La afirmación de que el intercambio comercial de la Unión Europea con América Latina y el Caribe es deficitario, no resulta totalmente veraz. Lo cierto es que el desbalance se produce solo en dos tipos de productos claramente identificados, importantes, pero de muy bajo valor agregado: los agropecuarios, y los recursos energéticos. Un hecho objetivo […]
La afirmación de que el intercambio comercial de la Unión Europea con América Latina y el Caribe es deficitario, no resulta totalmente veraz. Lo cierto es que el desbalance se produce solo en dos tipos de productos claramente identificados, importantes, pero de muy bajo valor agregado: los agropecuarios, y los recursos energéticos. Un hecho objetivo que desde nuestra perspectiva latinoamericana y caribeña estaría enviando otro mensaje: en su comercio de bienes con la UE, América Latina y el Caribe (ALC) presentan súper avit precisamente en sectores que se encuentran lejos de lo que hoy marca el liderazgo competitivo a nivel global.
Lo cierto es que en lo que respecta a los servicios, el intercambio resulta ventajoso para la Unión Europea, lo que a la vez introduce grandes riesgos para nuestras subregiones (ALC) dada la alta competitividad del bloque comunitario en dicha actividad: desde hace varias décadas la UE mantiene el liderazgo mundial en ella; en 1990 cubría el 50,2% de las exportaciones totales, y el 44,3% de las importaciones; en el 2007 lograba el 46,4% del total de ventas, y absorbía el 41,5% de las prestaciones.
Todo esto en el contexto de una economía netamente de servicios como la comunitaria: en el 2006, en la Comunicación conocida como la «Estrategia de Competitividad», la Comisión Europea reconocía que «Los servicios son la piedra angular de la economía de la UE (…) el 77 % del PIB y del empleo, y son un ámbito en el que Europa -entiéndase UE, nota de esta autora- posee una ventaja comparativa, con el mayor potencial de crecimiento de sus exportaciones»1, debido «en gran medida a que las empresas de la UE venden productos y servicios con un diseño y una calidad superiores», lo que convierte a los segundos, en «líderes mundiales en numerosos ámbitos»; una posición sostenida también desde hace varias décadas.
Sin embargo, en junio de 2009, el propio órgano europeo, específicamente la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, informó que el sector de servicios representaba el 70% del PIB de la Unión y el principal motor del crecimiento y el empleo, siendo además el garante del 95% de los nuevos puestos de trabajo que han sido creados en los últimos años en ese espacio geopolítico. Una declaración que podría estar indicando un cierto retroceso en esa esfera, pero además, reconociendo problemas: según la misma fuente, si bien el libre comercio de bienes es una realidad tangible en el bloque, «el mercado interior de los servicios no ha alcanzado todavía todo su potencial», por cuanto «existen obstáculos jurídicos y administrativos» para que los proveedores de dichos productos «puedan establecerse en otros países o comerciar a través de las fronteras»2.
En consecuencia, la mencionada Estrategia, que identifica al conocimiento, la innovación, la propiedad intelectual, los servicios y el uso eficiente de los recursos, como «las actuales claves de la competitividad» del bloque, se plantea entre sus principales objetivos, «insistir en mayor medida en la apertura de los mercados y en normas más estrictas» en las que se reconocen como «nuevas áreas comerciales de importancia económica» para la Unión: precisamente, los «derechos de propiedad intelectual (DPI), los servicios, la inversión, la contratación pública y la competencia».
Un propósito no tan original, sino solo la expresión actualizada de la iniciativa que desde mediados de la década del 90 cualificó y cambió radicalmente el «contenido» y la esencia misma de los Acuerdos de Asociación (AA) que venía proponiendo la UE, esencialmente, a los diferentes y presuntos «socios» del espacio identificado como el «Sur geopolítico». Se trata de los llamados Acuerdos de Cuarta Generación, que el propio Parlamento Europeo definió entonces como «más ambiciosos que los anteriores», pues si bien con la habitual retórica invocaban el fortalecimiento del «diálogo político» y de la «cooperación para el desarrollo» -aunque no lo es realmente-; su mayor novedad radicaba en que implementaron la posibilidad de crear zonas de libre comercio entre la UE y estas regiones; todo ello defendiendo el principio básico de que precisamente el comercio es el vehículo más importante para estimular dicho desarrollo, al fortalecer no solamente la propia actividad comercial sino también la integración regional, y la llegada de inversiones.
