Un análisis sobre la reciente medida del Banco de la República
Es necesario un debate amplio y abierto al modelo de Banca Central que existe en Colombia, y en la mayoría de los países occidentales. Este debate no solo obedece al fracaso de sus políticas que nos están llevando a un colapso hiperinflacionario del sistema financiero dominante en EE.UU., la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y extendido a sus países satélites como Colombia, sino porque nuevos enfoques y paradigmas se vienen gestando con mayor éxito en los propósitos de mejorar el bienestar de la población.
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado, con mucha razón, la política especulativa del Banco de la República de incrementos de la tasa de interés como estrategia de control a la inflación. El presidente expresó por su cuenta de Twitter lo siguiente:
“El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación?: No”.
Si bien no es del todo cierto que el ritmo inflacionario nuestro esté cada vez más desconectado de la inflación internacional, es absolutamente correcto el planteamiento de que los aumentos en la tasa de interés no tendrán ningún impacto en la reducción del proceso inflacionario del país, sino que llevará a la quiebra de toda la economía nacional. Esto último quedó mucho más claro en otro mensaje del Presidente que dice:
“La Corte constitucional ordenó al Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y el empleo. El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos”
A pesar de los alaridos de los defensores gratuitos del Estado de Derecho neoliberal, como la exdirectora ejecutiva de la Fundación Promigas, Cristina Carrizosa, la Constitución Política de 1991 encierra una contradicción que debe resolverse: por una parte existe una promesa constitucional de una tendencia progresiva en garantía de derechos y por otra existe un modelo de banca central que impide su realización.
La constitucionalización de la independencia del banco central se hizo bajo un falso argumento que plantea que los gobiernos son proclives a la inflación, y como consecuencia de ello se propone una falsa solución: la independencia del banco central frente al gobierno. Esta independencia frente al gobierno garantizó que el Banco Central pasara a una total dependencia de los interés financieros y especulativos de la banca multinacional. Hoy tenemos bancos centrales autónomos de gobiernos y de los intereses de la población, que no están al servicio del interés público, ni del interés general, sino de los grupos financieros internacionales, y de los intereses privados.
Pero adicional existe otra contradicción: ¿Quién gobierna en Colombia? ¿Un Presidente elegido por el voto popular o una junta tecnocrática de yupis neoliberales que no representa el interés popular? Tiene más poder en el manejo de la economía el Banco de la Republica que el propio presidente elegido por la mayoría de los colombianos. Mientras el Presidente gobierna la política fiscal (Política tributaria y gasto público) el Banco de la Republica controla la política cambiaria y la política monetaria y crediticia.
Hoy el gobierno viene tramitando democráticamente una reforma tributaria, con incidencia de los empresarios, controversia publica, y una gran deliberación en el Congreso de la Republica. Pero la política monetaria está excluida del debate democrático. ¿Dónde se debaten las decisiones de incremento de las tasas de interés? En un reducido cenáculo de 7 codirectores, dentro de los cuales uno es el Ministro de Hacienda que no tiene capacidad de influir en las decisiones de la mayoría.
Para no ir muy lejos, Bolivia es un ejemplo de articulación del Banco Central con las políticas gubernamentales según lo interpreta la Corte Constitucional de nuestro país. El caso de Bolivia muestra que, a pesar de las tendencias globales hiperinflacionarias, los países si pueden hacer cosas para contener el impacto inflacionario global originado en las emisiones cuantitativas, la ruptura de las cadenas de suministros, y el crecimiento de precios de los energéticos, entre otros. La inflación en Bolivia a agosto este año fue de 1,62%, mientras en Colombia fue de 9,1%. La tasa de crecimiento del PIB proyectado para este año en Bolivia es de 5,1 % y la balanza comercial a julio de 2022 alcanzó un superávit de 1.287 millones de dólares. En Colombia se proyecta un PIB por encima del 6% pero su balanza comercial a julio tuvo un déficit de 7.199,2 millones de dólares.
A diferencia de Colombia, Bolivia tiene control de cambios y de capitales, un tipo de cambio fijo respecto al dólar (6,95 bolivianos por dólar), crédito de fomento al aparato productivo, encajes diferenciales para direccionar los flujos monetarios hacia la economía real, inversión en infraestructura, una fuerte presencia de la banca pública en el sistema financiero, inversión en ciencia y tecnología de alto nivel, apoyo a la producción agropecuaria y límite de las exportaciones de alimentos y productos esenciales, subvención de los combustibles, subsidio en varios productos de la canasta familiar, control de precios y al contrabando.
Si bien debemos luchar de manera paralela por establecer un nuevo sistema financiero mundial de paridades fijas y crédito abundante para el aparato productivo, se pueden realizar orientaciones de políticas en cada país para mitigar los impactos globales y empezar a resolver los graves problemas estructurales que nos dejaron las oleadas neoliberales de los últimos 50 años en el mundo, y un poco de más de 30 años en Colombia.