Hace unos días, los mismos cien economistas que hace unos meses absorbieron la atención de los medios con sus propuestas de abaratar el coste del despido en España, han hecho otra propuesta que, reflejando la misma sensibilidad neoliberal, afectará también de una manera muy notable -empeorándola- la calidad de vida de las clases populares y, […]
Hace unos días, los mismos cien economistas que hace unos meses absorbieron la atención de los medios con sus propuestas de abaratar el coste del despido en España, han hecho otra propuesta que, reflejando la misma sensibilidad neoliberal, afectará también de una manera muy notable -empeorándola- la calidad de vida de las clases populares y, muy en especial, de los pensionistas. Bajo el argumento (que mostraré en este artículo que está equivocado) de que el sistema de pensiones públicas en España no es viable, sugieren que éstas se reduzcan, criticando al gobierno socialista por ser excesivamente moderado y cauteloso en sus recientes propuestas de reformas. Y como era de esperar, los medios escritos y orales (radio y televisión, incluidos los públicos) de mayor difusión del país (la mayoría también de persuasión neoliberal) se han movilizado ofreciéndoles todo tipo de cajas de resonancia, negadas, por cierto, a los autores con mentalidad más crítica y rigurosa que cuestionan tal sabiduría convencional neoliberal.
La mayoría de los argumentos presentados por estos economistas no son nuevos. Todo lo contrario, son la última versión de una larga lista de informes y propuestas financiadas por la banca y las cajas de ahorro y las compañías de seguros, que han ido repitiendo machaconamente la inviabilidad del sistema de pensiones públicas, anunciando su colapso para determinada fecha, que se ha ido retrasando a medida que el «predecible» colapso no se ha materializado. No es, pues, un mensaje nuevo el proveído por estos economistas, muchos de ellos con documentadas conexiones con estos grupos de presión, y muy en particular, con FEDEA, el centro intelectual del capital financiero del país, mayor motor del manifiesto . No estoy indicando con ello que cada uno de estos economistas sean portavoces de tales intereses (aunque muchos de ellos sí que lo son). Pero sí que es verdad que la mayoría -sino todos- están imbuidos de la sabiduría convencional del pensamiento económico neoliberal español que ha estado muy influenciado por la banca. De la misma manera que la industria farmacéutica influencia, en gran manera (a través de revistas, congresos, fundaciones y otras intervenciones financiadas por tal industria), a la cultura médica en nuestro país, la banca, cajas y compañías de seguros influencian a la cultura económica. La mayoría de revistas económicas y gran número de centros de investigación económicos., como FEDEA, están financiados por la banca y cajas de ahorro, que promueven el pensamiento neoliberal dentro de la comunidad económica, de manera que se ha convertido en la sabiduría convencional de la cual tales economistas son portavoces. Basta ver la discusión sobre la crisis y sus soluciones que aparece en las páginas económicas de los mayores rotativos del país o de la prensa económica, para ver la veracidad de tal observación. Los mismos economistas que fueron incapaces de predecir la crisis (ninguno de los 100 firmantes predijo la crisis financiera que hemos estado sufriendo) ahora están pontificando en cómo resolverla. Y en este proyecto, claramente propagandístico repiten una y otra vez sus argumentos, muchos de ellos de escasa o nula credibilidad científica.
¿Dónde está el problema?
Uno de los argumentos repetidos ad nauseum es que el número de trabajadores cotizantes por pensionista irá descendiendo haciendo inviable el sistema. Veamos dónde está el error de esta tesis. Y para ello, vayamos a una actividad económica, la agricultura, que ilustra donde se encuentra aquel error. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa en España trabajaba en la agricultura alimentando a toda la población española. Hoy sólo el 3% trabaja en la agricultura y, como consecuencia del enorme aumento de la productividad, los trabajadores agrícolas producen más alimentos que hace cincuenta años, de manera tal que el estado incluso les subvenciona para que no produzcan más. En vista de esta situación, es fácil ver lo absurdo que hubiera sido si hace cincuenta años algunos economistas hubieran alarmado a la población, indicando que la predecible bajada del número de trabajadores en el campo significaría que dentro de cincuenta años no habría suficientes trabajadores agrícolas para alimentar a la población y, como resultado, la gente moriría de hambre. El enorme fallo de aquellos argumentos alarmistas es que sus proponentes olvidaron el crecimiento de la productividad y el impacto que tal crecimiento tendría en la producción del alimento por trabajador. Hoy un trabajador agrícola hace lo que hacían diez trabajadores hace cincuenta años. Y es probable que en cincuenta años, a partir de ahora, se produzca al menos diez veces más, pues el crecimiento de productividad históricamente ha sido muy acentuado.
Saque el lector ahora el nombre de alimentos y ponga pensiones. Y verá lo absurdo que es el argumento que se utiliza constantemente de que las pensiones son insostenibles porque dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador cotizante que pague la pensión de un jubilado, cuando hoy se necesitan tres. Se dice que, puesto que ahora se necesitan tres trabajadores por pensionista, al incrementar el número de pensionistas, dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador por pensionista, lo cual es insostenible, ignorando que en 2060, consecuencia del incremento de la productividad, un trabajador podrá sostener a un pensionista (e incluso a más de uno).
