Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener […]
Las compañías transnacionales con el apoyo de los gobiernos donde tienen sus sedes principales (Estados Unidos, Europa, Asia, así como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) han destruido durante décadas el medio ambiente, desplazado a habitantes autóctonos y conculcados los derechos humanos de las poblaciones de América Latina en su afán de obtener grandes dividendos de sus suelos.
Esa situación ha sido posible debido al control que a lo largo del siglo XX, Estados Unidos ejerció sobre los gobiernos establecidos en la región que entregaban (y algunos aún entregan) enormes territorios, otorgaban exenciones tributarias, facilitaban las explotaciones mineras, de agua, de biodiversidad, mientras se profundizaba las afectaciones al medio ambiente, a la salud de los pobladores y se desprotegía la fuerza laboral de esas regiones.
Mientras las transnacionales se llevan anualmente miles de millones de dólares, dejan detrás grandes daños a los ecosistemas de América Latina.
Desastres provocados en Ecuador y Brasil por la compañía norteamericana Chevron han llamado la atención de los países latinoamericanos y de los medios de comunicación, debido a que los dos gobiernos nacionalistas que hoy dirigen en Quito y Brasilia, han apoyado las demandas de los afectados.
El desastre ambiental en la amazonia ecuatoriana se inició en 1964 cuando la Texaco (adquirida por Chevron en 2001) empezó a buscar petróleo en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.
Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión de que en esa región ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron a pagar 18 000 dólares por los desastres ocasionados a los pobladores y al medio ambiente pero la transnacional se niega a abonarlo y ha interpuesto varias querellas desde hace 19 años.
El Brasil, el Ministerio Público Federal (fiscalía) comenzó las actuaciones en el juicio donde se acusa a Chevron y a la perforadora Transocean de daños al patrimonio público y falsedad ideológica por el derrame de 2 400 barriles de crudo en noviembre de 2011, y de otro en marzo pasado, en la plataforma ubicada en el océano Atlántico, a 370 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.
El Ministerio acusa a las transnacionales de crimen ambiental y daño al patrimonio público por el derrame de crudo en el Campo de Frade en la cuenca de Campos.
La compañía esta haciendo numerosas gestiones jurídicas, entrega dinero y trata de comprar a quien sea para salirse del embrollo pero la presidente brasileña Dilma Rousseff ha sido directa al manifestar que «las empresas que vengan, así como las que ya se instalaron aquí, tienen que saber que los protocolos de seguridad existen para ser cumplidos».
El siglo XX, casi en su totalidad, marcó una larga etapa para América Latina en que Estados Unidos, dueño y señor de la mayoría de la región (a la que consideraba su traspatio) imponía gobierno y políticos afines que entregaban primero a las compañías norteamericanas, y a las transnacionales después, las riquezas de sus países.
Mientras unos pocos funcionarios criollos se enriquecían por otorgarles numerosas prebendas a las compañías mineras y agrícolas extranjeras, estas con mínimas inversiones extraían (y aun extraen) los bienes de esas naciones con la consecuente destrucción del medio ambiente y el empeoramiento de las condiciones económicas y de salud de las poblaciones.
Un informe publicado en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que «entre 1990 y 2000 se deforestaron 467 000 km2 en América Latina para destinarlos a la agroindustria, explotaciones mineras, o plantas de celulosa o hidroeléctricas entre otras, y ya en 2005 la deforestación de la Amazonia brasileña era de unos 680 000 km2
El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú.
Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto.
Son innumerables las empresas que han ocasionado daños graves en países latinoamericanos como el Grupo Anglo Gold/Anglo American que derramó en 1999 centenares de contenedores de cianuro en el río Vila Nova en Amapá Brasil. En Chile, en 2005, la compañía de celulosa Celco vertió mercurio durante más de 10 años y ocultó los hechos.
Argentina, Paraguay y Bolivia sufrieron en el pasado siglo XX la deforestación indiscriminada para propiciar la siembra de soya, maíz o algodón, por parte de las transnacionales. Por esos motivos, Argentina perdió 140 000 km2 de bosques; Paraguay 20 000 y Bolivia 15 000.
Las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, dedicadas a la explotación y comercio de minerales y materias primas han dejado un rastro apocalíptico a su paso por varios países del hemisferio sur a la par que han obtenido utilidades superiores a 14 000 millones de dólares anuales.
Xstrata en las minas de carbón de El Cerrejón, en la Guajira colombiana cometió abundantes delitos ambientales, fiscales y de violaciones de los derechos humanos. La explotación y la continua ampliación de los yacimientos deterioraron la calidad y cantidad del agua río Ranchería y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
En Perú, la Xstrata labora desde 2006 en la explotación de cobre en el Proyecto Tintaya. Sus acciones han contaminado los ríos Salado y Cañipia y la fiscalía del Cusco le tiene presentada una querella.
Abundantes son las demandas que se mantienen en juzgados de Colombia contra compañías extranjeras que han arruinado el medio ambiente y la vida de sus pobladores. Entre estas aparecen: Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa.
Además, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A.
El daño ha sido catastrófico para Latinoamérica y de eso se han dado cuenta los nuevos gobiernos progresistas y nacionalistas que han surgido en la región, que además no estan solos en las acciones de enfrentar las ambiciones de las transnacionales.
Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Nicaragua por citar algunos, estan zafándose de las cadenas impuestas durante decenas de años por Estados Unidos y las transnacionales.
Cierto que a todas las naciones les hace falta la inversión de capitales para su desarrollo pero las compañías deben respetar las leyes medioambientales, el hábitat de los pobladores, pagar por posibles daños ocasionados y generar dividendos también para los países donde se instalen.
Ese es el desafío presente y futuro.
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