Traducido para Rebelión por Caty R.
Una nueva crisis de la deuda de los países del Sur está a punto de estallar. Debido a la falta de medios suficientes para financiar los planes de reactivación de sus economías, ya les han propuesto ayuda exterior. Pero no es gratis: los 50.000 millones de dólares prometidos en abril por los líderes del G20 a los países «de rentas débiles» adoptan, en general, la forma de préstamos que se contratarán de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así, dichos países se encuentran frente a un dilema corneliano: o aceptan la «ayuda» internacional, con el riesgo de hundirse en un nuevo ciclo de endeudamiento y con la obligación de aplicar medidas antisociales, como la congelación de los salarios de los funcionarios públicos, privatizaciones y reducción de los gastos sociales, impuestas por el FMI y el Banco Mundial, o rechazan la ayuda, lo que les obligará a recortar los gastos sociales para superar la disminución de las inversiones extranjeras y de los ingresos de exportación debida a la crisis. En otras palabras: sacrificar a sus poblaciones hoy, o… mañana.
Consciente de la gravedad de la crisis económica mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) hizo un llamamiento, el pasado mes de abril, para suspender el reembolso de la deuda de los países de rentas bajas.
Sin embargo, aunque la perspectiva de un nuevo endeudamiento del Sur preocupa seriamente a la ONU, ciertos sectores privados perciben dicha perspectiva como una fuente de futuros beneficios. Es el caso, especialmente, de los «fondos buitres», los fondos privados de inversión que adquieren las deudas de países en desarrollo a bajo precio para obligarles después, por vía judicial, a reembolsar mucho más dinero a esos acreedores (es decir, a pagar el importe inicial de la deuda más los intereses, las multas y las costas legales).
Este tipo de operaciones se está multiplicando desde el lanzamiento de las iniciativas de alivio de las deudas de los países más pobres con la campaña «Jubileo 2000». Los fondos buitres aprovechan la solvencia parcial recuperada por los países para atacarlos judicialmente y obligarles a reembolsar las viejas deudas que dichos fondos adquirieron a bajo precio. Un caso típico es la sentencia dictada el 15 de febrero de 2007 por el Tribunal Supremo británico, que obliga a Zambia a pagar 15 millones de dólares a Donegal International , un fondo de inversión con domicilio en las islas Vírgenes británicas que, en 1999, compró una deuda de Zambia a Rumania por 3,2 millones de dólares. Por lo tanto, con esta operación, el fondo se ha embolsado una plusvalía del 335% en detrimento de los fondos del Estado de Zambia. Más recientemente, un tribunal sudafricano ha autorizado a la firma FG Hemisphere a recaudar, durante los próximos 15 años, los ingresos previstos por Snel -la empresa pública de electricidad de la República Democrática del Congo- de la corriente vendida a Sudáfrica, estimados en 105 millones de dólares. En septiembre de 2004, ese fondo buitre adquirió, a bajo precio, una deuda impagada de 18 millones de dólares de la empresa pública congoleña.
Por desagracia no son casos aislados. Según el FMI, el montante de las obligaciones de los países en desarrollo que poseen los fondos buitres es de casi 2.000 millones de dólares. Y la futura crisis de la deuda de los países en desarrollo podría acarrear el desarrollo de los fondos buitres, ya que el negocio se presenta jugoso. A menos que los gobiernos actúen rápidamente para hacer que dichos fondos pierdan definitivamente su potencial dañino.
En realidad ya se han tomado algunas iniciativas unilaterales. El 31 de enero de 2008 Bélgica, en particular, adoptó una ley dirigida a convertir en «inembargables e inalienables» las sumas destinadas a la cooperación al desarrollo. Unos meses antes de que se adoptase dicha disposición legal, el fondo buitre Kensington International consiguió más de 12 millones de euros extraídos de los fondos belgas de cooperación destinados a Congo Brazzaville.
Sin embargo, más allá de la necesidad de proteger los recursos destinados a la cooperación al desarrollo, hay que tomar esas medidas a nivel global para cortar las alas a los buitres. Una primera disposición consistiría en prohibir la cesión de las deudas de los países pobres sin obtener previamente su consentimiento explícito. La segunda medida que se impone es la creación de una jurisdicción supranacional independiente para la regulación de todos los contenciosos relacionados con las deudas públicas. En efecto, los fondos buitres basan su estrategia en el Derecho y la competencia de los tribunales anglosajones, que les son particularmente favorables. La realización de auditorías para fundamentar la anulación de las deudas odiosas e ilegales, como recomienda el actual informe del Experto Independiente de la ONU sobre la deuda, constituye una tercera vía a explotar por los países deudores y acreedores. Finalmente, la protección de los gastos sociales de los países en desarrollo exige la anulación total e incondicional de sus deudas externas.
Nunca ha existido un contexto propicio para concretar estas propuestas. Con la crisis, la regulación de los actores financieros se ha convertido en la prioridad de la agenda internacional. La adopción de esas medidas permitiría crear, por fin, un marco jurídico internacional que proteja a los países deudores y obligue a todos los acreedores.
Gaspard Denis y Renaud Vivien (CADTM) son los autores del informe de la Plataforma Deuda y Desarrollo (Francia) y del CNCD 11.11.11 (Bélgica), titulado «Un vautour peut en cacher un autre: ou comment nos lois encouragent les preédateurs des pays pauvres endettés «, junio de 2009.
Texto original en francés: http://www.cadtm.org/spip.php?article4540