Frente a las políticas misóginas y sexistas del gobierno de Bolsonaro, la organización política y social de las mujeres se ha convertido en la verdadera fuente de oposición al líder derechista de Brasil. Las fiestas callejeras del mayor carnaval del mundo son quizás uno de los últimos lugares en el que esperaríamos encontrar a feministas […]
Las fiestas callejeras del mayor carnaval del mundo son quizás uno de los últimos lugares en el que esperaríamos encontrar a feministas movilizándose contra la represión política.
Pero el Carnaval de Río fue este año el escenario que eligió el potente y creciente movimiento feminista brasileño como plataforma para llamar a la acción contra lo que es claramente un ataque total contra los derechos de las mujeres y de género en Brasil.
A principios del pasado mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, unas 50.000 mujeres participaron en una marcha en São Paulo, otras 50.000 en Río de Janeiro y miles más en concentraciones más pequeñas en todo el país.
Pocos días más tarde, las mujeres encabezaron más de 50 manifestaciones de resistencia para marcar el primer aniversario del asesinato de la activista de derechos humanos y concejal de Río Marielle Franco.
Estas acciones se enmarcan en una campaña que lleva ya tiempo activada, pero que se ha visto reforzada desde la campaña electoral del año pasado que llevó a Jair Bolsonaro, político misógino, racista y de derechas, a la presidencia del país.
Al igual que todos los brasileños que desean una democracia inclusiva y justa que defienda y proteja sus derechos, las mujeres se enfrentan al reto de tener que luchar contra las intenciones del hombre al que se ha dado en llamar el Donald Trump brasileño.
La posición de Bolsonaro en contra de los derechos civiles, las medidas que propone, su distorsión descarada de la verdad y su caótico proceso de toma de decisiones desprovistas de fundamento están incidiendo en la profundización de la brecha que divide a una sociedad inmersa en una crisis de dimensiones múltiples – política, económica, social y medioambiental.
La exclusión de las mujeres sigue siendo un desafío mayor en Brasil. Lideramos en distintas áreas de actividad – de manera sobresaliente en el mundo académico, en el que el número de mujeres supera claramente al de hombres y en el que un 72% de los artículos científicos que se publican los firman mujeres – pero la inclusión dista mucho de ser completa.
Las mujeres lideran todavía el empleo informal, la economía asistencial y los servicios, pero reciben solo el 80% del salario que obtiene un hombre en el mismo puesto de trabajo. Sin embargo, incluso así, con sus derechos no reconocidos plenamente, la creciente independencia de las mujeres no está siendo aceptada por los hombres.
No es de extrañar que en unos momentos tan difíciles, Brasil esté experimentando una epidemia de femicidios. Solo entre enero y marzo de este año se ha registrado la sobrecogedora cifra de 435 casos, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instar al gobierno brasileño a que fortalezca «los mecanismos de prevención y protección para erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres a nivel nacional, de manera coordinada y con recursos institucionales y financieros suficientes».
Pero el gobierno actual presta oídos sordos a cualquier demanda de respeto y protección de los derechos de las mujeres. Recientemente, en la reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la ONU, el gobierno brasileño dio vergonzosamente su apoyo a que se excluyera cualquier mención al acceso universal a los derechos de salud sexual y reproductiva en el documento de cierre, alegando que allanaría el camino a la «promoción del aborto».
Así que es particularmente alentador que, a pesar de estos obstáculos, el pensamiento feminista y su impacto estén en alza, especialmente entre las jóvenes brasileñas. Lo estamos viendo en la representación política.
En las mismas elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder, la representación femenina en el Congreso aumentó un 51% y un 35% en las asambleas estatales. Aunque todavía son pocas las mujeres representantes en Brasil: solo 12 senadoras y 77 congresistas, en un país en el que más de la mitad de la población son mujeres.
Esta ola de cambio quedó reflejada en lugar destacado en el Estado de la Sociedad Civil 2019, el informe de la alianza de la sociedad civil CIVICUS que recoge los acontecimientos y tendencias que han impactado en la sociedad civil en el mundo durante el pasado año.
El informe señala algunas novedades históricas: por ejemplo, la elección por primera vez de una mujer indígena al Congreso brasileño en las mismas elecciones que llevaron al poder a Bolsonaro. Se trata de Joênia Wapichana, defensora de los derechos de la tierra y de los pueblos indígenas, que lucha por el medio ambiente contra los poderosos intereses de la agroindustria.
Por otro lado, el estado de Bahía, cuya población es mayoritariamente afro-brasileña, eligió a la primera mujer negra, Olivia Santana, como representante estatal. En São Paulo, los votantes eligieron representante estatal a una mujer trans, Érica Malunguinho – también por primera vez en la historia.
Y aunque la investigación del asesinato de Marielle Franco ha avanzado poco, tres colegas suyas resultaron elegidas representantes estatales en Río de Janeiro y una cuarta representante en el Congreso Nacional.
Pero las mujeres están ocupando espacios e impulsando el cambio más allá de la política electoral. Como sucedió en Estados Unidos tras la elección de Donald Trump, el ambiente hostil se convierte en estímulo para la organización de las mujeres en Brasil.
Se han creado innumerables grupos formales e informales para protestar, organizarse, debatir, aprender y apoyar a las mujeres en un momento de ataque brutal contra sus derechos. Durante la campaña presidencial del año pasado, el grupo de Facebook «Mujeres Unidas Contra Bolsonaro» reunió a casi cuatro millones de seguidoras en cuestión de días, generando esperanzas de que pudiera revertirse su liderazgo en las encuestas.
La potente campaña de ocupación de espacios públicos, plazas y terminales de tránsito para atraer la atención de los votantes acerca de las graves consecuencias de votar a Bolsonaro fue una experiencia intensa que impulsó la formación de grupos de mujeres en línea y fuera de línea, en Brasil y en el extranjero.
Y cuando ya llevamos cuatro meses de este gobierno antiderechos, las mujeres continúan haciendo acto de presencia para defender la justicia social y los derechos humanos, liderando protestas cruciales en todo el país.
La actual propuesta de austeridad para la reforma de las pensiones se topa con la resistencia de las mujeres, que comprenden lo que supone la falta de gasto público para los servicios sociales.
Lo que impulsa este movimiento de mujeres en Brasil es que entienden que los derechos, por muy asegurados y garantizados que hayan sido, se pueden revertir fácilmente – como lo demuestran las crecientes amenazas a los derechos sexuales y reproductivos y la impunidad en el alarmante número de ataques violentos contra mujeres.
La motivación de las mujeres se basa en que a los derechos hay que defenderlos constantemente, sin tregua, de lo contrario están en riesgo incluso en los momentos en que se respira victoria.
Las instituciones brasileñas no son lo suficientemente fuertes como para que las mujeres logren victorias duraderas y puedan bajar la guardia. Esto, que solía ser cierto solo en el Sur Global, parece ser hoy una tendencia mundial en auge.
Por todo lo cual, es preciso no solo fomentar la lucha por los derechos de las mujeres sino respaldarla con acciones constantes por la dignidad, la igualdad y la justicia para todas las mujeres, sea cual sea su clase, color y procedencia.
Es importante que reconozcamos, globalmente, que esta lucha es intersectorial e internacional, y que requiere conectar todas las estrategias para ir más allá del simple acceso equitativo de mujeres y niñas en la sociedad y exigir «una transformación radical de la sociedad basada en los principios gemelos de equidad y justicia».