Más allá de la ineficiencia y corrupción reinantes en la Venezuela “socialista” de Maduro, no caben dudas de que las criminales sanciones e irracionales bloqueos a cargo de Estados Unidos desde el año 2015, han profundizado la crisis socioeconómica y por tanto la situación lamentable de millones de venezolanos, hoy día empeorada por las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Han insistido diversos funcionarios del Gobierno estadounidense que las sanciones, por ejemplo, sólo han afectado a las autoridades del país caribeño, pero en la realidad no han hecho más que deteriorar la ya pésima calidad de vida de los ciudadanos comunes, y en general han conducido a Venezuela a un profundo abismo.
Y es que es lógico que un país megadependiente como Venezuela, importador histórico de todo tipo de productos, se vea notablemente afectado por los obstáculos y chantajes comerciales y financieros de la nación norteamericana y sus aliados, que en buena parte se han debido a la creciente alianza de la entidad caribeña con potencias como China y Rusia, competidores de Estados Unidos por la hegemonía global. Ha pagado un alto precio el pueblo venezolano por la progresiva vinculación de la nación suramericana con los rivales del decadente imperio estadounidense, hasta el punto que, debido a la insuficiente importación, se carece de abundantes insumos hasta para producir la gasolina necesaria para abastecer con regularidad al grueso del parque automotor, en un país con una elevada producción histórica de petróleo, y con una enorme reserva de ‘oro negro’.
Es necesario recalcar que si bien el Gobierno de Maduro no es precisamente un ejemplo de honestidad, eficiencia, sobriedad, humanitarismo y buena administración, las sanciones y bloqueos cortesía del criminal imperio estadounidense, han afectado terriblemente a millones de venezolanos desde hace algunos años, con más dureza a partir de la crisis sanitaria por el coronavirus. Y evidentemente a las élites estadounidenses y de otras partes del mundo importa un comino el sufrimiento de los ciudadanos comunes en Venezuela; sólo velan por sus intereses más allá de los discursos en defensa de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en la nación suramericana.
He aquí el extracto de dos textos en los que se advierte de las nefastas consecuencias de las sanciones y bloqueos contra Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados en el mundo. El primero de ellos es un informe de la relatora de la ONU, Alena Douhan:
“La relatora concluyó que: ‘las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio tanto en el sector público como en el privado, nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas, donantes y ONG humanitarias internacionales; beneficiarios de asistencia de organismos internacionales’
‘Observo con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente’, apuntó.
Douhan instó al gobierno de EE.UU. a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela. Pidió: ‘Revisar y levantar las sanciones sectoriales contra al sector público venezolanos, revisar y levantar sanciones secundarias contra terceros países, y abstenerse de imponer sanciones respecto al suministro de diésel’”.
“Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela seguramente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios, señaló el lunes un informe de un organismo de control del gobierno estadounidense.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) no cuantificó, sin embargo, el daño y señaló otros factores detrás del colapso económico de Venezuela, incluidas fallas del gobierno de Nicolás Maduro.
La evaluación de la GAO, solicitada por legisladores demócratas, se conoce cuando el presidente Joe Biden parece listo a ajustar la política hacia Venezuela, aunque preservando en gran medida la estrategia de su antecesor Donald Trump, fallida hasta ahora, para forzar la salida de Maduro, a quien ambos consideran un ‘dictador”.
La GAO, una agencia del poder legislativo que fiscaliza al gobierno federal, indicó que la economía venezolana se ha contraído «constantemente» durante casi una década, pero ha caído «abruptamente» desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019.
Trump impuso un embargo de facto al petróleo de Venezuela, crucial para su economía, al sancionar a PDVSA en enero de 2019. Entonces, Maduro, en el poder desde 2013, inició un segundo mandato desconocido por Estados Unidos y medio centenar de países por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas.