Como todo el mundo sabe, la moneda de Ecuador es el dólar estadounidense. Sin embargo, todo aquél que quiera efectuar pagos con un billete de cien se verá sometido a las más curiosas peripecias. Nadie lo aceptará. Ni siquiera en un banco podrá cambiarlo por sencillo. El sorprendido titular de ese papel verde no tendrá […]
Como todo el mundo sabe, la moneda de Ecuador es el dólar estadounidense. Sin embargo, todo aquél que quiera efectuar pagos con un billete de cien se verá sometido a las más curiosas peripecias. Nadie lo aceptará.
Ni siquiera en un banco podrá cambiarlo por sencillo. El sorprendido titular de ese papel verde no tendrá otra alternativa que dirigirse al Banco Central (BC). Sí, al mismísimo BC, organismo que según las leyes de este país es el responsable de sus políticas monetarias y de ninguna manera tiene a cargo la tarea de facilitar pagos al contado en un supermercado o en una verdulería, con el agravante de que se trata de una suma que poco alcanza.
Por ejemplo, tres chirimoyas, tres guayabas, una bolsa con medio kilogramo de maracuyás y un cacho de bananas obligan a un desembolso de 10 dólares. Muy poco dinero para tanta fruta exquisita, diría un suizo, un estadounidense o un turista canadiense pero en verdad una suma desmedida par los ecuatorianos, con salarios medios que no pasan los 150 dólares si es que se trata de alguien que zafó de la franja social del desempleo-subempleo (60 por ciento) y de la línea de pobreza (65 por ciento), indicadores que surgen de comparar las cifras oficiales y las que dan centros académicos y vinculados a movimientos sociales y sindicatos.
Sucede que hace varios meses la plaza líquida de Ecuador fue inundada por billetes de cien dólares falsos y todo el mundo entonces huye del rostro de Benjamin Franklin y del «Independence Hall» como si esos grabados representasen la cara de Lucifer y la sede del Infierno.
Sucede que esos billetes falsos -no se puede decir cuántos son aunque se trataría de cientos de millones- fueron impresos en Pakistán, sobre papel moneda prelavado que las fuerzas de ocupación militar estadounidenses confiscaron en Bagdad, e ingresaron a territorio ecuatoriano vía Perú.
Por supuesto que nadie vinculado al poder del fugado ex presidente Lucio Gutiérrez se anima a reconocer en público semejante extraña operación, ni mucho menos se atreven a hacerlo en los pasillos y salones del poder financiero de esta capital.
Sin embargo, entre los principales editores económicos de la prensa local -entre ellos reconocidos periodistas de los periódicos El Comercio y Hoy- no existen demasiadas dudas: se trata de una maniobra de sustitución de billetes legítimos por falsos, que podría estar en ejecución desde hace más de un año y afectaría al 50 por ciento de la masa líquida que circula en este país.
Detrás de la misma, admiten las mismas fuentes, se encuentra la DEA (agencia «antidrogas» de Estados Unidos), el FINCEN (los servicios de inteligencia de la secretaria de Tesoro estadounidense) y un entramado de instituciones bancarias y crediticias ecuatorianas, con fuertes relaciones en Colombia, tanto con instituciones afines como funcionarios oficiales allegados al presidente de ese país, Alvaro Uribe.
Esta operación de vaciamiento monetario del país es uno de los recursos con que cuenta la secretaría de Tesoro, para recaudar metálico destinado al complejo bélico industrial sin afectar el bolsillo de los contribuyentes norteamericanos.
Semejantes procedimientos, metódicamente puesto en práctica a través de los bancos de matriz estadounidense y de sus instituciones «nacionales» cautivas, aunque sin sustitución de billetes legales por falsos, ya había sido aplicado por otras vías en Argentina, en 2001, cuando los medianos y pequeños ahorros en dólares de ese país fueron confiscados por los bancos, a la vez que las mismas instituciones actuaron como instrumentos para la fuga de los grandes activos en la misma moneda, vía sucursales «offshore».
El boletín electrónico «La Otra Aldea», publicado en Buenos Aires a lo largo de todo el año 2002, informó oportunamente sobre el caso de Argentina y calculó que a lo largo de 2001 ese país sudamericano «exportó» en forma ilegal unos 140.000 millones de dólares.
