Los gastos por el tema de la violencia doméstica en Uruguay son el doble de los fondos que necesitará el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez para atender el Plan de Emergencia Social a partir del 1 de marzo de 2005.La violencia doméstica tiene costos para la sociedad, que compromete recursos que podrían utilizarse con otros […]
Los gastos por el tema de la violencia doméstica en Uruguay son el doble de los fondos que necesitará el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez para atender el Plan de Emergencia Social a partir del 1 de marzo de 2005.
La violencia doméstica tiene costos para la sociedad, que compromete recursos que podrían utilizarse con otros fines, si como estima el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la región latinoamericana, ellos oscilan entre el l.6 y el 2.0 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
En ese sentido, el Area de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República estima que, al finalizar el año 2004, el PIB del Uruguay rondará los 13.500 millones de dólares.
Si los costos de la violencia doméstica insumieran entre el l.6 y el 2 por ciento del PBI, conforme a las estimaciones del BID, significarían entre 216 y 270 millones de dólares.
Durante la reciente campaña electoral, el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) estimó en l00 millones de la misma moneda el costo por un año del Plan de Emergencia Social para atender a los mas necesitados, que integra su programa de gobierno.
En Chile y Nicaragua
La estimación porcentual de los costos de la violencia doméstica surge del informe ‘El impacto socioeconómico de la violencia doméstica contra la mujer en Chile y Nicaragua’, elaborado por Morrison A. y M.B. Orlando, para la Unidad de la Mujer en el Desarrollo, del BID.
El informe fue publicado en Washington DC. en l997 y recoge los estudios de casos realizados en Santiago de Chile y en Managua, Nicaragua, el año anterior.
Morrison y Orlando calcularon el costo para la economía en Santiago de Chile en el 2.0 por ciento y en Managua en el 1,6 del PBI, sin considerar los correspondientes a los sistemas judicial y policial.
El mismo estudio señala que la violencia doméstica repercute fuertemente sobre los ingresos de las mujeres: en Santiago, las que sufrían violencia física severa ganaban solo el 39 por ciento de lo que percibían las que no padecían ese tipo de abuso, y en Managua el 57 por ciento.
Cuando se hicieron esos cálculos, en Santiago de Chile el 40,7 por ciento de las mujeres que vivía en pareja y contaba entre 15 y l9 años, sufría violencia. En Nicaragua ascendía al 52.6 por ciento y, de ellas, el 28 por ciento padecía violencia física severa.
Una encuesta realizada por Teresa Herrera y Asociados para el BID en l997, mostró que la violencia doméstica afectaba al 46 por ciento de los hogares en Montevideo y Canelones.
Otra encuesta, de UNICEF, agregó que el 39 por ciento de las niñas y niños había sufrido algún tipo de violencia, un 15 por ciento de carácter físico grave.
En Uruguay no hay estudios de costos económicos por la violencia doméstica.
Sin embargo, en 1999 la economista uruguaya Mariella Torello, durante una intervención en el Programa de Seguridad Ciudadana, advirtió que ‘si la incidencia de ese tipo de fenómeno fuera similar a las registradas en Chile o Nicaragua, no es descabellado pensar que los gastos asociados en Uruguay se ubicarían en el entorno de las estimaciones realizadas para esos países’.
Torello también agregó entonces que ‘la principal dificultad con que tropiezan los estudios acerca de los costos asociados a la violencia en general y a la doméstica en particular, es la deficiencia de información estadística al respecto’.
Destacó -además- la necesidad de un sistema unificado de estadísticas continuas de este tipo de delito, que establezcan criterios que permitan relacionar la información ya recopilada por distintos canales, normalice la información por diversas instituciones e implemente nuevas fuentes desde el sistema educativo y de salud.
Las estadísticas oficiales de violencia contra las mujeres brillaron por su ausencia en Uruguay, hasta que en 2001 la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito comenzó a elaborar anualmente las de personas fallecidas en incidentes de violencia doméstica.
Sin perjuicio del avance que implica, ellas sólo contabilizan homicidios dejando fuera otras formas de maltrato como golpes, heridas, amenazas, daños en bienes y la violencia sexual en todas sus expresiones.
Costos directos e indirectos
En la región, aún es muy limitada la información existente sobre los devastadores costos económicos, directos e indirectos, de la violencia doméstica.
Son costos directos los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, entre ellos los relacionados con la salud, legales y de protección, entre otros.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución en la productividad, lo que impacta en la economía global, así como otros calificados en la categoría de ‘costos intangibles’, que en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición.
Entre ellos se encuentran el costo de vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicidio, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima.
También están los llamados costos de transmisión, originados en los efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia doméstica.
Es conocido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replican: cuando los niños son víctimas o testigos, tienden a repetir esas conductas en su vida adulta.
El Banco Mundial (BM) calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres por razones de salud es el resultado de problemas relacionados con la violencia doméstica, que incluye la física, la sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado.
El BID advierte que los costos indirectos pueden superar ampliamente los directos.
Este citado estudio muestra que, en Managua, los hijos de familias con violencia intrafamiliar son tres veces más propensos a asistir a consultas médicas y son hospitalizados con más frecuencia.
El 63 por ciento de ellos repite años escolares y como promedio abandonan la escuela en el noveno año, frente a una escolaridad de 12 años de los hijos de mujeres que no sufren maltrato.
El gasto en los países desarrollados
Los países desarrollados tienen desde hace tiempo estudios de costos reveladores. En l994, la violencia de género costó a Nueva Zelanda 1200 millones de dólares, lo que superó los ingresos del país por concepto de exportaciones de lana, o los recursos gastados en indemnizaciones por desempleo.
Gran Bretaña calcula que el mismo problema le cuesta un billón de libras al año.
Según un informe de Centros para Control y Prevención de las Enfermedades (2003), los costos de asistencia médica por violación, ataque físico, acecho y homicidios a mujeres por las parejas íntimas (cónyuge, ex cónyuge, novio) sobrepasan en Estados Unidos los cinco mil 800 millones de dólares al año.
De ese total, aproximadamente cuatro 1100 millones corresponden a servicios de atención médica y psicológica directa, y 1800 millones a pérdidas de productividad.
Otras fuentes calculan que las pérdidas globales anuales por violencia doméstica están entre los 10 mil y 67 mil millones de dólares.
Un estudio realizado en Canadá muestra que la violencia contra las mujeres le genera al país un gasto de unos 1600 millones de dólares anuales, incluyendo atención médica de las víctimas y pérdida en productividad.
Isabel Villar es abogada argentina y editora de La República de las Mujeres en Uruguay.