Después de dos años de la sanción de la Ley Maria da Penha, marco de la lucha contra la violencia que aflige a las mujeres, la mayor parte de la población brasilera afirma conocer la Ley. Hoy (7), entidades ligadas a los derechos de las mujeres aprovecharon la ocasión para divulgar datos sobre la implementación […]
Después de dos años de la sanción de la Ley Maria da Penha, marco de la lucha contra la violencia que aflige a las mujeres, la mayor parte de la población brasilera afirma conocer la Ley. Hoy (7), entidades ligadas a los derechos de las mujeres aprovecharon la ocasión para divulgar datos sobre la implementación de la ley y para entregar un documento con recomendaciones al poder público.
«La ley está marcando la diferencia. Aunque las mujeres no sepan cómo funciona, por lo menos saben que existe», afirma la farmacéutica bioquímica Maria da Penha, quien le dio nombre a la ley. Maria da Penha quedó parapléjica después de haber recibido un tiro de su marido en 1983; pasó varios años luchando por que se haga justicia.
La encuesta del Ibope/Themis – Asesoría Jurídica y Estudios de Género, que contó con el apoyo de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM), reveló números positivos en la evaluación de la implementación de la ley en el país. Del total de 2002 entrevistados en 142 municipios brasileros, el 68% afirma haber por lo menos escuchado hablar de la Ley Maria da Penha; el 83% aprobó su eficacia.
Según la encuesta, el 33% de los entrevistados piensa que la ley castiga la violencia doméstica; el 21% cree que puede evitar o disminuir la violencia contra la mujer; y el 13% percibe que la ley ha ayudado a resolver el problema de la violencia. La percepción de que se trata de una ley que pone al agresor en la cárcel fue encontrada en el 20% de los entrevistados. Sin embargo, el 5% cree que la legislación no ha resuelto el problema de la mujer que sufre violencia y el 6% opina que la ley no funciona porque no es muy conocida.
En los primeros seis meses de 2008, la Central de Atención de la Mujer – Llame al 180 – registró 121.891 llamados, significando un aumento del 107,9% en relación al mismo período de 2007. Entre los factores que contribuyeron a ese aumento se encuentran la mayor divulgación de la ley, mejoras tecnológicas, perfeccionamiento del sistema y capacitación de las personas que atienden los llamados contribuyeron para producir ese aumento.
El crecimiento de la búsqueda de información sobre la ley fue del 346%. Las denuncias de violencia física están en primer lugar con 5.879 casos, de las cuales cuatro terminaron en homicidio. Las otras denuncias fueron causadas por otros tipos de violencia, como la psicológica, la sexual, la moral y la patrimonial, además de intentos de homicidio, cárceles privadas y amenazas.
Una marcha realizada hoy en Brasilia culminó con la entrega al presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de un documento con recomendaciones elaborado por las Promotoras Legales Populares (PLPs). Esas promotoras son líderes comunitarias, que frecuentan un curso de educación jurídica y están capacitadas sobre la estructura del Estado y del Derecho y sobre las principales leyes relacionadas con las cuestiones de los derechos humanos de las mujeres, promoviendo el ejercicio de la ciudadanía.
Maria da Penha, que actualmente es colaboradora de honor de la Coordinadora de Políticas Públicas para Mujeres de la Prefectura de Fortaleza (CE), estuvo presente en la ocasión. Ella resalta que debe haber una estandarización sobre las informaciones acerca de la ley, para que pueda tener una mayor eficacia.
Es necesario también invertir: «Las capitales de los estados ya tienen una buena estructura, pero los municipios ubicados en las zonas rurales necesitan mayores recursos para estructurarse». En 2008, el gobierno federal invirtió R$ 10 millones para apoyar la creación de nuevos juzgados, núcleos y promotoras especializadas en la atención de la mujer y R$ 7 millones en la creación de centros de referencia, reacondicionamiento de Casas Abrigo y otros servicios de atención de la mujer que contribuyen a la plena aplicación de la ley.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]