 millones de euros, y se eliminaron 1.100 camas hospitalarias, reducciones que han afectado muy en particular a las clases populares, todo ello mientras se reducían los impuestos de sucesiones y de patrimonio para las clases de renta superior. Los recortes más acentuados fueron los realizados por el gobierno de Convergència (partido neoliberal), hoy JxCat, siendo presidente de la Generalitat de Catalunya el Sr. Artur Mas y Consejero de Sanidad el Sr. Boi Ruiz, presidente de la Patronal Sanitaria privada, cuyas primeras declaraciones como máxima autoridad de la sanidad pública catalana fueron animar a la población a que contratara un seguro de sanidad privado. Toda esta realidad quedó ocultada por el llamado «procés» independentista, dirigido por tal partido, cuyo apoyo procede mayoritariamente de las clases de renta superior y media superior.
El neoliberalismo mata
Repito, la evidencia de que los países en el Atlántico Norte que han sufrido más debido a la pandemia son aquellos que han aplicado con mayor severidad las políticas de austeridad, así como reformas laborales regresivas, tales como los tres citados (ver mi artículo en Público «Lo que se está ocultando en el debate sobre la pandemia«, 24.03.20) es abrumadora.
La respuesta de dichos países a la pandemia ha sido intentar cubrir las enormes deficiencias de sus sistema público sanitario a base de comprar material para curar a los enfermos y para proteger a los profesionales del sector, pues es en estos países donde hay mayor demanda para que se obtengan dichos materiales, pero esta alternativa está resultando ser, como era previsible, insuficiente, incluso para alcanzar los objetivos limitados definidos por sus gobiernos, importantes (como conseguir mascarillas para todos los profesionales y trabajadores de los sectores esenciales), pero, repito, insuficientes, pues la medida correcta sería conseguir mascarillas para toda la población. La OMS, por fin, ha admitido que los países que han tenido más éxito para controlar la pandemia han sido aquellos, como Corea del Sur, donde las mascarillas fueron utilizadas por toda la población (así como los guantes) a fin de protegerse del contagio.
Es urgente cambiar el tipo de producción económica en el país
La primera respuesta de estos países a tales déficits ha sido, pues, intentar resolver la demanda por la vía mercantil, es decir, comprar los materiales en el mercado internacional, donde estamos viendo que hay una gran saturación provocada por una carencia global de tales productos, motivo por el cual sus precios se han disparado, alcanzando cifras astronómicas. Y como un signo del deterioro de tal mercado, se han establecido malas prácticas de todo tipo, incluyendo la devolución masiva de productos defectuosos ya adquiridos, tales como mascarillas (hecho que ha ocurrido con autoridades públicas en EEUU, España, Italia, Países Bajos y otros países importadores de dichos productos), provenientes en su mayoría de fábricas (muchas de ellas, ilegales) en China. Y, para complicar más las cosas, dentro de los mismos países importadores, varias autoridades a distintos niveles (sean CCAA en España, regiones en Italia o Estados en EEUU) han estado compitiendo entre ellas para conseguir cuanto antes estos materiales tan necesarios, competición que ha ido en contra de los intereses de los compradores y a favor de los intereses de los proveedores.
La enorme insuficiencia de este mecanismo mercantil está creando una protesta popular muy extendida, exigiendo a los Estados que cambien sus prioridades y resuelvan esta escasez de otras maneras. Ello explica la creciente presión para que haya una transformación profunda del sistema productivo industrial, dando prioridad al bien común sobre cualquier otra consideración, exigencia que puede tener un impacto enorme en el orden político y económico de estos países. Existe ya una creciente demanda popular (que se refleja en el aplauso diario de las 8 de la tarde en honor de los profesionales y trabajadores sanitarios de todos estos países –EEUU, España e Italia– que están arriesgando sus vidas para salvar las vidas de los enfermos de coronavirus) para exigir a las autoridades públicas que antepongan el bien común a todo lo demás, haciendo lo posible e imposible para obtener tales materiales. Así, estamos viendo ya cómo en Italia, bajo la presión popular, hay cambios en las políticas públicas exigiendo, por ejemplo, a industrias textiles del país que sustituyan la fabricación de vestidos de alta costura (destinados a la población de renta superior) por la producción de mascarillas, batas y otras prendas que se necesitan urgentemente entre los trabajadores y profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, así como de otros servicios esenciales. Y en EEUU, bajo los poderes del Estado federal, la industria automovilística (y, muy en especial, General Motors) está sustituyendo la producción de coches por la producción de ventiladores, que pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte para los enfermos graves de coronavirus en aquel país.
