El mes de octubre de 2005, Venezuela fue declarada Territorio Libre de Analfabetismo por la UNESCO, luego de lograr la alfabetización de 1.482.5333 ciudadano y al tener menos de 5% de población por alfabetizar, condición indispensable para acceder a este reconocimiento. Incluso, las estadísticas calcularon que para es momento, solamente un 1,16% de la población […]
El mes de octubre de 2005, Venezuela fue declarada Territorio Libre de Analfabetismo por la UNESCO, luego de lograr la alfabetización de 1.482.5333 ciudadano y al tener menos de 5% de población por alfabetizar, condición indispensable para acceder a este reconocimiento. Incluso, las estadísticas calcularon que para es momento, solamente un 1,16% de la población venezolana era analfabeta. Este éxito, el segundo de estas características obtenido por una nación de América Latina en 100 años, es por ahora el logro más visible de la política educativa implementada por el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez, basada en ampliar las oportunidades educativas, así como su calidad, a las mayorías populares venezolanas.
En este sentido, el salto cuantitativo y cualitativo experimentado por el sistema educativo venezolano es espectacular, sobre todo al compararlo con la situación de degradación generalizada que experimentara éste durante los dos lustros inmediatamente anteriores, en los que los sucesivos gobiernos apostaran por el desmantelamiento de la educación pública, ya sea a través del abandono presupuestarios, financiero, laboral, académico y sociológico o permitiendo la consolidación de un sistema paralelo de educación privada, de difícil acceso para las mayorías, subsidiado a su vez con fondos gubernamentales. Para demostrar este avance, sólo debe recurrirse a las estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV): En los inicios del actual Gobierno (febrero de 1999), el gasto público como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) se ubicaba en Venezuela en 22,57%, mientras que en 20004 éste se ubicó en 29,70%. Asimismo, el gasto social como porcentaje del gasto público total se ubicaba en 1998 en 34,71%, mientras que hoy es del orden del 41,39%. Todavía más ilustrativo es comparar el gasto social como porcentaje del PIB en los inicios de 1999 (7,83%) y en 2004 (12,29%), al igual que hacerlo al comparar el gasto público en educación como parte del PIB en el último año de gestión neoliberal (3,22%) y en 2004 (5,33%).
La inversión cuantitativa en educación ha sido acompañada por medidas políticas de envergadura, como la prohibición, a inicios de 1999, del hábito que inescrupulosamente se alegaba como consuetudinario en muchos planteles públicos (animados sus funcionarios por las directrices neoliberales y privatizadoras de las autoridades del Gobierno central), de cobrar una matrícula al alumnado a inicios de cada año escolar, situación que de hecho excluía a más de un millón de niños de los sectores de escasos recursos del acceso a la educación. Junto al incremento en el gasto, otros factores de orden económico que han incidido como importantes coadyuvantes en la mejora del sistema, han sido las políticas, dirigidas a las mayorías populares, de acceso a créditos cooperativos, servicios sanitarios y alimentos a menor coste, variables que han contribuido a eliminar progresivamente la deserción escolar, y la repetición de curso, aumentando el rendimiento escolar y manteniendo a los estudiantes en el sistema educativo.
CAMBIOS CONSTITUYENTES Y CONSTITUCIONALES
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en marzo de 1999, iniciativa que fuera respaldada en un referéndum aprobatorio por la ciudadanía venezolana, dio como resultado la elección libre y en comicios generales, en julio de ese mismo año, de los constituyentistas encargados de redactar una nueva Constitución, acorde con el proyecto de país que deseaban esas mismas mayorías, como lo demostrara el viraje político, a la izquierda y marcadamente en contra del modelo de gestión del Estado neoliberal, que eligieran en los comicios legislativos y presidenciales de noviembre y diciembre de 1998.
Los artículos relativos a la educación, al igual que el resto de los que integran el nuevo texto fundamental, fueron el resultado de un amplio proceso de consulta con todos los sectores y actores del sector. Así, el articulado constitucional relativo a la educación remitió a la tónica general y a la opinión generalizada de estos actores, referida a su aspiración de preservar y fortalecer el sistema público de educación, realzando el acceso generalizado de la población a la educación como primer paso para el acceso posterior a otras oportunidades de progreso. El articulado constitucional dedicado a la educación, que fuera aprobado como parte de la Carta Magna en un nuevo referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1999, fue el siguiente:
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.
Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.
Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.
Artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.
Artículo 106. Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de éste.
Artículo 107. La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.
Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
Artículo 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.
Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.
PROYECTOS Y LOGROS
Como referentes globales, se encuentran las cifras cuantitativas manejadas por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), que señalan que entre los años escolares 1998/1999 y el año escolar 2001/2002, la tasa neta de escolaridad en Venezuela se elevó casi 7 puntos porcentuales. Como estadística comparativa, la siguiente: en el curso 1998/1999, estudiaban poco más de 5 millones y medios de personas en el país, matriculados en educación preescolar, básica, media diversificada y profesional; en el curso 2004/2005, existen casi 10 millones de estudiantes, según esa misma fuente. La Oficina (OPSU) informó que en 2004 estudiaban en las universidades venezolanas más de un millón de personas, cuando en 1998 este número era de 650 mil.
El salto adelante en la matriculación escolar ha sido posible debido a la implementación de distintos programas educativos estatales de gran envergadura, entre los que se cuentan:
SIMONCITO
Dirigido a la integración preescolar de los menores de 6 años, cuenta con una red de 934 preescolares públicos, así como otros proyectos de pedagogía ambulante, abarcando a un total de 200 mil niños. Se trata de una iniciativa que aporta infraestructura y material didáctico a las aulas de educación inicial en los estados y municipios con mayores carencias en cobertura educativa preescolar.
ESCUELAS BOLIVARIANAS
Creadas con el propósito de ofrecer una educación integral en el ciclo básico, el proyecto se inició en el año escolar 1999/2000 con 599 escuelas «pilotos», planteles reconvertidos al nuevo proyecto. Para diciembre de 2003 existían 3.000 escuelas bolivarianas en todo el país, con una matrícula de 644 mil alumnos. Estos centros destacan por su éxito en términos de prosecución de los estudios (91,84%) y bajos índices de repetición de curso y deserción, 6,18% y 2,03%, respectivamente. Se trata de centros educativos de un solo turno, por lo que los estudiantes desarrollan actividades mañana y tarde, con comidas incluidas, en los planteles.
MISIÓN RIBAS
Incorpora a todas aquellas personas (sin importar su edad) que abandonaron el ciclo de educación media. Hasta octubre de 2005 la Misión había incorporado a 910 mil alumnos, habiendo graduado hasta la actualidad a 30 mil. Las clases se imparten en 8.322 planteles educativos, desde preescolares hasta escuelas técnicas y universidades. 173 mil 843 alumnos de la Misión reciben el pago de becas como estímulo a su formación y para garantizar su permanencia en los estudios.
MISIONES ROBINSON I Y II
La Misión Robinson I se propuso la alfabetización masiva, lográndose alfabetizar a 1.482.543 personas. La Misión Robinson II fue implementada para garantizar la continuidad educativa a los recién alfabetizados, así como a toda la población que abandonó la educación básica (primaria). Hasta octubre de 2005, este programa incorporó a un millón y medio de estudiantes, otorgando 100 mil becas.
MISIÓN SUCRE
La creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es una de las iniciativas esenciales de este programa, al ser ésta la entidad que brinda a los estudiantes graduados del ciclo medio, que fueran excluidos del sistema universitario tradicional debido a la existencia de tamices de admisión que favorecían a los egresados de los bachilleratos privados, la posibilidad de acceder a una formación de calidad en profesiones orientadas al desarrollo endógeno y comunitario, distinguibles por su pensa basado en la educación en valores. La UBV cuenta actualmente con sedes en Caracas y Maracaibo. Constituye una oportunidad para la continuación de los estudios superada la etapa de la Misión Ribas, en la medida que otorga prioridad en la incorporación de la UBV a aquellos bachilleres egresados de la mencionada iniciativa gubernamental. Hasta octubre de 2005, la Misión Sucre había censado a 472 mil 363 bachilleres, atendido a 429 mil, 336 mil están inscritos en el programa, habiéndose otorgado 80 mil becas para el mantenimiento de los estudiantes.