En este contexto, con el objetivo de facilitar la firma de la nueva modalidad de acuerdos, fue utilizada la «cláusula evolutiva» que había sido introducida desde inicio de la propia década de los 90 por los Acuerdos de Tercera Generación, extensible a cada uno de los convenios que se firmaban a partir de ese momento, lo que permitía su renegociación y/o adaptación, sin necesidad de acudir a nuevos procesos de aprobación; «cláusula evolutiva» que facilitaba también la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios, hasta llegar al mencionado propósito de establecer una amplia zona de libre comercio que incluyera tanto a bienes -productos manufacturados y agrarios-, como servicios, inversiones, etc.; unido a la retórica: generando la vez condiciones favorables para el fortalecimiento del diálogo político y la muy controvertida cooperación.
Un propósito muy bien definido desde entonces, y ratificado en el 2007 a través de la mencionada estrategia para el fortalecimiento de las capacidades del bloque, según la cual en todos los Acuerdos de Asociación, «…los nuevos Acuerdos de Libre Comercio impulsados por la competitividad deberían ser globales y ambiciosos en su ámbito de aplicación, teniendo como objetivo el grado más elevado posible de liberalización comercial», principalmente en las esferas de los servicios, la inversión, la contratación pública -o el principio de tratamiento nacional, como lo define la Organización Mundial de Comercio (OMC)-, las barreras técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como con grandes exigencias en materia de propiedad intelectual.
Acuerdos además conocidos como los «OMC plus», por cuanto en ellos, «…las obligaciones asumidas por los países (…) exceden en gran medida los compromisos de los países en desarrollo en la Organización Mundial de Comercio (OMC)», según se reconoce públicamente, incluso por la propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL)3, en este último caso refiriéndose específicamente «al alcance de la liberalización de servicios entre la Unión Europea y el CARIFORUM -foro de países caribeños para las relaciones con la UE, parte del Grupo África Subsahariana, Caribe, Pacífico-; rasgo, no obstante, extensible al resto de dichos acuerdos firmados o en proceso de negociación por el bloque comunitario. Dígase entonces, todo un reto para las contrapartes, sobre todo para los empobrecidos países que conforman nuestro «Sur», en este caso específico los latinoamericanos y caribeños.
De hecho, es esta la esencia del «Acuerdo de Cotonou» rubricado por la Unión Europea con el Grupo ACP en el año 2000, el que ahora trata de implementar a través de pactos bilaterales con los 6 subgrupos regionales en los que dividió a este bloque -Caribe, Pacífico y 4 en África Subsahariana-, o con los que ha venido creando de manera arbitraria para el nada oculto propósito de alcanzarlo. Por consiguiente, es ese tipo de acuerdo, con Tratado de Libre Comercio incluido y altamente lesivo, el que en el año 2008 firmara la UE con el CARIFORUM, el único de dichos bloque institucionalizados con el que lo ha podido lograr. Para la CEPAL, «Uno de los problemas que esto supone es que, al conceder tratamiento nacional a los proveedores de servicios de la Unión Europea, el CARIFORUM ha limitado su capacidad reguladora en el sector de servicios y esto podría dificultar la eventual aplicación de políticas para proteger o promover a los proveedores de servicios locales como parte de una estrategia de desarrollo más amplio»4.
Pero también es este tipo de acuerdo el que existe con México y Chile. En 1997, México se convirtió en el primer país latinoamericano que negoció un «Acuerdo de Cuarta Generación» con la UE -por su esencia y en la praxis, un Tratado de Libre Comercio (TLC)-, en vigor desde el año 2000. En 2002 fue firmado el Acuerdo de Asociación con Chile, otro TLC de amplio alcance, que entró en pleno funcionamiento en el 2004.
Y es de igual forma un acuerdo con estas características el que se firmara con el bloque centroamericano -incluido Panamá-, en el contexto de la pasada VI Cumbre UE-ALC; como resultante, el cuarto TLC del tipo «OMC plus» que alcanzó la UE en nuestras regiones. A esto súmesele que es uno de estos convenios marcos el que la Unión intenta alcanzar con el Mercado Común del Sur -(MERCOSUR, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, y el que dice proponerse aún con la Comunidad Andina de Naciones -(CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-, a pesar de que en estos momentos el proceso de negociaciones con ésta se encuentra en un momento de gran incertidumbre, precisamente por las, un tanto paradójicas, pero sí bastante ¿sospechosas? decisiones de la UE al respecto.