Otro dato alarmista que utilizan los economistas neoliberales, que antes lo habían utilizado el Banco de España y la Comisión Europea, es el cálculo de que dentro de cincuenta años España se gastará en pensiones el 15% del PIB, casi el doble de lo que se gastó en 2007, el 8% del PIB. De estas cifras se concluye que el país no puede sostener tal crecimiento del gasto, pues reduciría considerablemente los recursos para los no pensionistas. De nuevo, tal alarma es injustificada, pues también ignora el impacto del crecimiento de la productividad en el PIB. Veamos los datos. Suponga el lector que la productividad creciera un 1,5% por año, una cifra razonable. Es el promedio de crecimiento de la productividad en España de los últimos cincuenta años. Ello implica que si el PIB de España fuera 100 ahora, en el año 2060, el PIB habría crecido 2,25 veces, siendo 225. Pues bien, si en el año 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones (es decir, 8 de 100), según aquellas predicciones alarmistas en el año 2060 nos gastaremos el 15% del PIB en pensiones (sobre 225 unidades significa 33 unidades). Pero fíjense que ello quiere decir que en el 2007 nos quedaban 100-8= 92 unidades para los no pensionistas, mientras que en el 2060 quedarán para los no pensionistas una cifra incluso mucho mayor 225-33=192, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB en pensiones sea entonces mucho más elevado (15%) que en el 2008 (8%). De ahí que las alarmas que constantemente se dan al hecho de que el porcentaje del PIB en las pensiones se pueda doblar dentro de cincuenta años, no tiene ninguna base para preocuparnos. En realidad, hace cincuenta años, España se gastaba en pensiones el 3%. Y ya entonces había economistas que decían que el sistema de pensiones públicas era insostenible, y que a la larga el sistema colapsaría. Pues bien, ahora se gasta más del doble (8%) y no hay ninguna crisis, y la Seguridad Social tiene un superávit. No hay, pues, un problema de viabilidad de las pensiones públicas. Sí lo hay, por cierto, en las pensiones privadas. De ahí la masiva movilización de la Banca, dirigida por su Gobernador, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas.
Las necesarias reformas
El hecho de que no tenga problemas estructurales de viabilidad no quiere decir que no tuvieran que hacerse reformas en el sistema público, pero en sentido opuesto al propuesto por el manifiesto neoliberal. Las pensiones son demasiado bajas en España, consecuencia, en parte, de que los salarios son demasiado bajos. Las cifras que la OCDE (institución también de clara sensibilidad neoliberal) muestra de que las pensiones en España son muy elevadas, alcanzando el 80% del salario real, está basado en una serie de supuestos altamente cuestionables. Se utilizan promedios irreales. Por ejemplo, calcula esta elevada cifra en base a 40 años ininterrumpidos de trabajo (en España es mucho menor) y confunde salario con base de cotización (el segundo es mucho más bajo que el primero). En realidad, cifras más creíbles como las publicadas por Eurostat, muestran que la pensión contributiva media es de las más bajas (con menor capacidad sustitutoria) de la UE-15. Y no hablemos de las pensiones no contributivas, que son escandalosamente bajas.
De ahí que hay que hacer reformas. Lo que debería hacerse, además de asegurarse que la productividad continúe aumentando, es facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo y evitar la discriminación salarial en contra de las mujeres, pagándoles igual que a los hombres, asegurándose, por cierto, que ello no se consiga bajando los salarios de los hombres. Si el porcentaje de mujeres que están en el mercado de trabajo fuera en España el mismo que en Suecia, habría 3 millones más de trabajadoras, creando riqueza, aumentando los impuestos y las cotizaciones sociales. Ello nos permitiría, no sólo mantener la Seguridad Social (cuya viabilidad, repito, no está amenazada), sino mejorar notablemente las pensiones. De ahí que facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo a base de establecer una extensa red de escuelas de infancia (que no sólo guarde, sino que eduque a los infantes, de cuyo desarrollo educativo dependerá más tarde el crecimiento de la productividad y el sostenimiento de las pensiones) y servicios domiciliarios de ayuda a las familias con personas dependientes sea muy importante para expandir las pensiones. Estas son alternativas raramente consideradas en los discursos innecesariamente alarmistas.
Pero además de estas medidas hacen falta varias reformas rápidas e inmediatas .Y una de ellas es eliminar el tope del salario, por encima del cual no se cotiza a la Seguridad Social. Es escandaloso que el Sr. Botín, el mayor banquero del país, cotice a la Seguridad Social una cantidad semejante a la de un trabajador cualificado en su banca, que ingresa 500 veces menos que él. El sistema de cotizaciones debiera ser progresivo y no ser regresivo como ahora. Y la otra medida es cambiar 180º las políticas de austeridad (de gasto público y de crédito) que están llevando el país a la ruina. El estado debiera seguir políticas expansivas de gasto público para crear empleo (pagando tal expansión del gasto público con la anulación de los recortes fiscales que produjeron el déficit estructural del estado) y obligando a la banca a que provea crédito, estableciendo a la vez un sistema público bancario mediante la conversión de las cajas en bancas públicas (de nuevo, unas intervenciones opuestas a las que está realizando el gobierno) que garanticen el crédito a las empresas y a los ciudadanos, tal como ha propuesto Attac. El hecho de que estas propuestas no se realicen y se escoja, en su lugar, el disminuir las pensiones, es un indicador más del enorme poder que el capital financiero (el grupo fáctico de mayor poder en España) tiene sobre la vida política del país.
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