Ha sido la presión popular canalizada entre otros por el gobernador del Estado de Nueva York (el estado con más afectados de EEUU), Andrew Cuomo, lo que ha forzado al presidente Trump a utilizar la Ley de Alarma General para forzar a la industria manufacturera, incluyendo la automovilística, a producir dichos respiradores. El presidente Trump, representante de la ultraderecha neoliberal y el más acérrimo enemigo del Estado federal, se ha visto forzado a tomar esas decisiones debido, como digo, a la presión popular, unas medidas a las que se había opuesto en un principio argumentando, predeciblemente, que dicha intervención estatal transformaría EEUU en un país como Cuba o Venezuela, argumentos que se volvieron en su contra cuando el gobernador de Nueva York le respondió que el tema a discutir no era «intervención del estado federal sí o no», sino el «objetivo de tal intervención», pues EEUU es el país con mayor intervención federal en el desarrollo económico del país, intervención que se realiza a través del enorme gasto militar, incrementado todavía más por el presidente Trump, el cual ha utilizado la máxima ley de alarma en múltiples ocasiones para forzar al sector industrial a que produzca primordialmente para responder a las necesidades del establishment militar. Con el argumento de que el gobierno federal no debía intervenir para forzar al sector industrial a producir productos que prevendrían la muerte de ciudadanos, Trump mostraba de una manera clara su visión de lo que más le importa. Como lo acusó Cuomo, prefería más proteger los intereses del establishment militar y las grandes empresas de defensa que los intereses de la ciudadanía. La creciente popularidad de un movimiento social que se está expandiendo rápidamente en el país ha forzado a Trump a cambiar su estrategia, favoreciendo el intervencionismo federal en el sector industrial con finalidades sociales. Sería deseable que algo semejante ocurriera en España.
La importancia del bien común sobre el particular
Todos estos hechos muestran cómo, gracias a la presión popular, los Estados están tomando mayor protagonismo, interviniendo activamente en la reconversión industrial, anteponiendo el bien común a cualquier interés particular minoritario. Esta petición se está extendiendo a otros sectores, expresando un gran hartazgo popular contra las políticas neoliberales y los intereses económicos y financieros que las han promovido, y también contra los economistas a su servicio y su excesiva influencia sobre el Estado y sobre los medios de información y comunicación. Es por esta razón que el intento, en España, de aprovechar el enorme sufrimiento ciudadano para intentar desgastar al gobierno de coalición de izquierdas que están haciendo los partidos conservadores (como el PP en España) o neoliberales (como Vox, Ciudadanos o JxCat), presentándose como los grandes defensores de la ciudadanía frente al gobierno, acusándolo de incompetente, es de un cinismo extremo, pues fueron ellos –y sus políticas de austeridad- los que causaron la indefensión de la población, debilitando los servicios públicos. La rebaja de impuestos a las rentas superiores, la privatización de los servicios públicos y los recortes del gasto público sanitario y social son los que causaron el exceso de mortalidad (mucho mayor que en otros países). Estos partidos políticos han sido responsables de la situación extrema a la que se ha llegado en este país. El gobierno de coalición ha abierto un nuevo capítulo de esperanza. Pero se requieren pasos más radicales, pues la tragedia es enorme. Y es ahí donde se debería redefinir la relación entre lo público y lo privado para priorizar lo primero sobre lo segundo, a fin de conseguir el bien común por encima de cualquier otra consideración. El gobierno de coalición ha estado tomando medidas de gran importancia, que se irán extendiendo como resultado de la presión popular, que siempre verá lo público y no lo privado como la mejor garantía para su salud, calidad de vida y bienestar. El orden económico actual, que prioriza lo privado sobre lo público, ha perdido toda la credibilidad, pues comparte la responsabilidad de que haya una mortalidad tan alta en este país. Así de claro.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales. http://www.vnavarro.org/