La Representación de Comercio de EEUU rebajó la calificación de Chile de cumplimiento de las normas de Propiedad Intelectual (PI), pasándolo de la llamada «lista de observación» a la «lista prioritaria de observación». Esta «lista roja» está conformada por trece países. Entre las naciones latinoamericanas, además de Chile, figuran Argentina, Brasil y Venezuela. Chile estaba […]
La Representación de Comercio de EEUU rebajó la calificación de Chile de cumplimiento de las normas de Propiedad Intelectual (PI), pasándolo de la llamada «lista de observación» a la «lista prioritaria de observación». Esta «lista roja» está conformada por trece países. Entre las naciones latinoamericanas, además de Chile, figuran Argentina, Brasil y Venezuela. Chile estaba ubicado en el listado de observación desde 1989. En agosto de 2006 se sometió al país a revisiones adicionales, para lo cual -de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Relaciones Comerciales de la Cancillería- se concedieron todo tipo de facilidades, lo que no resultó suficiente para dejar sin efecto que se procediese unilateralmente a recalificar a Chile.
«Esta revisión -expresó la representante de Comercio de EEUU, Susan Schwab- refleja nuestra preocupación sobre el hecho de que Chile no está protegiendo suficientemente la propiedad intelectual». En su opinión se «continúa sin la disposición de abordar las preocupaciones de los dueños de las patentes, quienes informan que se ha autorizado la comercialización de productos farmacéuticos que infringen (las disposiciones establecidas) y no ha proporcionado el mecanismo apropiado y efectivo, a través del cual los dueños de las patentes pueden conseguir que se prevenga la comercialización en dichos casos» (10/01/07).
Los hechos confirman la aseveración efectuada al suscribirse el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile que progresivamente se sentirían las consecuencias de los «amarres» a los cuales se sometió el país al suscribirlo (1) . La Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (Amcham), que agrupa a las empresas estadounidenses presentes en el país, considera la clasificación como «muy grave para Chile». El Tratado establece -agrega la entidad- «en su capítulo 17 …obligaciones específicas para que el Estado chileno adecúe su legislación a una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, lo que todavía está pendiente» (10/01/07).
En otras palabras, se intensificó la presión en defensa de los intereses de los poderosos consorcios farmacéuticos estadounidenses, los cuales siguen demandando aumentos de normas sobre la materia en línea con sus exigencias. «Chile cumple -como expresó el director de la Direcon, Carlos Furche- los estándares internacionales de protección de la PI…». Agregando que desde la vigencia del TLC el gobierno adoptó «una serie de medidas con el fin de cumplir lo acordado, de forma coherente con nuestros compromisos internacionales» (10/01/07). Por su parte, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, expresó que la decisión estadounidense «resulta decepcionante», porque se han realizado esfuerzos «contundentes» y «suficientes» para cumplir «a cabalidad con lo que el Tratado de Libre Comercio nos imponía» (10/01/07). Pero los consorcios farmacéuticos mundiales exigen nuevas concesiones.
Las normas de PI en los hechos establecen formas de control monopólico, que se reflejan negativamente en los precios a los consumidores y en altas rentabilidades para los poseedores de los derechos de patentes, que en muchas oportunidades no son el resultado de investigaciones propias sino de adquisiciones efectuadas a centros de investigación. Como su objetivo es la rentabilidad, los consorcios farmacéuticos en un porcentaje muy reducido hacen estudios en enfermedades masivas propias de países en desarrollo ya que no son rentables. Cuando las producen, por el precio que establecen, como ha escrito Joseph Stiglitz, imponen «un régimen de propiedad intelectual global que niega el acceso a drogas accesibles que salvan vidas» (24/09/06).
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales Farmacéuticos (Asilfa), María Eugenia Sánchez, institución que agrupa a los laboratorios nacionales, recalcó que la legislación vigente en Chile coloca al país en el nivel de requerimientos que efectúan la Organización Mundial de Comercio y naciones desarrolladas como Canadá y Australia. Las disposiciones de la OMC ya son coincidentes con los intereses de los grandes consorcios económicos mundiales. Sin embargo las grandes empresas farmacéuticas de EEUU y Europa, persiguen obtener aún mayores privilegios.