Dos meses antes de la «crisis» argentina de diciembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos (ver páginas electrónicas oficiales de la Casa Blanca, del Congreso y de la secretaría de Tesoro) proclamaba que su lucha contra el «terrorismo internacional», una supuesta reacción a los ataques del 11-S, demandaría gastos especiales por 400.000 millones de dólares.
Esos fondos no salieron del fisco estadounidense sino que en parte fueron liberados por Fondo Monetario Internacional (FMI) pero también llegaron de los paraísos fiscales controlados por los principales bancos de matriz norteamericana y dotados por más de dinero provenientes de las llamadas «crisis financiaras de los países emergentes».
Así Estados Unidos financió sus campañas de ocupación militar en Afganistán y en Irak, con el pretexto de ubicar a Osama ben Laden (socio comercial y financiero del clan Bush, actualmente el gobierno de Estados Unidos) y de destruir los nunca encontrados arsenales de destrucción masiva del depuesto presidente Sadam Hussein, campañas recolonizadoras que le permitieron a las corporaciones estadounidenses apropiarse algunas de las cuencas energéticas más importantes del planeta.
El desarrollo puntual de estos hechos pueden consultarse en los libros «La invasión a Irak», de Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot, Editorial Desde la Gente, Buenos Aires, 2003 y «Bush & ben Laden S.A., de Víctor Ego Ducrot, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
Los métodos y herramientas políticas y de inteligencia que utiliza el gobierno de Estados Unidos para apropiarse de las masas dinerarias provenientes del narcotráfico y para su reciclado desde los paraísos fiscales pueden encontrarse en el libro «El color del dinero», de Víctor Ego Ducrot, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999; mientras que los lineamientos centrales de Plan Colombia como parte de la estrategia de Estados Unidos hacia nuestra región pueden ser consultados en el libro «Recolonización o Independencia: América Latina en el siglo XXI», de Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2004.
Los estrategas estadounidenses entrecruzan escenarios y metodologías y en ese sentido, las corporaciones financiaras actúan como socias de la Casa Blanca, tanto en Bagdad como en Sudamérica, contando siempre con el entramado de corruptelas domésticas, funcionales en términos estratégicos, más allá de los proclamados discursos «políticamente correctos» y distractivos que Washington emite «contra» la corrupción en los países dependientes. Dicho de otra forma: hubiese sido imposible la imposición de los modelos neoliberales en la región sin la asistencia orgánica de los sistemas políticos de corruptelas políticas domésticas, llámense éstas Carlos Menem, Alberto Fujimori, Jamil Nahuad, Alvaro Uribe o Gonzalo Sánchez de Lozada.
Hay serias pistas, conocidas en ámbitos políticos y diplomáticos latinoamericanos aunque muy bien mantenidas en reserva o en el anonimato, de que la articulación del entramado financiero ilegal del Plan Colombia tiene epicentro en la DEA, como controladora de la parte del león del tráfico de drogas en ese país, y en una red de bancos tanto colombianos y ecuatorianos vinculados a Alvaro Uribe, a los «paramilitares» colombianos, a la Mossad israelí y a la ultraderecha de la Iglesia Católica nucleada en el Opus Dei.
Ecuador es clave en este entramado, pues al mismo pertenecería el Banco Pichincha, que controla el 60 por ciento de los depósitos del país, y que guarda lazos corporativos de oro con la empresa titular de la tarjeta de crédito Dinners.
Acceder a los ejecutivos de ese banco y de Dinners, en procura de una confirmación o de una desmentida al respecto, fue decididamente imposible. Incluso, los agentes de la seguridad privada y fuertemente armada que custodian los edificios de ambas instituciones tienen autoridad para impedir la obtención de tomas fotográficas y de video sobre las vías públicas que circundan a los dos establecimientos.
El entramado político-financiero dispuesto desde la propia embajada de Estados Unidos en Quito, actualmente dirigida por la embajadora Kristie Kenney, no responde a un trabajo de urgencia sino que surgió de una operación de larga data, desde la época misma en que Washington auspiciaba el establecimiento en América de Sur de «regímenes democráticos controlados o vigilados», una categoría política surgida con el agotamiento de la doctrina de la Seguridad Nacional y sus consecuentes dictaduras militares.
Durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), la Junta Monetaria de Ecuador expidió dos regulaciones, la 596-89 y la 631-89, de marzo y octubre de 1989, respectivamente, a través de las cuales el gobierno institucionalizó el lavado de dólares provenientes del tráfico de drogas. Liberó los controles existentes y autorizó a los bancos, financieras y casas de cambio a comprar dólares billete y transformarlos en dólares cheque, por la paga de una comisión.
Expertos de Estados Unidos consideraron que la banca ecuatoriana blanqueó por entonces entre 400 y 500 millones de dólares provenientes del narcotráfico. La revista Newsweek del 3 de setiembre de 1990 publicó una nota con el título «Una isla de paz para los mercaderes de la droga» (An Island of Peace for Drug Merchants) y luego el secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Narcóticos, Melvyn Levistky, hablaba de la importancia de Ecuador como plaza para el lavado de narcodólares.
Ese funcionario reveló entonces que el departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una ley por la cual todas las transacciones electrónicas de fondos sean rastreadas e investigadas con el propósito de controlar las operaciones ilegales de dinero. En Estados Unidos se efectuaban, en la época que estuvo Levistky en Quito, 41.600 operaciones electrónicas por hora, que representaban movilizaciones de 174.100 millones. Por ese entonces, durante una jornada de trabajo global las operaciones electrónicas movilizaban tres trillones de dólares.
Como se señala en el ya citado libro «El color del dinero», el verdadero objetivo de la secretaría del Tesoro no es impedir el lavado de dinero provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilegales sino asegurarse de que el mismo se realice dentro de las estructuras financieras controladas por ese organismo, preferentemente a través de instituciones de crédito de matriz estadounidense.
El lavado de narcodólares en Ecuador era resaltado por los diarios El Espectador, de Colombia (16-04-91), y The Washington Post, de Estados Unidos (04-09-90).
Por ese entonces, José Rivadeneira Icaza, casado con Alegría Borja Cevallos, hermana de Rodrigo Borja, fue apresado por la policía de Miami y procesado por un juez federal de Nueva York, por lavar dólares del narcotráfico en el Chasse Manhattan Bank de Nueva York y otras instituciones financieras de Estados Unidos.
Las operaciones se hacían mediante la compra de giros postales provenientes de Quito y Cali, que llegaban por intermedio de la agencia de cambio ecuatoriana Comercio & Fiduciaria (C&F). En 1991, el monto del dinero blanqueado ascendía a los 30 millones de dólares. C&F fue intervenida y liquidada, para evitar que pudiese surgir documentación comprometedora para el gobierno de Borja, a la vez que el juzgado que seguía la causa en Nueva York ordenaba la retención de los fondos de C&F en el Chasse Manhattan Bank y también seguía la pista sobre la actuación del Citibank NY.
El economista y periodista ecuatoriano Luis Mejía Montesdeoca, legislador de Izquierda Democrática (ID) -uno de los partidos del entramado de poder en este país- reveló que, en 1989, fueron comprados 4.907 millones de dólares y vendidos 4.905 en el sistema bancario ecuatoriano. El abogado Fernando Larrea Martínez, diputado y presidente de la Comisión Especial del Congreso para investigar el lavado de dólares, reveló el 3 de julio de 1991 al diario Expreso de Guayaquil que 178 personas aparecían involucradas en el lavado de dinero.
A través del Congreso, Borja designó superintendente de Bancos a Gonzalo Córdova Galarza, eminente fundador de Izquierda Democrática. A un hijo de éste lo incorporó al servicio exterior, nombrándolo embajador de Ecuador en Colombia, cuando sabía que una hermana suya -hija claro del Superintendente de Bancos- estaba envuelta en un caso de drogas y guardaba prisión en una cárcel de Bogotá.
El 30 de agosto de 1988 – a los 20 días de asumir el gobierno- Rodrigo Borja lanzó el «paquetazo». El dólar oficial pasó en 10 días de 275 sucres por unidad a 390, con una devaluación programada de 2,50 sucres por semana y llegó al 56 por ciento. Los combustibles aumentaron en un cien por cien, mientras que el salario mínimo un 15,8 por ciento, de 19 mil a 22 mil sucres (es decir de 35,5 a 41 dólares).
