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Violencia política en Venezuela

Lecciones desde Ucrania

Fuentes: Rebelión

Más de tres meses han pasado desde que se iniciaron las protestas violentas en Venezuela. A pesar de contarse ya en 42 los muertos y cuantiosas las pérdidas por los destrozos a infraestructura pública y privada, pareciera que están lejos de remitir. Las evaluaciones que hace el gobierno apuntan a una radicalización, con acciones muy […]

Más de tres meses han pasado desde que se iniciaron las protestas violentas en Venezuela. A pesar de contarse ya en 42 los muertos y cuantiosas las pérdidas por los destrozos a infraestructura pública y privada, pareciera que están lejos de remitir. Las evaluaciones que hace el gobierno apuntan a una radicalización, con acciones muy puntuales pero a la vez muy violentas, lo que podría incluir el asesinato de líderes políticos tanto del gobierno como de la oposición.

Hasta ahora el objetivo de lograr un cambio de gobierno por la vía de las protestas violentas no se ha logrado y no pareciera que se vaya a lograr al menos en lo inmediato. Pero hay quienes las siguen aupando y justificando, sin importar el costo político, social y económico que esto conlleve.

Sería bueno mirar lo que sucede en Ucrania y extraer algunas lecciones que pueden evitar que la situación de Venezuela se torne caótica, violenta, extrema e incierta como en el país europeo.

1.- Un pueblo que pide cambio: la industria mediática dominante ha presentado la situación de Venezuela como la de un pueblo que se enfrenta a un gobierno dictatorial y pide un cambio ya. Se ha obviado el hecho de que en los últimos veinte meses se han celebrado cuatro elecciones y todas las ha ganado el gobierno: las presidenciales de octubre de 2012 que ganó Chávez; las regionales de 2012, en las que el partido de gobierno y sus aliados obtuvieron 20 de 23 gobernaciones; las presidenciales de mayo de 2013 que ganó Maduro; y las locales de diciembre de 2013, en las que la coalición de gobierno obtuvo alrededor de 240 de 337 alcaldías.

Estos datos sugieren que no es «un pueblo» contra «un régimen». Ni siquiera se puede decir que sean todos los partidarios de la oposición los que participan de estas protestas violentas o que las avalen. De hecho, en un principio las protestas se produjeron en 18 de esos 337 municipios (todos ellos gobernados por partidos de la oposición), luego en cinco y luego en dos. Ahora sólo subsisten focos en Chacao y Baruta, ambos del Área Metropolitana de Caracas, y parecieran resurgir en San Cristóbal (Táchira), Barquisimeto y Cabudare (Lara).

Justificar y aupar las protestas violentas porque ellas provocarán la caída del «régimen» en verdad puede desembocar en enfrentamientos entre los venezolanos. Como en Ucrania, el derrocamiento del gobierno por esa vía traería represión sobre los partidarios del gobierno actual y las posibilidades de una guerra civil no son meras especulaciones.

2.- Salidas violentas: quienes justifican el uso de la violencia como método legítimo para lograr un cambio de gobierno generalmente lo hacen desde la comodidad de oficinas alejadas de los lugares en los que estas protestas se producen. Alentar y avalar el uso de la violencia por parte de un grupo, además, lleva implícita la justificación para que otro grupo u otros grupos también hagan uso de la violencia para defender las posiciones que ven atacadas, independientemente de las razones que sustenten dichas posiciones. En una situación de violencia generalizada de hecho los argumentos y razonamientos ceden su espacio a las armas.

Y, como en Ucrania, de una situación de enfrentamiento violento entre venezolanos sólo pueden sacar provecho terceros interesados. Para quienes se nieguen a verlo allí están Crimea, Donetsk y Lugansk, por un lado; y el FMI con la ayuda financiera (que Ucrania aceptará para superar «su» crisis), la OTAN con sus bases militares (que Ucrania instalará para defenderse de la amenaza del gigante vecino), los contratos para reconstruir el país, los recién estrenados altos cargos de la industria energética ucraniana, etcétera.

