De acuerdo con una tradición anual, el 19 de septiembre el presidente de Brasil Michel Temer abrió el Debate General de la 72ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un discurso. Como se esperaba, Temer hizo referencia a los compromisos «de primera hora» de Brasil con el […]
De acuerdo con una tradición anual, el 19 de septiembre el presidente de Brasil Michel Temer abrió el Debate General de la 72ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un discurso. Como se esperaba, Temer hizo referencia a los compromisos «de primera hora» de Brasil con el desarrollo sostenible, citando específicamente los esfuerzos para disminuir la deforestación en la Amazonia, tema que ha generado mucha crítica internacional a su gobierno. Por otro lado, Temer no hizo ninguna mención a otro asunto espinoso para la diplomacia internacional brasileña: los graves ataques a los derechos de los pueblos indígenas en el país, y sobre todo en la misma Amazonia que el presidente reitera estar defendiendo.
«Los derechos de los pueblos indígenas y el derecho ambiental están bajo ataque en Brasil», afirmaron el 8 de junio, a una sola voz, los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y sobre el medio ambiente, John Knox, además del relator de la CIDH para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco José Eguiguren Praeli.
Los relatores se mostraron muy preocupados por las propuestas de reforma de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que está en discusión en el gobierno de Temer. La FUNAI es la organización que vela por los derechos de los pueblos indígenas dentro del Estado brasileño.
Otra fuerte inquietud de los relatores de la ONU tuvo que ver con un documento de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que funcionó en el Congreso Nacional brasileño sobre la cuestión indígena en el país. El informe de la CPI, aprobado el 17 de mayo, puso en duda el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
«El informe de la CPI también destaca que la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas representa una grave amenaza a la soberanía de Brasil, e incluso alienta al gobierno brasileño a abandonar el Convenio 169 de la OIT, alegando que crea condiciones para el establecimiento de pueblos indígenas inexistentes a fin de expandir arbitrariamente la demarcación de tierras en Brasil», advirtieron los especialistas de la ONU.
Está claro que hay en curso una dura divergencia de opinión entre los organismos internacionales de derechos humanos y el gobierno brasileño -y también los grupos políticos que lo apoyan- sobre los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El país ya había sido cuestionado al respecto durante el proceso de Revisión Periódica Universal de los Derechos Humanos, entre el 2016 y el 2017. Esta revisión es obligatoria para los países signatarios de convenciones internacionales de derechos humanos.
Amenazas, agresiones y muertes
Las organizaciones de apoyo a los derechos indígenas afirman que los pueblos nativos han sido víctimas de amenazas, agresiones y muertes debido a los múltiples intereses en torno a sus tierras, por parte de madereros, mineros ilegales y grandes hacendados, en particular en la Amazonia, donde está la mayor parte de la población indígena en Brasil.
En una situación particularmente preocupante se encuentran los indígenas en situación de aislamiento que viven en la Amazonia. La Coordinadora General de Indígenas Aislados y de Reciente Contacto (CGIIRC) de la FUNAI calcula que se han producido 103 registros de indígenas aislados en la Amazonia brasileña, siendo 26 de referencias confirmadas y 77 todavía pendientes de estudios para confirmación.
Siete de las 26 bases de protección a los indígenas aislados ya han sido cerradas en los últimos años, aumentando la vulnerabilidad de los nativos a ataques. En agosto, alcanzó repercusión mundial la sospecha de una masacre de indígenas aislados cometida en agosto por mineros ilegales en la Tierra Indígena Valle del Javari, estado de Amazonas. La denuncia fue hecha por la Unión General de Pueblos Indígenas del Javari (Univaja), que la encaminó al Ministerio Público Federal.
Un monitoreo efectuado por el Instituto Socioambiental (ISA), una de las principales organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil, muestra la disminución brusca del ya reducido presupuesto de la FUNAI en los últimos años.
En el 2013, el presupuesto de la FUNAI alcanzó un máximo de 800 millones de reales (US$255 millones), aunque sólo poco más de 600 millones de reales se ejecutaron efectivamente. A partir de ahí las disminuciones fueron constantes. En 2016 el presupuesto se redujo a 542 millones de reales, pero sólo 137 millones fueron realmente entregados por el gobierno a la FUNAI, como parte del recorte en muchos gastos sociales efectuado por el gobierno de Temer.