La deuda externa superaba los 11.000 millones de dólares, cuyos pagos habían sido suspendidos por el gobierno de León Febres Cordero en febrero de 1987, debido a los efectos traumáticos de la caída en los precios del petróleo, del terremoto de la región central y la destrucción del oleoducto que paralizó durante seis meses la exportación de crudo ecuatoriano.
Borja no pudo detener la creciente protesta de los trabajadores organizados, los que el 24 de noviembre de 1988 lanzaron el Paro Nacional del Pueblo. Hubo movilizaciones y represión policial y militar.
El manejo económico del país quedo en manos del banquero quiteño Abelardo Pachano Bertero, presidente de la Junta Monetaria.
La inflación llegaba al 90 por ciento. En Guayaquil hubo movilizaciones estudiantiles.
Cuando Borja asumió la presidencia aseguró haber recibido una Reserva Monetaria Internacional (RMI) con saldo en rojo (-320 millones de dólares). Febres Cordero, en cambio, dijo que al 10 de agosto de 1988, la RMI era positiva en 57 millones de dólares. Los ajustes económicos del 30 de agosto y del 30 de diciembre de 1988, estaban orientados, según Borja, a recuperar la RMI, y a fin de ese año el presidente afirmó que la misma se ubicaba ya en 100 millones de dólares.
Lo que no dijo fue quién y cómo se iba a administrar. El escándalo nacional explotó el 10 de mayo de 1989: el Citibank de Nueva York había incautado en forma unilateral 80 millones de dólares que mantenía el Estado ecuatoriano en ese banco.
Los 80 millones correspondían a un convenio de facilidad comercial suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Ctibank N.Y., para cubrir el desfase de las exportaciones petroleras nacionales durante la crisis del ´87. Ese crédito es una operación corriente y usual de corto plazo, generalmente a 90 o 180 días. Este préstamo fue sujeto a renovaciones y se pagaron intereses y el vencimiento estaba previsto para julio, dos meses después de la acción inmoral de los banqueros estadounidenses.
Para el gobierno sólo había en ese momento 33 millones, entonces ¿quién colocó los 47 millones restantes? ¿Por orden de quién?. El gobierno mismo culpó a la gerencia de Comercio Exterior del banco Central de Ecuador.
Unos años antes, en 1982, en el registro oficial número 262, del 11 de junio, el ministerio de Finanzas y Crédito Público autorizó al Banco del Pichincha la inversión hasta la suma de un millón de dólares en una entidad financiera de la ciudad de Nassau, en Bahamas. Era la partida de nacimiento del Banco del Pichincha Limited, una pequeña entidad financiera «offshore», de dos millones de dólares de capital. Por siete años, el pequeño banco vegetó allí con activos declarados de apenas 18.000 dólares.
Borja cerró las cuentas oficiales en ese banco. Sin embargo, el asunto Citibank estuvo escondido durante una semana, lapso durante el cual el gobierno no formuló ningún reclamo oficial al banco agresor, que incluso había violado las normas del Comité de Acreedores. El gobierno de entonces afinaba la operación que terminaría en la conformación del país como sede bancaria del entonces futuro Plan Colombia.
El gobierno de Borja decidió reubicar la RMI en otros bancos. Las reservas de Ecuador fueron a parar al Pichincha Limited de Nassau. El Banco Central de Ecuador depositó allí, en cuenta corriente, 38,8 millones de dólares en 1989 y 47,8 millones en 1990, sin generación de intereses. El gobierno de Borja dijo entonces que la operación fue recomendada por la consultora privada estadounidense Coudert Brothers, aunque nunca quedó claro el contendido de esa recomendación.
El gobierno violó el art.52 de la Ley de Régimen Monetario en vigencia en ese entonces, que decía que la RMI «debe ser colocada en bancos de primer orden». Luego, el Pichincha de Bahamas prestó 10.724.178 dólares a un grupo de accionistas del Banco Pichincha de Quito, encabezado por el empresario vinculado al Opus Dei, Fidel Egas, al 8,9 por ciento de interés anual, para que éste compre 10 millones de acciones del mismo banco ecuatoriano.