3.- La unidad democrática: también se ha querido mostrar que la oposición a Maduro es un bloque monolítico de partidos democráticos. La verdad dista mucho de ese posicionamiento mediático. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ente que agrupa a la oposición, está conformada por 29 partidos políticos, de los cuales sólo 11 tienen representación parlamentaria. Las ideologías de estos partidos van desde el marxismo-leninismo de Bandera Roja y el sindicalismo de La Causa Radical, por ejemplo, a la democracia cristiana de COPEI y Proyecto Venezuela, pasando por la socialdemocracia de AD, Alianza Bravo Pueblo y Un Nuevo Tiempo o el «progresismo» de Voluntad Popular y Primero Justicia (humanismo/progresismo).

Ya lo había advertido Seymur Martin Lipset: los sistemas multipartidistas tienden a la inestabilidad, especialmente cuando alguno o algunos de ellos son partidos antisistema. En el caso de Venezuela, la MUD funge como ente coordinador, pero no como suprapartido. Cada partido hace su vida y toma sus decisiones por separado, sin rendirle cuentas a ninguna instancia superior. Como en Ucrania, las acciones violentas vividas en Venezuela los últimos meses han estado protagonizadas principalmente por militantes de partidos o grupos radicales de ambos lados del espectro ideológico: Bandera Roja, por la izquierda, y Voluntad Popular, por la derecha. Los demás partidos han tenido una participación menos destacada, aunque ninguno de ellos ha condenado clara y tajantemente el uso de la violencia con fines políticos ni se ha desmarcado de los elementos violentos. Por el contrario, su discurso ambiguo -en el mejor de los casos- ha servido como justificación y acicate para mantener la ola de protestas violentas.

4.- Presión internacional: la oposición venezolana ha sido muy activa pidiendo sanciones internacionales para el gobierno venezolano. La última de estas peticiones -también la más triste- fue la de María Conchita Alonso, quien pidió que los EEUU intervinieran «con balas» en Venezuela. La pobre Roberta Jacobson -Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno gringo y, por tanto, responsable de las relaciones con América Latina- ya ni sabe quién le pide qué: la semana pasada se «confundió» en el «hearing» del Comité de Relaciones Exteriores del Senado al señalar que miembros de la Mesa de la Unidad (MUD) le habían pedido no sancionar a funcionarios del gobierno venezolano. Luego del desmentido de la MUD -que mantiene su petitorio de sanciones-, la señora Jacobson rectificó y dijo que ciertamente no fue la MUD, que fue alguien más…

Como en el caso de Ucrania, hay quien piensa que sancionando al país, al gobierno o sus funcionarios, la paz y la solución de los problemas llegarán como por arte de magia. Nada más lejos de la realidad. En Ucrania, las potencias occidentales que apoyaban al Euromaidán fueron incapaces de lograr que se respetara el acuerdo entre el gobierno de Yanukóvich y la oposición para una transición pacífica. Tampoco han sido capaces de lograr el respeto al acuerdo de Ginebra que buscaba poner fin a la violencia. Así las cosas, mientras la violencia recrudece, Ucrania se ha convertido en la excusa y el espacio donde Rusia y occidente buscan dirimir sus diferencias.

En Venezuela, a cada pronunciamiento de algún vocero gringo -Kerry, Jacobson, Psaki- le sigue indefectiblemente un aumento de la violencia de las protestas. Pero eso es mera casualidad…

5.- Colectivos paramilitares: en el año 2002, antes, durante y después del golpe de estado de abril, se llevó a cabo una campaña de criminalización de los círculos bolivarianos. «Círculos del terror», «círculos asesinos», «círculos armados», «escuadrones de la muerte» y otros más eran los calificativos que se le daban a unas incipientes organizaciones populares chavistas. Desde entonces hasta ahora, no se ha probado que ningún círculo bolivariano haya participado en actos criminales. Las profecías que anunciaban a los círculos bolivarianos cual jinetes del apocalipsis arrasando con todo nunca se cumplieron.

