Desde 1989 vienen realizándose en Venezuela elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. En aquel entonces la práctica y el discurso neoliberales nos ponían sobre la mesa la descentralización político – administrativa, como una herramienta para «acercar el poder al ciudadano». Bajo esta falsa premisa, se llevó adelante una arremetida contra el Estado-Nación, procurando disminuir sus […]
Desde 1989 vienen realizándose en Venezuela elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores. En aquel entonces la práctica y el discurso neoliberales nos ponían sobre la mesa la descentralización político – administrativa, como una herramienta para «acercar el poder al ciudadano». Bajo esta falsa premisa, se llevó adelante una arremetida contra el Estado-Nación, procurando disminuir sus facultades a su mínima expresión posible. En conjunto con este proceso de desmontaje de lo estatal, se llevaron adelante las obscenas privatizaciones de empresas públicas, que apuntaban con seguridad a la eventual privatización de nuestra industria energética y las empresas básicas; es decir, la entrega definitiva de nuestros recursos naturales.
Esta estrategia bien diseñada, propiciaría que Venezuela abandonase un relativo capitalismo de Estado practicado en las décadas de los 70 y 80, para entregarse a la globalización neoliberal de brazos, suelo y subsuelo abiertos. Comenzaron a serle transferidas a los gobernadores y alcaldes competencias que hasta entonces recaían en el Estado central en materias tan esenciales como la salud, la educación, los servicios públicos. El objetivo final era la completa privatización de la sociedad toda. Cada gobernador de estado, dependiendo de los intereses a los que respondiese, planificaba a su antojo en asuntos esenciales para el futuro de los venezolanos. La comunidad en su conjunto, esa a la cual se le iba a acercar el poder, quedaba marginada de la toma de decisiones. Autoridades que supuestamente gozaban de la voluntad popular delegada en ellos a través de un proceso electoral, pactaban con los partidos de turno, con los grupos económicos influyentes y profundizaban el proyecto mega descuartizador del Estado y la sociedad.
Los supuestos «líderes eficientes» que surgieron de la estrategia descentralizadora, se proyectaban como los futuros gobernantes nacionales, para dar así la estocada final a cualquier intento de recomponer y de reorganizar las relaciones sociales y de producción hacia el siglo XXI. Venezuela se veía condenada inevitablemente a asumir su rol como protagonista ejemplar del neoliberalismo latinoamericano, profundizando la perenne condición colonial y de productora de materias primas que el mundo le había reservado desde el siglo XIX. Las mayorías excluidas no aparecían en los planes de la burguesía que controlaba el poder político; serían limitadas a la cadena perpetua (tal vez pena de muerte), serían los explotados que generarían la riqueza que luego les sería arrebatada por las élites. Con el engaño de la descentralización y una serie de paliativos que desde el gobierno central y los escenarios locales se les otorgaban a los más necesitados, supuso la oligarquía que el pueblo de Bolívar habría desactivado el malestar y el coraje mostrado en 1989 y ocuparía su triste rol social en plena paz y resignación. Cuán equivocados estuvieron: los mecanismos de transformación que se dispararon en durante la explosión social de 1989 eran ya inexorables. Ya tenían incluso rostro claro y liderazgo: los de Hugo Chávez y su equipo. Por más que trataron de satanizar mediáticamente y disminuir a aquel grupo de militares que en 1992 encabezó una rebelión militar interpretando el sentimiento popular desbordado en 1989, la energía de un pueblo digno dispuesto a ser libre y soberano era incontenible.
Toda la parafernalia neoliberal y descentralizadora se estrella contra el poder popular que llevó al poder, usando los restringidos mecanismos de la democracia burguesa, a la Revolución Bolivariana en 1999. Las disposiciones de la nueva Constitución y las leyes que desarrollaron sus principios, daban al traste, en buena parte, con el plan imperialista de seguir sometiendo a Venezuela. Aunado esto a la imposibilidad de la derecha para concretar un triunfo electoral, la imposibilidad de que las mayorías dejasen de apoyar la Revolución, entre los años 2001 y 2004 Venezuela fue víctima (y el mundo fue testigo cómplice) de innumerable cantidad de planes golpistas, desestabilizadores y violentos. Sin embargo el pueblo ya estaba decidido: ¡NO VOLVERÁN! A pesar de los avances, el nuevo ordenamiento jurídico que se dieron los venezolanos y venezolanas, por diversas circunstancias, no había logrado afectar o transformar significativamente la estructura política en sus distintos niveles de gobierno. Durante la constituyente de 1999, la carencia de definiciones ideológicas y los astutos infiltrados, lograron que la descentralización siguiese presente, en términos muy semejantes a los de los años 90.