POLÍTICA Y EDUCACIÓN: IMPACTO Y CORRESPONDENCIA
En paralelo a la promoción, el fortalecimiento y el apoyo, no sólo financiero sino también curricular, a la educación formal que está sucediéndose actualmente en Venezuela, también existe en el país un proceso de cambio educativo que podría tildarse de radical (en su acepción de análisis y estudio de la realidad desde sus causas y consecuencias últimas) que rebasa a la escuela como entidad conceptual y física, adentrándose por ello en el terreno sociológico. Desde la efervescencia de las organizaciones populares, que basan la toma de sus decisiones políticas en métodos mayéuticos, hasta la intensa labor de pedagogía, en el sentido de educación en valores de solidaridad, de tolerancia, de justicia social, de moral pública y privada, que llevan a cabo los distintos actores políticos, incluido el Presidente de la República, puede afirmarse que hoy día la acción liberadora de la educación es una realidad cotidiana en casi todos los ámbitos de la vida en Venezuela, rebasando la esfera de lo público e introduciéndose en el ámbito privado.
La política educativa ha contribuido además a un salto adelante formal, materializando hitos como la creación del Ministerio de Educación Superior, saldando la ingente deuda financiera y social del Estado venezolano con el magisterio (maestros, profesores e investigadores) e implementando proyectos de educación bilingüe para el estudiantado indígena, en el marco de los cuales se editan textos con las lenguas de la veintena de pueblos amerindios de Venezuela.
Adicionalmente y aún cuando queda para el estudio el impacto de la pedagogía del discurso político en las mayorías populares, así como la materialización de la voluntad popular en los conceptos e ideas que en la actualidad transmiten los actores políticos formales, resulta indiscutible, sin necesidad de recurrir a métodos de investigación en ciencias sociales, que la educación en valores llevada a cabo por los medios de comunicación del Estado venezolano, así como la influencia discursiva que ésta produce en los medios privados, ya sea por efecto de imitación (o por la necesidad de enmascarar mensajes educativos que hoy serían considerados contrarios al deber ser), ha resultado en la aceptación de los grandes problemas de índole moral, social y económico que lastraban al país desde los inicios de su etapa republicana (por no hablar de tiempos anteriores), así como en la creación de una conciencia colectiva dispuesta a emprender acciones para subsanar las causas que ocasionaban las graves desigualdades sociales. Problemas como la exclusión económica, racial, social y de género han sido diseccionados a partir de esta pedagogía en valores, ideológica e ideologizada en la medida que se define frente a la realidad y las posibles opciones para la acción en sociedad. Así, la acción educativa formal y también sociológica es hoy día el camino para enfrentarse a las discriminaciones ocasionadas por el clasismo, el racismo contra la población mestiza, indígena y afrodescendiente (que componen a las mayorías sociales del país) y las desigualdades de género. Ahora, como reto cualitativo tras el ingente esfuerzo realizado por el Ejecutivo venezolano, en el sentido de preservar el sistema de educación pública y de incluir a millones de personas en éste, se encuentra la profunda modificación de los planes de estudios, de forma que los valores presentes en la pedagogía social que realizan informalmente casi todos los actores públicos progresistas y de avanzada se multiplique, constituyéndose en avanzada de un nuevo código de vida en sociedad.
EPÍLOGO
La conjunción de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno venezolano ha permitido, entre otras cosas, elevar el Índice de Desarrollo Humano de la nación, de un 0,69% en 1998 (medición correspondiente al último año de gestión de una administración marcadamente neoliberal) al 0,80% en 2004, lo que implica mejoras en los ámbitos de la salud, los ingresos y en educación, en este caso tanto en la alfabetización como en el número de personas cursando estudios. Se trata de una señal cuantitativa que remite a una gestión que respalda la preservación y crecimiento de los espacios educativos públicos, que otorga prioridad al acceso de los sectores populares a la educación y que ha dado muestras de reforzar, a partir de los paradigmas comunitarios impartidos en las escuelas bolivarianas, el pensa y los curricula escolares orientados a la educación en valores.
Helena Menéndez Ruano es venezolana y miembro del Círculo Bolivariano de Madrid. El CEPRID incluirá una actualización de los logros educativos de la Revolución Bolivariana en sus próximas actualizaciones.