La inversión en políticas públicas se propone como alternativa a la intervención militar
Según datos del Instituto de Seguridad Pública, las tasas de diferentes crímenes venían sufriendo una disminución entre los años de 2007 y 2010 y volvieron a aumentar desde entonces, sufriendo un recrudecimiento considerable a partir de 2015.
Los datos, referentes al número de robos en la calle, robos de vehículos, muertes por policías y muertes violentas en general, muestran la correlación entre esos crímenes y la recesión económica en Río de Janeiro. El número de muertes violentas, por ejemplo, pasó de 5.010 a 6.731 en 2017. Los robos de celulares crecieron de 85 mil a 125 mil en el mismo intervalo de tiempo.
Para Luiz Martins de Melo, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), los medios hegemónicos utilizaron principalmente datos de crímenes contra el patrimonio, como los robos, para crear una sensación de inseguridad generalizada que justificase la intervención federal en Río de Janeiro. Él opina que otras medidas, principalmente económicas, deberían haber sido tomadas por el gobierno.
«Basta ver lo que la Red Globo publicó como justificación: asaltos en grupo y crímenes contra turistas principalmente. No hay solución mágica para la violencia en las grandes ciudades. Eso va a demorar un tempo, tiene que ser un trabajo de inteligencia, inversión en el área social, en el transporte público, en la vivienda, y no penalizar a los más pobres. ¿Por qué sólo la favela es penalizada, cercada?», cuestionó.
Para Daniel Cerqueira, técnico de planificación e investigación del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA por sus siglas en portugués), la falta de oportunidades causada por el aumento del desempleo y recortes en el presupuesto de las políticas públicas es una de las principales cuestiones detrás de la relación entre la violencia y la crisis.
«La cuestión de la falencia económica de Rio de Janeiro afecta por dos factores diferentes el aumento de los crímenes: por un lado, cuanto más desempleo, más tensiones sociales y mayores incentivos a entrar en el crimen. Aquél joven que está en la frontera intentando conseguir un empleo muchas veces, al no encontrar oportunidad de trabajo, acaba siendo atraido por el tráfico», afirmó.
A pesar de la falta de inversión en políticas públicas, justificada por la crisis, más de R$ 600 millones de reales fueron gastos en la ocupación militar de las favelas da Maré durante 2015. Según datos de la Alcaldía de Rio de Janeiro ese valor representa casi el doble del presupuesto destinado para programas sociales entre los años de 2009 y 2015. Para completar, de esa cuantía invertida en programas sociales, apenas US$ 21 millones realmente habían salido del papel hasta julio de 2015.
Melo considera que la población joven es la principal afectada por la falta de inversión. «En Río de Janeiro, están los famosos ‘ni ni’, ni estudian, ni trabajan, que son principalmente jóvenes de 18 a 24 años que corresponden a un 25% de la población que no hace nada. En la baixada fluminense [región de Río de Janeiro que forma parte del área metropolitana del estado] la cifra llega al 40%. Y el gobierno no hace nada para la incorporación de esas personas al mercado de trabajo», opinó.
De acuerdo con Lenin dos Santos Pires, profesor del Departamento de Seguridad Pública y director del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos de la Universidad Federal Fluminense (UFF), tanto el aumento de la violencia como la crisis económica en Río de Janeiro fueron influenciados por los gastos para los Juegos Olímpicos de 2016.
«En los últimos diez años, Río de Janeiro fue objeto de una gran invasión de recursos para promoción de lo que fue prometido como ciudad olímpica, ciudad espectáculo. En el momento en que no hubo más entrada de dinero para estrategias en la ciudad, quedó apenas la política de represión», afirmó.
Pires explica además que la relación del desempleo con el aumento de los crímenes no puede ser automática, pues tiene que ser hecha por medio de análisis que consideren los cambios en la circulación de bienes y mercaderías en las zonas más pobres de la ciudad.
«No hubo inversiones sociales en esas áreas, de forma que la población no puede cualificarse, o crear oportunidades de emprendimientos locales, permitiendo una circulación autónoma de recursos. El dinero disminuyó, y los grupos de delincuentes comienzan a buscar estrategias en otras actividades que no son estrictamente el tráfico de drogas», ponderó.
El decreto de la Intervención Federal fue firmado por el presidente golpista Michel Temer (MDB) el viernes último (16). Esta semana, la intervención fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado. La medida tiene vigor hasta el 31 de diciembre de este año.
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.