«Es muy probable que, si la política de estrangulamiento de la FUNAI no se revierte, se producirá en el corto plazo un grave aumento de las presiones, violencias y masacres contra los aislados, recién contactados e integrados, en territorios que deberían ser protegidos por el Estado», dijo a la prensa Fany Ricardo, coordinadora del Programa de Monitoreo del ISA. El ISA también señala que la FUNAI viene siendo objeto de cambios de funcionarios técnicos, calificados, por personas vinculadas a la base aliada del gobierno de Temer en el Congreso Nacional.
En un estudio sobre el tema, suscrito por Leandro Mahalem y Roberto Almeida, el ISA indica que, además de los indígenas del Valle del Javari, están en grave riesgo otros pueblos: «los moxi hatëtëma thëpë (Tierra Indígena Yanomami), presionados por mineros ilegales; los awá (Tierras Indígenas Awá, Araribóia, Alto Turiaçu) en Maranhão, por madereros y hacendados; los piripkura y kawahiva de Rio Pardo (Tierras Indígenas del mismo nombre), en Mato Grosso, por madereros y hacendados; o los aislados de la Tierra Indígena Alto Tarauacá, en la frontera entre Acre y Perú, por madereros, hacendados y narcotraficantes».
La Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados
La Iglesia Católica está especialmente preocupada por los ataques a los derechos y la integridad de los pueblos indígenas en Brasil. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que reúne a los obispos católicos del país, en un comunicado emitido el 5 de septiembre, destacó su «vehemente repudio» a los decretos 9.142/2017 y 9.147/2017, promulgados por el gobierno de Temer, «extinguiendo» la Reserva Nacional de Cobre y sus Asociados (RENCA) en la que está prohibida o fuertemente regulada la actividad minera.
La RENCA fue creada en 1984, esto es, en el último año del gobierno militar (1964-1984), con el propósito de proteger una gran área de la Amazonia con fines de investigación mineral y bloquearla a la inversión privada. El área de 47,000 km² está ubicada entre los estados de Pará y Amapá, en el norte del país.
«Sin consideración por los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, la decisión gubernamental se contrapone a la Constitución Federal, en el artículo 231, y evidencia la perversa lógica del mercado que viene siendo adoptada en nuestro país, en detrimento de la vida», protestó el presidente de la CNBB, cardenal Sergio de la Roca, arzobispo de Brasilia.
El decreto 9.142/2017 fue publicado el 22 de agosto y permitía que parte del territorio de la RENCA fuera abierto a la iniciativa privada para investigación y extracción minera. Hubo una gran repercusión de la opinión pública, nacional e internacional, tras lo cual el gobierno emitió un nuevo decreto, el 9.147/2017, indicando que habrá limitaciones a la presencia del capital privado en el área y también que habrá consulta a la sociedad.
Sin embargo, las organizaciones indigenistas y de derechos humanos siguen preocupadas por los efectos prácticos de la apertura de la RENCA. Dos áreas indígenas son atravesadas por la RENCA: la Waiãpi, en Amapá, y la Rio Paru D’Este, en Pará. Hay mucho temor sobre los posibles efectos de la apertura de la RENCA en las poblaciones indígenas, así como en las áreas de protección ambiental que se encuentran dentro de ella. Hay siete unidades de protección ambiental con áreas dentro de la RENCA, siendo tres de protección integral, en que la minería no sería permitida, y cuatro de uso sustentable, con minería permitida si hubiera el llamado plan de manejo.
De cualquier modo, la cuestión indígena está en el centro de las acciones de las organizaciones ambientalistas y humanitarias brasileñas e internacionales. La preocupación es creciente en otros sectores sociales, como en la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que en su última reunión anual en julio pasado discutió el tema, en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
«Una serie de acciones de este gobierno han roto con una política que estaba en vigor por lo menos 14 años, fortaleciendo sectores vinculados al agronegocio y flexibilizando los derechos territoriales indígenas», dijo a la prensa Ricardo Verdum, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).
Brasil está atento. El silencio del presidente Temer en la ONU sobre la cuestión indígena no tendrá efecto práctico, pues los gritos continuarán.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7453