La misma campaña se sigue ahora contra unos indeterminados «colectivos». Ahora se habla de «colectivos asesinos», «colectivos paramilitares», «colectivos armados», «colectivos violentos», etcétera. Con esta ecuación se pretende, una vez más, descalificar a las organizaciones populares que apoyan al gobierno: el primer paso es denominar cualquier tipo de organización como colectivo; el segundo paso, decir que están armados; el tercero, acusarlos de llevar a cabo actos violentos; el cuarto, aupar y justificar la represión contra organizaciones populares. Una prueba de ello, la portada del diario El Nacional del día 7 de este mes: el periódico afirmaba que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los colectivos eran responsables de haber quemado 18 universidades, cuando son las universidades que ha creado el gobierno nacional (UNEFA y UBV, por ejemplo) las que han sido blanco de la protestas violentas de la oposición.

Tal como sostiene el ministro Reinaldo Iturriza, criminalizar cualquier forma de organización popular es estratégico para la derecha en su objetivo de derrotar al chavismo. Es crucial, además, en un supuesto negado de que se lograra derrocar al gobierno de Maduro porque ello permitiría justificar la represión de cualquier manifestación popular que exigiese el respeto a la constitucionalidad. Tal como sucede por estos días en Ucrania: aquellos que fueron muy prestos y diligentes para exigir respeto a los derechos humanos de los manifestantes del Maidán, ahora miran para otro lado ante las atrocidades del gobierno provisional de Yatseniuk y compañía. No se tenga la menor duda: de caer el gobierno de Maduro la represión contra las bases del chavismo sería inmediata y atroz, aunque de seguro no ocupará ningún titular o no merecerá ningún comentario del stablishment mediático internacional.

6.- Castrochavismo: una de las razones que han esgrimido los líderes y grupos que han salido a manifestarse violentamente contra el gobierno de Maduro ha sido la injerencia cubana. La oposición en general, pero especialmente los sectores más radicales, acusan al gobierno venezolano de ser un títere de Cuba. No en vano, su programa de gobierno incluye como medidas de carácter inmediato la finalización de cualquier tipo de cooperación con el gobierno cubano. Una de las consignas más repetidas en las marchas opositoras desde hace algunos años es «No más petróleo para Cuba» o «Ni un barril más para Cuba».

Estas medidas y estas consignas obvian detalles tan importantes como estos: la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por parte de la Unesco y el acceso de miles y miles de venezolanos al sistema de salud con la Misión Barrio Adentro. En ambos casos, gracias a la cooperación del gobierno cubano.

En el caso de Ucrania, Rusia es el país al que se acusa de todos los males para justificar primero la intervención de las potencias occidentales y luego la represión a los manifestantes, grupos o comunidades «prorusas». Pero el problema en realidad no es Rusia. Y en nuestro caso no es Cuba, ni el gobierno cubano ni los programas de cooperación entre ambos países. Cuba sólo es una excusa para atizar las protestas, cargándolas con elementos emocionales -como la xenofobia y el racismo- que puedan servir como detonantes o catalizadores de acciones violentas contra aquellos objetivos que han sido identificados como «el enemigo» o vinculados a él.

A modo de conclusión

Sólo un demente -o un desalmado- podría querer para Venezuela una situación similar a la de Ucrania. Sólo un ingenuo -o un ignorante- podría creer que la caída del gobierno de Maduro por la vía violenta convertiría a Venezuela en un reino de paz y prosperidad como por arte de magia.

Aunque existen otros casos en la historia, por ahora creo que el de Ucrania es suficiente para extraer algunas lecciones acerca de lo que podría pasar cuando se legitima el uso de la violencia política como mecanismo de cambio político.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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