Con este juego ilegal Fidel Egas tomó el control del Banco Pichincha. En un informe de auditoría al 31 de diciembre de 1990, la firma Peat Marwick & Mitchell sostuvo que el Banco del Pichincha Limited de Nassau estaba catalogado como «banco de membrete», cuyas operaciones realmente se efectuaban en la casa matriz del Banco Pichincha de Quito; que el banco de Nassau no tenía reservas suficientes; que el mismo incurría en pérdidas operacionales no reflejadas en el patrimonio de los accionistas y que sus estados financieros no reflejan una posición apegada a la realidad.
La actual estructura financiera-militar y de inteligencia montada por Estados Unidos en Ecuador, en combinación con el gobierno de Colombia, tiene antecedentes en el entramado que Washington y Bogotá desplegaron anteriormente en Panamá.
Según la edición argentina de la revista Le Monde Diplomatique del mes de febrero de 2005, un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el primer semestre de 2004 Panamá fue, junto a Singapur, Bélgica y Luxemburgo, el país que más se benefició con las inversiones extranjeras directas.
Ese documento, afirmó la publicación editada en Buenos Aires, omite precisar que es el capital colombiano el que viene dinamizando a la economía panameña.
Tanto el empresario panameño Iván Ruiz como el director del periódico Capital Financiero, Orlando Mendieta, coincidieron en que esas inversiones «son uno de los efectos del Plan Colombia». Con el Plan Colombia se ha intensificado la guerra interna que arrasa a Colombia, poniendo a los capitales en fuga. Las investigaciones oficiales son casi inexistentes pero es vox populi que ha llegado capital legal y «del otro».
Los bancos no hacen muchas preguntas, cierran los ojos porque la mayoría son filiales estadounidenses y europeas. Alexis Rodríguez, decano de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas, en Ciudad de Panamá, dijo a Le Monde Diplomatique que «la invasión militar norteamericana de 1989 a Panamá se hizo bajo el pretexto de limpiar la economía de capitales provenientes del narcotráfico, pero ni se investigó sobre eso. Washington volverá con el tema cuando necesite chantajear al gobierno que se oponga a ser parte de su estrategia de dominación continental»
En realidad, Estados Unidos invadió Panamá y secuestro a Manuel Noriega para controlar ese centro financiero de gran circulación de divisas, porque el gobierno panameño de entonces lo había sustraído parcialmente del control de la secretaría del Tesoro y lo había puesto a trabajar en un circuito ajeno a los intereses de Washington.
En marzo de 2003, el entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general James Hill, organizó en Miami una conferencia sobre seguridad hemisférica. El tema central fue cómo «proteger» la región del «contagio colombiano y del terrorismo en general».
Hill expresó que Panamá afrontaba una posible «invasión de narcoterroristas» desde Colombia, y por lo tanto Estados Unidos y Panamá exploraban nuevos mecanismo para la protección de la frontera, como la operación Nuevos Horizontes, de acciones civiles, con médicos, ingenieros y otro personal militar, cuya sola presencia ahuyentaría a los grupos armados colombianos.
En agosto de 2004 se realizó el ejercicio naval Panamax, organizado por el Comando Sur, en el que participaron Panamá, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú, para preparar la seguridad del Canal ante la supuesta posibilidad de «ataques terroristas».
En su declaración anual ante el Congreso estadounidense, a comienzos de 2004 y antes de ser sustituido por el general Jack Gardner, Hill dijo que a partir del Plan Colombia, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, estaba «haciendo un progreso excepcional en su lucha contra el narcoterrorismo», al mismo tiempo que acusó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de liderar el «populismo radical en América Latina», lo cual lo convertía en «una amenaza emergente para la seguridad nacional de Estados Unidos».
En realidad Hill reprochaba a Chávez su negativa a participar en el Plan Colombia. Chávez había anunciado que Venezuela sería neutral porque de lo contrario se estaría «vietnamizando» la región. El teniente coronel Héctor Herrera Jiménez, director del Frente Cívico Militar Bolivariano, de Venezuela, sostuvo que con el Plan Colombia «el presidente Uribe deja utilizar a su país como plataforma bélica en la estrategia estadounidense, que busca aplicar un modelo neocolonial sobre la región Andina (y amazónica)».
