En cierta medida, los dilemas que enfrenta hoy Dilma Rousseff ante su nuevo gobierno presentan similitudes con los enfrentados por Lula tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2002. En ese entonces, mientras el ala izquierda del PT e intelectuales del partido reclamaban por la ejecución de medidas que atendieran a las reivindicaciones históricas, […]
En cierta medida, los dilemas que enfrenta hoy Dilma Rousseff ante su nuevo gobierno presentan similitudes con los enfrentados por Lula tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2002. En ese entonces, mientras el ala izquierda del PT e intelectuales del partido reclamaban por la ejecución de medidas que atendieran a las reivindicaciones históricas, Lula definió designar como Ministro de Economía a Antonio Palocci, un ex trotskitsta devenido en defensor de la ortodoxia económica, para calmar a los mercados, que habían mostrado su rechazo. Ahora Dilma, frente a un sector de la militancia petista que exige respetar las promesas de campaña de »profundización» -e incluso como señala André Singer, el clivaje planteado en términos de los pobres contra los ricos- ha nombrado a Joaquim Levy, otro representante de la ortodoxia económica, para reemplazar al actual ministro, el desarrollista Guido Mantega. La desconfianza y oscilación de los mercados en los últimos meses, así como el estancamiento económico y el nulo crecimiento, obligan al nuevo gobierno a introducir un giro en materia económica.
La cuestión es significativa, pues remite a un punto central de la política de los gobiernos de hegemonia del PT. Éste supone la pregunta respecto de por qué el gobierno de Dilma se ve acorralado por los mercados luego de 12 años de mandatos del mismo signo. ¿Es por una necesidad objetiva de respetar a los factores de poder o porque ha sido concesivo hasta el punto de no poder encontrar el modo de enfrentarlos?
Más allá de las distintas respuestas que se han dado a esta pregunta, esta decisión es inseparable del escaso margen que le ha brindado al gobierno brasileño el ajustado resultado electoral de octubre, que evidenció a la sociedad dividida con respecto a los rumbos que debería tomar el país.
El tema es justamente que en el medio estuvieron las manifestaciones de junio, las cuales demostraron la exigencia por parte de la ciudadanía de una mayor velocidad de las políticas públicas y un mejoramiento de la eficacia en la intervención del Estado. Frente a estos reclamos, la mandataria, limitada en sus capacidades de intervención política por las restricciones que impone el llamado «presidencialismo de coalición», que obliga a alianzas con el PMDB, un partido conservador y antirreformista por esencia, se encuentra en una encrucijada, al igual que su proyecto político. La clave reside en encontrar una activación por encima frente a la encerrona parlamentaria y de los mercados, que permita al PT recuperar la iniciativa, dando un nuevo impulso al ciclo reformista iniciado en 2003. En el caso de Lula, cuando se vio presionado por los factores de poder, ésta salida estuvo en su liderazgo carismático, capaz de convocar por encima de las restricciones institucionales y los condicionamientos. En el caso de Dilma, la alternativa sólo puede ser el llamamiento a la ciudadanía a defender lo público, aprovechando el impulso y las tendencias más progresistas de las manifestaciones de junio para obligar a las fracciones más conservadoras de la clase política a realizar las reformas que no pretende efectivizar.
Ariel Goldstein es Sociólogo (UBA). Becario del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).
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