El proyecto legal para sancionar los crímenes de Estado por razones políticas durante el período 1958-1998, conocido como ley contra el silencio y el olvido, será un texto de carácter histórico que le dé a conocer a las nuevas generaciones las masacres cometidas durante la cuarta República. Así lo destacó David Palis, co-redactor técnico del […]
El proyecto legal para sancionar los crímenes de Estado por razones políticas durante el período 1958-1998, conocido como ley contra el silencio y el olvido, será un texto de carácter histórico que le dé a conocer a las nuevas generaciones las masacres cometidas durante la cuarta República.
Así lo destacó David Palis, co-redactor técnico del instrumento, quien fue entrevistado este lunes en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Destacó que durante la cuarta República hubo alrededor de tres mil víctimas de torturas y desapariciones, por lo cual la ley busca sancionar los crímenes cometidos por razones políticas durante el bipartidismo de gobiernos de derecha.
«Fue la democracia representativa la que permitió y generó, en el contexto de la guerra fría, un exceso de persecución y masacre», refirió.
«Los crímenes, desapariciones y torturas ocurridos durante ese período no fueron reflejados en los libros de historia. Este proyecto de ley quedará como un texto de carácter histórico para que no se repitan esas masacres, que constituyeron prácticas de terrorismo de Estado», destacó Palis.
En la consulta pública sobre el instrumento legal, que fue aprobado en primera discusión del parlamento el pasado 21 de junio, el pueblo sugirió que la ley fuera sencilla, fácil de entender y con un carácter histórico.
Al respecto, dijo que la ley tiene 24 artículos y un aparte único, y persigue establecer los mecanismos para dar con la verdad de los hechos, la reparación y búsqueda de víctimas y victimarios.
Dijo que el instrumento legal establece la creación de una comisión de la verdad, que estará integrada por representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, así como de la Asamblea Nacional y una representación de las víctimas.
Mayerling Rojas, presidenta de la Fundación para los Derechos Humanos y quien también estuvo en la entrevista, agregó que la ley «no es un capricho del Gobierno Bolivariano. Esta ley forma parte de las luchas sociales. Es una deuda que tenemos con estos venezolanos».