La intención era clara, precisamente desde allí, desde los espacios de poder que la oligarquía pudo mantener en las gobernaciones y alcaldías, surgieron los recursos fundamentales para darle sustento a las conspiraciones golpistas de esos años. No en balde, fue la Policía de la entonces opositora Alcaldía Mayor, la que en abril de 2002 concretó el Golpe de Estado; el dirigente de la derecha, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia (candidato presidencial en 2006 y hoy aspirante a la alcaldía de Maracaibo), el representante del los gobernadores y alcaldes que fue al Palacio de Miraflores a fotografiarse con el brevísimo dictador Carmona el 12 de abril de 2002; el entonces gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, el que tomó los medios de comunicación del Estado durante el golpe; el Alcalde de Baruta, Enrique Capriles (hoy aspirante a la gobernación de Miranda), el que asedió la Embajada de Cuba durante el golpe; Leopoldo López, entonces alcalde de Chacao (visto como futuro candidato de la derecha), el que permitió que los militares golpistas tomaran por meses la Plaza Altamira, tratando de generar un segundo golpe militar en 2002. Por señalar solo algunos nombres y fechorías.
En 2004, tras el referendo nacional que ratificó ampliamente a la Revolución Bolivariana en el poder, la desesperada oligarquía se entrampó al denunciar un supuesto fraude que jamás existió y dos meses después del referendo fueron incapaces de movilizar a sus electores, pues ya se habían encargado de deslegitimar ante ellos al poder electoral. Así las cosas, los candidatos a gobernadores y alcaldes bolivarianos se hicieron de 20 de las 22 gobernaciones y la inmensa mayoría de las alcaldías y asambleas legislativas. Comenzaba el momento de desmontar la farsa descentralizadora. Muchas de las gestiones regionales revolucionarias comenzaron a incorporar paulatina pero crecientemente, a las comunidades en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Gobernaciones y alcaldías que hacían fluir las políticas sociales del Gobierno Bolivariano, sus misiones, su impacto positivo en la población. Los Consejos Comunales, los Comités de Tierra, los Comités de Salud y Educación, las Mesas Técnicas de Agua y Energía, es decir, la comunidad organizada pasó a ser considerada y escuchada, con matices, desde buena parte de estas gestiones locales y regionales. El Estado Central, por su parte, comienza a retomar las funciones básicas que siempre le han debido corresponder en ámbitos como la salud, la educación y los servicios, sin resistencia de alcaldes y gobernadores.
En 2007 ocurren dos hechos definitivos. Por una parte, se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, por la otra, se realiza el fallido referendo para aprobar una compleja reforma constitucional, cuyas disposiciones vendrían a afectar estructuralmente la distribución del poder en el país. El Partido Socialista ha venido a llenar un inmenso vacío en lo logístico y programático. La dispersión y fraccionamiento de los grupos que apoyan la Revolución era un inmenso obstáculo para poder avanzar, tanto en la eficacia política, como en la calidad revolucionaria. La unidad de las fuerzas socialistas ha generado una cohesión y una organización popular con capacidades ilimitadas. La propuesta de reforma de la Constitución, por su parte, representaba un claro avance hacia una sociedad más democrática y socialista, donde el poder que hoy concentran la oligarquía y el Estado, seria transferido sistemáticamente a la sociedad organizada. Era esta una herramienta para hacer realidad la democracia participativa y protagónica enunciada en la Constitución Bolivariana.