En este contexto, lo sucedido recientemente en el proceso de negociaciones que desde el 2007 la Unión Europea mantenía con la CAN para la firma de un nuevo Acuerdo de Asociación, de «cuarta generación» -en esencia TLC de los «OMC plus»-, resulta paradigmático, a la vez que útil en la tarea de explicar argumentadamente la esencia de las relaciones que dicho bloque propone a los diferentes actores de nuestras subregiones, o lo que es lo mismo qué hay de cierto y de falaz en un discurso político cargado de retórica y en una praxis que por las mismas razones, casi siempre lo desmiente.
Se trata de que, a inicios del 2009, la Unión Europea abandonó las posiciones -supuestamente de principio- que hasta ese momento había defendido en sus negociaciones con la CAN, e inició un proceso bilateral independiente con Colombia y Perú para lograr la firma de un controvertido «Acuerdo Comercial Multipartes». Una nueva modalidad de convenios, concebido solo como TLC, que excluye los otros dos pilares, la muy cuestionada «cooperación para el desarrollo» y el diálogo político. La justificación para ello, según el discurso oficial, fue la necesidad de agilizar el proceso, soslayando los obstáculos introducidos en éste por las graves contradicciones internas que como se conoce, desde hace mucho tiempo enfrenta el bloque andino, sumado a la insistente solicitud de ambos países latinoamericanos para alcanzarlo.
Pero la decisión fue objeto de severas críticas, las más importantes, por parte de Bolivia y Ecuador, que la calificaron como un verdadero atentado a la unidad de la Comunidad Andina. Sin embargo, desconociendo estas posiciones, el bloque europeo firmó los nuevos acuerdos -TLC- con Colombia y Perú, también en el contexto de la VI Cumbre UE-ALC. Un acto consumado que ya de por sí introdujo varios cuestionamientos: y es que, entre otros aspectos, vale preguntarse, ¿qué pasó con la formulación explícita de que uno de los objetivos de dichos nuevos acuerdos consistía en fortalecer la integración regional latinoamericana y caribeña?
Como una contribución a la búsqueda de las respuestas a ésta y a las numerosas interrogantes que se levantan alrededor de la controvertida decisión, evalúese este dato, al parecer no redundante: en un listado de los 50 primeros socios comerciales del bloque europeo solo se ubican 7 países latinoamericanos, ninguno propiamente caribeño: Brasil, México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y Perú. Entre ellos, Colombia ocupa el puesto 46 y cubre el 0,3% del intercambio total de la UE, con un volumen de €8 176,7 millones, por delante de Pakistán; Siria; Bangladesh y el propio Perú; este último en el lugar 50, con un monto de €6 114,2 millones, para el 0,2%. Pero, para ganar en precisión, tómese también en consideración que actores como Irak, Venezuela, Kuwait, Qatar, y las Filipinas no se encuentran demasiado lejos, colocándose en las posiciones 41, 42, 43, 44 y 55, respectivamente5.
Entonces, ¿donde están los claroscuros?, ¿qué hay de cierto y falaz en todo esto?
Pues lo cierto es que detrás de los retóricos discursos, las declaraciones y los muchas veces controvertidos compromisos que establece el bloque en sus relaciones comerciales con las contrapartes del «Sur geopolítico», en este caso con América Latina y el Caribe, se esconde una gran demagogia, concebida ésta como la práctica política que consiste en prometer y decir a las personas o pueblos precisamente lo que quieren tener o lo que quieren oír, aparentando a la vez solidaridad con sus problemas y necesidades, pero en realidad, con la intención obtener algo a cambio o en algunos casos mantener lo alcanzado, esencialmente, determinadas cuotas de poder; dígase entonces, una «manipulación deliberada» para lograr el fin; facundia, verborrea.
