Las movilizaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público convocadas por el Movimento Passe Livre (MPL) han dejado atónito a Brasil. Su masividad sorprendió no solo a la prensa y al mundo político, sino también a sus propios organizadores. Desde hace 20 años que no se presenciaban manifestaciones de esa intensidad en ese […]
Las movilizaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público convocadas por el Movimento Passe Livre (MPL) han dejado atónito a Brasil. Su masividad sorprendió no solo a la prensa y al mundo político, sino también a sus propios organizadores. Desde hace 20 años que no se presenciaban manifestaciones de esa intensidad en ese país: el último evento similar tuvo lugar en 1992 y terminó con la caída del Presidente Fernando Collor. Y si bien ya se consiguió la revocación del alza en los principales Estados de la Federación, lo que sigue asombrando es la enorme rapidez con que ha ido cambiando el carácter de las movilizaciones. Y ello ciertamente siembra incertidumbre respecto a cómo culminarán.
Inicialmente las movilizaciones fueron recibidas como usualmente se hace en Brasil: la policía las reprimió fuertemente, los grandes medios de comunicación las condenaron como vandalismo y como rebeldía sin causa, las autoridades públicas hicieron eco de la prensa y el sistema político finalmente se clausuró frente a las demandas sociales. Sin embargo, la acumulación de una serie de descontentos creó un clima propicio para la ampliación del impacto de las reivindicaciones del MPL.
Las ciudades brasileñas poseen enormes desigualdades urbanas, las que fueron agudizadas tras la adjudicación de la organización de los mega-eventos deportivos. Según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), ligado al gobierno, en 2010, cerca de 37 millones de brasileños no tenían condiciones económicas para usar cualquier forma de transporte público. Las principales ciudades brasileñas poseen además una de las tarifas más altas del continente y con servicios pésimamente evaluados. En São Paulo, una persona puede llegar a perder un día de la semana sólo en transporte, por lo que muchos trabajadores prefieren dormir en sus lugares de trabajo e incluso en la calle para evitar el costo de usar el transporte público.
Por otra parte, las obras ligadas a los mega-eventos en vez de revertir esta situación las han potenciado. Pese a que se ha gastado más dinero que en cualquier otra Copa del Mundo, los gastos no se han orientado a la satisfacción de demandas sociales, prevaleciendo intereses privados de dudosa vocación pública. El caso más emblemático es el del Maracaná. Buena parte de las principales inversiones se han destinados a los sectores de las ciudades con mejor calidad de servicios, dejando a las tramas urbanas más precarias en un abandono evidente. A ello se suman las denuncias de corrupción, facturamiento abultado y daño sistemático a las arcas públicas. Paralelamente, en materia de transporte se han privilegiado las alternativas que fomentan el transporte privado (automóviles).
En otro frente, en vez de contener las movilizaciones, el desproporcionado uso de la violencia por parte de la policía militarizada brasileña no ha hecho más que amplificar el descontento. Los grandes medios de comunicación, por su parte, llamaron sistemáticamente a aumentar la fuerza represiva de la policía. La policía exageró a tal punto esta orden que convirtió a la propia prensa en uno de sus blancos de represión. Como consecuencia, 8 periodistas resultaron heridos (algunos adscritos a los mismos medios que abogaban por un mayor uso de la fuerza) y otros tantos terminaron detenidos por grabar las acciones policiales, haciendo así inviable una cobertura que condenase los excesos policiales.
¿Cómo se explica la existencia de movilizaciones de tal magnitud en una democracia cuya presidenta muestra altos índices de popularidad (55%)? Para los analistas ha resultado inevitable la comparación con la reciente ola de indignación global y más específicamente con las primaveras árabes; no obstante, todos han coincidido en distinguir el caso brasileño de los contextos autoritarios en los que tuvieron lugar dichas manifestaciones. En este punto, nuevamente se debe considerar la variable mega-eventos deportivos. La realización de los mismos, por lo menos en los países de la semi-periferia como Brasil, han significado un paréntesis, una interrupción de importantes garantías democráticas para salvaguardar los intereses ligados a los organizadores de los mismos (FIFA, Comité Olímpico) y sus socios comerciales. La democracia, un antecedente fundamental para la adjudicación de la Copa del Mundo o de las Olimpiadas, pasa después a ser vista como un obstáculo para sus organizadores, sea porque limita el traspaso de fondos desde el sector público al mundo privado o porque las garantías de libertad de expresión pueden significar protestas contra los propios mega-eventos. En parte eso explica el hecho que la Policía Militar haya actuado con una desproporción que normalmente solo emplea en la periferia contra las clases bajas.
Lo cierto es que no hay forma que este fenómeno no salpique al gobierno Federal y a la popularidad de la Presidenta Rousseff. Conscientes de eso, los grandes medios de comunicación -el principal foco de oposición al gobierno frente al declive de los partidos de derecha- han visto en las movilizaciones una gran oportunidad de imponer una agenda conservadora y anti-gubernamental que hasta ahora se había mostrado ineficaz para conquistar a la población. La prensa ha buscado así domesticar las movilizaciones, visibilizando selectivamente las demandas que coinciden con su propia agenda: la bandera anti-corrupción (que en la práctica toma la forma de la corrupción practicada por el PT) y contra la inflación.
De este modo, con el apoyo de dichos medios se han incorporado a las movilizaciones, de manera creciente, sectores conservadores y nacionalistas que dirigen sus ataques principalmente contra el gobierno, contra los partidos (de izquierda) y contra dirigentes sindicales. El problema es que los márgenes de respuesta se muestran estrechos: los partidos a la izquierda de la coalición de gobierno, que han acompañado las movilizaciones desde un principio, son demasiado pequeños como para contrarrestar este intento de hegemonización conservadora y los grandes partidos de izquierda (PT, PCdoB) aún pagan el costo de incorporarse tardíamente al movimiento que inicialmente fue condenado por su gobierno.
La descaracterización de las movilizaciones aún no se ha completado. La irrupción de la agenda conservadora es un intento que muestra potencialidades de expansión, pues se ha mostrado fácilmente digerible entre aquellos movilizados que por primera vez salen a la calle y, por lo mismo, carecen de una formación política adecuada que oriente de manera correcta su descontento. Al mismo tiempo, la visibilidad que los grandes medios le otorgan a estos sectores amenaza con aumentar su fuerza. Si bien el MPL ha respondido acertadamente reafirmando su agenda en torno al transporte público y declarándose apartidaria, pero contra el «anti-partidismo», su intervención no ha sido del todo eficaz en los intentos por neutralizar el avance conservador. De ahí que haya decidido suspender sus convocatorias a nuevas manifestaciones.
Si bien nadie puede asegurar a ciencia cierta qué fuerzas liberaron estas movilizaciones, en un país que ha optado en la última década por implementar significativas reformas sociales desde lo alto, prescindiendo de las fuerzas sociales de base, no deja de ser esperanzador que la calle vuelva a estar al centro de las disputas políticas que posiblemente definirán el curso de su futuro. La Caja de Pandora ha sido abierta.
Fuente: http://www.redseca.cl/?p=4193