Dentro de las innovadoras propuestas, el Presidente Chávez desarrolló la noción de una «nueva geometría del poder», donde el espacio, el territorio, se pondría al servicio del bienestar común y la comunidad organizada iría recibiendo el poder que por definición les corresponde para, en ese territorio, ir construyendo una sociedad alternativa, igualitaria, justa y digna. Diversos mecanismos se planteaban en la propuesta al país para alcanzar este objetivo. La propuesta de reforma fue resistida, como era de esperarse, por los grupos económicos, la oligarquía, los medios y todos los factores pro imperialistas que se niegan, por naturaleza, a desconcentrar el poder que han acaparado y a distribuirlo equitativamente entre las mayorías. Los gritos de resistencia más agudos, se escucharon en los pocos, pero poderosos grupos de la oposición que aún mantienen presencia en gobernaciones y alcaldías, denunciando que era una acción autoritaria para acabar con la descentralización y «alejar el poder de los ciudadanos» y pasar a concentrarlo en el Estado central, peor aún, en las manos del dictador comunista Hugo Chávez. Nada más lejos de la realidad, la propuesta socialista de la Revolución Bolivariana, expresada también en la propuesta de reforma constitucional, tiene como fundamento no «acercar el poder a los ciudadanos», sino «entregarle el poder al Pueblo»: generar mecanismos de asociación, de organización social, de producción colectiva, para avanzar hacia fórmulas de autogobierno, entregándole definitivamente el poder al pueblo organizado en un mediano plazo.
Estaban ya desarrollados en la propuesta de reforma, así como en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, mecanismos expeditos para dar el paso que los fracasados socialismos europeos del siglo XX jamás dieron, transferirle el poder a las mayorías, la democracia directa, verdaderamente socialista. Entre el triunfalismo de seguidores del gobierno, la poca capacidad del Estado para explicar la compleja reforma, la abstención y el temor que infundió la derecha contra la reforma constitucional con todo su poder económico y mediático, la reforma no fue aproada por un ínfimo porcentaje.
En este contexto, habiendo permanecido la estructura y la distribución del poder político casi intactas, la oligarquía venezolana tratará de retomar los espacios perdidos y cedidos en los gobiernos regionales y locales, para desde ellos darle un nuevo aire a la proyección de su plan neoliberal, anti popular y, seguramente, para desde ellos generar nuevos escenarios de conspiración y desestabilización. Todos en Venezuela sabemos bien que lo que está en juego este 23 de noviembre no es un número de gobernaciones o alcaldías, no es un asunto cuantitativo, no es ni siquiera la evaluación de los liderazgos individuales locales, sino un asunto profundamente sustantivo, cualitativo, una confrontación de fondo entre dos proyectos de sociedad opuestos, excluyentes, proyectos entre los que el pueblo venezolano, una vez más, tendrá la oportunidad de decidir. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha llevado adelante una campaña homogénea, con un compromiso programático socialista firmado por todos sus candidatos y aliados, reconociendo todos el papel histórico de la Revolución Bolivariana en la deconstrucción del capitalismo salvaje y la generación de una alternativa socialista de real transferencia del poder al pueblo. El Presidente Chávez ha recorrido el país apoyando a los candidatos del PSUV, en clara muestra de la trascendencia del resultado electoral del venidero domingo y su impacto directo en el rumbo que asuma la Patria toda. Si la derecha llegase a recuperar espacios importantes, los utilizaría para servir a los intereses de las élites, el proyecto neoliberal de desaparición del Estado y su sustitución por los poderes económicos transnacionales. Si los socialistas mantienen y crecen tras las elecciones locales, las regiones serán espacios para desarrollar el proyecto nacional socialista de transferencia de poder a las mayorías, de soberanía, de fortalecimiento de un Estado en transformación para asegurar esa redistribución de poder en el pueblo; en síntesis, para la concreción de una alternativa a las sociedades capitalistas que han hecho de nuestro mundo un gran campo de concentración en el que fallecen a diario 40 mil niños por falta de alimentos, en el que todo se ha convertido en una mercancía y en el que a las mayorías se les ha negado su derecho a progresar, limitándolos a ser eternos proletarios, seres sin derecho a vivir en plenitud.
Cerramos alertando al mundo sobre los eternos planes desestabilizadores de algunos sectores de la oposición venezolana. Tal como en estos momentos ocurre en las calles de Managua, las hipótesis de desconocimiento de los resultados electorales ante un eventual triunfo generalizado de la Revolución en las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 23, están latentes. Sus objetivos específicos: generar violencia y confusión; su objetivo general: derrocar por vías extraconstitucionales el Gobierno Bolivariano y tratar de ponerle el fin al proyecto socialista y al derecho de un pueblo a crear, a soñar, ser libre y vivir en igualdad.