La llegada al poder de varios gobiernos nacionalistas en América Latina viene cambiando las reglas del juego en el mercado petrolero, al obligar a las empresas extranjeras a compartir las ganancias extras obtenidas por los altos precios del crudo. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez obligó a las compañías con convenios operativos en campos marginales […]
La llegada al poder de varios gobiernos nacionalistas en América Latina viene cambiando las reglas del juego en el mercado petrolero, al obligar a las empresas extranjeras a compartir las ganancias extras obtenidas por los altos precios del crudo.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez obligó a las compañías con convenios operativos en campos marginales a crear empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado, aumentó las regalías en la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2001 y le exigió pagar 50 por ciento de impuesto sobre la renta (ISLR) previsto para esa área, en vez de 34 por ciento que venían cancelando.
Las autoridades les exigieron también ISLR dejados de pagar a la tasa de 50 por ciento entre 2001 y 2004 y crearon dos impuestos sociales de 3.3 y uno por ciento.
El memorándum de entendimiento para la creación de empresas mixtas entre las privadas y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reserva al Estado 63 por ciento de acciones en promedio.
La italiana Eni y Total fueron las únicas que no firmaron: PDVSA asumió esta semana el control de dos campos petroleros controlados por esas empresas.
El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, señaló que con la nueva ley «queda claro que las reservas petroleras son patrimonio del país».
Ecuador, por su parte, está a punto de aprobar una ley que establecerá para el Estado una tajada de entre 50 por ciento y 60 por ciento de los ingresos extras por el petróleo, principal producto de exportación del país y consecuentemente una de sus fuentes de divisas, con un total de 5 mil 396.8 millones de dólares en 2005.
Aunque las petroleras tachan el proyecto de inconstitucional y atentatorio contra la seguridad jurídica, además de objetar que desanimará las inversiones y podría desencadenar demandas y arbitrajes, el gobierno ecuatoriano sostiene que la nueva ley no ha menguado el interés de petroleras extranjeras.
El ministro de Energía, Iván Rodríguez, afirmó esta semana que «hay muchas compañías, como (algunas) de Rusia y China, que quieren venir a invertir» y mencionó el hecho de que otras, como la brasileña Petrobrás y la chilena Enap (que ya operan en el país), están interesadas en aumentar sus capitales.
También cambiarán las reglas en Perú si gana el candidato favorito en las elecciones presidenciales del domingo, el nacionalista Ollanta Humala, que se propone nacionalizar los sectores estratégicos de la economía y hacerse cargo de su control.
«Me pregunto por qué un país donde hay la total certidumbre de que la energía es un factor escaso, caro y determinante de la competitividad de la industria y el bienestar de la gente no puede tomar el control de esos sectores», declaró recientemente Gonzalo García, candidato a la vicepresidencia y teórico de la candidatura de Humala.
En Argentina las petroleras sufrieron el año pasado un boicoteo convocado por el propio presidente Néstor Kirchner por haber aumentado sus precios internos. Esso rebajó el precio de los combustibles y un mes después fue imitado por Shell, cuyas ventas habían caído 50 por ciento luego de que varias decenas de sus 900 estaciones de servicio fueran ocupadas por desempleados instigados o tolerados por Kirchner.
También en Bolivia los gigantes de los hidrocarburos se toparon con una nueva realidad. El presidente y ex dirigente cocalero Evo Morales precisó esta semana en en la ciudad brasileña de Belo Horizonte que la clave de su estrategia de gobierno era «cómo ejercer el derecho de propiedad sobre el gas».
Sin embargo, el primer mandatario boliviano precisó que eso no significaba desconocer la propiedad de las empresas extranjeras: «Una cosa es el recurso natural, otra son los bienes de las empresas», dijo en la asamblea del BID.
El país andino, donde operan 26 petroleras de diversos orígenes, incluidas Total, British Gaz (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Exxon Mobil (EU) y Repsol, decidió aplicar la ley aprobada en mayo de 2005, por la que también se aumentan los impuestos y regalías por la explotación de hidrocarburos, cuya producción estará controlada por el Estado.
Un camino inverso parece ser el de México, otro importante productor latinoamericano, que produce algo más de tres millones de barriles diarios, volumen del cual exporta cerca de 60 por ciento, la mayor parte hacia Estados Unidos.
La producción petrolera mexicana está en manos de la estatal Pemex, que está empezando a admitir la participación de capital extranjero, proceso que, según muchos afirman, a largo plazo habrá de desembocar en la privatización.
El presidente Hugo Chávez marcó el paso a las petroleras extranjeras, que esta semana accedieron a pagar cientos de millones de dólares en impuestos atrasados y a formar empresas controladas por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para poder seguir operando en el país.
Así se dio un importante paso en la aplicación de la ley de Hidrocarburos de 2001, una de las normas jurídicas impulsadas por Chávez que provocaron un levantamiento opositor, cuyos momentos culminantes fueron el breve golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de dos meses derrotado en febrero de 2003.
Las empresas privadas firmaron hace una semana un memorándum para crear empresas mixtas con PDVSA como socias minoritarias, que pagarán una regalía de 30 por ciento y un impuesto a la renta de 50 por ciento. Además, aceptaron pagar la diferencia con la nueva tasa del impuesto a la renta para los años 2001 a 2004.
De esta manera, el Estado venezolano pasa a controlar las actividades de las petroleras privadas y a maximizar sus ganancias para financiar los programas sociales y de desarrollo del gobierno, así como los designios internacionales del presidente Chávez.
Las reservas de Venezuela serán superiores a las de Arabia Saudita cuando a sus 80 mil 582 millones de barriles certificados se sumen unos 230 mil millones de barriles de petróleo pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco (sureste), que están en el proceso de ser certificados.
Seis grandes petroleras participan en su explotación en asociaciones estratégicas con PDVSA, que en este caso tiene una participación minoritaria.
Exxon-Mobil, Conoco-Philips, Chevron, Total, BP y la noruega Statoil producen con PDVSA 620.000 barriles diarios de petróleo mejorado, lo que les ha requerido de enormes inversiones en tecnología.
Despido de empleados
Organizaciones sindicales de Venezuela denunciaron que mil empleados de las nuevas empresas mixtas petroleras bajo el control del Estado fueron despedidos por razones políticas en los últimos días, informa hoy un diario local.
El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleras (Unapetrol), Antonio Méndez, dijo al rotativo que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que asumió más del 60 por ciento de las acciones de las petroleras, utiliza listas de opositores elaborada por el oficialismo para efectuar los despidos.
«Pedimos una vez más a los trabajadores que hagan público este tipo de atropellos», citó el diario.
Méndez dijo que los despedidos aparecen en las listas oficialistas «Tascón» y «Maisanta», que contienen los nombres de quienes firmaron en apoyo de un referéndum contra el presidente Hugo Chávez en 2004, o se negaron a votar en recientes comicios, además de los que participaron en una huelga petrolera en 2002.