La determinación de colocar a Chile en «lista roja» fue adoptada, como es usual por EEUU, unilateralmente, sin recurrir al mecanismo de solución de controversias establecido en el TLC. «Si existe tal disconformidad o vulneración de la propiedad -manifestó María Eugenia Sánchez-, me parece curioso que nunca lo hayan hecho presente por esta vía, pues los mecanismos existen. El ideal para estas empresas -agregó- es que no existiera la industria de genéricos en el mundo, siendo que en Chile estos corresponden al 80% de los medicamentos con los que se curan y tratan enfermedades nuestros conciudadanos»(10/01/07). Así podrían imponer en mayor escala sus precios monopólicos.
Uno de los puntos centrales de la exigencia norteamericana reside en que sostienen, utilizando como fundamentación el TLC, que el Instituto de Salud Publica (ISP) no debería dar registro sanitario para que se permitiese la comercialización de un producto, de infringirse una patente, estableciéndose así una relación directa entre el Departamento de Propiedad Intelectual (DPI) y el ISP. En otras palabras, pretende hacer más inflexible el cumplimiento de sus exigencias en materia de propiedad intelectual. «Nuestra institucionalidad -argumenta María Angélica Sánchez- es clarísima. El ISP es un organismo con competencia sanitaria y el DPI tiene a su cargo el resguardo de la propiedad intelectual» (10/01/07). EEUU pretende que el ISP se sume a imponer sus normas de PI.
Hasta la fecha, ningún país que tiene un TLC con EEUU ha recibido una sanción económica cuando son cuestionados por su no observancia de las disposiciones sobre PI. Así lo demuestran las experiencias de Israel y Jordania. En cambio sí han sido sancionados países sin TLC, entre ellos Argentina y Brasil. Al vecino país, en 1997, como sanción se les excluyó un 50% de las partidas que se encontraba incluidas en el Sistema de Preferencias Arancelarias, o sea se les empezó a cobrar por ellas gravámenes. En 1988 a Brasil se le aumentaron los aranceles de un listado de producto en un 100% y a otros se les prohibió el ingreso a EEUU Washington tiene una larga historia de utilización de los aranceles como mecanismo para obligar a otros países a adoptar determinadas decisiones en su beneficio, sacando así provecho al hecho de ser el mayor mercado mundial.
De allí pudiese deducirse que no se aplicarán sanciones por la inclusión en la «lista roja». Sin embargo, EEUU tiene frenada toda modificación del tratado. Cualquier propósito de introducir nuevos elementos en el texto pasan, señaló el embajador de la Casa Blanca en Santiago, Craig Kelly, por «unos aspectos que deben aclararse en la implementación del tratado actual» agregando que uno de los «factores» a considerar son los relativos a PI. El secretario de Asuntos Económicos de la embajada, Michael Keller, fue más rotundo al manifestar que al no aceptarse todos los requisitos sobre PI colocados por EEUU están reduciendo la inversión norteamericana en el país. «Chile necesita demostrar -señaló- que tiene un sistema claro y trasparente para proteger la propiedad industrial…, francamente, en este momento -añadió- aun no llegamos al punto de certificar esta previsibilidad para los negocios» (07/09/06). En otras palabras, en los hechos han adoptado como advertencia, medidas abiertas de represalias.
La presión sobre Chile, no proviene únicamente desde EEUU, sino también la realizan Japón y la Unión Europea. En 2006, en vísperas de concluirse las negociaciones con el país asiático para un acuerdo de libre comercio su embajador en Chile, Hajime Ogawa, afirmó que Japón «espera que se puedan proteger más de los derechos de propiedad intelectual. Este -recalcó- es un punto de prioridad para nosotros». La Comisión Europea, a su turno, tiene a Chile en su listado de naciones que violan los derechos de propiedad intelectual, ubicándolo en la segunda categoría de prioridades a enfrentar por este motivo. El conjunto de países industrializados tiende a tener una posición común para transformar la PI en una posición monopólica, produciéndose entre ellos, al mismo tiempo, contradicciones frente a aspectos específicos.
El embajador de Chile en EEUU, Mariano Fernández, expreso que la PI «es sólo un punto (de conflicto) y prácticamente no encontramos otro»(11/01/07). Ello es así en la medida que Chile se adapte a las demandas colocadas por la Casa Blanca al subscribirse el tratado. Por lo demás, en materia de PI los problemas se presentan cuando, como dice Fernández, estamos tratando de «acomodar nuestra legislación al TLC con EEUU». ¡Cómo sería si no fuese así! En la negociación -como lo señalamos en su oportunidad- el gobierno chileno no le concedió importancia a esta temática y negoció exigencias norteamericanas en este plano por niveles de reducciones arancelarias. Esta forma de proceder está pasando su factura.
Nota: 1) Véase, «TLC Chile-EEUU: los amarres del modelo».