Por su parte, el general Melvín López Hidalgo, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, también de Venezuela, sostuvo que «la Revolución Bolivariana se ha convertido en la piedra en el zapato, por su independencia política internacional y el liderazgo regional que está logrando. Para neutralizar el actual proceso venezolano, desde Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad. Operaciones encubiertas, clandestinas, de penetración, no convencionales».
En definitiva, concordaron ambos mandos venezolanos, «el Plan Colombia busca crear desestabilización social, económica, política y militar, que lleve a una situación de ingobernabilidad, de violencia. Así Estados Unidos tendría el pretexto ideal para llamar a una intervención militar extranjera».
Venezuela está siendo monitoreada desde varias bases militares en Colombia y desde una estación alquilada por Washington al gobierno holandés, en la isla caribeña de Aruba. Pero en la actualidad la preocupación mayor para los venezolanos es la ubicada en los territorios de la corporación Occidental Petroleum, en Savarena, departamento colombiano de Arauca, frontera con el estado de Apure. Allí están asentados unos 400 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados.
En noviembre pasado, en Cartagena, los presidentes Alvaro Uribe y Hugo Chávez intentaron un compromiso entre Colombia y Venezuela para construir un gasoducto por la Costa Atlántica y desde el Golfo de Maracaibo, con futura interconexión hacia Centroamérica.
Venezuela propuso que cada uno de los dos Estados financie por mitades el proyecto. Venezuela ofreció asumir el costo en dólares de la parte colombiana, como un anticipo de pago y compra temprana del gas colombiano que se explotará.
El gobierno colombiano, actuando como agente de negocios de una firma privada y transnacional, exigió que la empresa Chevron formase parte del proyecto. Venezuela contestó que si Colombia quiere incluir a un tercer socio extranjero, se exigiría entonces el 60 por ciento de participación y el control venezolano en el monto total y en cada una de las dependencias y operaciones del gasoducto, debido a la experiencia que tiene con los sabotajes sufridos.
La publicación electrónica «Altercom» sostuvo en marzo de 2005 que «regionalizar el Plan Colombia no sólo implica que los ejércitos de la región se involucren en operaciones militares de la guerra que Colombia, sino que el mismo tiene otras aristas, tan peligrosas como la militar.
Distintos analistas militares en Ecuador sostienen que «las Fuerzas Armadas de ese país serían utilizadas como el yunque cuando el martillo golpee desde el Norte a las fuerzas guerrilleras, y que, en ese momento, cuando en nuestra frontera se detenga la «estampida» de los insurgentes a territorio ecuatoriano, automáticamente estaríamos involucrándonos en el conflicto y éste se regionalizaría».
Con ese convencimiento Ecuador recibió con temor el anuncio del denominado «Plan Patriota»: millares de soldados equipados y calificados se desplazaban a las selvas colombianas para acabar con la insurgencia. Se cumplía la predicción.
Meses antes de su caída, el entonces presidente Lucio Gutiérrez dispuso el emplazamiento de 15.000 efectivos, tanto en la frontera norte como en el frente amazónicos, al mando discreto de oficiales estadounidenses y fuerzas ecuatorianas colaboraron con sus pares colombianas en los secuestros de los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Simón Trinidad, en Ecuador, y Rodrigo Granda, en Venezuela.
El gobierno de Venezuela tiene clara información sobre la operación ecuatoriana del Plan Colombia, tanto en el plano militar como en el financiero, cuyas redes intentamos revelar en este artículo. El gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva también cuenta con esa afirmación.
Ambos países, con características propias diferentes saben de los objetivos estadounidenses en la región y buscan respuestas políticas y diplomáticas contundentes. De ahí la relevancia especial que cobran los recientes encuentros entre Chávez y Lula, junto al jefe de Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, los acuerdos ejemplares de integración y cooperación suscritos por el mismo Chávez y el líder cubano Fidel Castro y la reciente cumbre presidencial sudamericana, en Brasil, en el marco de un encuentro entre los primeros mandatarios de la región y sus homólogos de la Liga Arabe.
Del otro lado está la administración Bush, cuya existencia demuestra que este año puede festejarse el 60 aniversario de la caída de Adolf Hitler pero difícilmente pueda celebrarse la desaparición del fascismo. Como decíamos, ahí, del otro lado, está George Bush para recordárnoslo.