Porque también es cierto, que las relaciones comerciales que propone la Unión Europea a América Latina y el Caribe solo consolidan el papel periférico que desde hace siglos le ha sido asignado por los centros de poder, obviamente, no solo europeos: un patrón exportador concentrado en bienes de media y baja tecnología, manufacturas basadas en recursos naturales y productos primarios6; que a la vez estimula las importaciones esencialmente en sectores de elevado contenido tecnológico, dado el endeble posicionamiento en las cadenas globales de valor de los empresariados nacionales, y el hecho de que las empresas transnacionales que lideran los procesos productivos se apropian de estas capacidades en el exterior, lo cual solo potencia las desigualdades y la dependencia; agravado todo con otro déficit: los actores locales que consiguen integrarse en las redes internacionales solo se posicionan en niveles jerárquicos inferiores, casi marginales.
¿Representa la propuesta de la Unión Europea basada en Tratados de Libre Comercio «OMC plus» la solución a estos graves problemas? Obviamente, la respuesta es no. Y es que, soslayando la facundia, se trata realmente de acuerdos asimétricos que sólo logran profundizar aún más -en aquellos casos en que esto resulta aún posible- el empobrecimiento y la subordinación de nuestros países del «Sur geopolítico»; ciertamente un compromiso con el crecimiento del comercio, pero al servicio del poder en los países ricos.
En verdad un sofisma, tal y como lo llamara el presidente ecuatoriano y además reconocido economista Rafael Correa, según el cual, «La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es simplemente una falacia o ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico. Mientras que sin duda una adecuada especialización y comercio entre países con similares niveles de desarrollo puede ser de gran beneficio mutuo, una liberalización comercial a ultranza entre economías con grandes diferenciales de productividad y competitividad, significa graves riesgos para los países de menor desarrollo7 relativo dada la probable destrucción de su base productiva, y, con ello, la destrucción de puestos de trabajo sin capacidad de crear nuevos empleos, todo lo cual constituye una verdadera bomba social»8.
Un sofisma que intenta dar vida a lo que la Organización Mundial de Comercio llama su «principal objetivo»: lograr un «modelo de integración económica global basado en el libre comercio», dígase «…una nueva era de cooperación económica mundial, que responde al deseo generalizado de actuar en un sistema multilateral de comercio más justo y más abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos»; ratificando la «…determinación de resistir las presiones proteccionistas de toda clase (…) convencidos de que la liberalización del comercio (…) conducirá a un entorno comercial mundial cada vez más abierto»9.
Una filosofía engañosa, que responde en realidad a un egoísta principio de desarrollo del capitalismo enunciado en 1841 por el conocido economista alemán F. List: el de la «escalera» protectora, lista para ser «pateada» en el momento en que sea necesario, «Cualquier nación que por medio de aranceles y restricciones sobre la navegación ha elevado su poder industrial y de navegación a tal nivel de desarrollo que otra nación no puede competir con ella, no puede hacer nada más sabio que retirar la escalera de su grandeza, predicar a las otras naciones los beneficios del libre comercio, declarar en tono arrepentido que hasta ese momento ha vagado en los senderos del error, y decir que ahora por la primera vez ha logrado descubrir la verdad»10.
En resumen, una expresión genuina del modelo neoliberal de desarrollo y de políticas con igual carácter cuya aplicación temprana en América Latina y el Caribe «…han generado la exclusión de las mayorías populares en la satisfacción de sus necesidades y han profundizado la desigualdad y la pobreza en la región, beneficiando exclusivamente a los agentes económicos transnacionales y a los grandes monopolios», contribuyendo con ello a «prolongar el modelo de dominación política, económica y militar sobre nuestro continente utilizando los instrumentos del libre comercio para la expansión y profundización de la hegemonía capitalista que conduce a la exaltación de la riqueza privada como motor de la dinámica social, y la pérdida de la noción de lo público, lo social y lo humano»11, como denunciaran los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en ocasión de su VII Cumbre celebrada en la ciudad de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia, el 17 de octubre de 2009.
Una Alianza, el ALBA-TCP, que representa precisamente la alternativa para Nuestra América, la «que va desde el río Bravo hasta la Patagonia», y para todos los pueblos que hoy conformamos nuestro «Sur geopolítico», al refrendar un nuevo modelo de intercambio, el Tratado de Comercio de los Pueblos12, basado en principios como la complementariedad, la solidaridad y la cooperación, sin condicionamientos ni intromisión en los asuntos internos, en pos de una vida digna, el bienestar y el bien común sin exclusiones ni discriminación.
MCs. Gloria Teresita Almaguer G., Centro de Estudios Europeos
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