Marcelo Buzzeto es profesor universitario y miembro de la dirección estadual del MST. Él está preso desde el 21 de enero, acusado de practicar saqueo luego después de haber participado en una movilización organizada por 800 familias Del campamiento Nova Canudos, en Porto Feliz (SP), en 1999. En la época, él permaneció detenido por 28 […]
Marcelo Buzzeto es profesor universitario y miembro de la dirección estadual del MST. Él está preso desde el 21 de enero, acusado de practicar saqueo luego después de haber participado en una movilización organizada por 800 familias Del campamiento Nova Canudos, en Porto Feliz (SP), en 1999. En la época, él permaneció detenido por 28 días, pero consiguió el derecho a responder al proceso en libertad.
Víctima de un proceso lleno de irregularidades e, incluso, con testimonios falsos, Buzetto fue condenado en 2006 a seis años y cuatro meses de detención en régimen semi-abierto, cumpliendo la pena en régimen domiciliar hasta que hubiese un cupo en la cárcel. A pesar de contar con un recurso a ser analizado en el Supremos Tribunal Federal, el profesor fue detenido en enero, al comparecer al Foro para firmar su documento, bajo alegación de haber surgido un cupo en el régimen semi-abierto. Días después fue trasladado para un complejo penal donde permanece hasta hoy, en celda común, a pesar de su formación académica, lo que por la legislación brasilera le garantiza el derecho a prisión en régimen especial.
También el trabajador Benedito Ismael Alves Cardoso, alias Magrão, está preso en São Paulo, acusado de participar de manifestación en un pedagio en la Carretera Castello Branco, en la ciudad de Boituva, en noviembre de 1999. Esa prisión también está llena de irregularidades y, para colmo, en este momento puede ser considerada una prisión ilegal, una vez que Magrão tiene derecho a la progresión penal, que le garantizaría el estar en régimen abierto.
Entidades, movimientos sociales y personalidades articulan el Comité de Defensa de la Democracia y Libertad a los Presos Políticos, cuyo objetivo es denunciar a público el problema de la criminalización de la militancia política y de los movimientos; denunciar la represión impuesta por el Estado hacia aquellos que tienen la osadía de luchar por una sociedad más justa e igualitaria y por la liberación ilegal de presos.
Al otro lado de esa moneda están criminales confesos que aprovechándose de las brechas de las leyes criminales consiguen mantenerse en libertad, a pesar de condenados por la justicia.
Un caso contundente es el de Antonio Marcos Pimenta das Neves, periodista, 69 años, que ejercía como director del periódico ‘O Estado de São Paulo’ en la época que asesinó su novia, Sandra Gomide, también periodista, de 33 anos, por celos, con dos tiros a quema-ropa, en agosto del 2000. El juicio fue realizado en mayo del año pasado y se dilato solamente por tres días. Condenado a 19 años de prisión, por motivo torpe. Desde entonces, los abogados de Pimenta Neves vienen usando todos los artificios legales para que él se mantenga fuera de la cárcel.
El último 22 de febrero, los abogados de defensa entraron con un nuevo pedido de embargo, alegando también nulidades procesales. En diciembre, el tribunal ya había reducido la condena de 19 años e dos meses para 18 años de prisión. En la ocasión, el Tribunal de Justicia determinó la inmediata prisión de Pimenta Neves, pero él continúa en libertad, y sus abogados declaran que él no se ha fugado.
Pronto, el criminal va a cumplir sus 70 años de edad y, es posible que jamás llegue a conocer el sin sabor de vivir entre las rejas.
El acto promovido por profesores, estudiantes, militantes de movimientos sociales en contra del encarcelamiento de los presos políticos va a acontecer este jueves, 1er. de marzo, en el auditorio 333, del predio nuevo de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) a partir de las 7 de la noche.